De reciente conformación, el Frente UNEN reúne a personajes tan dispares como Elisa Carrió, Fernando “Pino” Solanas, Alfonso Prat Gay, Victoria Donda y Ricardo Gil Lavedra. Fuerzas políticas como Proyecto Sur, la Coalición Cívica, la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista, el GEN, Podes y el Partido Socialista Auténtico, todas unidas por la necesidad estratégica de confrontar al kirchnerismo a cualquier costo. En su lavado discurso ideológico, intercalan posiciones antagónicas con el macrismo a fin de no dejar en evidencia su furioso antikirchnerismo.

Un rejunte que busca emparentar al oficialismo de la ciudad con el gobierno de Cristina Fernández y así nacionalizar una elección que se plantea como plataforma para la de 2015. Humberto Tumini, dirigente de Libres del Sur, lo expuso con mucha claridad: “Estamos buscando la mayoría política en la ciudad de Buenos Aires”. “Felicitaciones por lo que hicieron”, congratuló Jorge Lanata desde una de las radios más escuchadas al cineasta y diputado de Proyecto Sur Pino Solanas, quien competirá en las PASO con el personero de los intereses de sectores financieros internacionales Alfonso Prat Gay. Mientras, los porteños siguen rehenes de la nefasta gestión macrista.

Recientemente, el diputado nacional y referente de la CTA opositora Claudio Lozano rompió el Frente Amplio Progresista en la Capital Federal. Desde Libres del Sur no se resignaron e intentaron tentarlo públicamente: “Estaríamos muy contentos en que esté Lozano, pero él no quiere”, insistió Tumini. La respuesta del dirigente de Buenos Aires Para Todos no se hizo esperar y rechazó la opción de un “rejunte opositor”. Sin embargo, el espacio de Lozano se pliega a una estrategia similar de “rejunte”, en sus propias palabras. En la Legislatura, junto a la mayoría de los legisladores de Proyecto Sur salvo la honorosa excepción de Rafael Gentili, su bloque brindó los votos necesarios para la designación de la jueza Inés Weinberg de Roca como nueva integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad.

La camarista propuesta por el macrismo fue señalada por Gentili como una candidata que “refuerza un TSJ de perfil esencialmente conservador y restrictivo en el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales de todos los habitantes de esta ciudad”. El legislador esgrimió también varias denuncias contra Weinberg: “Hemos confirmado que durante los últimos años ejerció un cargo en las Naciones Unidas, omitiendo los pasos necesarios para adquirir la autorización para desempeñar ese cargo”. En medio de escandalosas denuncias de sueldos dobles, la jueza es la garante del DNU de Mauricio Macri a favor del Grupo Clarín, maquillado en forma de ley por Julio Raffo y votado posteriormente a esta designación.

Porteños al fin, los ciudadanos de Buenos Aires no son responsables de una limitada oferta electoral que los subestima una y otra vez. Una ciudad que alberga un “progresismo” evidentemente corrido hacia la centroderecha.

El 20 de octubre de 2010 una patota asesina actuó bajo las ordenes de Pedraza y su segundo, el “Gallego” Fernández, con la intención de aleccionar a un núcleo duro de tercerizados y partidos de izquierda que pedían la reincorporación de despedidos y el pase a planta permanente de trabajadores. Ferroviarios que ganaban una suma mísera y debían rendir tres o cuatro veces más que laburantes de planta. El temor a perder hegemonía política a partir de la reincorporación masiva de tercerizados que no respondieran a su dirección y desaprovechar millonarias sumas de subsidios que la Secretaría de Transporte otorgaba y Pedraza se guardaba, llevó al líder sindical a “inocular” una patota preparada con armas de fuego en un grupo de trabajadores ferroviarios que buscaban impedir el corte de vías que los tercerizados llevarían a cabo como medida de lucha. La complicidad de los funcionarios policiales, que liberaron la zona, hizo el resto.

Hasta acá la crónica policial-política del crimen más relevante de los últimos 10 años. Pero la intención de estas líneas es pensar el papel de la Justicia, su responsabilidad e importancia. El 20 de octubre, bajo el mando y el impulso inicial de la doctora Cristina Caamaño como fiscal, se puso en marcha una investigación sin precedentes que empezó por la captura de los autores materiales, pasó por el arresto de los responsables intelectuales y procesó a los siete policías a cargo del operativo desplegado ese día. El coraje de la fiscal (más tarde promovida al Ministerio de Seguridad) y la determinación de la jueza Wilma López logró que en pocos meses, y de manera récord para la Justicia argentina, la causa por el asesinato de Mariano se elevara a juicio.

La causa Pedraza-patota y la policías fueron elevadas en dos tiempos diferentes. Pero el Tribunal que se encargaría de juzgar a los criminales decidió unificar las causas insistiendo que ambas eran parte de un mismo hecho. Esta primera decisión sirvió para reforzar la teoría que sosteníamos desde el comienzo: se trató de un plan criminal orquestado en la Unión Ferroviaria, ejecutado por una patota y apuntalado por la complicidad policial. El  6 de agosto del 2012 se dio inicio al juicio oral y público y se reveló la actitud corporativa de abogados inescrupulosos que defendían a los autores materiales e intelectuales desde un mismo  lugar y por un mismo billete. Abogados que transformaron a las víctimas de esta violencia ferroviaria en victimarios y que tensionaron muchas veces la atmósfera de la sala con lamentables declaraciones. Pero el juicio también reveló el compromiso de los magistrados Horacio Días, Carlos Bossi y Diego Barroetaveña, quienes demostraron estar a la altura de un juicio histórico y que con puño firme rechazaron las provocaciones y chicanas que buscaban desviar la atención de las responsabilidades a juzgar.

Mención aparte merece el robustecimiento de la fiscalía por decisión de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que introdujo a Carlos Gamallo en carácter de Fiscal coadyuvante y fortaleció el vínculo político y la responsabilidad como instigador de José Pedraza.

Todo esto me lleva a sostener, por lo menos desde mi lugar, que el ejemplar accionar de la Justicia desplegado a partir del asesinato de Mariano Ferreyra busca resarcir, reparar un daño enorme (un daño irreparable al fin). La actuación rápida  de la Justicia tiene un enorme efecto sobre las familias de las víctimas y sobre la sociedad toda que sufre muchas veces el divorcio de la Justicia de los intereses populares.

Ahora, frente a la posibilidad de una sentencia a perpetua a Pedraza, a la patota y la policía, confiamos más que nunca en que el Tribunal haya tomado nota de la enorme condena social hacia este tipo de sindicalismo empresario, de la contundencia de las pruebas que los vinculan con este asesinato y de las enorme necesidad de renovación de una Justicia transparente y efectiva. El caso es la excepción, pero queremos que sea la regla.