En la Argentina, durante tres cuartas partes del actual período democrático iniciado en 1983, han ejercido la Presidencia dirigentes que provienen del peronismo. El peronismo, sin embargo, puede perder elecciones; no es un partido hegemónico. Ocurrió en 1983 y en 1999, cuando comenzaron sus mandatos -que luego no terminaron- referentes de la UCR.

El actual oficialismo tiene, por estos antecedentes, una notoria ventaja, una carta más en el mazo. Como parte de ese escenario, el peronismo gobierna más provincias y municipios que la oposición y ha controlado el Senado desde que se recuperó la democracia, sin interrupciones. La mayoría de los sindicatos se alinean también con el peronismo.

El líder del PRO, Mauricio Macri, asegura que esa ventaja no prevalecerá, que ahora es él quien más posibilidades tiene de llegar a la Presidencia, porque “el 60 % de la gente quiere un cambio”.

Pero veamos un poco más allá y analicemos cómo se define la próxima elección. La Constitución Nacional determina que hay tres formas de “ganar”. Una posibilidad es sumar más del 45 % de los votos. Otra es superar el 40 % de los votos y lograr al menos un 10 % de diferencia con el principal contendiente. Y la tercera es imponerse en una segunda vuelta.

Un elemento a tener en cuenta es que desde que está vigente, el balotaje nunca tuvo que ser utilizado. Pero tampoco habría sido utilizado en 1983 y 1989, si hubiese estado consagrado en la legislación. Tampoco se dio el caso de un presidente que se impusiera por el 40 % más uno de los votos, apelando al 10 % de diferencia con su principal rival.

Así, salvo el muy particular caso de las elecciones de 2003, cuando el peronismo concurrió a las urnas divido en neolemas, en todas las elecciones nacionales los presidentes obtuvieron más del 45 % de los votos.

El particular sistema argentino fue formalizado en la Constitución Nacional reformada en 1994. El presidente Carlos Menem impulsaba entonces la posibilidad de reelección y pactó con el líder de la UCR, Raúl Alfonsín, esa y otras modificaciones a la Carta Magna. Para una fuerza política que suele tener un piso de votos que ronda el 30 % a nivel nacional, como es el peronismo, esa cláusula quiere decir algo más que lo que indica la fría letra constitucional. El significado es: si el peronismo está relativamente unido y las variables económicas están bajo control, ese partido tiene grandes posibilidades de imponerse en los comicios nacionales.

Hay que recordar que incluso en 1999, cuando el país ya había entrado en una larguísima recesión, estaba híperendeudado, la desocupación abierta había superado la barrera de los dos dígitos y los actuales sistemas de protección social, así como la fuerza de los sindicatos brillaban por su ausencia, Eduardo Duhalde sumó nada menos que el 38,2 % de los votos. No se vivía una buena situación económica, el presidente de origen peronista no contaba con altos niveles de aprobación y la candidatura del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires se consolidó recién después de una durísima y extensa disputa con el jefe de Estado en ejercicio.

Veamos ahora a la oposición, sobre todo a su expresión mejor posicionada, que es la de Macri. Aun si el jefe de gobierno porteño no logra quebrar la hegemonía peronista, sí podría obtener una gran cantidad de votos en las próximas elecciones.

Si logra ese objetivo, el PRO estaría realizando un aporte sustancial a una mayor estabilidad del funcionamiento de los partidos políticos en el país. Para precisar un poco más, debería recordarse que en la Argentina, con la crisis de 2001, se registró un derrumbe parcial del sistema de partidos. El no peronismo se fragmentó y se atomizó. El peronismo logró recomponerse con cierta rapidez. El país mostró así una importante diferencia con casos como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, en los que ante las crisis económicas que tuvieron lugar por serios problemas de las políticas neoliberales que derivaron a fines del siglo pasado, se puso fin de manera abrupta a un cierto esquema de funcionamiento partidario y surgieron fuerzas políticas totalmente nuevas.

