Nuevamente las “picadas” se llevaron otra vida. En Haedo, partido de Morón, un corredor perdió el control de su auto y mató un joven que volvía de bailar.

En nuestro país la violencia vial representa un grave trauma social. Según datos confiables de la Agencia Nacional Vial,  hay más de 5.000 muertes anuales en nuestras calles, rutas y autopistas.

Un flagelo que, por cierto, también tiene escala global, pues cruzar en rojo, violar el máximo de la velocidad permitida y o conducir alcoholizado, son graves transgresiones en todas las geografías humanas. Pero las historias que de ello se derivan son distintas, y tienen un destino contundente desde el punto de vista legal.

Mientras en los países vecinos estas conductas motivan sanciones penales severas, y de cárcel efectiva cuando se ha segado una vida humana, en nuestro país la administración de justicia casi siempre se resiste a castigarlas. Como si las penas no tuvieran poder disuasorio, aunque así lo crean los países del Cono Sur. 

Llama poderosamente la atención como el sistema judicial mira para otro lado, en lugar de ajustarse a las leyes vigentes, sancionadas por el poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

En este sentido, hace apenas siete años, los familiares de víctimas viales, las asociaciones civiles y la sociedad en su conjunto, celebraron la sanción de una ley de mi autoría, la 26362, donde se tipificó a las “picadas” callejeras como delito. Aquí vale mencionar el acompañamiento permanente de Las Madres del Dolor, que desde su militancia silenciosa e incasable, fueron parte promotora de dicha norma.

La modificación del artículo 193 bis del Código Penal, manifestaba que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que crease una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.

El texto que entonces sancionó el Congreso Nacional, en marzo de 2008, imponía también la misma pena “a quien organizase o promocionase la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitase su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin”. Párrafo fundamental, porque las picadas clandestinas requieren de organización sistemática, no son solo fruto de malas conductas individuales, azarosas o espontáneas, incluyen a muchos partícipes, y a menudo hay apuestas de dinero.

El espíritu que motivó esta la redacción de esta ley, es justamente evitar muertes innecesarias e injustificables.  Es preferible sancionar algo como una picada a tener que esperar que se produzca, por este hecho, lesiones o víctimas, donde se termina sancionando por homicidio culposo y no doloso. 

Ahora bien, si hay una ley sancionada por el Poder Legislativo, y promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿qué esperan los jueces y los auxiliares de la justicia para ajustarse a la legalidad y a las normas vigentes? Esta es una ley de la democracia señores. No puede el sistema judicial continuar ausente, no puede mirar para otro lado cuando suceden este tipo de delitos que se llevan vidas inocentes.

Por otro lado, hay un déficit muy notorio en el control. Hasta en las redes sociales se saben dónde son las picadas. Desde Facebook convocan, organizan y reclutan con total impunidad. Es responsabilidad de las autoridades municipales clausurar estos lugares. ¿Qué están esperando?  

Los accidentes, la imprudencia, el incumplimiento de las normas y el desprecio por la vida, se incorporaron como disvalores no reconocidos, pero vigentes, de nuestra cultura cotidiana.

Nos acostumbramos a transgredir las reglas, a no respetar los límites de velocidad, a cruzar los semáforos en rojo, a no ceder el paso a los peatones o al que viene desde la derecha en las intersecciones, entre otras violaciones.

Es momento de cambiar las reglas y volver a la legalidad. No podemos permitir que este tipo de delitos continúe llevándose vidas inocentes.