El común de nosotros —y ello nos involucra a todos, por lo menos, por algún momento— siente temor al aislamiento, miedo a quedarse solo. Es por ello que prestamos mucha atención a la opinión mayoritaria o consensuada en la sociedad y adherimos a ella en búsqueda de un vínculo de pertenencia.

Por supuesto que fuera de la normal o la moda existen influyentes (muy recomendable la investigación The Influentials, llevada a cabo por Edward Keller y Jonathan Berry, quienes definen que existe un 10% de personas que influencia al restante 90%, pero no necesariamente por su nivel adquisitivo o intelectual, sino por su activismo) o formadores de opinión, en temas tan diversos como la política, la moda, la salud o el ocio.

Más detalles poseemos gracias a estudios posteriores, como el de Carol Darr, quien llegó a la conclusión de que en las redes sociales e internet el número de influyentes aumentaba hasta el 70 por ciento. Es decir, según Darr, la formación de la opinión mayoritaria pasa principalmente por internet y las redes sociales, en esta modernidad líquida que tanto ha descrito Zygmunt Bauman.

La información de esa tendencia nos llega principalmente desde la esfera de los medios de comunicación y los canales oficiales de la esfera institucional o gubernamental. O sea, medios y Gobierno. Ambos se disputan una agenda que para unos es mediática y para otros es institucional. Con ciertos temas que siempre están (inseguridad, desempleo, inflación, corrupción, salud, educación, etcétera) y algunos otros que responden a un momento histórico particular.

El kirchnerismo y, luego, el cristinismo han puesto mucho esfuerzo en controlar la información que circulaba por los medios, yendo contra las principales usinas críticas o acomodaticias, en términos de oposición, intentando reducirlas en su capacidad de daño mediático, o expresión misma de una opinión contraria a la hegemónica. Es por ello que hoy, ante un cambio deliberado en la forma de la comunicación oficial de Cambiemos, los contrastes se magnifican (aunque se siga fallando en qué se comunica y cómo).

Volviendo a la teoría, cuando una opinión domina al público en general, la mayoría de las personas que tienen una opinión contraria opta por el silencio; son muy pocas las opiniones que se manifiestan en voz alta. Pero cuando existe un cambio de tendencia y esta está en relación con la percepción de la opinión pública y la permeabilidad que tienen los medios para mostrar ese cambio, entonces las personas que lo advierten y elevan su voz para manifestar su oposición aumentan progresivamente, hasta provocar un cambio de tendencia en la opinión general.

La lógica está a la vista: si se mantiene vivo el relato en los medios con llegada masiva, o si se usan los canales institucionales en forma mucho más asidua, más personas optarán por el silencio de sus opiniones contrarias. Es allí donde puede graficarse un efecto de espiral. Pero si las opiniones contrarias comienzan a trascender el control institucional del Gobierno y su anterior poder sobre la opinión dominante, entonces es porque la espiral del silencio comienza a revertirse con un nuevo cambio de tendencia.

Atacar la espontaneidad —o no— de una manifestación de repudio a funcionarios del Gobierno kirchnerista es ir contra un emergente del cambio de clima en la opinión pública. Por ello, o por temor a que se conozca el know how de estos cambios, se persiguió y fustigó a quienes fueron los primeros abucheadores (también periodistas o referentes sociales —cual nodos— que manifestaban una opinión abiertamente contraria al pasado y sepultado relato hegemónico). Hoy ese ataque ya no es posible, porque han perdido la comunicación de la esfera gubernamental.

El dilema que enfrentaba el oficialismo k ante los primeros escraches, como los que sufrió Axel Kicillof en Buquebus en 2013 (cuando comenzaba a notarse el cambio en la espiral del silencio, ratificado por las marchas masivas desde el 13S), es que, al intentar atacarlos con mayor frecuencia, estaban demostrando una clara tendencia de cambio en la opinión pública. Por supuesto, opuesta a sus intereses de permanencia en el poder.

Sucedió que hoy la espiral del silencio se magnifica sobre la vergüenza y la mentira de haber acompañado un relato que actualmente se cae como un castillo de naipes. La evidencia acumulada y por verificar de una poderosa asociación ilícita organizada y dirigida con un discurso cínico e hipócrita es venalmente condenada y sus efectos se continuarán viendo en cada funcionario sospechado cuando intente vivir la vida desde el llano. O yendo a Miami.

Hace ya varias rondas electorales que se viene planteando la necesidad de pasar al sistema de boleta única. Ya lo habían pedido, no sólo Pérez como legislador, sino también la Cámara Nacional Electoral en diversas acordadas, desde 2008; organizaciones de la sociedad civil, como Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec); Poder Ciudadano; Construyendo Ciudadanía; Transparencia Electoral o la misma Red Ser Fiscal. Las razones son variadas y es indispensable enumerarlas.

¿Por qué hablamos de boleta única?

La boleta única evita una enorme variedad de irregularidades electorales, como ser la sustracción de boletas, la destrucción, el ocultamiento, la falsificación, el voto cadena o el voto calesita y otras variantes que siempre apuntan a eliminar de la oferta electoral una lista o un candidato, o varios de ellos. Estas “picardías”, como llaman algunos, aunque sean delitos penales tipificados en el artículo 129 del Código Electoral Nacional, continúan replicándose en todos los distritos del país y en todas las elecciones, sin importar si son nacionales o provinciales. Ejemplos flagrantes fueron sumamente visibles en las elecciones provinciales de La Rioja y Tucumán.

La debilidad de cualquier partido político hoy, durante un proceso electoral, es la fiscalización. Existe una notable deficiencia en la capacitación y la preparación de un verdadero ejército de fiscales que puedan garantizar que la opción electoral esté disponible y que además pueda ser repuesta en caso de faltante. Pero, además, el rol de un fiscal es asegurarse de que el escrutinio de cada mesa refleje los resultados objetivos y no permitir ninguna distorsión. La razón de semejante déficit se explica, fundamentalmente, en la crisis de representación y descrédito que tiene hoy la política en todo el mundo, no sólo en la Argentina. Sin dudas, una realidad que debemos todos intentar revertir mediante el fomento de la participación ciudadana, a partir de la educación.

Se le ha transferido a los partidos la obligación de garantizar la igualdad de elegir y ser elegido. Y, en la práctica, apenas los partidos de gobierno o las coaliciones políticas más exitosas, en cuanto a movilización ciudadana, están en condiciones de garantizarlo. A cualquier partido político con escasa representación se le hace imposible cubrir una elección con decenas de miles de fiscales que puedan garantizar que su boleta partidaria esté presente a lo largo de toda la jornada electoral. Es decir, la boleta única garantiza el derecho constitucional a elegir y ser elegido entre la oferta electoral disponible.

Si bien es fundamental que un sistema garantice estos derechos políticos, con el sistema actual eso no resulta posible. Los perjudicados son siempre aquellos partidos que no tienen estructura partidaria suficiente y, por supuesto, el elector que quiere elegirlos.

Sistema de partidos políticos y las PASO

He aquí otro enorme problema que tiene nuestro sistema de partidos políticos y que también tiene su génesis en la crisis de representación y el escaso interés por la participación de la ciudadanía en temas políticos y electorales: más de quinientos partidos políticos de diverso alcance jurisdiccional y 38 partidos nacionales.

Si resulta un caos encontrar la boleta partidaria de nuestra preferencia, en caso de ser puntanos, tucumanos o bonaerenses, por citar algunos ejemplos, para elecciones nacionales, cuando la oferta de precandidatos aumenta en las primarias, el caos se traduce en una verdadera amenaza para la propia democracia. Así es como aparece viable debatir acerca de la continuidad o no del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sin embargo, esta proliferación de sellos de goma, micropymes electorales y negocios entre alianzas territoriales o la distorsión ontológica de los movimientos sociales transformados en brazos políticos de una alianza en particular, hace que intentar modificar el sistema de votación hacia la boleta única profundice varios problemas: menor espacio para la visibilidad de los candidatos y dilemas a la hora del diseño de la boleta única, ya sea de papel o electrónica.

La reforma política y electoral debe producir los cambios necesarios para concentrar la oferta electoral y mejorar las posibilidades de generar coaliciones, además de ser necesariamente estrictos a la hora de habilitar a participar de las elecciones a los sellos de goma y afines. Nuestro sistema de partidos debe confluir saludablemente hacia un multipartidismo moderado de naturaleza centrípeta y no el descalabro total que hoy padecemos.

¿Boleta única de papel o electrónica BUE?