Vamos a los antecedentes: ninguna propuesta que se enfrentara a alguna vertiente del PJ en elecciones presidenciales a partir del 2001 logró superar la marca que alcanzaron José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez -paradójicamente, dos peronistas- en 1995, cuando sumaron más del 29 % de los votos. En 2003, el no peronista más votado fue Ricardo López Murphy, con el 16.37 % de los votos. En 2007, ese lugar lo ocupó Elisa Carrió (23,04 %). Y en 2011, Hermes Binner (16,81 %). Macri podría acercarse -aun si perdiera las elecciones- más a las marcas de las oposiciones de los años noventa, como fue la mencionada propuesta Bordón-Álvarez o el 32,45 % que obtuvo Eduardo Angeloz en 1989.

Un elemento más. Podría pensarse que en 2007 la suma de votos de Elisa Carrió y de Roberto Lavagna (apoyado entonces por la UCR) alcanzó casi el 40 % (39,94 %). Aun así, esa sumatoria hubiera resultado superada por la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, que obtuvo el 45 % de los votos para imponerse en los comicios. Macri, quizás, pueda aglutinar el tipo de preferencias que en aquel entonces sumaban la líder de la Coalición Cívica y el exministro de economía.

El líder del PRO estaría entonces ante una posibilidad cierta: convertirse en un candidato no peronista muy votado a nivel nacional. Si eso le alcanzará para ganarle a Daniel Scioli, es otra historia.

Tanto es así que uno de los datos de la realidad que se busca explicar ahora -no siempre con éxito- es la persistencia de la centralidad política que mantiene la presidenta Cristina Kirchner y la valoración de algunas de las públicas que impulsó, así como rasgos de su liderazgo político.

Por ejemplo, el periodista Marcelo Longobardi señaló en una entrevista reciente que brindó al canal TN: “Hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del Presidente en cuestión y eso no pasó con Cristina; hay una crisis macro significativa. Hoy la presidente subrayó que se venden más motos, bueno es lo único que se vendió un poquito más, el resto de la economía argentina está muy parada. Esto debiera ser en la Argentina una explosión y sin embargo no lo es. Y vos fijate que la recesión, los desequilibrios macroeconómicos, la inflación y demás finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina que es la erosión del poder político. Cristina está políticamente intacta”.

Cuando el entrevistador le preguntó por qué se produce ese fenómeno, Longobardi respondió:  “Y yo qué sé por qué, habrá gente que le gustará (la Presidenta). Qué se yo”.

El politólogo Marcos Novaro también eligió este tema en una reciente columna en el sitio web del canal TN, a la que tituló “¿Por qué mejora la imagen de Cristina?”. Para Novaro,  “no hay duda de que la Presidenta se recuperó bastante” de su imagen en las últimas semanas y atribuyó esa situación al siguiente razonamiento: “Cristina sigue siendo una líder potente, valorada por dotes personales reconocibles: coraje, autenticidad, resistencia. En un contexto en que hay motivos para temer el debilitamiento del gobierno, con el que se asocia retrospectivamente todo período de la política argentina en que el cambio de autoridades era inminente, acompañarla y sostenerla parece ser bastante razonable, casi un acto en defensa propia”.

A fines del mes pasado, el sociólogo Eduardo Fidanza ensayó algunas explicaciones en el diario La Nación. Evaluó que la imagen positiva que conserva la Presidenta se da, sobre todo en algunos estratos sociales. Así, evaluó: “La visión polarizada de los Kirchner no es, sin embargo, aleatoria. Se ordena, claramente, según coordenadas socioeconómicas. Los sectores populares, de bajo nivel relativo de ingresos y educación, tienden a reivindicarlos, mientras la clase media y media alta a rechazarlos”.

