Como si se empecinara en continuar desaprovechando oportunidades, el Gobierno nacional avanza con desafortunadas decisiones que atentan contra la posibilidad de volver a crecer y generar un proceso de desarrollo virtuoso.
La amenaza presidencial de aplicar la Ley Antiterrorista a una empresa en crisis, felizmente luego descartada; el impulso de la reforma de la ley de Abastecimiento con regulaciones excesivamente intervencionistas e intimidatorias, y el envío del proyecto de ley al Congreso que certifica el default de la deuda externa, constituyen señales que desalientan las inversiones que tanto necesitamos para aumentar nuestra capacidad productiva y generar empleo, como para recuperar el autoabastecimiento energético, palanca fundamental para el desarrollo económico. Ello además en un contexto de marcado deterioro de las variables macroeconómicas que se verifican desde 2007, a partir del crecimiento de la inflación, del déficit fiscal y el cepo cambiario.
La desacertada política energética nos llevó al insoportable nivel de importaciones, que se estima para este año en aproximadamente U$S 14.000 millones (en 2013, según datos oficiales la importación fue de U$S 11.415 millones, un 23 % mayor que el año anterior). El Gobierno intenta justificar el déficit energético con el aumento de la demanda, pero lo cierto es que partir de 1998 comenzó a caer la producción de petróleo y en 2004 la de gas y mientras había solvencia económica y fiscal. No les interesó promover la exploración y aumentar la producción, sino por el contrario cubrían las necesidades con crecientes importaciones, a través de contratos reservados y poco transparentes.
Aunque no por convicción, sino por necesidad fiscal y por el descubrimiento del área de hidrocarburos no convencionales de “Vaca Muerta” y re estatización mediante de YPF, el Gobierno desesperadamente buscar mejorar la capacidad de producción de gas y petróleo. No obstante, con el esfuerzo propio de YPF y la asociación con Chevrón, en condiciones excepcionales, que podríamos calificar “a medida”, solo se ha comenzado a explotar el área de aproximadamente el 1% de toda la formación, para la que se estima una inversión total de U$S 200.000 millones, unos U$S 10.000 millones si lo proyectamos en 20 años. A ello debemos sumarle la necesidad de aumentar la inversión para continuar explorando y explotando los recursos convencionales, teniendo en cuenta que aún el 90 % de las cuencas sedimentarias están sin explorar.
Como se podrá comprender, son cuantiosas las inversiones que necesitamos, públicas y privadas y especialmente externas, para alcanzar el nivel de producción energética que nos permita recuperar el autoabastecimiento. De manera entonces, que resulta imperioso normalizar las variables de la macroeconomía y actualizar el marco regulatorio con una nueva ley de hidrocarburos, que respetando el derecho de las provincias propietarias de los recursos, promueva una política nacional que genere reglas claras productivas, tributarias y presupuestos mínimos medioambientales, y especialmente con una visión intergeneracional, prevea la reinversión de la renta en la diversificación de la matríz energética, actualmente dependiente en un 86% de los hidrocarburos.
Todo ello solo se podrá lograr si el Gobierno recupera la sensatez, con una mirada puesta en el mediano y largo plazo, abandonando estrategias demagógicas y buscando construir consensos para definir una auténtica política de Estado en materia energética, algo que por las últimas actitudes oficiales parece cada vez más lejano y la “Vaca Muerta”, cada vez más enterrada.