En Bolivia, se registraron una serie de elecciones subnacionales (segundas vueltas) que, a diferencia de lo ocurrido en los comicios nacionales de 2014, en los que Evo Morales resultó reelecto con más del 61 por ciento de los votos, resultaron no del todo alentadoras para el Movimiento al Socialismo (MAS). En Tarija, el candidato opositor por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Adrián Oliva, se impuso con el 60,69 por ciento de los votos contra el 39,31 por ciento para Pablo Canedo, del oficialismo. Se trata de un territorio que estaba gobernado hasta el momento por el MAS. La situación se encuentra reñida en el departamento de Beni donde este jueves, cuando permanecía escrutado el 94,64 por ciento del total, la oposición se imponía por 87 votos al MAS. Mientras se mantiene el predominio nacional por parte de Morales, por los comicios del año pasado, la situación a nivel local es diferente. El oficialismo sostiene cinco gobernaciones (Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba y Chuquisaca), en tanto que la oposición se establecía en La Paz, Santa Cruz, Tarija -a lo que, como se mencionó, podría sumar Beni-. No se trata de extrapolar situaciones pero sí de recordar que las elecciones no funciona de la misma manera haciendo abstracción de candidatos, territorios y cargos en juego. La población de un mismo distrito bien puede votar a un partido a nivel nacional y a otro a nivel local. O hacer coincidir las opciones, en algunos casos.

En Chile, la presidenta Michelle Bachelet tomó el miércoles una medida extrema para retomar la agenda pública en medio de una crisis política. Pidió que todo su gabinete pusiera a disposición la renuncia. Un día después, se conocieron los resultados de la influyente encuesta CEP, que arrojó que la imagen de la Presidenta y de sus funcionarios había caído desde noviembre pasado. La única figura política del país sobre la que mejoró la consideración pública fue el expresidente derechista Sebastián Piñera (+4%) en un contexto en el que los niveles de aprobación de la coalición oficialista (15%) como de la opositora (12%) llegan a pisos históricos. De acuerdo a la encuesta, uno de los datos salientes es la cantidad creciente de chilenos que consideran que el gobierno está involucrado en hechos de corrupción. En junio de 2005, un 33 por ciento pensaba que “mucha gente” en el servicio público se encontraba vinculada a ese tipo de acciones. En noviembre pasado la cifra había subido a 39%. Y ahora se ubica en 53%. Además, las reformas -políticas, tributarias, electorales, de servicios sociales- impulsadas por Bachelet y que apuntan a modificar en parte el esquema de los últimos veinte años de democracia en el país, ampliando una serie de derechos ciudadanos, no cuentan por el momento con el respaldo que el gobierno esperaba por parte de la población.

En Brasil, el oficialista Partido de los Trabajadores vivió un nuevo cimbronazo. El martes pasado se emitió por televisión un spot televisivo en el que el expresidente Lula Da Silva ofreció un discurso y se plantearon bases programáticas del oficialismo. Y en distintas ciudades se escucharon “cacerolazos” en rechazo al partido gobernante. La protesta no se dirigió directamente a la presidenta Dilma Rousseff, quien no apareció en el video, aunque sí a su fuerza política. Las manifestaciones se registran en momentos en que el gobierno avanza con un paquete de ajuste fiscal y se conocen datos desalentadores de la economía, como una fuerte caída de la actividad industrial en el primer trimestre.

Estas situaciones en algunos de los países sudamericanos protagonistas del “giro a la izquierda” de los últimos años en la región hacen recordar los permanentes desafíos y la renovación de demandas ciudadanas, en un contexto de recrudecimiento de ataques provenientes del establishment económico y la derecha política. Nos llaman la atención sobre la relevancia que en nuestros países adquiere la pericia, la capacidad que pueda tener el presidente para mantener bajo control una serie de recursos clave de poder en un contexto que siempre puede deparar sorpresas y dificultades.

Se trata de una serie de aspectos que conforman el marco regional en el que tendrán lugar las elecciones presidenciales en la Argentina. Al mismo tiempo, resulta un ejercicio interesante repasarlos y verificar el relativo acuerdo que existe en la Argentina gobernada por Cristina Kirchner -al menos desde lo discursivo- con una serie de políticas públicas actuales que la mayoría de los candidatos a sucederla en el cargo afirman que no modificacán sustancialmente.

¿Deberá enfrentar en los próximos meses dificultades y desafíos similares a los de sus colegas de la región? ¿Le tocará algo de eso al próximo presidente? Las próximas semanas irán develando estas y otras incógnitas.

De esta manera las estrategias de México, Colombia, Chile y Perú son contrapuestas a las de los países del Mercosur, a las que se critica por ineficientes y de excesiva injerencia del Estado en el funcionamiento del mercado.

