En el oficialismo y en la oposición tienen una relación esquizofrénica con la información: para discutir sobre medios y periodismo se anotan todos, pero de la transparencia de la información pública y de la privacidad de las personas no se encarga nadie.
El megaproyecto espía kirchnerista empezó ambicioso y truncado. En el 2004 Néstor Kirchner estableció por decreto la captación, conservación y derivación de los contenidos de las comunicaciones para su observación remota. Mediante el decreto 1563 pretendió que las empresas de telecomunicaciones inviertan millones de dólares en tecnología de vigilancia, escucha y monitoreo. El decreto era tan delirante que en el 2005 se suspendió su aplicación, en parte por lobby de las propias “telcos” que no estaban dispuestas a invertir las sumas siderales que demandaba espiar por decreto a toda la población.
En el 2006 se reactivó el funcionamiento del Proyecto X, creado en el 2002 y del que el año pasado se tomó conocimiento público: “Un sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos. Es una base de datos con vinculadores que permiten entrecruzar información y acelerar el análisis en determinadas circunstancias”, según lo definió la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. El Proyecto X fue denunciado porque su protocolo de actuación vulneraba derechos constitucionales.
No existe información pública sobre dos programas clave: el SADI (Sistema de Adquisición y Diseminación de Imágenes) y el SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), que tienen decenas de millones de pesos de presupuesto y entre otros objetivos la inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Estamos hablando de tecnología que puede detectar a una persona a 14 KM de distancia, reconocerla a 5KM e identificarla a 2,5 KM.