En la Argentina, durante tres cuartas partes del actual período democrático iniciado en 1983, han ejercido la Presidencia dirigentes que provienen del peronismo. El peronismo, sin embargo, puede perder elecciones; no es un partido hegemónico. Ocurrió en 1983 y en 1999, cuando comenzaron sus mandatos -que luego no terminaron- referentes de la UCR.

El actual oficialismo tiene, por estos antecedentes, una notoria ventaja, una carta más en el mazo. Como parte de ese escenario, el peronismo gobierna más provincias y municipios que la oposición y ha controlado el Senado desde que se recuperó la democracia, sin interrupciones. La mayoría de los sindicatos se alinean también con el peronismo.

El líder del PRO, Mauricio Macri, asegura que esa ventaja no prevalecerá, que ahora es él quien más posibilidades tiene de llegar a la Presidencia, porque “el 60 % de la gente quiere un cambio”.

Pero veamos un poco más allá y analicemos cómo se define la próxima elección. La Constitución Nacional determina que hay tres formas de “ganar”. Una posibilidad es sumar más del 45 % de los votos. Otra es superar el 40 % de los votos y lograr al menos un 10 % de diferencia con el principal contendiente. Y la tercera es imponerse en una segunda vuelta.

Un elemento a tener en cuenta es que desde que está vigente, el balotaje nunca tuvo que ser utilizado. Pero tampoco habría sido utilizado en 1983 y 1989, si hubiese estado consagrado en la legislación. Tampoco se dio el caso de un presidente que se impusiera por el 40 % más uno de los votos, apelando al 10 % de diferencia con su principal rival.

Así, salvo el muy particular caso de las elecciones de 2003, cuando el peronismo concurrió a las urnas divido en neolemas, en todas las elecciones nacionales los presidentes obtuvieron más del 45 % de los votos.

El particular sistema argentino fue formalizado en la Constitución Nacional reformada en 1994. El presidente Carlos Menem impulsaba entonces la posibilidad de reelección y pactó con el líder de la UCR, Raúl Alfonsín, esa y otras modificaciones a la Carta Magna. Para una fuerza política que suele tener un piso de votos que ronda el 30 % a nivel nacional, como es el peronismo, esa cláusula quiere decir algo más que lo que indica la fría letra constitucional. El significado es: si el peronismo está relativamente unido y las variables económicas están bajo control, ese partido tiene grandes posibilidades de imponerse en los comicios nacionales.

Hay que recordar que incluso en 1999, cuando el país ya había entrado en una larguísima recesión, estaba híperendeudado, la desocupación abierta había superado la barrera de los dos dígitos y los actuales sistemas de protección social, así como la fuerza de los sindicatos brillaban por su ausencia, Eduardo Duhalde sumó nada menos que el 38,2 % de los votos. No se vivía una buena situación económica, el presidente de origen peronista no contaba con altos niveles de aprobación y la candidatura del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires se consolidó recién después de una durísima y extensa disputa con el jefe de Estado en ejercicio.

Veamos ahora a la oposición, sobre todo a su expresión mejor posicionada, que es la de Macri. Aun si el jefe de gobierno porteño no logra quebrar la hegemonía peronista, sí podría obtener una gran cantidad de votos en las próximas elecciones.

Si logra ese objetivo, el PRO estaría realizando un aporte sustancial a una mayor estabilidad del funcionamiento de los partidos políticos en el país. Para precisar un poco más, debería recordarse que en la Argentina, con la crisis de 2001, se registró un derrumbe parcial del sistema de partidos. El no peronismo se fragmentó y se atomizó. El peronismo logró recomponerse con cierta rapidez. El país mostró así una importante diferencia con casos como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, en los que ante las crisis económicas que tuvieron lugar por serios problemas de las políticas neoliberales que derivaron a fines del siglo pasado, se puso fin de manera abrupta a un cierto esquema de funcionamiento partidario y surgieron fuerzas políticas totalmente nuevas.

Vamos a los antecedentes: ninguna propuesta que se enfrentara a alguna vertiente del PJ en elecciones presidenciales a partir del 2001 logró superar la marca que alcanzaron José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez -paradójicamente, dos peronistas- en 1995, cuando sumaron más del 29 % de los votos. En 2003, el no peronista más votado fue Ricardo López Murphy, con el 16.37 % de los votos. En 2007, ese lugar lo ocupó Elisa Carrió (23,04 %). Y en 2011, Hermes Binner (16,81 %). Macri podría acercarse -aun si perdiera las elecciones- más a las marcas de las oposiciones de los años noventa, como fue la mencionada propuesta Bordón-Álvarez o el 32,45 % que obtuvo Eduardo Angeloz en 1989.