En el país existen dos modelos de boleta única de papel: uno de paño único, donde en una enorme papeleta se encuentran todas las opciones electorales para cada tipo de cargo, organizados por columnas, tal es el caso utilizado en la provincia de Córdoba; y el de boletas por cargos con varias urnas, donde por cada una el elector tilda su opción entre todas las opciones disponibles. Es el sistema que propuso el diputado Pablo Javkin en la provincia de Santa Fe y que hoy se continúa utilizando.

De estos dos sistemas, cada uno ofrece ventajas y desventajas que pueden morigerarse o acentuarse, siempre dependiendo del esfuerzo político por involucrar a la ciudadanía en su participación y su control. La principal desventaja que algunos interesados políticos esgrimen es que en el sistema santafecino se elimina el efecto arrastre que tiene el sistema tradicional, donde un elector puede no cortar boleta y elegir una sola papeleta para todos los cargos. Situación que en el sistema cordobés es menor, dado que los tildes para cada cargo y partido pueden estar al mismo nivel de la boleta tamaño XL. Al revés, el sistema cordobés necesita de un mayor compromiso cívico para tildar cada opción por cada cargo, situación que se observó la primera vez que se utilizó por falta de capacitación ciudadana en el ejercicio del voto con boleta única, lo que arrojó un número muy elevado de voto en blanco para categorías menores inferiores al de gobernador, simplemente porque mucha gente omitía tildar una opción en las restantes columnas.

En ambos casos, la mayor desventaja que también se manifiesta en el sistema tradicional que usamos a nivel nacional es la falta de celeridad, la precisión en la carga y la comunicación de los resultados luego del escrutinio de mesa. El sistema santafecino implica mayor tiempo de escrutinio provisorio, dado que cada mesa tiene varias urnas a la vez. Por supuesto que la proliferación de la oferta electoral conspira contra cualquiera de estos sistemas.

La Boleta Única Electrónica (BUE), utilizada a nivel subnacional, primero en Salta y luego en la ciudad de Buenos Aires, además de varias intendencias de diversas provincias en todo el país, es un sistema mixto, ya que ofrece un comprobante auditable en papel junto al chip que registra la emisión del elector. El ciudadano hace la selección por pantallas por cargo y en una disposición aleatoria, pero que permite la opción de votar todos los cargos al mismo partido o alianza, o elegir el voto blanco para uno o todos los cargos. Esto hace mucho más difícil que se presenten votos nulos, salvo por anomalías técnicas que deben salvarse en la Junta Electoral como si fuesen recurridos o impugnados.

Pero no todo es color de rosa…

Si bien cada BUE tiene un código impreso, fraccionable, que queda parcialmente en manos de la autoridad de mesa y que garantizaría que no haya reemplazo para practicar un voto cadena, esta modalidad puede efectuarse de forma electrónica si es posible leer el chip a distancia. Al ser un dispositivo tipo RFID (identificador por radiofrecuencia), es posible “leer” cada voto si este no está encriptado o si la celda de Faraday que tapa el chip al doblarse la boleta no lleva un sistema de clip o serrucho para que impida su lectura hasta que sea recuperada de la urna en el momento del escrutinio electrónico. En criollo, en los sistemas utilizados al momento, el chip puede leerse y el secreto del voto, violado. Lo cual permite que un puntero 2.0 pueda leer con una antena amplificadora el voto de su cliente para garantizarse de que lo haya hecho; la versión tech del voto comprado, cadena, calesita, etcétera.

Otro supuesto beneficio que se presenta con el voto electrónico es que al contar con una impresión en papel, permite autocontrolar al elector su selección, pero, en la práctica, este control es escaso o nulo. Existen estudios en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que demuestran que la tendencia a controlar lo que el elector elige en pantalla con lo que está impreso es inferior al veinte por ciento. Por supuesto que nos vendría muy bien evaluar estos resultados en nuestro país, pero, más allá de todo resultado, el argumento pierde fuerza y la necesidad de educar al soberano es mayor, sin contar el peligro que significa para las comunidades vulnerables, desde el punto de vista tecnológico, este cambio y su efectiva participación, como ser los adultos mayores. Otra vez, la capacitación y la presencia del Estado para instrumentar los cambios a nivel nacional nos ponen en la disyuntiva real del gradualismo o el shock.

Al momento del conteo electrónico y su control en papel, resulta fundamental, para despejar cualquier sospecha de posible manipulación en la consolidación de los totales por mesa, circuito y distrito, que exista una obligatoria muestra aleatoria de conteo manual para contrastar los resultados y que estos no difieran en siquiera un voto. Así, se podría anular esa mesa o forzar a un nuevo recuento ampliado. Estamos hablando de abrir urnas sin importar si hay reclamos o no, tal cual lo exige el artículo 113 del Código Electoral Nacional. Dicho sea de paso, artículo a reformular, dado que hoy permite los errores más groseros entre el conteo manual de boletas y el volcado en las actas de escrutinio, lo que hace que casi no se abran siquiera el 3% de las urnas de todo el país, siempre bajo impugnación o errores garrafales, como los que implican anulación de la mesa y están en los distintos incisos del artículo 114 del Código Electoral Nacional.

Por último, el hecho de disponer de un software que controla a la computadora multipropósito que sirve como impresora nos obliga al debate acerca de la propiedad y el rol de un tercero privado que lleve adelante todo el proceso electoral, como lo sucedido hasta ahora con Magic Software S. A. Resultaría más confiable y responsable que todo el proceso electoral no esté en manos privadas ni tampoco se arguya sobre los derechos de propiedad intelectual a la hora de auditar el software en cualquier momento.

El debate está abierto. Que sea el mejor posible para celebrar nuestro bicentenario.

La creación de un ente descentralizado y autárquico, con capacidad de organizar y llevar a cabo las elecciones nacionales, así como también de ser el organismo encargado del seguimiento de cada partido político y sus obligaciones dictadas por la ley electoral y sus recientes modificaciones, es la primera propuesta, denominada por varias voces del mundo político local y regional como Autoridad Federal Electoral (AFE).

En segundo lugar, implementar el sistema de boleta única a nivel nacional, bajo la modalidad introducida por el legislador por la Coalición Cívica Pablo Javkin, en el distrito de Santa Fe, cuya principal característica es que cada cargo se vota por separado en una boleta única que permite una oferta amplia, clara para el elector y que facilita la libre elección sin el efecto arrastre que existe en la boleta clásica partidaria.

AFE. Objetivo: transparencia electoral y cuidado de las instituciones partidarias

Es importante, en primer lugar, ponderar la viabilidad y reforzar la recomendación en la instrumentación de un ente descentralizado con capacidades jurídicas para llevar adelante todas las tareas relativas a los comicios nacionales que se realizan en la República Argentina. Las facultades de dicha agencia se extienden al control permanente de los partidos políticos, su evolución y su desarrollo a fin de generar un marco de igualdad entre las fuerzas que compiten por cargos electivos y con el objeto de fortalecer el sistema de partidos políticos a través de mecanismos de transparencia electoral.

Entre las tareas específicas asignadas al ente figuran las de capacitación permanente para autoridades electorales, la conformación de su registro, la actualización del padrón electoral y todas aquellas acciones destinadas a cumplir con las exigencias que la reforma electoral ha implementado y que requieren de una estructura coherente con dicho desafío para producir elecciones transparentes donde las irregularidades sean llevadas a su mínima expresión, cuando no eliminadas.

Asimismo, la AFE tendría la facultad de instrumentar los reglamentos y los manuales de uso para capacitación, la modificación de protocolos, así como la capacidad de administrar los recursos que serán asignados a cada partido político en materia de financiamiento electoral y de publicidad en medios de comunicación.

Del Ministerio del Interior a la AFE

Las competencias sobre el proceso electoral y el funcionamiento de los partidos políticos que hoy se encuentran bajo la órbita del Ministerio del Interior (vía la Dirección Nacional Electoral) exponen un inequívoco desbalance de poder y capacidad de discrecionalidad administrativa de recursos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los demás partidos políticos que intervienen y pugnan por cargos en cada elección. El principio de igualdad se ha visto muchas veces avasallado por el oficialismo, quien administra fondos, funciones y controles de un proceso electoral que es fundante de nuestro sistema democrático.

En este escenario dificultoso para la democracia representativa, la AFE se erige como una institución permanente, con independencia absoluta del Poder Ejecutivo Nacional, dotada de la capacidad de decisión, así como la de instrumentación de reglamentos que le den dinamismo y eficiencia al sistema electoral nacional. Asimismo, el carácter apartidario garantiza una igualdad de tratamiento para cada partido político que se encuentre ajustado a derecho en el marco de las reformas a la ley electoral y sus disposiciones, que requieren un seguimiento continuo y exhaustivo.