En los últimos meses, comenzaron a sonar algunas alarmas para los fans de la Alianza del Pacífico. Es que la caída que se viene registrando en el precio de los commodities afecta con fuerza a algunos de estos países, más volcados a la explotación minera y petrolera, conjunto de productos que vivieron en la última década un mayor “viento de cola” que los commodities agrícolas.

Sumado a esto, algunos de los gobiernos de esa agrupación también vienen sufriendo en el último período una serie de crisis políticas que impactan negativamente en la imagen de sus presidentes.

Se sabe que las encuestas marcan una fotografía y que captan apenas algunos rasgos en complejos procesos sociales. Pero creo que vale la pena hacer un repaso de algunos elementos recientes:

Chile: La última edición de la encuesta difundida por la consultora Adimark marcó una baja en la aprobación de Michelle Bachelet por quinto mes consecutivo. El respaldo a la mandataria socialista se ubicó en el 42 por ciento, en tanto que la desaprobación superó por primera vez desde su asunción en marzo pasado el 50 por ciento. Además, hace pocos días, el Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer la Nacional de Opinión Pública correspondiente al mes de noviembre de 2014. El sondeo mostró que 38%  de los consultados aprueba la gestión de Bachelet, lo que representa una caída de 12 puntos desde julio. Ese nivel de aprobación es equiparable al de noviembre de 2007, cuando en su primera gestión la presidenta socialista enfrentó una crisis por la implementación del sistema de transportes capitalino Transantiago. En ese contexto, el diario español El País explicó esta semana: “Gran parte del segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet, que arrancó en marzo, ha estado marcado por la discusión acerca de la desaceleración económica que enfrenta Chile. Tras un crecimiento promedio del 5,8% entre 2010 y 2012 y de una expansión del 4,17% en 2013, las últimas previsiones del Banco Central chileno indican que la economía percibe un frenazo que hará terminar 2014 con un tímido 1,9%”.

Perú: A fines del mes pasado se difundió una encuesta en ese país que indicó que la desaprobación de la aprobación del presidente Ollanta Humala alcanzó el 73 por ciento -una suba de dos puntos porcentuales respecto de agosto-. De acuerdo a la encuesta de CPI, entre las razones expresadas por los entrevistados para rechazar la gestión de Humala figuran la falta de seguridad ciudadana (28,7 %), el alto precio del gas o combustibles (10,7 %), que se “deja manipular por su esposa” (9,8 %) y que “no cumple sus promesas electorales” (7,3 %).

México: Enrique Peña Nieto tampoco pasa por un buen momento. Una encuesta nacional difundida por el Grupo Reforma indicó que la aprobación del mandatario bajó 11 puntos en el último cuatrimestre, con lo que se situó en un 39 por ciento. SE indicó que se trata del nivel más bajo de respaldo que logra un presidente mexicano desde 1995. En medio de la crisis por la masacre de 43 alumnos secundarios en el estado de Guerrero, otra encuesta (El Universal/Buendía & Laredo) mostró que Peña Nieto muestra su nivel más bajo de aprobación desde que asumió hace dos años. 41 por ciento de los ciudadanos aprueba su trabajo mientras que el 50 por ciento lo desaprueba.

Colombia: Juan Manuel Santos fue reelecto en junio pasado. Desde entonces su imagen su aprobación se mantiene en un 40 por ciento, de acuerdo a un sondeo de Ipsos Napoleón Franco. Un sondeo de Gallup señaló que el nivel de desaprobación a la gestión de Santos está en un 51 por ciento, menor que en junio de 2013, cuando un 71 por ciento dijo no respaldarlo, aunque lejos de octubre de 2010 cuando se llevaba el aplauso del 82 por ciento de los consultados. En ese contexto, otro dato que podría preocupar al gobierno colombiano es que el 51 por ciento señaló que la situación del país empeora.

Los mandatarios latinoamericanos enfrentan importantes desafíos, más allá de los bloques regionales que integren y sus estrategias comerciales o financieras. No parecen existir modelos “exitosos de por sí”, sino presidentes que logran lidiar mejor o peor en cada caso con los obstáculos que se les presentan. En el territorio más desigual del planeta las demandas ciudadanas cambian, se reformulan y significan siempre altas exigencias para los mandatarios.

Ningún país sudamericano es igual al otro. Pero algún elemento común hay. La mayor parte de los habitantes del subcontinente mejoraron en sus condiciones de vida durante administraciones que suelen tener más o menos grandes oposiciones “por derecha” -sector donde se ubican importantes sectores empresarios incluidos los mayores medios de comunicación- y pequeñas oposiciones “por izquierda”.