Un elemento más. Podría pensarse que en 2007 la suma de votos de Elisa Carrió y de Roberto Lavagna (apoyado entonces por la UCR) alcanzó casi el 40 % (39,94 %). Aun así, esa sumatoria hubiera resultado superada por la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, que obtuvo el 45 % de los votos para imponerse en los comicios. Macri, quizás, pueda aglutinar el tipo de preferencias que en aquel entonces sumaban la líder de la Coalición Cívica y el exministro de economía.

El líder del PRO estaría entonces ante una posibilidad cierta: convertirse en un candidato no peronista muy votado a nivel nacional. Si eso le alcanzará para ganarle a Daniel Scioli, es otra historia.

Tanto es así que uno de los datos de la realidad que se busca explicar ahora -no siempre con éxito- es la persistencia de la centralidad política que mantiene la presidenta Cristina Kirchner y la valoración de algunas de las públicas que impulsó, así como rasgos de su liderazgo político.

Por ejemplo, el periodista Marcelo Longobardi señaló en una entrevista reciente que brindó al canal TN: “Hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del Presidente en cuestión y eso no pasó con Cristina; hay una crisis macro significativa. Hoy la presidente subrayó que se venden más motos, bueno es lo único que se vendió un poquito más, el resto de la economía argentina está muy parada. Esto debiera ser en la Argentina una explosión y sin embargo no lo es. Y vos fijate que la recesión, los desequilibrios macroeconómicos, la inflación y demás finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina que es la erosión del poder político. Cristina está políticamente intacta”.

Cuando el entrevistador le preguntó por qué se produce ese fenómeno, Longobardi respondió:  “Y yo qué sé por qué, habrá gente que le gustará (la Presidenta). Qué se yo”.

El politólogo Marcos Novaro también eligió este tema en una reciente columna en el sitio web del canal TN, a la que tituló “¿Por qué mejora la imagen de Cristina?”. Para Novaro,  “no hay duda de que la Presidenta se recuperó bastante” de su imagen en las últimas semanas y atribuyó esa situación al siguiente razonamiento: “Cristina sigue siendo una líder potente, valorada por dotes personales reconocibles: coraje, autenticidad, resistencia. En un contexto en que hay motivos para temer el debilitamiento del gobierno, con el que se asocia retrospectivamente todo período de la política argentina en que el cambio de autoridades era inminente, acompañarla y sostenerla parece ser bastante razonable, casi un acto en defensa propia”.

A fines del mes pasado, el sociólogo Eduardo Fidanza ensayó algunas explicaciones en el diario La Nación. Evaluó que la imagen positiva que conserva la Presidenta se da, sobre todo en algunos estratos sociales. Así, evaluó: “La visión polarizada de los Kirchner no es, sin embargo, aleatoria. Se ordena, claramente, según coordenadas socioeconómicas. Los sectores populares, de bajo nivel relativo de ingresos y educación, tienden a reivindicarlos, mientras la clase media y media alta a rechazarlos”.

Sea cual fuera la explicación del porqué de los niveles sustantivos de apoyo que conserva Cristina, lo que se dice poco es que este es un hecho relativamente novedoso y que hace a la tan mentada “calidad institucional”. El hecho de que la jefa de Estado conserve una cierta aceptación social -y que podría ser creciente- al final de su mandato no es lo que le ocurrió a Raúl Alfonsín ni a Carlos Menem, los mandatarios del actual período democrático que, al igual que Cristina, tenían impedida la reelección, por la letra de la Constitución Nacional.

El hecho de que la cabeza de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, tenga posibilidades de, sin reelección, pilotear una transición política ordenada -misión a la que la Presidenta deberá dedicarse en los próximos meses- aventando amenazas de inestabilidad política o económica puede ser un paso positivo más desde la recuperación de la democracia en 1983.

No se trata de elementos menores para aquellos que consideran que en el país debe haber “políticas de Estado” que se sostengan en el tiempo y que no estén expuestas a shocks y cambios abruptos. Una transición ordenada puede hacer que se combinen dosis moderadas de cambio y que se dé continuidad a un conjunto de políticas públicas, elemento central de cualquier camino hacia el desarrollo.