De las funciones y los roles de la AFE

La AFE deberá tener como función principal todas las instancias relativas a los procesos electorales, como ser: la preparación, la organización y la conducción de dichos procesos; ya sea en elecciones internas partidarias como en elecciones generales quedarán resguardadas las funciones que le competen a la Justicia Nacional Electoral. La creación de la AFE permitirá escindir todas aquellas cuestiones de política electoral de la órbita propia del Poder Ejecutivo Nacional, trasladándolo al Poder Judicial, dentro del cual migrarán facultades y capacidades con el objeto de constituirse como un auxiliar fundamental para la Justicia Nacional Electoral. Es por ello que la instauración de la AFE demandará una importante modificación de todo el fuero electoral, con el principal objetivo de permitir mecanismos ágiles, eficientes y transparentes en todos los procedimientos y las cuestiones electorales.

Resultará vital, pues, fortalecer a la Cámara Nacional Electoral, dotándola de total autonomía institucional y autarquía financiera para permitir su completa ejecución en materia administrativa. Dentro de los cambios posibles para permitir la existencia de la AFE, será inminente la creación y la reorganización de la totalidad de las secretarías electorales necesarias, que estarán dotadas de capacidad de ejecución, especificidad en la materia y de los medios para cumplir con sus funciones. Dichos cambios resultan indispensables para alcanzar el mismo fin que se busca con la AFE.

En relación con los partidos políticos, la AFE se encontraría facultada para propiciar el reconocimiento de los partidos políticos y su correspondiente monitoreo permanente de su funcionamiento, ya sea con respecto a sus propios tribunales de disciplina como así también sobre sus comités de campaña. Además, la AFE deberá controlar, auditar y dar la debida publicidad a todo lo concerniente al financiamiento público y privado de cada uno de los partidos políticos que estén en condiciones de funcionar como tales en los diferentes distritos del país. Su función de administración del Fondo Partidario Permanente y del Aporte Extraordinario para Campañas decidirá cómo serán canalizados dichos fondos en relación con criterios ya prefijados de federalismo, representatividad y equidad.

Boleta única: De Santa Fe a la nación. Una herramienta que transparenta y economiza los comicios. ¿Estamos maduros como sociedad para nacionalizar la boleta única electrónica?

Persistir en la utilización de boletas por agrupación implica continuar lidiando con irregularidades que se ponen de manifiesto en perjuicio de la voluntad popular y que terminan beneficiando a aquellos partidos con grandes estructuras de fiscalización propia, quienes pueden, no sólo evitar que se perpetren atentados contra sus propias boletas, sino practicarlos con total impunidad, y así trastocar de manera escalar los datos y los alcances reales de los comicios. Asimismo, dichas irregularidades se encontrarían extendidas en todos los distritos, por lo que afectarían de manera inequívoca a las jurisdicciones de nivel municipal, donde pocos votos pueden cambiar el signo de una intendencia.

La simplificación del sistema de boletas hacia uno económico y sencillo como el de la boleta única permite, no sólo erradicar las prácticas fraudulentas en torno a la manipulación de boletas, sino reducir el gasto de una elección en un porcentaje muy significativo.

Ya hemos transitado elecciones con dos ejemplos distintos pero exitosos de boletas única de papel en los distritos provinciales de Santa Fe y Córdoba. La diferencia radical entre uno y otro es que el primero implica una boleta y una urna para cada cargo elegible, mientras que el segundo significó una papeleta única para todos los cargos.

Además, la falta de información acerca de la nueva modalidad de votación para los cordobeses, en la elección de 2013, implicó una importante cantidad de votos en blanco para los cargos legislativos, puesto que muchos electores dejaron celdas sin tildar, pero se rectificó en 2015.

En cambio, Santa Fe trabajó durante meses en la difusión de su nueva modalidad electoral y alcanzó niveles muy altos de satisfacción en su electorado. Más allá de los cuestionamientos a la última elección a gobernador, donde se planteó la necesidad de revisar el sistema, la exigua diferencia implicó fallas en la comunicación inicial desde el portal en línea de datos y, luego, desconfianza en el resultado por parte de una de las facciones en pugna, pero producto de la enorme miríada de irregularidades que pueden darse cuando el mecanismo de fiscalización es insuficiente.

Para el caso de la boleta única electrónica (BUE), con muy buenos resultados en la ciudad de Buenos Aires y aceptables en la provincia de Salta, escalar a la nación, con un sistema similar, implica grandes retos. Fundamentalmente los referidos a la puesta en práctica del sistema con intermediarios privados o la fortaleza en seguridad informática del software utilizado.

Además, el hecho de tener impreso el resultado de la selección en la boleta no significa que la totalidad del electorado controle si corresponde con lo registrado en su chip. Hay estudios sobre el voto con una similar modalidad en Estados Unidos que demuestran lo bajo que resulta el control ciudadano como fiscalización de su propio voto.

Las formas de fiscalización de todo el proceso cambian rotundamente y es necesario auditar diversos procesos críticos que se corresponden con la manipulación de los DVD, credenciales PIN y modalidad de puesta en funcionamiento de las unidades electrónicas que no resultan ser una simple impresora como se escucha decir, sino una computadora, con cierta facilidad para manipular desde el exterior.

El temor que resulta de la generalización del sistema es cómo lograr que haya un cuerpo capacitado y profesionalizado de autoridades de mesa para llevar adelante todo el proceso en todos los distritos del país con la misma calidad y confiabilidad. Podrá resultar muy bien o muy mal según el grado de compromiso que las autoridades electorales le impriman a la organización de los nuevos procesos y la calidad de los padrones para desarmar definitivamente las prácticas clientelares que puentean todo tipo de control clásico.

Hacia una Argentina con elecciones transparentes y participativas

La AFE posibilitaría la reestructuración de la Justicia Nacional Electoral, alivianará las funciones de diversos agentes judiciales que prestan diversas actividades dentro de los fueros electorales, generalmente compartiendo fueros federales.

Es de vital importancia que la AFE se ponga como objetivo la educación y la conformación de una ciudadanía activa y participativa en todas las fases del proceso electoral, ya que implica una contribución directa al fortalecimiento de la democracia de característica participativa.

Que también pueda constituir un verdadero padrón de autoridades electorales para los comicios que se encuentren capacitadas y genuinamente representen a la ciudadanía que pretende que la voz popular sea la de cada ciudadano que emite su voto y no de aquellos que violentan el derecho a sufragio mediante la alteración del resultado de una mesa, una escuela o incluso, con la manipulación de los resultados finales que se cargan a través de los centros de cómputos.

La eliminación de las diversas irregularidades que se sostienen en un sistema obsoleto de boletas, donde el gasto de energía y costo medioambiental es notable, implicará la defensa directa de aquellas minorías que hoy no cuentan con la capacidad de ejercer el control territorial a través de fiscales que garanticen la presencia de sus boletas para que cada ciudadano sea libre de elegir a sus representantes.

Las díadas que permiten ordenar un mundo transitaron la historia de las reflexiones no sólo en la política, también en la filosofía, en la sociología y en el derecho. Desde sus inicios, las reflexiones filosóficas han girado en torno a la causalidad-teología o el ser y la cosa. Individuo y sociedad trazaron las deliberaciones sociológicas. Iusnaturalismo y positivismo hicieron los suyo en el derecho. ¿Y en la política? Izquierda-derecha, liberalismo-conservadorismo. Y un poco más acá, en Argentina, las fuimos reemplazando por el binomio peronismo-antiperonismo.

La díada izquierda-derecha, radicalmente ponderada por ciertos sectores locales, no tiene demasiado anclaje ni en las reflexiones teóricas ni en la realidad. No lo tiene por varias razones. Una de estas razones, quizá la más lejana, está ligada a un punto de inflexión histórico. La vuelta de la democracia argentina, que trajo aparejada la noción de conciliación entre partes, significó, entre otras cosas, la búsqueda de un equilibrio ya no tanto ideológico, sino común a dificultades políticas.

Conciliación y consenso fueron dos ejes de unión dentro de una dimensión más amplia que era la democracia. La segunda razón se relaciona con problemáticas y conflictos que son imposibles de ser invertidos en puntos ideológicos. Desde una contrariedad ecológica, pasando por la libertad digital, hasta llegar a privaciones en los servicios públicos. La empírea demuestra tendencias centristas en la mayoría de las acciones políticas, el racionalismo introduce abstracciones e ideas de una eternidad pasada, difícil de ajustar a lo fáctico.

