El nuevo “régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos”, aprobado por la presidenta mediante el decreto 929/2013, constituye una nueva incongruencia del gobierno en materia de política petrolera. Primero, asumimos la “soberanía hidocarburífera” mediante la sanción de la inconstitucional ley 26.471, con promesas de que el petróleo inundaría las calles de la república. Pero luego advertimos que sin el aporte de inversiones extranjeras y de empresas experimentadas, no conseguiremos hidrocarburos ni para hacer funcionar los encendedores.
Después de la confiscación de Repsol YPF las supuestas “garantías” que contiene el nuevo régimen son insuficientes para atraer a esos inversores y a esas empresas experimentadas, razón por la cual que el acuerdo con Chevron seguramente contendrá cláusulas secretas que nunca conoceremos. Esas cláusulas secretas serán el verdadero incentivo para lograr que la multinacional invierta en nuestro país e implicarán una cruda renuncia a la “soberanía hidrocarburífera”.