Con una reforma electoral como la de 2009, que ha incluido las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), pero que mantiene la vigencia del sistema de boletas partidarias y la organización de las elecciones bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, resulta imperativo impulsar las modificaciones que permitan garantizar la transparencia electoral plena, condición fundamental para sostener la legitimidad del sistema electoral nacional.

La creación de un ente descentralizado y autárquico, con capacidad de organizar y llevar a cabo las elecciones nacionales, así como también de ser el organismo encargado del seguimiento de cada partido político y sus obligaciones dictadas por la ley electoral y sus recientes modificaciones, es la primera propuesta, denominada por varias voces del mundo político local y regional como Autoridad Federal Electoral (AFE).

En segundo lugar, implementar el sistema de boleta única a nivel nacional, bajo la modalidad introducida por el legislador por la Coalición Cívica Pablo Javkin, en el distrito de Santa Fe, cuya principal característica es que cada cargo se vota por separado en una boleta única que permite una oferta amplia, clara para el elector y que facilita la libre elección sin el efecto arrastre que existe en la boleta clásica partidaria.

AFE. Objetivo: transparencia electoral y cuidado de las instituciones partidarias

Es importante, en primer lugar, ponderar la viabilidad y reforzar la recomendación en la instrumentación de un ente descentralizado con capacidades jurídicas para llevar adelante todas las tareas relativas a los comicios nacionales que se realizan en la República Argentina. Las facultades de dicha agencia se extienden al control permanente de los partidos políticos, su evolución y su desarrollo a fin de generar un marco de igualdad entre las fuerzas que compiten por cargos electivos y con el objeto de fortalecer el sistema de partidos políticos a través de mecanismos de transparencia electoral.

Entre las tareas específicas asignadas al ente figuran las de capacitación permanente para autoridades electorales, la conformación de su registro, la actualización del padrón electoral y todas aquellas acciones destinadas a cumplir con las exigencias que la reforma electoral ha implementado y que requieren de una estructura coherente con dicho desafío para producir elecciones transparentes donde las irregularidades sean llevadas a su mínima expresión, cuando no eliminadas.

Asimismo, la AFE tendría la facultad de instrumentar los reglamentos y los manuales de uso para capacitación, la modificación de protocolos, así como la capacidad de administrar los recursos que serán asignados a cada partido político en materia de financiamiento electoral y de publicidad en medios de comunicación.

Del Ministerio del Interior a la AFE

Las competencias sobre el proceso electoral y el funcionamiento de los partidos políticos que hoy se encuentran bajo la órbita del Ministerio del Interior (vía la Dirección Nacional Electoral) exponen un inequívoco desbalance de poder y capacidad de discrecionalidad administrativa de recursos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los demás partidos políticos que intervienen y pugnan por cargos en cada elección. El principio de igualdad se ha visto muchas veces avasallado por el oficialismo, quien administra fondos, funciones y controles de un proceso electoral que es fundante de nuestro sistema democrático.

En este escenario dificultoso para la democracia representativa, la AFE se erige como una institución permanente, con independencia absoluta del Poder Ejecutivo Nacional, dotada de la capacidad de decisión, así como la de instrumentación de reglamentos que le den dinamismo y eficiencia al sistema electoral nacional. Asimismo, el carácter apartidario garantiza una igualdad de tratamiento para cada partido político que se encuentre ajustado a derecho en el marco de las reformas a la ley electoral y sus disposiciones, que requieren un seguimiento continuo y exhaustivo.

De las funciones y los roles de la AFE

La AFE deberá tener como función principal todas las instancias relativas a los procesos electorales, como ser: la preparación, la organización y la conducción de dichos procesos; ya sea en elecciones internas partidarias como en elecciones generales quedarán resguardadas las funciones que le competen a la Justicia Nacional Electoral. La creación de la AFE permitirá escindir todas aquellas cuestiones de política electoral de la órbita propia del Poder Ejecutivo Nacional, trasladándolo al Poder Judicial, dentro del cual migrarán facultades y capacidades con el objeto de constituirse como un auxiliar fundamental para la Justicia Nacional Electoral. Es por ello que la instauración de la AFE demandará una importante modificación de todo el fuero electoral, con el principal objetivo de permitir mecanismos ágiles, eficientes y transparentes en todos los procedimientos y las cuestiones electorales.

Resultará vital, pues, fortalecer a la Cámara Nacional Electoral, dotándola de total autonomía institucional y autarquía financiera para permitir su completa ejecución en materia administrativa. Dentro de los cambios posibles para permitir la existencia de la AFE, será inminente la creación y la reorganización de la totalidad de las secretarías electorales necesarias, que estarán dotadas de capacidad de ejecución, especificidad en la materia y de los medios para cumplir con sus funciones. Dichos cambios resultan indispensables para alcanzar el mismo fin que se busca con la AFE.

En relación con los partidos políticos, la AFE se encontraría facultada para propiciar el reconocimiento de los partidos políticos y su correspondiente monitoreo permanente de su funcionamiento, ya sea con respecto a sus propios tribunales de disciplina como así también sobre sus comités de campaña. Además, la AFE deberá controlar, auditar y dar la debida publicidad a todo lo concerniente al financiamiento público y privado de cada uno de los partidos políticos que estén en condiciones de funcionar como tales en los diferentes distritos del país. Su función de administración del Fondo Partidario Permanente y del Aporte Extraordinario para Campañas decidirá cómo serán canalizados dichos fondos en relación con criterios ya prefijados de federalismo, representatividad y equidad.

