En Bolivia, se registraron una serie de elecciones subnacionales (segundas vueltas) que, a diferencia de lo ocurrido en los comicios nacionales de 2014, en los que Evo Morales resultó reelecto con más del 61 por ciento de los votos, resultaron no del todo alentadoras para el Movimiento al Socialismo (MAS). En Tarija, el candidato opositor por Unidad Departamental Autonomista (UD-A), Adrián Oliva, se impuso con el 60,69 por ciento de los votos contra el 39,31 por ciento para Pablo Canedo, del oficialismo. Se trata de un territorio que estaba gobernado hasta el momento por el MAS. La situación se encuentra reñida en el departamento de Beni donde este jueves, cuando permanecía escrutado el 94,64 por ciento del total, la oposición se imponía por 87 votos al MAS. Mientras se mantiene el predominio nacional por parte de Morales, por los comicios del año pasado, la situación a nivel local es diferente. El oficialismo sostiene cinco gobernaciones (Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba y Chuquisaca), en tanto que la oposición se establecía en La Paz, Santa Cruz, Tarija -a lo que, como se mencionó, podría sumar Beni-. No se trata de extrapolar situaciones pero sí de recordar que las elecciones no funciona de la misma manera haciendo abstracción de candidatos, territorios y cargos en juego. La población de un mismo distrito bien puede votar a un partido a nivel nacional y a otro a nivel local. O hacer coincidir las opciones, en algunos casos.

En Chile, la presidenta Michelle Bachelet tomó el miércoles una medida extrema para retomar la agenda pública en medio de una crisis política. Pidió que todo su gabinete pusiera a disposición la renuncia. Un día después, se conocieron los resultados de la influyente encuesta CEP, que arrojó que la imagen de la Presidenta y de sus funcionarios había caído desde noviembre pasado. La única figura política del país sobre la que mejoró la consideración pública fue el expresidente derechista Sebastián Piñera (+4%) en un contexto en el que los niveles de aprobación de la coalición oficialista (15%) como de la opositora (12%) llegan a pisos históricos. De acuerdo a la encuesta, uno de los datos salientes es la cantidad creciente de chilenos que consideran que el gobierno está involucrado en hechos de corrupción. En junio de 2005, un 33 por ciento pensaba que “mucha gente” en el servicio público se encontraba vinculada a ese tipo de acciones. En noviembre pasado la cifra había subido a 39%. Y ahora se ubica en 53%. Además, las reformas -políticas, tributarias, electorales, de servicios sociales- impulsadas por Bachelet y que apuntan a modificar en parte el esquema de los últimos veinte años de democracia en el país, ampliando una serie de derechos ciudadanos, no cuentan por el momento con el respaldo que el gobierno esperaba por parte de la población.

En Brasil, el oficialista Partido de los Trabajadores vivió un nuevo cimbronazo. El martes pasado se emitió por televisión un spot televisivo en el que el expresidente Lula Da Silva ofreció un discurso y se plantearon bases programáticas del oficialismo. Y en distintas ciudades se escucharon “cacerolazos” en rechazo al partido gobernante. La protesta no se dirigió directamente a la presidenta Dilma Rousseff, quien no apareció en el video, aunque sí a su fuerza política. Las manifestaciones se registran en momentos en que el gobierno avanza con un paquete de ajuste fiscal y se conocen datos desalentadores de la economía, como una fuerte caída de la actividad industrial en el primer trimestre.

Estas situaciones en algunos de los países sudamericanos protagonistas del “giro a la izquierda” de los últimos años en la región hacen recordar los permanentes desafíos y la renovación de demandas ciudadanas, en un contexto de recrudecimiento de ataques provenientes del establishment económico y la derecha política. Nos llaman la atención sobre la relevancia que en nuestros países adquiere la pericia, la capacidad que pueda tener el presidente para mantener bajo control una serie de recursos clave de poder en un contexto que siempre puede deparar sorpresas y dificultades.

Se trata de una serie de aspectos que conforman el marco regional en el que tendrán lugar las elecciones presidenciales en la Argentina. Al mismo tiempo, resulta un ejercicio interesante repasarlos y verificar el relativo acuerdo que existe en la Argentina gobernada por Cristina Kirchner -al menos desde lo discursivo- con una serie de políticas públicas actuales que la mayoría de los candidatos a sucederla en el cargo afirman que no modificacán sustancialmente.