Sea cual fuera la explicación del porqué de los niveles sustantivos de apoyo que conserva Cristina, lo que se dice poco es que este es un hecho relativamente novedoso y que hace a la tan mentada “calidad institucional”. El hecho de que la jefa de Estado conserve una cierta aceptación social -y que podría ser creciente- al final de su mandato no es lo que le ocurrió a Raúl Alfonsín ni a Carlos Menem, los mandatarios del actual período democrático que, al igual que Cristina, tenían impedida la reelección, por la letra de la Constitución Nacional.

El hecho de que la cabeza de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, tenga posibilidades de, sin reelección, pilotear una transición política ordenada -misión a la que la Presidenta deberá dedicarse en los próximos meses- aventando amenazas de inestabilidad política o económica puede ser un paso positivo más desde la recuperación de la democracia en 1983.

No se trata de elementos menores para aquellos que consideran que en el país debe haber “políticas de Estado” que se sostengan en el tiempo y que no estén expuestas a shocks y cambios abruptos. Una transición ordenada puede hacer que se combinen dosis moderadas de cambio y que se dé continuidad a un conjunto de políticas públicas, elemento central de cualquier camino hacia el desarrollo.

Esas presiones se extendieron también durante los años 80, dirigidas hacia las jóvenes democracias sudamericanas: el expresidente Raúl Alfonsín debió enfrentar tres alzamientos “carapintadas”, en tanto que otras democracias de la región mantenían relaciones de tensión con el actor militar en el marco de transiciones “pactadas”.

En las últimas décadas, mientras los militares redujeron su nivel de influencia, otros actores comenzaron a ejercer distintos grados de presión corporativa hacia los funcionarios electos en forma democrática. Uno de ellos y muy notorio han sido las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2013, distintas Policías provinciales se rebelaron como parte de un movimiento que el Gobierno tildó de “desestabilizador”. Los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) sufrieron también, en 2010 y 2012, respectivamente, rebeliones policiales que llegaron a poner en cuestión su estabilidad política. El expresidente paraguayo Fernando Lugo comenzó a vivir la crisis política que derivó en el comienzo del fin de su mandato cuando se registró en circunstancias muy poco claras la muerte de once campesinos y seis uniformados durante un desalojo de tierras agrícolas llevado adelante por la Policía local. A partir de esos violentos hechos se desencadenó el peculiar juicio político que lo destituyó, provocando una ruptura del orden institucional del vecino país.

Si alguna duda quedaba sobre la enorme influencia que pueden ejercer las fuerzas de seguridad por estos años en el terreno político bastó con seguir una serie de episodios que se dan en la actualidad por fuera de nuestra región, pero en el mismo hemisferio: la norteamericana ciudad de Nueva York.

Efectivos de la Policía de esa ciudad llevan adelante por estos días lo que algunos medios de prensa locales definieron como una virtual “huelga de brazos caídos”, como parte de un reclamo de índole política contra el alcalde demócrata Bill de Blasio. Los uniformados están disconformes con el funcionario por una supuesta falta de respaldo a la actividad que llevan adelante.

Según el diario The New York Post, los arrestos por delitos menores cayeron un 94 por ciento en la última semana, en tanto que la disminución en el total de detenciones se redujo un 66 por ciento, cuando se compara el período con el mismo momento del año pasado. Para algunos observadores, la nueva situación no sería del todo negativa, ya que la Policía seguía hasta ahora una polémica doctrina que implicaría un nivel de arrestos excesivo. Más allá de estas visiones encontradas, la tensión “política” entre la policía y la gestión electa de la ciudad es inocultable.

La crisis se desencadenó desde comienzos del mes pasado, cuando el alcalde De Blasio declaró que junto con su esposa afroamericana le había recomendado a su hijo “especial cuidado” cuando tuviera contacto con efectivos policiales. Las expresiones del alcalde llegaron luego de que la Justicia local decidiera no iniciar acciones contra un uniformado involucrado en la muerte de dos personas.

Luego, el sindicato policial emitió un comunicado en el que instó a De Blasio a que, si se producía la muerte de un miembro de esa fuerza en cumplimiento del deber, no concurriera al funeral.