Del lado de la oposición, Hermes Binner, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Sergio Massa y Mauricio Macri han expresado su intención de ser candidatos o alientan una postulación. Pero también desde el oficialismo Daniel Scioli, Sergio Urribarri, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich figuran como postulantes. Se habla asimismo del ministro de Defensa, Agustín Rossi, o del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

De por sí, la multiplicidad de candidatos -varios de ellos con una impronta competitiva y para nada “testimonial”- parece una novedad si analizamos las transiciones durante los últimos gobiernos. Ni Raúl Alfonsín ni Carlos Menem tenían demasiados nombres para menear cuando se acercaba el final de su mandato.

Así, en un contexto económico muy difícil, Alfonsín debió bendecir a regañadientes a Eduardo Angeloz, que expresaba posiciones políticas diferentes a las de su gobierno. Algo parecido le ocurrió a Menem, que, tras salir a impulsar una re-reelección, no tenía a mano ningún dirigente menemista con posibilidades para evitar que Eduardo Duhalde se convirtiera en el “candidatro natural” del PJ. En ambas coyunturas, por el lado de la oposición las fichas estaban jugadas a un postulante: el justicialista Carlos Menem en 1989 y el radical Fernando de la Rúa en 1999.

En esta oportunidad, de cara a las primarias de 2015 -si es que resultan con tantos candidatos como a priori aparece- un elemento a analizar es si los candidatos buscarán una polarización en sus posiciones -de defensa absoluta de las políticas oficiales, de un lado, y de rechazo total, por el otro- o si las convicciones, aunque también la conveniencia, hará que los planteos converjan “hacia el centro” del tablero político.

En este sentido, cuánto de “continuidad” y cuánto de “cambio” expresen los candidatos comenzará a definirse con el desempeño económico y social que pueda mostrar el gobierno de Cristina Kirchner con sus políticas. Por ahora, los múltiples candidatos que aparecen en esta instancia tienen un elemento en común. Ninguno de ellos le plantea al electorado -al menos el discurso- un giro de 180 grados en las políticas del país.

Desde la oposición, si bien marcan una serie de problemas y preocupaciones, sobre todo en el ámbito económico y en materia de seguridad y realizan críticas a distintas políticas del Gobierno, aseguran que la Argentina tiene oportunidades a partir de 2015. Una expresión de esa idea la manifestó, por ejemplo, el líder del PRO, Mauricio Macri, en el último foro de Davos: “la Argentina tiene una oportunidad histórica, a partir del 2015, porque tenemos todas las condiciones para ser un país grande”.

Aunque no se dice lo suficiente, aún en un contexto nuevo y cambiante, luego de la devaluación del peso producida en enero pasado, un país que llega a la transición con niveles de deuda externa bajos tanto para el sector público como el privado, con un sistema bancario sólido, una posibilidad cierta de hacer crecer con fuerza su producción hidrocarburífera e importantes niveles de inversión en seguridad social y educación es una verdadera novedad para los últimos 30 años de democracia. Como suelen decir los dirigentes políticos “para 2015 falta mucho tiempo”. Veremos cómo transcurre.

Planteo algunas:

• ¿Cómo encararán oficialismo y oposición el primer “año once” de un gobierno en el poder? El período más extenso que la democracia argentina recuperada en 1983 conoció hasta el momento fue el que lideró Carlos Menem, con diez años y medio.

• La ausencia de elecciones que caracteriza a los “años pares” en la Argentina, ¿hará más o menos tensa la situación política? Sin elecciones, ¿será 2014 un “año de la economía? ¿Con qué nuevas herramientas lo encarará el Gobierno?

• ¿Cuántas coaliciones opositoras se conformarán para intentar derrotar al oficialismo en 2015? ¿Dos, una no peronista y una peronista disidente? ¿O más?

• ¿Cuál de las estrategias opositoras que comiencen a perfilarse el año próximo estará más cerca del éxito? ¿Aquellas que plantean un cambio de 180 grados con respecto a la gestión kirchnerista o las que prometen continuidad de ciertas políticas y cambios en otras?

• El Gobierno inició un diálogo “de gestión” con gobernadores alineados en la oposición. En las últimas semanas hubo expresiones públicas que revelaron coincidencias en temas concretos entre la Casa Rosada y, por ejemplo, Antonio Bonfatti (socialista de Santa Fe), Mauricio Macri (porteño, del PRO) y Daniel Peralta (santacruceño, del peronismo disidente). ¿Esa situación preanuncia algún cambio en el panorama político?