¿Deberá enfrentar en los próximos meses dificultades y desafíos similares a los de sus colegas de la región? ¿Le tocará algo de eso al próximo presidente? Las próximas semanas irán develando estas y otras incógnitas.

Esas presiones se extendieron también durante los años 80, dirigidas hacia las jóvenes democracias sudamericanas: el expresidente Raúl Alfonsín debió enfrentar tres alzamientos “carapintadas”, en tanto que otras democracias de la región mantenían relaciones de tensión con el actor militar en el marco de transiciones “pactadas”.

En las últimas décadas, mientras los militares redujeron su nivel de influencia, otros actores comenzaron a ejercer distintos grados de presión corporativa hacia los funcionarios electos en forma democrática. Uno de ellos y muy notorio han sido las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2013, distintas Policías provinciales se rebelaron como parte de un movimiento que el Gobierno tildó de “desestabilizador”. Los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) sufrieron también, en 2010 y 2012, respectivamente, rebeliones policiales que llegaron a poner en cuestión su estabilidad política. El expresidente paraguayo Fernando Lugo comenzó a vivir la crisis política que derivó en el comienzo del fin de su mandato cuando se registró en circunstancias muy poco claras la muerte de once campesinos y seis uniformados durante un desalojo de tierras agrícolas llevado adelante por la Policía local. A partir de esos violentos hechos se desencadenó el peculiar juicio político que lo destituyó, provocando una ruptura del orden institucional del vecino país.

Si alguna duda quedaba sobre la enorme influencia que pueden ejercer las fuerzas de seguridad por estos años en el terreno político bastó con seguir una serie de episodios que se dan en la actualidad por fuera de nuestra región, pero en el mismo hemisferio: la norteamericana ciudad de Nueva York.

Efectivos de la Policía de esa ciudad llevan adelante por estos días lo que algunos medios de prensa locales definieron como una virtual “huelga de brazos caídos”, como parte de un reclamo de índole política contra el alcalde demócrata Bill de Blasio. Los uniformados están disconformes con el funcionario por una supuesta falta de respaldo a la actividad que llevan adelante.

Según el diario The New York Post, los arrestos por delitos menores cayeron un 94 por ciento en la última semana, en tanto que la disminución en el total de detenciones se redujo un 66 por ciento, cuando se compara el período con el mismo momento del año pasado. Para algunos observadores, la nueva situación no sería del todo negativa, ya que la Policía seguía hasta ahora una polémica doctrina que implicaría un nivel de arrestos excesivo. Más allá de estas visiones encontradas, la tensión “política” entre la policía y la gestión electa de la ciudad es inocultable.

La crisis se desencadenó desde comienzos del mes pasado, cuando el alcalde De Blasio declaró que junto con su esposa afroamericana le había recomendado a su hijo “especial cuidado” cuando tuviera contacto con efectivos policiales. Las expresiones del alcalde llegaron luego de que la Justicia local decidiera no iniciar acciones contra un uniformado involucrado en la muerte de dos personas.

Luego, el sindicato policial emitió un comunicado en el que instó a De Blasio a que, si se producía la muerte de un miembro de esa fuerza en cumplimiento del deber, no concurriera al funeral.

El 20 de diciembre se registró el asesinato de dos policías. Ante esa situación, arreciaron las críticas de la Policía hacia De Blasio. El jefe del sindicato policial, Patrick Lynch, llegó a decir que el alcalde tenía “sangre en sus manos”. El funcionario decidió concurrir al funeral de uno de los oficiales asesinados y cientos de policías le dieron la espalda durante la ceremonia. La crisis continuó cuando el funcionario concurrió a un acto de egreso de cadetes de la institución y se escucharon gritos en su contra.

Es probable que esta cadena de episodios encuentre algún tipo de salida política en los próximos días, aunque no deja de llamar la atención la forma en que, incluso en países con una larga trayectoria de estabilidad política e institucional, la actitud de funcionarios uniformados puede poner en jaque políticamente a mandatarios electos por la sociedad.

Hay que recordar que en la última entrevista que ofreció, Cristina dijo que al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, le reconoce “una inmensa virtud: dice lo que piensa”. Destacó que el líder del PRO “no se disfraza”. O’Grady cumple a rajatabla con esa premisa. No la va de “periodista independiente”, como muchas plumas opositoras de la Argentina. Por caso, antes de las elecciones de 2012 en su país dijo que los dirigentes republicanos Ron Paul y Mitt Romney harían un “mejor” papel que Barack Obama en la Casa Blanca.

