Una bisagra en la construcción de ciudadanía luego de la crisis de representación y del sistema de partidos políticos. Experiencias concretas que aportan ciudadanos activos y comprometidos con la democracia y la república.

Todo comenzó en la elección nacional presidencial de 2007, donde existió una “sensación de fraude” que sobrevoló gran parte del territorio nacional. En esa oportunidad, la modalidad estrella de las irregularidades que se han hecho carne en el vademécum político electoral fue la sustracción masiva de boletas de una o más fuerzas políticas que competían en la contienda. Los relatos acerca de un sistemático hurto de boletas de los candidatos a la presidencia Elisa Carrió y Roberto Lavagna fueron replicándose a lo largo de esa tarde de domingo, llegando a unir a más de una docena de fuerzas políticas que se presentaron conjuntamente ante la Cámara Nacional Electoral para denunciar el fraude organizado.

La respuesta de la Justicia, en su instancia electoral más alta, fue lógica. No habiendo denuncias masivas en los juzgados electorales de primera instancia, bajo lo que consigna el artículo 110 del Código Electoral Nacional, no había posibilidad alguna de probar semejante afirmación ni tampoco le correspondía a esa instancia judicial expedirse en ese momento. La incapacidad de los partidos derrotados para instrumentar una acción clara y tendiente a resolver la sospecha quedó en una simple acción que no pasó más allá de las páginas de los diarios. Había un serio problema con la fiscalización electoral que desnudó un sistema electoral híbrido y obsoleto que emergía como una herencia del bipartidismo pero que no podía, ni puede hoy, garantizar el principio de simplicidad y transparencia que exige todo sistema electoral.

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