La política se sacrifica con la veracidad de las ideas: desde el genuino peronismo hasta la genuina derecha. La política cambia, las sociedades cambian, pero las categorías siguen ahí como sistemas cerrados, casi inalterables. Se carece de una revisión de categorías, hecho que no parece demasiado relevante en los tiempos que corren. Quizá más alarmante sea la tendencia a insistir en el beneficio de la verdad, porque no se cree en la palabra de quien enuncia sino en la esencia de lo que está ahí, esperando a ser descubierto.

Con empeño, y desde diferentes costados, se fue clasificando ideológicamente al espacio político que asumirá el 10 de diciembre. Los más impacientes lo definieron como la derecha tradicional. Otros, con algo más de astucia, como la nueva derecha que ha logrado entrar, finalmente, al juego electoral. Y aplauden. Un poco más creativos son quienes no han dudado en explicar el triunfo de un conservadorismo moderno.

Nadie, absolutamente ningún referente del espacio, se ha tomado el trabajo de encasillarse ideológicamente en algún costado. De nuevo: no se cree en la palabra de quien enuncia, sino en la naturaleza de las cosas. Verdad y política pueden llevarnos ociosamente hacia tendencias más autoritarias que reales. Es más fácil esquematizar y ordenar que traducir. Una tríada pueda otorgarnos más inseguridad que una díada. Así lo entendió Max Weber. Un principio se nos puede presentar inmutable, los hechos no.

Clasificamos con el fin de controlar aquello que —probablemente— no se pueda prever. Lo imprevisible implica más riesgos que certezas. También clasificamos para ordenar y esto no es un problema mientras no nos impida pensar más allá.

En el lenguaje político se suele retomar a Norberto Bobbio, el gran filósofo italiano que hace veinte años escribió uno de los mejores libros de teoría política: Izquierda y derecha. Inmejorablemente escrito, de lúcida reflexión, pero que las más de las veces encuentra una imposibilidad práctica para ser aplicado a la política de nuestro tiempo. No se trata de negar la utilidad de las categorías, sino de trascenderlas.

Fue Anthony Giddens quien en 1998, en Más allá de la izquierda y de la derecha, desarrolló la noción de la política de la vida. Un escrito de enorme sagacidad intelectual donde proclamó la necesidad de superar binomios. Su tercera vía no significaba un medio entre comunismo y liberalismo. Tampoco significaba moderación. Mucho menos un término medio entre conceptos.

Superar binomios significaba una vía de transformación en los marcos de pensamiento para la política práctica con el fin de ajustar cosas a un mundo político distinto. Porque la resolución de problemas tiene que ver con resultados y no tanto con principios.

Quizá sean tiempos de reformulación de la política. Más práctica que teórica, más concreta que abstracta, más resolutiva que principista. Que de las definiciones se encargue el tiempo, la única variable que no engaña.

Si no fiscalizamos las próximas elecciones en todo el país, con la supuesta paridad que existe en los pronósticos, hay un alto riesgo de que las irregularidades frecuentes de cada elección, en el número inexplorado que sea que existan, pero que seguro es significativo, tuerzan la verdadera voluntad popular.

Si acaso sucediera, lo más probable es que confirmemos un escenario de ruptura total con el concepto de democracia republicana. Simplemente dejaríamos atrás toda esperanza de que la democracia sea una forma de vida en la que nosotros creamos y la ejerzamos. Porque cuando habilitamos el poder total, la ambición hecha carne se organiza y avasalla todo a su paso, imponiendo la hediondez de una política creada para individuos corrompidos, aun bajo extorsión. En su mayoría carentes de empatía social, pero por sobre todo, carentes de un ética rectora de sus conductas. Una organización delictiva que se adueña de la distribución de recursos y los utiliza para perdurar en el poder a través de su uso discrecional, siempre con fines electorales, cortoplacistas. Es el otro extremo del concepto de progreso sostenido, sin relato de ficción, sin bombos ni papelitos.

Estudiemos los ejemplos universales de las democracias que traen consigo mayor libertad e igualdad, producto del desarrollo personal y colectivo de los individuos. En ellos se aprende que la virtud es un ideario de humanidad en el que todos estamos unidos como seres sensibles, capaces de comprender, gracias a la inteligencia racional, que las divisiones que hoy nos separan no son más que construcciones mentales, arbitrarias, en las que nos encarcelamos como colectivos racistas, clasistas, elitistas y tantos otros istas más.

Aprender a vivir en democracia implica, primero, respetarnos y respetar a los demás, repugnar la condición de ser tentados por la corrupción que anida en cada conquista efímera de las malas pasiones. Negarnos a traicionarnos a nosotros mismos, a no ser capaces de defender la regla de oro: “no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen”.

Si nos parece válido jactarse de las infinitas vivezas criollas que, con orgullo tribal, nos alejan de la convivencia pacífica, estamos condenados a la máxima polarización e injusticia cotidiana. Simplemente porque el juego del “Sálvese quien pueda” y el “No te metás”, eslóganes del más rancio individualismo conservador y clasista, aún persisten como modelos mayoritarios, pensamientos en los que gran parte de la sociedad acepta con escandaloso silencio, carente de un examen de conciencia cívica, la realidad de una insostenible convivencia autodestructiva.

Nos estamos acostumbrando a ser una sociedad que convive cotidianamente con relatos salvajes.

Si queremos remediarlo, tenemos un camino inmediato que tomar. Aprenderse un curso exprés de ciudadanía, simplemente como fiscales voluntarios entrenados en conocimiento y actitud. Ser hombres y mujeres parte de una revolución pacífica en la que vamos a despertar al gigante dormido de la ciudadanía global.

Suena genial para mí, aunque sé que también puede sonar ridículo o naíf para otros. Creo que es una idea tan sencilla que podría ser viralizada simplemente cumpliendo con la promesa de prestar la debida atención, por el tiempo que dure la instrucción a las formas tácticas para defender a la república de la tiranía de las mayorías. De la condena al pensamiento único y a la persecución de los libres y desprotegidos ciudadanos sometidos a un régimen de gobierno autoritario, faccioso y corrupto.

Momento. Puede que una importante minoría piense que quienes ejercen el gobierno son patriotas que han logrado derechos y progresos destacados para lo sociedad en todo este tiempo en el que tienen el mandato constitucional de hacer. Puede que la emoción, la empatía, el cariño y la idolatría impidan ejercer el derecho a la crítica y al escrutinio fiscal de un ciudadano que defiende a la ciudadanía.

Muchas veces la propaganda ha servido para apuntalar estos efectos emotivos que para tantos de nosotros implica un apoyo político concreto y hasta a veces ser patológicamente militantes. Una despersonalización preocupante, una fanatización política asimilable a la adoración de un culto.

Condenar a la ciudadanía global a la desaparición es imponer un sistema desigual donde el poder nos somete a la estratificación social con una amplia base de pobres y lumpen proletarios que se amontonan. Escondidos, pero no tanto, detrás de meros incentivos al consumo de bienes materiales efímeros, de obsolescencia programada, sin entregar una educación en valores cívicos y de estímulo al progreso moral y material de los individuos. Parece mentira, olvidando la justicia social que se funda en la base del trabajo que dignifica.

La ciudadanía global es una entidad supraindividual que conecta a cada ser humano de la Tierra en asuntos que nos importan a todos por igual. Imaginando un desarrollo sustentable, una visión a futuro de soluciones definitivas contra el hambre, la pobreza, la educación, la generación de energía, la administración pública por gobiernos abiertos, etc.

La ciudadanía global debe fundarse sobre un dispositivo estatal denominado caja de cristal. Una caja de herramientas políticas, de empoderamiento cívico, herramientas tecnológicas respetuosas de la racionalidad humana como última ratio para la decisión.

La fórmula de la caja de cristal sería así: república más gobierno abierto. La clave pasa por imaginar que la ciudadanía global es, en esencia, universal, un Gran Hermano que vigila a los aparatos estatales y a sus funcionarios para que cumplan con sus roles constitucionales debiendo dar cuenta por ello en tiempo real, gracias a un registro total de los pasos que realizan cualesquiera de ellos. Todo grabado, registrado, documentado, auditado e interpretado por estadísticas públicas confiables y con el código de open data disponible para desarrolladores independientes.

