La aprobación del NAFTA, impulsada en Estados Unidos durante la administración de Bill Clinton y en México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, implicó una dura prueba política en ambos países. Clinton logró la ratificación parlamentaria del acuerdo gracias al apoyo de los republicanos, ya que la división de la bancada demócrata hacía imposible esa homologación. En México, la oposición de izquierda del Partido Revolucionario Democrático (PRD), unida a un sector del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se movilizó para frenar el tratado. Sólo la firme voluntad política de los dos presidentes permitió remover los obstáculos.

En veinte años de aplicación, el tratado modificó la estructura económica de sus tres signatarios. No sólo representó un incremento exponencial de su intercambio comercial, que se multiplicó por cuatro, sino también una integración de sus estructuras productivas. En los hechos, la economía norteamericana configura hoy una unidad sistémica, constituida por un mercado unificado de 490 millones de consumidores con un producto bruto regional de 19 trillones de dólares anuales.

El acuerdo posibilitó quintuplicar el comercio entre Estados Unidos y México, casi el doble de lo que aumentó, en ese mismo lapso, el intercambio estadounidense con otros países. El 73% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. A la inversa, Canadá y México, en ese orden, son los principales destinos de las exportaciones estadounidenses. El tercer lugar lo ocupa China. En volumen, México es el tercer socio comercial de Estados Unidos y Canadá.

El NAFTA es la zona de libre comercio más importante del mundo. Estados Unidos es la primera economía mundial, Canadá la novena y México la onceava. Cada día, entre Estados Unidos y Canadá hay un intercambio de alrededor de 2.000 millones de dólares y entre Estados Unidos y México de unos mil millones de dólares.

Al mismo tiempo, el convenio multiplicó las inversiones estadounidenses en Canadá y México y alentó la radicación de firmas canadienses y mexicanas en Estados Unidos. Hay 310 billones de dólares invertidos por compañías estadounidenses en Canadá y 200 billones de dólares de corporaciones canadienses en Estados Unidos. México también recibió una oleada de inversiones estadounidenses. La reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto permite augurar un alud de inversiones de las compañías petroleras estadounidenses para la explotación del petróleo mexicano.

Esa ola de inversiones recíprocas motorizó la integración entre las cadenas productivas de los tres países. En cada dólar exportado desde México a Estados Unidos, hay 40 centavos de insumos estadounidenses. Por cada dólar exportado desde Canadá a Estados Unidos, esa participación es de 25 centavos. Para establecer una comparación, vale decir que las exportaciones chinas a Estados Unidos tienen una participación de insumos norteamericanos de sólo cuatro centavos por dólar.

El ALCA por otros medios

En la era de la globalización, el NAFTA fue el primer tratado de libre comercio suscripto entre una economía desarrollada y un país subdesarrollado. Representó un leading case en relación a la viabilidad de acuerdos de integración entre naciones con desiguales grados de desarrollo. Esa originalidad, que hace rato dejó de serlo, fue uno de los reparos surgidos en los tres países.

México estableció luego un acuerdo similar con la Unión Europea y tiene ya celebrados convenios de ese tipo con 44 países, lo que lo erige hoy en una de las economías más abiertas del mundo. Su experiencia abrió el camino en América Latina para los acuerdos bilaterales de libre comercio que Estados Unidos puso en marcha en los últimos años. Para Estados Unidos, el NAFTA constituyó el punto de partida para una estrategia de integración económica con América Latina, que Clinton intentó llevar a su máxima expresión con la propuesta de la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), enterrada en 2005 en la recordada cumbre presidencial hemisférica de Mar del Plata.

El fracaso del ALCA llevó a George W. Bush a ensayar una estrategia gradualista, que dio mejores resultados. Desde entonces, Estados Unidos estableció tratados de libre comercio con el Mercado Común Centroamericano, Chile, Perú y Colombia. Fue lo que sus críticos definieron como “el ALCA por otros medios”.

