Esto no es nuevo, se implementó con el Plan Larkin desde la década del ’60 y no ha disminuido la influencia política del petróleo, el caucho y la metalmecánica.

Una Ley Federal del Transporte es más que necesaria en un país en el que, al margen de la tragedia de Once con 52 muertes, coexisten a su vez 23 muertes por día que generan 8395 al año, lo que significan objetivamente  aproximadamente trece guerras de Malvinas cada doce meses. Muy pocos hablan de los 10 mil millones de pesos que el Estado Nacional gasta atendiendo las consecuencias de estas muertes, de los miles de heridos e impedidos físicos que generan los accidentes de transito carretero.

Ésta es sólo una de las tantas aristas del tema de transportes, a la que deberemos agregar el uso discriminado del suelo, el recalentamiento global, el uso racional de los hidrocarburos, y las externalidades que jamas fueron cuantificadas económicamente, como lo hacen las economías avanzadas, entre ellas Brasil, para advertir la necesidad de que el Estado Nacional mediante una ley federal, coordine el sistema de transporte.

Los ferrocarriles que fueron monopólicos durante el siglo XIX y la mitad del XX, quedaron ahora con menos del 6% del mercado de cargas generales, mientras que en el sector de pasajeros desapareció la media y larga distancia. Para recuperar el ferrocarril hay que invertir en vías fundamentalmente y para ello es necesario el aporte estatal. Ni más ni menos que lo que hace con el camión y el colectivo, ya que los Estados son los que solventan la calle, la ruta, el semáforo, la policía de control vehicular, el control de alcoholemia, la cartelería, la construcción de túneles y puentes, el bacheado, etcétera, etcétera, etcétera.

La recuperación del sistema ferroviario va de la mano con una Ley Federal del Transporte, sobre la base de la “complementariedad de los medios técnicos alternativos“, la creación de un “ente de control y regulación con efectivo poder de policía, con participación de los trabajadores y los usuarios”.

Hay una etapa ya cumplida, que fue la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), que son las empresas públicas que fueron creadas por Néstor Kirchner para reparar las vías y operar servicios. Está faltando el presupuesto y la política para impulsarlas y para que puedan desarrollar los objetivos para los que fueron creadas. Asimismo, resta desmantelar definitivamente el marco jurídico (Ley de Reforma del Estado) que en los ’90 posibilitó semejante decalabro.

El ferrocarril regresará, no por cuestiones románticas, “como regresa la primavera después de cada verano”, ni con la compra permanente de material extranjero, sino con la convicción política de recuperar las empresas publicas al servicio de la gente, la vida y el ecosistema.