A las últimas declaraciones hechas por el presidente Juan Manuel Santos, en las cuales había dicho que no hay paro general en Colombia, le ha respondido (una parte de la población colombiana) con una serie de protestas de características mayúsculas que al parecer no preocupaban al primer mandatario. El presidente ha tratado de disminuir el impacto restándole importancia a todos los brotes de protesta: a los camioneros que protestan por el precio alto de los combustibles y las bajas tarifas de los fletes, a los campesinos, en especial los paperos y los caficultores que piden un mejor precio para sus productos y los mineros que se encuentran en una encrucijada en la normalización de su situación como empresas legalmente constituidas, y que a su vez se enfrentan al crecimiento de la minería ilegal y la influencia de grupos criminales que los extorsionan por la actividad que desempeñan. El tema de la estabilidad social de Colombia no es claro, y podríamos resumir esta circunstancia en tres dilemas cruciales de la gobernabilidad del presidente de Colombia.
El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros.
Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.