La apertura de las economías latinoamericanas posibilitó luego el lanzamiento de la Alianza del Pacífico, una propuesta de integración regional motorizada precisamente por México y que contó con el rápido consentimiento de Chile, Perú y Colombia y la posterior adhesión de Costa Rica. No es casual que este flamante bloque, que en los hechos compite con el Mercosur en materia de comercio internacional y de atracción de inversiones extranjeras, esté integrado por los tres países sudamericanos que tienen acuerdos de libre comercio con Washington.

La prioridad asiática

Pero la cumbre de Toluca reflejó cabalmente la prioridad asiática que caracteriza a la nueva estrategia estadounidense. El centro de las conversaciones fue la conversión del NAFTA en un puntal del Acuerdo Transpacífico, que uniría a la economía norteamericana con un grupo de países asiáticos, encabezados por Japón, e incluye asimismo a Centroamérica, Chile, Perú y Colombia. Dicha entente comercial reemplazaría al NAFTA como la más importante del mundo, al menos hasta que se concrete un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuya materialización, aunque no inmediata, está más cerca que lo que muchos suponen.

Luis de la Calle, ex negociador mexicano en las tratativas del NAFTA, explicó con precisión por qué para Estados Unidos “la competencia con Asia tiene que pasar por el NAFTA”. Subrayó que, por los costos de producción, las empresas automotrices estadounidenses “difícilmente puedan vender en China un auto fabricado en Michigan pero sí un vehículo fabricado en México”. Ese ejemplo puede multiplicarse.

Estos avances en el NAFTA, la Alianza del Pacífico, la negociación para el Acuerdo Transpacífico y las conversaciones para un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea reflejan una fuerte aceleración de la tendencia estructural hacia la globalización dela economía mundial y contrasta con la parálisis del Mercosur, agravada por la crisis política de Venezuela, el más reciente y problemático socio del bloque comercial sudamericano.

Las consecuencias de esa parálisis comienzan a ser advertidas por los sectores más influyentes del empresariado brasileño, que alerta contra el peligro de un “desvío de exportaciones”: los países que profundizan su integración tienden a aumentar su comercio recíproco, en detrimento de los que permanecen más aislados. En ese escenario, en términos de mediano y largo plazo, salvo en el rubro agroalimentario, las exportaciones industriales brasileñas tienden a desaparecer. Fácil es presumir que Brasil está en vísperas de un “giro copernicano”. La Argentina está obligada a seguir atentamente la rápida evolución de estos acontecimientos regionales, porque, como decía Perón, “en política, el que no tenga cabeza para prever, deberá tener espaldas para aguantar”.

Un dato relevante del cruento episodio fue que los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) entraron al cuartel disfrazados de oficiales “carapintadas” que vivaban al coronel Mohamed Alí Seineldín, quien un mes antes había encabezado una sublevación en Villa Martelli, y arrojaron volantes que los identificaran con esa facción del Ejército.

El jefe de la operación, Enrique Gorriarán Merlo, explicó en sus Memorias que el objetivo de esa simulación era propiciar una amplia movilización popular contra el supuesto golpe militar, que confluiría masivamente sobre Plaza de Mayo, como había ocurrido en abril de 1987 durante la rebelión de Semana Santa, pero que esta vez le impondría al gobierno de Raúl Alfonsín la adopción de medidas drásticas para la “depuración” de las filas del Ejército. Omitió agregar que el éxito de la operación hubiera significado la desaparición de las posibilidades electorales de Menem.

La credibilidad del copamiento del cuartel por los “carapintadas” y sus conexiones con Menem y otros dirigentes peronistas requirió una previa tarea de acción psicológica. En esa época, Gorriarán era un cuadro destacado del aparato de inteligencia del régimen “sandinista”, que lo condecoró por haber encabezado el comando que en septiembre de 1980 asesinó en su refugio de Asunción al ex dictador Anastasio Somoza, atentado que costó la vida de Hugo Irurzún, quien fue jefe de los efectivos del ERP en las selva tucumana.

