Se ha instalado en el país (¡por fin!) la discusión en torno a los piquetes y a la conveniencia y la necesidad de regularlos.

Los piquetes son una consecuencia negativa de las reuniones de personas en la vía pública. Estas últimas constituyen una actividad legítima y son una expresión de los derechos a expresarse, a reunirse y a peticionar a las autoridades. Pero, para ser legítimas esas reuniones deben ser pacíficas; es decir, los participantes no deben ejercer violencia o intimidación alguna sobre la población.

Además, es necesario hacer compatible ese derecho a expresarse con el derecho a circular y transitar del resto de los habitantes. Porque cuando aparece un conflicto entre distintos derechos, lo sensato es tratar de armonizarlos y no que el ejercicio de uno impida el ejercicio del otro, lo cual constituye una consecuencia forzosa del hecho de que ningún derecho es absoluto y todos están sujetos a reglamentación legal.

Por ende, la regulación que propongo propicia que los participantes de una reunión en el espacio público deben tener la cara descubierta, no pueden sentarse o detenerse en calles o caminos, no pueden impedir el normal funcionamiento de los transportes ni de la circulación de vehículos y personas. Y, por supuesto, no pueden portar elementos contundentes con aptitud para amedrentar a otros o causar daño a terceros.

En ese sentido, una previsión importante es que en la medida que el número de participantes lo permita, la reunión pacífica deberá realizarse en espacios públicos no destinados a la circulación de vehículos y de manera de entorpecer lo menos posible las actividades normales de la población.

Si la reunión dejara de ser pacífica o los manifestantes impidieran arbitrariamente las actividades normales de la población, entonces las fuerzas de seguridad deberían actuar para volver las cosas a su cauce normal y resguardar los derechos de todos.

De todas maneras, y sin perjuicio de la regulación legal, difícilmente podamos avanzar en el complejo arte de la convivencia ciudadana si no creamos la conciencia de que ningún derecho está por encima de otro y de que nadie, salvo la autoridad estatal, puede imponer restricciones a los demás. En definitiva, la buena conciencia cívica es la mejor solución a este moderno problema de los piquetes.