Aunque sus expresiones se reproducen en los medios argentinos como si fueran la voz de toda la prensa norteamericana o incluso de los Estados Unidos, O’Grady firma sus notas y habla desde un lugar. Un lugar que no es ni busca ser el de una presunta objetividad. La editorialista es republicana, conservadora y enemiga declarada de los gobiernos posneoliberales de la región. Sus ideas extremas y lindantes con el mal gusto quedan siempre expuestas:

• De Hugo Chávez dijo que encabezó un gobierno “militar”.
• De la Bolivia de Evo Morales, consideró hace tres meses que se trata de un Estado “fallido” comparable a Afganistán.
• Trató al Ecuador de Rafael Correa de “República bananera”.
• Amonestó a Michelle Bachelet por considerarla “admiradora de Fidel Castro”.

Apostaría que Cristina diría: “a Mary Anastasia O’Grady, respeto”.

Esta semana se conoció una encuesta de Gallup, según la que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cayó en la consideración pública del 46 al 21%. En el centro del malhumor social aparece la actitud del Gobierno frente a una protesta de campesinos: el 81% de los consultados dijo que desaprueba cómo actuó el jefe de Estado frente a esa cuestión. En Perú, se difundió el mes pasado una encuesta de la consultora GFK que determinó una merma en la aprobación de Ollanta Humala del 32 al 26%. El 54% se mostró de acuerdo con la idea de que el presidente “no combate la delincuencia”, el 51% evaluó que “no cumple con sus promesas”, en tanto que el 48% se mostró preocupado porque “los precios están subiendo”. En tanto, IPSOS-Perú detectó una caída de 4 puntos en la imagen de Humala, que quedó en torno al 29%. “No gobernamos con encuestas, eso déjenlo para los opinólogos”, replicó el presidente.

En Chile, la última medición sobre la imagen del presidente Sebastián Piñera es de julio pasado, de la empresa Adimark. Marca una caída de 2 puntos con respecto al sondeo anterior, para ubicarse en 37%. La desaprobación al mandatario trasandino es de 53% (subió 2 puntos). Cuando se pregunta con el Gobierno, el respaldo es menor: 32%. Al momento de producirse el rescate de los 33 mineros, en 2010, la aprobación de Piñera era casi 30 puntos mayor. El aspecto más criticado de la gestión de Piñera es la política de seguridad: 83% de rechazo. El oficialismo chileno corre muy detrás de la opositora Michelle Bachelet, de cara a las presidenciales de este año.

En México, el sitio web Adnpolítico compiló nueve encuestas para determinar la evolución de la imagen de Peña Nieto en nueve meses de gestión. La aprobación a su figura sigue alta, en torno al 54%. Pero la desaprobación subió: pasó de 30 a 36%. Embarcado en varias reformas, la semana pasada el dirigente del PRI tuvo que cambiar el lugar y el momento en el que dio su primer Informe de Gobierno, por protestas de docentes.

Si vamos al Mercosur, la situación de 2013 también muestra sus tensiones.

En la Argentina, el oficialismo viene de enfrentar una elección primaria con un mal resultado, equiparable al de las legislativas de 2009. En Venezuela, Nicolás Maduro logró ser electo por muy poca diferencia de votos, ante el principal líder opositor, Henrique Capriles. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrentó las protestas más importantes de las que se tenga memoria en el país vecino. Y luego de un pico de popularidad en marzo pasado (63%) cayó más de 30 puntos en junio. Ahora, su imagen se recuperó algo, hasta el 36%. En Uruguay, el mes pasado se conoció un sondeo de la consultora Equipos Mori, que reveló una caída de 5 puntos en la aprobación de José Mujica (quedó en 38%). Así, un 40% de los uruguayos expresó desaprobación por la gestión del Frente Amplio. Fue la primera vez que el rechazo superó a la aprobación.

A salvo del cimbronazo parecen haber quedado dos mandatarios: Evo Morales (Bolivia) alcanzó el mes pasado un nivel de aprobación del 59% -en octubre de 2012 estaba en 54%-, de acuerdo a un sondeo realizado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. En febrero pasado, el ecuatoriano Rafael Correa logró su reelección con más del 56% de los votos y con una diferencia de más de 30 puntos sobre su principal contendiente.

La “variable regional” no explica de por sí la situación de cada uno de los países. Pero habrá que empezar a incorporarla, si es que se quiere tener un panorama más completo de lo que pasa en cada Estado de nuestro continente en este muy movido “año 13”.