Parece ciencia ficción y lo es. Hace no mucho asistí a una charla que dio una simpática y enstusiasta australiana, representante de GovHack Australia, en la que explicaba las increíbles bondades del sistema de información pública en el sitio <nationalmap.gov.au> de su país. Un sistema de open data donde se puede consultar, por ejemplo, entre miles y miles de datos, qué gasto social tiene cada comuna del país per cápita. O si se nos ocurre, ver la ejecución en tiempo real del gasto público en una aplicación en forma gráfica, por repartición, ministerio, programa, etc. Esta utopía existe… en Australia. Sana envidia que bien podemos dejar de sentir si lo realizamos.

El gobierno abierto es una utopía realizable y ya es hora de ir por ella. Cuando decidimos ir por una utopía es para concretarla. Sana militancia le dicen, esa que tiene convicciones, pero no cárceles, contradiciéndolo a Nietzsche. Para ello nos basta con ser ciudadanos activos y participativos, estimulados a compartir conocimiento, buscarlos, indagar sobre nuestros gustos y colaborando con ideas que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Para eso existen ya los presupuestos participativos, una gran idea que nos acerca mucho más a la democracia real, aquella remota imagen del ágora griega con sus históricas conquistas sobre la tiranía y la oligarquía. Aunque ineluctablemente cayeran en demagogias que todavía debemos aprehender como posibles futuros en caso de no asumir el desafío histórico de construir ciudadanía.

Construyendo ciudadanía podremos realizar la utopía de la ciudadanía global. La receta se llama “La caja de cristal”. Si quisiéramos tener una representación gráfica que nos ayude a imaginarla, podríamos pensar en el concepto del panóptico inverso. Dar vuelta esa inmensa red de cámaras, pero también diálogos, documentos, mensajes y declaraciones juradas de bienes, un nuevo panóptico para la vigilancia total de los entes gubernamentales y los servidores públicos designados a cumplir con todos los objetivos constitucionales.

Si queremos libertad e igualdad por igual, y así evitar las luchas sangrientas en dosis homeopáticas de inseguridad desencadenadas en las divisiones ideológicas de derechas y de izquierdas, no tenemos más que aplicar a esos valores, un condimento: la fraternidad. Igual que la tríada vitoreada en la Revolución Francesa. Fraternidad resulta, en principio, una extraña obligación ética, pero que redunda en la comprensión final de que un hermano es un igual y ese igual puede ser cualquiera, o pueden ser todos, sabiendo que la única posibilidad para el cambio es creando conciencia cívica y ciudadana.

El saber no es más que un conjunto de verdades mutables, pero irrelevantes, si no son aplicadas con la humanidad que da la fraternidad universal. No tenemos más que emular a los mejores ejemplos que hemos tenido en la corta historia de la ciudadanía global: Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Aunque no lleguemos a sus talones, el mero hecho de reconocer nuestros errores, aprender a ponernos en los zapatos del otro siendo empáticos o conociendo lo que la tolerancia respetuosa implica, ya estaremos convencidos de que la utopía de la ciudadanía global es inexorable y estamos en búsqueda de ella.

Cada 2 de Abril, desde hace muchos años, intento ponerme en la piel de cada soldado, de cada piloto y de cada marino que enfrentó la crudeza del Atlántico Sur. Los he recordado siempre como los héroes de la Patria y lo seguiré haciendo. Hombres y mujeres que pusieron su vida al servicio de una causa que, aunque legítima en origen, su forma era ilegítima y contraproducente en términos políticos.

Para marzo de 1982 el país ya estaba convulsionado y las protestas se repetían a lo largo y a lo ancho del territorio. Se escuchaban consignas que planteaban los dirigentes políticos y sindicales acerca de la necesidad de ponerle un fin urgente y terminante al estado de sitio y a la desastrosa conducción económica del país. La población estaba sumida en una situación asfixiante.

El 30 de marzo, la CGT de Saúl Ubaldini encabeza una masiva y multitudinaria manifestación a Plaza de Mayo bajo esas consignas -ya lo había hecho el año anterior, más precisamente el 7 de Noviembre frente a la iglesia de San Cayetano- y esperando que la Junta Militar cuyo presidente era Leopoldo Fortunato Galtieri tomara nota y llamara a elecciones. No pasó nada de eso, más bien lo contrario. La manifestación fue duramente reprimida, con más de 2000 detenidos, incluso un muerto, Dalmiro Flores. Para completar la cronología de esa semana, a las 72 horas, se anunciaba que Las Malvinas habían sido recuperadas en manos de un comando militar, bajo la denominación ”Operación Rosario”.

Hasta aquí los hechos inmediatamente previos a la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Galtieri y sus secuaces. Pero, ¿había acaso otra alternativa para recuperarlas? ¿No podía la diplomacia hacer nada al respecto? Las respuestas a estas preguntas, a continuación.

Argentina expuso su controversia acerca de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ante la ONU cuando se planteó una reserva ante la creación de los fideicomisos sobre los territorios en controversia con el Reino Unido en la Carta de Naciones Unidas, el 23 de marzo de 1945, meses antes de la firma del tratado multilateral más importante del Derecho Internacional Público. A continuación, en las dos primeras sesiones de la Asamblea General de la flamante ONU, la Argentina expuso sus derechos inalienables sobre la soberanía de las Islas Malvinas y demás archipiélagos.

La ONU, en su Resolución 1514 (XV)[i] orientada a terminar con el colonialismo en el mundo, define dos criterios que le servirán, tanto a la Argentina como al Reino Unido, para fundamentar sus reclamaciones ante la ONU:

• El primer criterio (art. 5) versa sobre la necesidad de transferir la autonomía a los pueblos de los territorios no autónomos inmediatamente y sin reservas. Esto se refiere puntualmente sobre la autodeterminación de los pueblos, punto que esgrimen los ingleses para decir que los kelpers han decidido permanecer británicos. Argumentos que carecen de sustento al recordar que dicha población no es autóctona sino implantada por el Imperio Británico que usurpó las Islas en 1833. De más está decir que la definición de “pueblo” tampoco está en coherencia con el criterio de los kelpers.
• El segundo criterio (art. 6) es más contundente para reafirmar la posición argentina, por lo que se transcribe textualmente: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. (…)”

El 16 de diciembre de 1965, la ONU emite la Resolución 2065 (XX)1 que habla sobre la controversia argentino-británica sobre las Islas Malvinas pidiendo que las partes encuentren una solución al conflicto, definiendo un Comité Especial a quien comunicarles los avances, así como también a la Asamblea General que se reuniría al siguiente año. Con ésto, la Argentina logró que la controversia acerca de las Islas Malvinas tuviera un tratamiento en la ONU como territorio en disputa y planteara una necesidad de definición entre las partes, en vista de que la previa resolución 1514 (XV) exigía darle un final a los territorios coloniales y no autónomos.

Más adelante, la ONU reconoció a las Islas Malvinas como nombre adoptado para los textos en castellanos y Falklands para los textos en inglés. Asimismo insta a las partes a que ”se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por un proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas…”

Cabe recordar a los lectores que ninguna resolución o decisión de ONU es imperativa para los Estados, salvo aquellas emitidas por el Consejo de Seguridad[ii] y estrictamente acotadas a la preservación o mantenimiento de la paz y la seguridad internacional[iii]. Incluso, ningún Estado soberano e igual, tiene la necesidad de resolver sus controversias. He aquí el motivo por el cual las reclamaciones ante la ONU caen en saco roto. Nadie puede obligar a los ingleses a devolvernos las Islas Malvinas salvo la voluntad unilateral.

¿Existió esa posibilidad alguna vez?

Si. No una, sino dos veces[iv]. Analicemos ambas para encuadrarlas en el contexto histórico y las razones de por qué no tuvieron un resultado favorable.

La primera ocurrió durante la tercera presidencia del Juan Domingo Perón. El 8 de mayo de 1974, el embajador británico James Hutton y el Canciller argentino Alberto Vignes se reunieron en el Palacio San Martín para analizar la propuesta inglesa de establecer un condominio en las Islas Malvinas. Los conocedores de aquella propuesta dicen que la idea era que la bandera argentina volviera a flamear inmediatamente junto a la declaración de su soberanía, a cambio de establecer un condominio por 99 años, donde ambos, ingleses y argentinos, administraran políticamente los territorios y explotaran en conjunto recursos y comercio.

Perón respondió inmediatamente a Vignes que sí y dijo con inteligencia de viejo zorro, ”aceptemos la soberanía así no nos las sacan más, después veremos de bajar los años de condominio.” Lamentablemente la biología se interpuso entre los objetivos diplomáticos. Perón moría el 1º de Julio y Vignes a las pocas semanas. María Estela Martínez de Perón no podía asumir el costo político de comunicar a la ciudadanía que se firmaría un condominio con los ingleses por Las Malvinas. Fin de la primera oferta.