El 20 de diciembre se registró el asesinato de dos policías. Ante esa situación, arreciaron las críticas de la Policía hacia De Blasio. El jefe del sindicato policial, Patrick Lynch, llegó a decir que el alcalde tenía “sangre en sus manos”. El funcionario decidió concurrir al funeral de uno de los oficiales asesinados y cientos de policías le dieron la espalda durante la ceremonia. La crisis continuó cuando el funcionario concurrió a un acto de egreso de cadetes de la institución y se escucharon gritos en su contra.

Es probable que esta cadena de episodios encuentre algún tipo de salida política en los próximos días, aunque no deja de llamar la atención la forma en que, incluso en países con una larga trayectoria de estabilidad política e institucional, la actitud de funcionarios uniformados puede poner en jaque políticamente a mandatarios electos por la sociedad.

Del lado de la oposición, Hermes Binner, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Sergio Massa y Mauricio Macri han expresado su intención de ser candidatos o alientan una postulación. Pero también desde el oficialismo Daniel Scioli, Sergio Urribarri, Florencio Randazzo, Juan Manuel Urtubey, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich figuran como postulantes. Se habla asimismo del ministro de Defensa, Agustín Rossi, o del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

De por sí, la multiplicidad de candidatos -varios de ellos con una impronta competitiva y para nada “testimonial”- parece una novedad si analizamos las transiciones durante los últimos gobiernos. Ni Raúl Alfonsín ni Carlos Menem tenían demasiados nombres para menear cuando se acercaba el final de su mandato.

Así, en un contexto económico muy difícil, Alfonsín debió bendecir a regañadientes a Eduardo Angeloz, que expresaba posiciones políticas diferentes a las de su gobierno. Algo parecido le ocurrió a Menem, que, tras salir a impulsar una re-reelección, no tenía a mano ningún dirigente menemista con posibilidades para evitar que Eduardo Duhalde se convirtiera en el “candidatro natural” del PJ. En ambas coyunturas, por el lado de la oposición las fichas estaban jugadas a un postulante: el justicialista Carlos Menem en 1989 y el radical Fernando de la Rúa en 1999.

En esta oportunidad, de cara a las primarias de 2015 -si es que resultan con tantos candidatos como a priori aparece- un elemento a analizar es si los candidatos buscarán una polarización en sus posiciones -de defensa absoluta de las políticas oficiales, de un lado, y de rechazo total, por el otro- o si las convicciones, aunque también la conveniencia, hará que los planteos converjan “hacia el centro” del tablero político.

En este sentido, cuánto de “continuidad” y cuánto de “cambio” expresen los candidatos comenzará a definirse con el desempeño económico y social que pueda mostrar el gobierno de Cristina Kirchner con sus políticas. Por ahora, los múltiples candidatos que aparecen en esta instancia tienen un elemento en común. Ninguno de ellos le plantea al electorado -al menos el discurso- un giro de 180 grados en las políticas del país.

Desde la oposición, si bien marcan una serie de problemas y preocupaciones, sobre todo en el ámbito económico y en materia de seguridad y realizan críticas a distintas políticas del Gobierno, aseguran que la Argentina tiene oportunidades a partir de 2015. Una expresión de esa idea la manifestó, por ejemplo, el líder del PRO, Mauricio Macri, en el último foro de Davos: “la Argentina tiene una oportunidad histórica, a partir del 2015, porque tenemos todas las condiciones para ser un país grande”.

Aunque no se dice lo suficiente, aún en un contexto nuevo y cambiante, luego de la devaluación del peso producida en enero pasado, un país que llega a la transición con niveles de deuda externa bajos tanto para el sector público como el privado, con un sistema bancario sólido, una posibilidad cierta de hacer crecer con fuerza su producción hidrocarburífera e importantes niveles de inversión en seguridad social y educación es una verdadera novedad para los últimos 30 años de democracia. Como suelen decir los dirigentes políticos “para 2015 falta mucho tiempo”. Veremos cómo transcurre.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?