Después del Mundial

En una columna de mayo pasado hablamos aquí de las perspectivas que se abren “después del Mundial”.

El momento está llegando y los planteos y perspectivas en el oficialismo y la oposición parecen más o menos claras.

Del lado del Gobierno nacional, si es por el peso que le da a cada cuestión en la agenda pública, habría que pensar que el punto de vista es este:

  • La prioridad es mantener la estabilidad económica y social de cara al año electoral y la transición política que tendrá lugar el año próximo.

  • Sostener la capacidad de compra de los asalariados formales, completando el ciclo de paritarias -hasta el combativo gremio de Camioneros cerró sin demasiados problemas sus negociaciones- aparece como un punto de apoyo inicial. A eso se sumaron actualizaciones en las asignaciones para trabajadores y desocupados, un nuevo programa social para jóvenes que no completaron estudios y una renovada moratoria previsional. El segundo aumento del año para jubilados será también clave, luego de una primera actualización que resultó insuficiente.

  • Fortalecer el programa “Precios Cuidados” y un nivel inflacionario bajo control será también, al igual que en el primer semestre, una prioridad en lo que resta del año.

  • La desocupación mostró un aumento en la última medición: no descuidar esa variable es una de las claves que marcará el desempeño político del oficialismo.

  • Buena parte del trabajo del Gobierno por estos días tiene que ver con fortalecer las cuentas públicas. La negociación por la deuda en default en Estados Unidos y los vínculos cada vez más cercanos con Rusia y China en busca de inversiones concretas parecen apuntar en esa dirección.

  • El otro paso relevante fue mantener la unidad al interior del PJ. Más aún cuando la oposición se muestra todavía fragmentada. Pero cómo se procesarán las diferencias al interior del Frente para la Victoria de cara a las primarias del año próximo -si de manera ordenada o con más ruido político- también será relevante a la hora de las evaluaciones.

Las cartas de la oposición para “después del Mundial”:

  • Por lo que se ve, apuntar a amplificar las acusaciones que la Justicia realiza contra el vicepresidente Amado Boudou le llevará buena parte de sus esfuerzos. Cuánto rédito electoral concreto le otorgará este caso todavía es una incógnita.

  • Seguramente habrá sectores que apuntarán a dar difusión a nuevos “escándalos” que se conozcan a través de la prensa: en los pasados años electorales siempre hubo resonantes “casos” dando vueltas: Skanska y la “valija” de Antonini Wilson en 2007 y los desmanejos de Sergio Schoklender en 2011.

  • Estrechar lazos con sectores del empresariado -no hubo precandidato que no se mostrara en los últimos meses con hombres de negocios- como una forma de dar a entender que habrá más inversiones en un hipotético mandato opositor.

  • Respaldar protestas sociales o medidas de fuerza que puedan impulsar sectores del gremialismo enfrentados con el Gobierno.

  • Con respecto a conflictos como el de los fondos buitre, los caminos se bifurcan: están los referentes opositores que respaldan la actual estrategia del Gobierno y otros que la cuestionan.

  • Entre los precandidatos presidenciales también parece haber distintas expectativas sobre el futuro económico y social: al peronismo opositor de Sergio Massa seguramente no le disguste que el Gobierno encuentre obstáculos en ese terreno. Después de todo, a los justicialistas siempre se los ha convocado como “pilotos de tormentas”. Distinto es el caso del Frente Amplio Unen (FAU): garantizar la “gobernabilidad económica” sigue siendo una cuenta pendiente histórica del radicalismo y sus aliados.

Como sea, todo lo que la dirigencia fue dejando para “después del Mundial” ya mismo comienza a develarse.

Un extraño giro a la derecha

El “giro a la derecha”, el “ajuste ortodoxo” que lleva adelante el Gobierno, según algunos analistas, es tan extraño que incluye medidas rechazadas en todos los manuales de aplicación de ese tipo de políticas y que históricos promotores de ese recetario no dudaron en criticar en las últimas semanas.

Así, por ejemplo, en enero pasado, la gestión de la presidenta Cristina Kirchner lanzó el Plan Progresar, una asignación de 600 pesos mensuales para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni tienen trabajo formal y que se comprometen a finalizar sus estudios secundarios o iniciar el nivel terciario.

En febrero, la Secretaría de Comercio multó a seis cadenas de supermercados por más de 3,4 millones de pesos al constatar violaciones del programa Precios Cuidados. Y la AFIP dispuso un régimen de registración sistémica de “movimiento y existencias de granos no destinados a la siembra”, por el que acopiadores de cereales y oleaginosas deben informar desde este mes sus tenencias de producción en un registro informático.

En marzo, la jefa de Estado dio a conocer el plan Recuperar Inclusión, por el que se crean 150 Centros Preventivos Locales de Adicciones, unas 40 Casas Educativas Terapéuticas (CET), para mitigar el consumo de drogas y alcohol en contextos de alta vulnerabilidad social. La medida implica una inversión de unos dos mil millones de pesos, según se anunció.

Ese mismo mes, la Secretaría de Comercio creó un régimen informativo de precios de bienes finales e insumos para la producción por el que le pide a todas las empresas productoras de bienes e insumos y a las comercializadoras y distribuidoras de tamaño mediano y grande que presenten información mensual sobre precios de venta.

Este mes, la Casa Rosada adoptó medidas como la extensión del programa Precios Cuidados, presentó un proyecto que brinda incentivos y aumenta sanciones a empresas con la intención de combatir el trabajo en negro y reglamentó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, medida que contempla la incorporación progresiva de todas las trabajadoras a los regímenes de seguridad social: jubilación, obra social, cobertura por riesgos de trabajo y enfermedades laborales”, según se informó oficialmente.

Quizás por la adopción de estas medidas sea que el economista Miguel Angel Broda escribió en los últimos días que el objetivo del Gobierno nacional “no es hacer un ajuste fiscal en serio, sino hacer todo lo necesario para evitar ese ajuste”. O que el rector de la Universidad del CEMA, Carlos Rodríguez, lamente que el Ejecutivo tenga como intención a reducir a “lo mínimo posible” medidas que se vinculen de algún modo con el ideario que, por su parte, siempre ha impulsado, de ajuste ortodoxo.