La segunda oferta, anécdota relatada por el Ex Embajador y Ex Ministro de Relaciones Exteriores Andrés Agustín Cisneros, la recibió Galtieri en noviembre de 1981. La más dolorosa por lo absurdo de la respuesta argentina, llegó de la mano del ex vice Canciller de Margaret Thatcher, Nicholas Ridley. Aquella propuesta era muy similar a la que habían trabajado Vignes y Hutton. También similar a la que los ingleses le propusieron y llevaron a cabo con China por Hong Kong.

Galtieri, según Cisneros, simplemente entendió que la propuesta era una muestra de debilidad de la Corona Británica. Fin de la segunda oferta. Seis meses después, principio de las hostilidades.

Y ahora, ¿qué?

La realidad nos muestra que las reivindicaciones nacionalistas y las premuras económicas y políticas de los gobiernos de ambos países pueden utilizar el conflicto como amalgamador social y postergador de las urgencias domésticas. Situaciones que siempre han sido nefastas para los pueblos del mundo conducidos por megalómanos o histriónicos irresponsables. Nada de lo que se haga sin negociación es inconducente. La presión que pueda ejercer Argentina ante las Naciones Unidas es realmente escasa o nula. De todas formas, el reclamo allí no puede cesar puesto que, año tras año, el Derecho Internacional Público sigue cimentando un sistema que finalmente pueda resolver este tipo de controversias en pos de una humanidad más sensata y proclive a terminar definitivamente con todas las amenazas bélicas.

Quizás Brasil, como sujeto internacional de peso, pueda y quiera que no haya ingleses amenazando sus intereses en el Atlántico Sur (¿Antártida?) pero la pregunta que nos debemos plantear es: ¿sus intereses son compatibles con los nuestros? ¿Podemos acaso hacerlos coincidir y plantear así una estrategia conjunta?

Ellos tienen Itamaraty. Nosotros, lamentablemente no.

Si queremos que el pabellón nacional pueda volver a flamear en las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, debemos superar la etapa de adolescencia política y comenzar a negociar alianzas y proponer acciones conjuntas que permitan la incorporación de los Kelpers a nuestra forma de vida. No existe la posibilidad de echarlos de las Islas. Ellos están allí, nosotros no.

Así es como la historia contra-fáctica nos podría haber regalado una genuina frase “¡Recuperamos la soberanía de las Islas Malvinas!” en más de una oportunidad y bajo el imperio de la ley, la concordia y la tolerancia. Nada de lo que se haga a la fuerza puede permanecer por mucho tiempo en las mentes de los hombres libres. 

Antes de entrar en un análisis puntual sobre las consecuencias de lo decidido en la Convención, es importante comprender por qué un partido como la UCR se ha tornado tan relevante en el armado de la oposición que desea ser opción de gobierno al kirchnerismo.

El gran politólogo italiano Giovanni Sartori proponía para considerar a un partido político que cuente, dos simples cuestiones: estas son capacidad de coalición y chantaje.

1-Capacidad de coalición significa que un determinado partido es relevante si al concretar  acuerdos con él, queda asegurada la victoria en las elecciones.

2-Capacidad de chantaje es aquella que torna a un partido importante en función de que su ausencia en una coalición posible, limita el camino para ganar una elección.

La UCR no es un partido centenario y nada más, es el único partido institucionalista que tiene la República Argentina. Y el sábado brindó un espectáculo de entendimiento partidario basado en la democracia republicana donde se discutió con claridad las opciones de una necesaria construcción de alianzas orientadas a ganar el Gobierno de la Nación, y expandir las capacidades territoriales tanto en legislaturas como en gobiernos provinciales y municipales.

En contraposición, recordemos que el mismo día, en la sede del sindicato del vidrio en Avellaneda, Duhalde se erigió como el presidente de una suerte de “PJ bis” en una reunión a la que el kirchnerismo intentó, por todos los medios, anular, despreciar y bloquear desde la Justicia. Todo lo contrario de institucionalidad y vida interna que pudo verse en más de 12 horas de debate en Gualeguaychú.

La UCR quiere imponer su renovada capacidad de coalición y de chantaje. Coalición que quedó definida en el marco de una “jerarquización” con los partidos PRO y CC-ARI. Y el “chantaje” estuvo a la vista por todas las operaciones que se sucedieron en los últimos días con emisarios del PRO y del Frente Renovador que transmitían los mensajes de sus jefes políticos hacia el indispensable entendimiento que provocara esas coaliciones preferidas.

Podemos hacer un punteo de las definiciones políticas que se desprenden de la histórica decisión de la UCR en la Convención de Gualeguaychú, de cara a las próximas elecciones y el próximo gobierno constitucional que pueda surgir de las mismas:

• Al no tener poder y armado territorial propio, el PRO y el Frente Renovador no pueden aspirar a gobernar el país sin la UCR o el PJ. Esto implica reconstruir el sistema de partidos sobre los esqueletos del bipartidismo pero en un multipartidismo moderado.
• El próximo gobierno es de coalición y de centro dadas las tensiones entre las coaliciones posibles, imaginando la configuración del Congreso, incluyendo al PJ y sus aliados. No hay espacio para aventuras extremas, sean populistas o neoliberales.
• Si Scioli no logra emanciparse de CFK, la coalición republicana CC-ARI/PRO/UCR será gobierno. Y CFK habrá logrado su cometido de ir por el “Operativo Clamor 2019”. Su idea de dejar ganar a Macri para eclipsar al PJ y erigirse como la única interlocutora de la oposición la enfrenta cada vez más con Scioli y todo el PJ de paladar negro.
• Si Scioli y Massa logran acordar ir juntos con la propuesta que descartó el gobernador en julio de 2013 tendrán grandes chances de ser gobierno y la elección se polarizará entre el clivaje “democracia populista – versus democracia republicana” como en décadas pasadas.
• El socialismo, el GEN y los demás partidos de centro izquierda han perdido una posibilidad objetiva y concreta de ingresar a un acuerdo republicano para reconocerse como partidos, ya que no han podido demostrar capacidad de coalición ni de chantaje.

Es para destacar y celebrar que la UCR haya decidido transmitir en vivo y en directo su Convención. Está claro que el mensaje de institucionalidad y abrazo a la democracia que convoca a todos y que escucha a todas las partes, sean del agrado o desagrado para cualquier oyente, implica asumir un cambio en las reglas del juego que demanda este momento histórico.

El próximo gobierno será de coalición, tendrá un enorme desafío orientado a recuperar los controles y balances del sistema republicano y comenzar a migrar el sistema burocrático tradicional hacia una nueva matriz de administración basada en el Gobierno Abierto, más cercana al ciudadano, de cooperación y transparencia, orientada a la construcción de una ciudadanía comprometida y fiscalizadora de la acción política para beneficio de toda la sociedad.

Lo interesante es que semejante confusión debería haber sido zanjada desde chicos, en el instante en que cada individuo entiende de qué se trata ser ciudadano o, al menos, qué es lo que significa ser un sujeto de derecho. Hoy podemos ver que instrucción cívica es una materia que no ha sido aprehendida en un mínimo necesario para que cada uno haga su aporte para mejorar la democracia en vez de relegarla a una instancia más distante y automática, es decir, al mero formalismo de acudir a votar cada dos años.

Hace unas décadas, el gran politólogo argentino ya fallecido, Guillermo O’Donnell desarrolló una categoría política en torno al tipo de democracias jóvenes que venían de dictaduras, en Latinoamérica y Europa del Este. Se refirió a varios casos incluyendo el argentino y concluyó que lo que vivimos es una democracia delegativa: pobre en calidad institucional, sin un sistema de partidos políticos consolidado, sin rendición de cuentas ni acceso a la información extendido, principalmente por parte de un muy fuerte Poder Ejecutivo, donde la fundamental carencia es la falta de responsabilidad cívica de nuestra sociedad toda.

He aquí nuestra gran falencia: la adolescencia de valores democráticos en nuestra vida cotidiana que nos lleva a convivir, y a sobrevivir, en una interminable sucesión de “Relatos Salvajes”. Como pueblo, nos es imposible reconocernos. Preferimos aferrarnos a pertenencias limitadas, facciosas, como el amor a la pelota, las prácticas ociosas o la ideología kitsch, paradójicamente vaciada de contenido y fuertemente iconográfica.