Boleta única: De Santa Fe a la nación. Una herramienta que transparenta y economiza los comicios. ¿Estamos maduros como sociedad para nacionalizar la boleta única electrónica?

Persistir en la utilización de boletas por agrupación implica continuar lidiando con irregularidades que se ponen de manifiesto en perjuicio de la voluntad popular y que terminan beneficiando a aquellos partidos con grandes estructuras de fiscalización propia, quienes pueden, no sólo evitar que se perpetren atentados contra sus propias boletas, sino practicarlos con total impunidad, y así trastocar de manera escalar los datos y los alcances reales de los comicios. Asimismo, dichas irregularidades se encontrarían extendidas en todos los distritos, por lo que afectarían de manera inequívoca a las jurisdicciones de nivel municipal, donde pocos votos pueden cambiar el signo de una intendencia.

La simplificación del sistema de boletas hacia uno económico y sencillo como el de la boleta única permite, no sólo erradicar las prácticas fraudulentas en torno a la manipulación de boletas, sino reducir el gasto de una elección en un porcentaje muy significativo.

Ya hemos transitado elecciones con dos ejemplos distintos pero exitosos de boletas única de papel en los distritos provinciales de Santa Fe y Córdoba. La diferencia radical entre uno y otro es que el primero implica una boleta y una urna para cada cargo elegible, mientras que el segundo significó una papeleta única para todos los cargos.

Además, la falta de información acerca de la nueva modalidad de votación para los cordobeses, en la elección de 2013, implicó una importante cantidad de votos en blanco para los cargos legislativos, puesto que muchos electores dejaron celdas sin tildar, pero se rectificó en 2015.

En cambio, Santa Fe trabajó durante meses en la difusión de su nueva modalidad electoral y alcanzó niveles muy altos de satisfacción en su electorado. Más allá de los cuestionamientos a la última elección a gobernador, donde se planteó la necesidad de revisar el sistema, la exigua diferencia implicó fallas en la comunicación inicial desde el portal en línea de datos y, luego, desconfianza en el resultado por parte de una de las facciones en pugna, pero producto de la enorme miríada de irregularidades que pueden darse cuando el mecanismo de fiscalización es insuficiente.

Para el caso de la boleta única electrónica (BUE), con muy buenos resultados en la ciudad de Buenos Aires y aceptables en la provincia de Salta, escalar a la nación, con un sistema similar, implica grandes retos. Fundamentalmente los referidos a la puesta en práctica del sistema con intermediarios privados o la fortaleza en seguridad informática del software utilizado.

Además, el hecho de tener impreso el resultado de la selección en la boleta no significa que la totalidad del electorado controle si corresponde con lo registrado en su chip. Hay estudios sobre el voto con una similar modalidad en Estados Unidos que demuestran lo bajo que resulta el control ciudadano como fiscalización de su propio voto.

Las formas de fiscalización de todo el proceso cambian rotundamente y es necesario auditar diversos procesos críticos que se corresponden con la manipulación de los DVD, credenciales PIN y modalidad de puesta en funcionamiento de las unidades electrónicas que no resultan ser una simple impresora como se escucha decir, sino una computadora, con cierta facilidad para manipular desde el exterior.

El temor que resulta de la generalización del sistema es cómo lograr que haya un cuerpo capacitado y profesionalizado de autoridades de mesa para llevar adelante todo el proceso en todos los distritos del país con la misma calidad y confiabilidad. Podrá resultar muy bien o muy mal según el grado de compromiso que las autoridades electorales le impriman a la organización de los nuevos procesos y la calidad de los padrones para desarmar definitivamente las prácticas clientelares que puentean todo tipo de control clásico.

Hacia una Argentina con elecciones transparentes y participativas

La AFE posibilitaría la reestructuración de la Justicia Nacional Electoral, alivianará las funciones de diversos agentes judiciales que prestan diversas actividades dentro de los fueros electorales, generalmente compartiendo fueros federales.

Es de vital importancia que la AFE se ponga como objetivo la educación y la conformación de una ciudadanía activa y participativa en todas las fases del proceso electoral, ya que implica una contribución directa al fortalecimiento de la democracia de característica participativa.

Que también pueda constituir un verdadero padrón de autoridades electorales para los comicios que se encuentren capacitadas y genuinamente representen a la ciudadanía que pretende que la voz popular sea la de cada ciudadano que emite su voto y no de aquellos que violentan el derecho a sufragio mediante la alteración del resultado de una mesa, una escuela o incluso, con la manipulación de los resultados finales que se cargan a través de los centros de cómputos.

La eliminación de las diversas irregularidades que se sostienen en un sistema obsoleto de boletas, donde el gasto de energía y costo medioambiental es notable, implicará la defensa directa de aquellas minorías que hoy no cuentan con la capacidad de ejercer el control territorial a través de fiscales que garanticen la presencia de sus boletas para que cada ciudadano sea libre de elegir a sus representantes.