• ¿El Gobierno podría perder el respaldo de sectores aliados ante disidencias por temas puntuales? El tratamiento del proyecto de Código Civil y el ascenso de César Milani mostraron discrepancias entre dirigentes oficialistas.

• El oficialismo se perfila hacia un recambio presidencial sin un candidato con el apellido Kirchner en las boletas. ¿El Gobierno se inclinará a que las disputas en el Frente para la Victoria se diriman en internas abiertas o buscará apoyar a un único “candidato propio”?

• ¿Qué rol “político” buscará jugar la Iglesia católica, con el Papa Francisco a la cabeza? ¿Uno más prescindente o más activo y de protagonismo cuando comience a perfilarse el recambio presidencial?

• Dos “corporaciones” le dieron dolores de cabeza al Gobierno durante 2013: las policías provinciales, con las rebeliones de fin de año, y la Justicia, que bloqueó las reformas en ese poder aprobadas por el Congreso. ¿Habrá nuevos rounds en esa pelea durante 2014?

• Luego de la Tragedia de Once, el Gobierno desembolsó una multimillonaria inversión en los trenes metropolitanos. En 2014 se anuncia que estarán funcionando formaciones nuevas en casi todas las líneas que unen la capital y el Gran Buenos Aires. ¿Tendrá impacto político de esa nueva situación?

Esas son las primeras diez preguntas que se me ocurren. Seguramente irán surgiendo más, a la espera de nuevas respuestas.

Se puede hacer más compleja la caracterización. ¿Qué intendente ha administrado durante tantos años el monto de fondos “nacionales” que maneja la ANSES? ¿Qué intendente ha llegado al cargo más alto del Gabinete nacional? ¿Cuántos jefes comunales han encabezado un club de fútbol de Primera División? ¿En qué municipio se han realizado eventos culturales, deportivos, sociales con tan importante nivel de difusión como en Tigre?

Massa es entonces casi desde el inicio de su carrera política un dirigente nacional con aspiraciones nacionales. Cualquier dirigente nacional con aspiraciones políticas sabe que debe gobernar un territorio si quiere llegar a lo máximo. Así lo hicieron Carlos Menem (gobernador) y Néstor Kirchner (intendente y gobernador). La carrera política de Cristina Kirchner se desplegó de otra forma, aunque vinculada a un poder territorial.

A esto hay que agregar otra pregunta: ¿prefiere un bonaerense con aspiraciones presidenciales apuntar a ser gobernador, dado el difícil lugar que le depara la política argentina al mandatario de la mayor provincia del país? ¿No resulta más conveniente ser “sólo” un intendente del Gran Buenos Aires?

Pongamos sobre la mesa más elementos. Desde que el kirchnerismo irrumpió en la política nacional, distintos sectores del poder
económico que o bien aceptan a regañadientes las políticas de la Casa Rosada o bien las aborrecen aguardan por una “esperanza blanca”. Un dirigente nacional que venga a provocarle una derrota al oficialismo.

El precandidato Massa elige palabras moderadas con las que busca convencer a parte del electorado bonaerense de que no dará marcha atrás con políticas que conservan importante apoyo. Pero con los gestos y algunas de sus alianzas parece expresar “somos el sector político que más daño puede hacer al Gobierno nacional y a sus políticas”. Somos “la esperanza blanca”.

Las “esperanzas blancas” durante los últimos diez años fueron variadas. En algún momento fue Carlos Reutemann, un exgobernador peronista quien en su mutismo quería concentrar expectativa política. En 2008 surgió desde el radicalismo Julio Cobos, un radical que venía de ser gobernador y vicepresidente, el que concentraba las expectativas. Algunos sectores buscaron también colocar a Daniel Scioli en ese lugar.

Cuando surja la pregunta de por qué Massa se lanzó al ruedo político bonaerense en estos comicios, habría que hacer un razonamiento
contrafáctico. Y pensar cuán grande sería el vacío de “esperanzas blancas” sin la presencia del intendente de Tigre en las boletas. Si la esperanza de algunos sectores enfrentados al Gobierno nacional es algo más que un anhelo o si quedará como una más de un listado de apuestas fallidas, es algo que comenzará a saberse a partir del próximo domingo.