Estas prácticas sociales individualistas y extendidas implican la desconfianza en el prójimo y la tendencia creciente a abandonar la construcción colectiva de una ciudadanía que ejerza sus derechos y asuma sus obligaciones. Todo lo que se deja de hacer, afecta al entramado y constructo social en el que se asientan instituciones (o estructuras legales) que fueron pensadas para que fuesen ejercidas por gente idónea – único requisito constitucional para ejercer cargos públicos.

Es decir, el abandono del rol del ciudadano permite que se profundicen las injusticias que debieran evitarse gracias a los dispositivos jurídicos y sus estructuras de aplicación desde las funciones genuinas del Estado, visibles en la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación, o la justicia.

La democracia no puede ser entendida como una forma de gobierno, sino como parte de nuestra cotidianeidad, nuestra forma de relacionarnos los unos con los otros, nuestra forma de vida en el sentido puro del término. Es la República, forma de gobierno constitucional, que debiera exigirse en su cumplimiento total y cabal a todo candidato a ocupar el sillón de Rivadavia. Volviendo a O’Donnell, las democracias delegativas tienen un bajo nivel de accountability o control horizontal, a diferencia de las democracias republicanas donde los poderes (o funciones) se autolimitan y ninguno está por encima del otro.

“La Democracia en América”, escrita por Alexis de Tocqueville en el siglo XIX, uno de los proto-sociólogos de la humanidad, es una radiografía de una sociedad norteamericana joven y pujante. Una visión de una sociedad acostumbrada por las circunstancias a asociarse cotidianamente, donde la unión hace la fuerza. Una enseñanza de la vida democrática que llevó para que Europa aprendiera de sus virtudes como la que más visiblemente se explayó: la igualdad de oportunidades.

Y ahora, yendo al meollo de la cuestión: toda marcha es política. Toda manifestación pública que demanda, pide, reclama, con pancartas, con divisas o sin ellas, en silencio o a los gritos, es política. Porque así se entiende toda reunión de personas que peticionen por algo, o como en este caso, homenajeen la memoria de un fiscal que murió trabajando en el marco de una causa que aún no ha llegado a impartir Justicia, es decir, que continúa impune: el atentando a la AMIA el 18 de julio de 1994. Un atentado a la democracia, contra el pueblo argentino, más allá de las especulaciones o líneas de investigación que hablan de un ajuste de cuentas mafioso contra el entonces presidente Carlos Menem.

Una marcha que pide el esclarecimiento de la muerte del fiscal, la atención a la denuncia que presentó días antes de su fallecimiento y también un minuto de silencio que le fue negado oficialmente, así como un día de luto, una bandera a media asta o, ni siquiera, un sentido pésame a la familia.

Marchar, peticionar, movilizarse y reclamar está garantizado en nuestra constitución gracias a la inclusión de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos en la Constitución Nacional de 1994, curiosamente, el año en que volaron la AMIA. Exactamente el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.” Es decir, es un derecho humano con rango constitucional. Toda marcha es política.

¿Dónde está la confusión en el debate público? En la diferencia entre política y lo político. Entre lo político y lo partidario. Todo lo que acontece acerca de cuestiones que nos interesan a todos y otras variantes, es político y por ello la Política debe intervenir para generar amplios consensos que impliquen acuerdos democráticos hacia una mejora incremental de las condiciones de vida de una sociedad.

Es lo político lo que genera conflicto, tensión y lógico disenso. Es la política la que debe hacer el esfuerzo, con argumentos y herramientas legales, para llegar a grandes consensos. Sin fraternidad en el disenso es imposible que lo político encuentre el camino. Si la estrategia a seguir por una facción política es la división de la sociedad entre amigos y enemigos (tomando a Carl Schmidt y luego a la pareja Ernesto Laclau y Chantal Mouffe), entonces es imposible que la política de un país sea universal o alcance tales consensos.

La política estará condicionada a la facción gobernante que impondrá su voluntad a través de su mayoría circunstancial en el Congreso y cualquier cambio o debate que se impulse desde las minorías parlamentarias, necesariamente naufragará en la impotencia, profundizando el deterioro institucional y frenando el avance democrático y republicano que permita el control del propio poder, desde el poder.

Nuestra realidad nos pide unión y fraternidad en el disenso para que el fanatismo político no triunfe y para que ningún sociópata, o grupúsculo de ellos, intente escribir un nuevo capítulo fraticida en nuestra Historia, testigo de tantos baños de sangre por nuestra incapacidad de entendernos los unos a los otros, de escuchar y de dejar peticionar o simplemente, hacer un profundo silencio.

No es casualidad el éxito de taquilla de la película de Damián Szifrón, Relatos Salvajes, pero tampoco resulta ser, en la opinión de experimentados críticos de cine, la mejor película argentina de todos los tiempos. Es seguro, la mejor del director y la que, merecidamente irá a competir por el premio a mejor película extranjera en los Premios Oscar de la academia de Hollywood.

Pero, ¿dónde está la clave del éxito de esta película que reúne seis relatos donde priman las soluciones extremas, la pérdida del control y la violencia que anida en cada ser humano? Animarse a dar respuesta a este interrogante es intentar explicar desde la sociología, el impacto que tienen las prácticas sociales que cada espectador identifica en todas y cada una de las historias que se narran. Por supuesto que ello trae consigo la eterna discusión acerca de la acción individual versus la práctica social que repiten grupos sociales por costumbre, cultura o imitación.

La sociedad argentina, más por idiosincrasia y reflejo de sus exponentes culturales, ostenta la identificación mundial por su soberbia, la pasión de masas (futbolera, musical, etc.), la viveza criolla, entre otras más o menos compartidas dentro y fuera de nuestro territorio. Nos identifican por el tango, por Maradona o por Messi (y ahora por Francisco), o por nuestra tendencia a creernos los mejores en todo lo que hacemos.

Ese estándar autoinfligido, que no es unánime pero que puede observarse siempre presente en los grandes centros urbanos de todo el país, nos hace cargar con una exigencia mayor a la hora de comportarnos como respetuosos de los derechos de nuestro prójimo. Esta tendencia al individualismo que se vio acrecentada en los últimos tiempos, quizás es producto de nuestra incapacidad de comportarnos democráticamente en la construcción de consensos básicos para las cosas cotidianas.

La viveza criolla, que no es otra cosa que la práctica individualista al extremo del perjuicio objetivo de terceros (casi siempre difusos), se hace carne en cuestiones tan básicas como en no levantar la caca de las mascotas en la vía pública, dejar estacionado el auto en doble fila o en una rampa de discapacitados, hacerse el distraído o dormido en el transporte público para no ceder el asiento, comprar repuestos automotores o celulares de dudosa procedencia, hacer de la oficina donde se trabaja una librería o de artículos gratuitos desde bolígrafos, papel, fotocopias, etc., dibujar la contabilidad para pagar menos impuestos o la más grave de todas las vivezas criollas, robarse los votos del partido contrario para torcer la voluntad política, sin importa que sea de un compatriota o de miles de ellos.

La contrapartida de estas prácticas sociales individualistas y extendidas es la desconfianza en el prójimo y la tendencia creciente a abandonar la construcción colectiva de una ciudadanía que ejerza sus derechos y asuma sus obligaciones. Todo lo que se deja de hacer, afecta al entramado y constructo social en el que se asientan instituciones (o estructuras legales) que fueron pensadas para que fueran asumidas por gente idónea – único requisito constitucional para ejercer cargos públicos. Es decir, el abandono del rol del ciudadano permite que se profundicen las injusticias que debieran evitarse gracias a los dispositivos jurídicos y sus estructuras de aplicación desde las funciones genuinas del Estado, visibles en la prestación de servicios esenciales como la Salud, la Educación, o la Justicia.

Vivir en un Estado de vigilancia, beligerancia o a la defensiva por el temor a ser estafado, resulta ser muy extenuante pero lo cierto es no queda otra. ¿O sí? Digamos que la solución al problema es quizás tan simple como hacer lo que uno quiere que le hagan o no hacer lo que a uno no le gusta que le hagan. Ese ejercicio individual de aplicar la regla de oro de casi todas las civilizaciones suele funcionar siempre que el sistema de valores de los individuos sea homogéneo y se priorice la convivencia antes que el “sálvese quien pueda“, o el “no te metás”.

El asunto es poder darnos cuenta de que si premiamos a los delincuentes con minutos de fama, o intentamos justificarlos sociológicamente desde la lucha de clases, sin darle importancia a la libertad individual de ellos para decidir el curso de sus propias vidas, no estamos teniendo en cuenta que nuestras palabras pueden resultar una ofensa para quienes, a pesar de todo en contra, no eligen el camino de la delincuencia. Sin importar si es por temor a la ley o por convicción moral de hacer lo correcto, ajustado a una axiología que pondera la convivencia social por sobre el imperio del consumo del querer ser (wanna be).

