La salida de la Convertibilidad representa un punto de inflexión respecto al rol del Estado en la economía. Mientras que durante los 90, las políticas promovidas por el Consenso de Washington produjeron una severa involución en las condiciones de vida de la población; a partir de 2003 se instaura un nuevo modo de desarrollo productivo con inclusión social.

En esta nueva etapa, se produce una transformación radical en la forma institucional del Estado, que adquiere –fundamentalmente de 2005 en adelante– un rol determinante en tanto regulador y articulador de la economía. Los cambios acontecidos no resultaron inocuos a la sociedad, en tanto se conjugaron notables resultados macroeconómicos (e.g. mayor período de crecimiento económico sostenido y mayor reducción -punta-punta- de la tasa de desocupación) con el delineamiento de un nuevo paradigma del sistema de protección social. Dicho sistema de seguridad social presenta un claro perfil solidario, sustituyéndose la concepción clasista de “beneficiarios de privilegios” por una concepción universalista de “titulares de derecho”.

Los logros derivados del nuevo modelo de desarrollo productivo se reflejan en el nivel de bienestar alcanzado por la sociedad. De acuerdo al análisis de indicadores de bienestar agregado, se constata desde el 2003 una mejora continua en las condiciones de vida de la población –alcanzando en 2013 el récord histórico. No obstante ello, persisten segmentos poblacionales de elevada vulnerabilidad socio-económica. Entre los cuales, los jóvenes constituyen un grupo particular, dado que presentan -a escala global- problemas de carácter estructural en lo que refiere a inserción al mercado de trabajo.

En este marco, el Estado nacional lanza el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROG.R.ES.AR) (Dto.84/20014). Su diseño, de carácter integral, pretende abordar la problemática juvenil desde una perspectiva sistémica que implica la acción conjunta de múltiples organismos estatales, buscando: i) incentivar su inserción y permanencia en el sistema formal de educación; ii) dar un nuevo paso en pos de la equidad social –puesto que su implementación involucra apoyar financieramente a un segmento poblacional vulnerable; y iii) estimular la demanda agregada, a través del incremento de las capacidades de consumo de sectores con elevados multiplicadores keynesianos.

De acuerdo a estimaciones realizadas en Di Giovambattista, Gallo y Panigo (2014), identificamos un universo potencial de titulares de derecho que asciende a 1,5 millones, lo que daría lugar a un incremento esperado en la inversión social de alrededor de $10.600 millones anuales (suma que dependerá del nivel efectivo de adhesión de los jóvenes al programa). Respecto a la situación laboral y educativa de los potenciales titulares, el 71% se encuentra estudiando, o trabajando, o dedicado al desarrollo de ambas actividades a la vez; y referido al estrato socioeconómico de procedencia, 70% se encuentra comprendido en el 40% más pobre de la sociedad.

Por su parte, en relación al impacto distributivo, constatamos que el PROG.R.ES.AR generará significativas reducciones en las inequidades tanto para la población en su conjunto como, fundamentalmente, al interior de los jóvenes. Concretamente, a nivel país posibilitará una reducción potencial en la desigualdad de hasta el 14,3% para el conjunto de la población y de hasta un 32,1% para los individuos entre 18 y 24 años. Asimismo, desde una perspectiva geográfica, las mejoras en la distribución del ingreso más notables se darían en las regiones de menores ingresos per cápita, con caídas en la desigualdad entre los jóvenes del NEA y del NOA de hasta un 37%.

Dado lo anterior, el PROG.R.ES.AR no sólo conlleva una profundización del nuevo paradigma del sistema de seguridad social –extendiendo el alcance de los derechos adquiridos a través de la Asignación por Embarazo y la Asignación Universal por Hijo al rango etario de 18 a 24 años–; sino que constituye un avance trascendental en términos de justicia social en el país.

* en co-autoría con Ana Paula Di Giovambattista, UNM, UNLaM y Becaria Doctoral CEIL-CONICET.