La oposición argentina elige cada tanto elogiar la marcha de países de la región que serían “distintos” a la Argentina por ser más “serios”. Históricamente, Chile y Uruguay. En 2011 precandidatos que competían contra Cristina Kirchner como el radical Ricardo Alfonsín mencionaban a Brasil. Intelectuales de centroderecha alaban incluso el crecimiento económico de Perú.

Para 2014 las cosas parecen haber cambiado un poco. El “enamoramiento” opositor local está ahora puesto no tanto en oficialismos vecinos sino en versiones también opositoras, como la que encarna la candidata Marina Silva en el vecino país.

Es muy interesante apreciar algunas situaciones durante la campaña electoral brasileña:

La primera tiene que ver con la similitud de algunos debates que se dan allí entre el oficialismo y la oposición con los que se registran en la Argentina. Por un lado, cuánto cambio y cuánta continuidad está reclamando la sociedad a sus dirigentes.

Algunas pistas: el eslogan de la presidenta Rousseff es “más cambios, más futuro”. Una forma clara de plantear que la demanda por modificaciones en la situación actual puede provenir del propio oficialismo.

A su vez, Marina Silva, como principal contendiente opositora discute con el Gobierno pero evita pararse en la idea del “puro cambio”. Asegura que espera generar una mezcla de las políticas de Fernando Henrique Cardoso y las de Lula Da Silva. Si se quiere, como planteó en su momento Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires “mantener lo bueno y cambiar lo malo”.

Además, Silva, al igual que hace aquí el PRO en la Argentina y ahora también Massa, que estrenó en un spot la palabra “distinto”, se presenta a sus electorers como “diferente”. Asegura que el PT y el PSDB vienen “peleando” hace 20 años y que se alejaron de los problemas de la gente.

Además -ya vivimos aquí esa polémica la semana pasada cuando Mauricio Macri prometió una eliminación de Ganancias par trabajadores- Silva hace promesas y Rousseff exige que la candidata opositora diga de dónde va a sacar el dinero para financiarlas.

También como acá hay peleas ideológicas de fondo. La presidenta brasileña cargó con dureza contra Silva por plantear la autonomía absoluta del Banco Central, la acusó de querer dejar así la autoridad monetaria en manos de los banqueros. Se sabe: los principales accionistas del Banco Itaú, la mayor entidad financiera privada de América Latina, tienen sus fichas puestas en Silva.

A seguir de cerca esta campaña porque allí se juega buena parte del futuro sudamericano y -seguramente- veremos los debates de mañana en Argentina expuestos hoy.

y nadie hizo nada.

En Miami te meten 300 dólares de multa:

no es como acá”.

Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera pero le contaron

Chile y Uruguay muestran, es obvio, importantes diferencias con la Argentina en distintos aspectos. Se trata de países más pequeños en términos de población y económicos. En el terreno político y a diferencia de la mayoría de los países sudamericanos muestran un mayor nivel de institucionalización en sus prácticas políticas.

Algunas noticias ocurridas esta semana me llamaron la atención porque parecen indicar que, después de todo, no todo es distinto al otro lado de la cordillera ni del Río de La Plata.

Por un lado, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña, al poner en revisión el sistema de pensiones privado que rige hoy en el vecino país. Puntualmente, la jefa de Estado creó una Comisión Asesora que debe plantear una reforma al esquema actual. Justificó la medida por las “claras insuficiencias” en el actual sistema jubilatorio chileno, creado por la dictadura de Augusto Pinochet y que en su momento fue presentado por promotores de las reformas de mercado como un ejemplo para la región.

Bachelet aseguró que su gobierno está “iniciando un proceso fundamental de reflexión y de debate para que los chilenas y chilenos cuenten con un sistema de pensiones digno y adecuado a sus necesidades”. Y planteó hacerse “cargo de las claras insuficiencias” del actual sistema previsional.

La mandataria dijo que “las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han perdido credibilidad en la ciudadanía y su modo de funcionamiento merece ser analizado en detalle”.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Bárbara Figueroa, ya adelantó la posición de los gremios: salió a señalar que no comparte la propuesta de crear una administradora estatal que compita con las privadas, sino que exige que se cree “un sistema público de pensiones” donde “el Estado participe activamente para asegurarles a todos los que jubilen una pensión no menor al 70 por ciento de lo que estaban ganando al momento de jubilar”.

En tanto, en Uruguay es notorio cómo los candidatos de centroderecha que integran la oposición al Frente Amplio centran sus propuestas en temas vinculados con la inseguridad. Así, Jorge Larrañaga, precandidato del Partido Blanco, presentó el llamado “Plan Libertad”, con 60 ideas contra el delito. Entre ellas incluye, al igual que el líder del Frente Renovador argentino, Sergio Massa, la entrega de un “botón de alerta” a los hogares para permitir avisar a la Policía sobre hechos de inseguridad.