Es aquí cuando empiezan a tallar en la cuestión aquellos emergentes propios de sociedades en donde el entramado social fue destruido, donde el imperio de la ley ha dejado de ser hegemónico y donde la democracia como forma de vida no ha podido arraigarse en todas y cada una de las prácticas sociales que realizamos cotidianamente.

En el año 1984, el gran politólogo argentino Guillermo O’Donnell, escribió un texto académico muy interesante titulado “¿Y a mí qué #!%”=#”! me importa? En él, el autor abordaba la cuestión de las desigualdades sociales, la jerarquía combatida pero asumida y la conducta autoritaria de los argentinos en cuestiones tan básicas como dar o no prioridad de paso en la vía pública, pero también en el cuestionamiento permanente a la autoridad y su contrapartida en la incapacidad de la construcción de consensos necesarios para lidiar con la conflictividad humana. Nada tan básico podía ser tan contundente para anticipar lo que vendría.

No hemos podido aún alcanzar una institucionalización sostenida de nuestro sistema político porque aún no hemos resuelto nuestra insociable sociabilidad que nos enfrente en un cíclico retorno a prácticas violentas y antidemocráticas en donde la discusión es incapaz de conducir a soluciones consensuadas. Estamos muy preocupados en imponer nuestra verdad antes que escuchar al otro, o ponerse en sus zapatos. Somos conscientes de esta grieta recién cuando traspasamos el límite de la civilidad y amagamos con aplicar la violencia, sea del tipo que sea.

La vida de los argentinos está plagada de relatos salvajes y ese es la gran noticia. Es la razón por la que la película ha sido vista por millones, aclamada y festejada por su humor cínico que no hace otra cosa que sacar una radiografía de una sociedad que aplaude de pie el verse reflejada en su tendencia a perder toda racionalidad y civilidad.

Observamos atónitos cómo podemos imaginarnos el estar a segundos de perder la cordura e involucrarnos en hechos que nos pondrían tras las rejas por atentar contra la ley o esperar que la solución final sea la que nos deje, al menos por un instante, con la razón de nuestro lado. Sin importar que en ello se nos vaya la vida.

Comenzar por definir la causa de la Política resulta una obviedad si se pretende comprender cómo son los procesos por los cuales el poder fluye y genera transformaciones objetivas. La Política es una práctica, en esencia, obligatoria para los seres humanos ya que se presume que, a través de ella, pueden lograrse los consensos que permitan destrabar conflictos y concentrar acciones que propendan a resolver los problemas de nosotros, los humanos.

Sin Política no hay acuerdo pacífico posible y mucho menos, Democracia. Cuando la Política agota sus instancias y sus herramientas se tornan inútiles, sucede que la acción violenta gana espacio y dinamita cualquier acuerdo que pretenda ser alcanzado justamente. Esta aclaración, aunque obvia, debiera repetirse como mantra dado que la institución Democracia no existe sin consenso ni respeto por las minorías o por las decisiones de las mayorías (salvo que impliquen inconstitucionalidad concreta), mucho menos, sin respeto por todas las instituciones creadas para su expresión y desarrollo.

La Argentina es un país que ha estado permanentemente dividido por facciones aparentemente irreconciliables, casi siempre fundado en divisiones ideológicas o cargadas de fanatismo, incapaces de plantear un presupuesto básico de hermandad o fraternidad en el disenso como salvoconducto para evitar la catástrofe de la lucha fraticida, tantas veces practicada. Reconocer el germen del autoritarismo y la rebelión a la autoridad o las instituciones en el seno de nuestra sociedad pareciera ser un imposible. Sin embargo, tal realidad no resulta descabellada ante los hechos.

“La realidad es la última razón”, decía Sun Tsu.  Quizás sea hora de comprender que la democracia es una forma de vida que nos permite desarrollarnos como sociedad civilizada antes que como enemigos enfrentados por móviles convenientes a un grupo de poder político capaz de manipular consignas (o significantes vacíos como diría Laclau) para alinear a su facción en contra de otros que, lamentablemente, forman parte de la solución y son sujetos de derecho tan válidos como ellos mismos.

En su libro En torno a lo político, Chantal Mouffe, esposa del fallecido filósofo político Sir Ernesto Laclau, decía que el conflicto es tan inherente al ser humano que no puede erradicarse de la escena política por lo que conviene aprovecharse de los clivajes que establece para conformar los flujos de poder que le convengan a quién pretenda hacerse de la hegemonía. Esta mirada no sólo apunta a la definición de facciones apasionadas que siempre se fanatizan, sino que además extiende al seno de las sociedades modernas la necesidad de continuar con el clivaje amigo/enemigo de Carl Schmitt, bajo el pretexto de que sin ese conflicto avivado y potente, el ciudadano se aleja de la cosa pública y se desmoviliza de la política.

El problema sobre cómo alcanzar consensos

Siempre que dos personas tienen que ponerse de acuerdo sobre un tema, lo racional invita a la valoración de los argumentos para que ambos encuentren en la mirada complementaria una solución a su conflicto. El consenso llega cuando se consideran las posiciones y se acepta resignar una visión que resulta equivocada, incompleta o, ante la nueva evidencia, complementaria. Esta práctica implica maduración en la capacidad de resolver conflictos, aceptación del otro, empatía y tolerancia.

Todos estos valores mencionados dan cuenta de una realidad que dista mucho de la que tenemos en nuestra política vernácula. Lo político pareciera estar teñido de mezquindades, miserias, mediocridades y muchas ganas de hacerse millonario a costa de los dineros públicos. La Argentina es un país con una muy preocupante tolerancia a la corrupción y las ventajas individualistas conocidas como “viveza criolla”. Sin capacidad de entendimiento y de resignación de intereses personales por sobre los grupales, la Política pierda su capacidad de resolver conflictos y de transmitir las necesidades que la sociedad reclama en forma de políticas públicas eficientes y eficaces.

Cuando se observa que en la Argentina de la década ganada los índices de pobreza son borrados del instituto estadístico (alguna vez creíble), los reclamos sociales acerca del derecho humano a la seguridad se multiplican más allá de los oportunismos mediáticos que lucran con la empatía hacia el dolor, la Justicia no parece encontrar la forma de realizarse dada la génesis facciosa y corrupta que se ensaña en sus entrañas  -logrando que la impunidad se huele en el aire cívico-, los sistemas de salud y educación se encuentran en crisis, con incapacidad de encontrar un modelo moderno y ajustado al siglo XXI, las cárceles continúan siendo una fábrica para el crimen organizado en vez de institutos de resocialización, el narcotráfico avanza a expensas de alianzas con cierta casta política que les garantiza blindaje judicial, económico y desarrollo territorial, no tenemos más que declararnos derrotados y patear el tablero.

Una alianza siempre implica una toma de posición conjunta acerca de ciertos ejes temáticos y, por sobre todas las cosas, implica sujeción a derecho. Ninguna experiencia exitosa de alianza política ha tenido lugar si su armado no logró consolidar un paquete mínimo de coincidencias básicas y una estrategia política de distribución concreta de las acciones mejor representadas por cada de sus partes.

El Frente Amplio UNEN aparece como una novedad política de la centro-izquierda que pretende comenzar a recorrer esos espacios de consenso necesarios para que la Política logre validar el necesario camino de la institucionalidad bajo la premisa de la fraternidad en el disenso. Su base republicana y respetuosa de las instituciones que asisten a la democracia es su mayor divisa.

Si logran imponer un esquema de trabajo coordinado, fortaleciendo la experiencia de cada expresión interna, si impulsan un criterio común de coincidencias republicanas y democráticas que impliquen atender los problemas que la sociedad expresa a gritos, si entienden a las demás fuerzas como partes integrantes de un sistema de partidos que necesita ser rescatado de su agonía, si se miran a los ojos como adversarios y no como enemigos, y si su comunicación se torna clara y contundente, las chances de victoria en 2015 para la nueva coalición de centro-izquierda serán mayores y sin dudas, implicarán que el próximo Presidente de todos los argentinos, gobierne en una coalición beneficiosa para toda la sociedad, sea del signo político que triunfe. La revancha, para todos, pasará por salir de la anomia en la que nos encontramos inmersos y transitar el camino que hay por delante bajo una misma bandera, la argentina.