El postulante opositor reclamó también considerar como “agravante” los actos delictivos contra ancianos. En una declaración pública advirtió: “Cuando hablamos de mano dura (hablamos) de severidad ante la reincidencia y los delitos violentos. Es combate al narcotráfico grande pero también a las bocas de distribución minorista de drogas. Mano dura también es considerar un agravante más severo para la violencia contra los ancianos”.

A su vez, el precandidato colorado, Pedro Bordaberry, impulsa una propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. El postulante oficialista Tabaré Vázquez salió a cruzarlo con fuerza: “A un joven de 16 años que atraviese la puerta de una cárcel de adultos lo primero que le va a suceder es que lo van a violar, lo van a ultrajar y lo van a educar para que siga viviendo toda su vida en delito”.

¿Un país sudamericano que comprueba que el sistema privado de jubilaciones tiene graves falencias? ¿Otro en el que la oposición de centroderecha hace eje de campaña en el tema de la inseguridad? En contra de lo que suele expresar un personaje de Diego Capusotto, habrá que decir ¡es como acá! 

Una primera pregunta que sirve como parámetro para empezar comprender las protestas registradas esta semana en Brasil es desentrañar si se trata de manifestaciones más parecidas a las que tuvieron lugar hace en Chile para exigir “educación gratuita y de calidad” o a los “cacerolazos” (“8N! y “18A”) en la Argentina.

Las manifestaciones de los jóvenes chilenos tuvieron la clara intención de reclamar mayor presencia del Estado para consagrar la educación como “derecho” y restringir la presencia de mecanismos de mercado en ese servicio público. En la Argentina los motivos de los “cacerolazos” fueron múltiples. Mi impresión es que en general no se pedía “más Estado” -salvo por la idea de más y mejor “seguridad”-. Lo “no dicho” de las protestas de noviembre y abril pasados en la Argentina fue el malhumor de un sector importante de la sociedad por las restricciones a la compra de dólares para atesoramiento.

En Brasil vimos, por un lado a sectores en la protesta que no son la “base” del oficialista PT. No son las “nuevas clases medias” que acaban de mejorar su nivel de consumo y de vida en las favelas, ni los sectores sociales del Nordeste brasileño, que recién ahora ven ante sí cierta presencia del Estado. A su vez, muestran consignas más “populares” que las del 8N y el 18A argentinos: el detonante es un aumento en la tarifa del transporte público y se habla también de salud y educación.

Ningún país de la región es igual a otro. Así, por ejemplo, si ordenamos las “transiciones” a la democracia en “el ABC” diremos que Chile tuvo el proceso más “negociado” con el régimen militar -con una constitución que lleva la marca del pinochetismo-; le sigue Brasil, que recién por estos días tiene en funcionamiento una “Comisión de la Verdad”, comparable a nuestra Conadep de 1984 y luego la Argentina, con el conocido “derrumbe” de la dictadura tras derrota en la guerra de Malvinas. Los fenómenos sociales no son por lo tanto “equiparables”. Sirve, más bien, sumar elementos, ponerlos en contexto, compararlos y tomar las conclusiones siempre “con pinzas”.

Agrego cuatro datos:

• El New York Times publicó una serie de gráficos en los que demostró que las tarifas de colectivos aumentaron bastante por encima de la tasa de inflación en los últimos años en Brasil. Y lo mismo ocurrió con los costos de los servicios privados de salud.
• Se habló la semana pasada de una caída en los índices de imagen de Dilma Rousseff. El politólogo André Singer destacó en una nota reciente de Folha de Sao Paulo que esa caída fue mucho más pronunciada en los sectores más acomodados de la sociedad.La aprobación hacia la presidenta brasileña entre quienes cobran más de diez salarios mínimos en Brasil era del 60 por ciento el año pasado y en la actualidad es del 43 por ciento, de acuerdo a la consultora Datafolha. Diecisiete puntos porcentuales menos, cuando esa caída entre quienes cobran hasta cinco salarios mínimos ha sido de 6 puntos.
• El sociólogo Emir Sader, alineado con el PT, señaló a través de una red social mientras las protestas se desarrollaban que una “fragilidad fundamental” del Gobierno brasileño ha sido la “ausencia de políticas específicas para la juventud”.
• Todas las encuestas difundidas en los últimos días en Brasil indican que Dilma Rousseff (se conoció en las últimas horas una de IBOPE) tiene una imagen positiva que supera el 55 por ciento y que está en carrera para ser reelecta en primera vuelta el año próximo.