La semana anterior al ataque, el abogado Jorge Baños, dirigente del MTP y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presidía Horacio Verbinsky, apareció en Canal 7 y en los demás canales estatales de televisión para denunciar un complot entre Menem, Seineldín y el líder metalúrgico Lorenzo Miguel, que buscaba el reemplazo de Alfonsín por el vicepresidente Víctor Martínez. Baños murió en la tentativa de copamiento.

Esa denuncia de Baños, de una factura similar a la acusación del “pacto sindical-militar” con que Raúl Alfonsín vapuleó al peronismo en la contienda electoral de 1983, fue promocionada por Página 12, un matutino que en aquella época todavía estaba fuertemente influido por Gorriarán, quien en sus Memorias detalló los mecanismos que utilizó para aportar el dinero necesario para su lanzamiento en 1987.

Un mes antes de la denuncia de Baños, el 17 de diciembre, Página 12 ya había publicado una solicitada del MTP, con un llamado a la “resistencia civil”. Dicha convocatoria incluyó la puesta en marcha de la denominada “Iniciativa Democrática para la Resistencia Civil”, con la participación de dirigentes políticos y de organizaciones de derechos humanos, que en su mayoría ignoraban las implicancias de su adhesión.

Ese mismo 17 de diciembre, una nota de Verbinsky sostenía que “la sociedad parece cada día más dispuesta a tomar su destino en sus manos y ejercer la democracia sin aceptar más tutelas, ni de los carapintadas ni del gobierno”. El 31 de diciembre, un nuevo artículo de Verbinsky puntualizaba que “indicios de diversas fuentes señalan que el coronel Mohamed Alí Seineldín está dispuesto a intentar el golpe de estado en enero”.

El 17 de enero, a sólo siete días del operativo, al informar sobre la denuncia de Baños, un artículo titulado “Un secreto a voces”, con la firma de Carlos “Quito” Burgos, miembro de la conducción del MTP, afirmaba que “el Movimiento Todos por la Patria anunció un nuevo intento golpista encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín con el apoyo del candidato justicialista Carlos Saúl Menem y de Lorenzo Mariano Miguel, secretario de las 62 Organizaciones” y consignaba que “se habla nuevamente de una fecha: la del 24 de enero”. Se trató de una precisión premonitoria: el día anunciado, Burgos fue otro de los combatientes abatidos en La Tablada.

En sus Memorias, Gorriarán reveló la decisión de borrar las huellas de esa operación: “ante un eventual fracaso, nos ocupamos de que nada comprometedor para nadie quedara evidenciado. Página 12 tuvo su campaña, pero pudo seguir y ningún otro que tuviera relaciones políticas con nosotros sufrió consecuencias”.

Lo cierto es que el MTP, fundado por Gorriarán en 1986 precisamente desde Nicaragua, con el protagonismo de un grupo de cuadros del ERP, siempre había preconizado, a través de su órgano oficial, la revista Entre Todos, dirigida por Burgos, la organización de la “resistencia civil” contra los recurrentes intentos golpistas de los militares “carapintadas”.

Más aún: Gorriarán había previsto cinco años antes ese desarrollo de los acontecimientos. En un folleto titulado “Democracia y Liberación”, editado en enero de 1984, el ex jefe militar del ERP apreciaba que “por primera vez en la historia los militares no son opción política”, pero advertía que “la derecha busca otra variante, de la que hay muchos indicios”.

Al describir esa nueva variante, Gorriarán expresaba que “la base de este proyecto son una parte importante de la burocracia, otros sectores fascistas del peronismo, organizaciones no peronistas de ideología ultraderechista y un sector grande de la oficialidad de las FFAA, a los que, como tradicionalmente ocurre, se suman el frondizismo, la casi totalidad de la jerarquía eclesiástica, la oligarquía terrateniente y financiera (UIA, Sociedad Rural, ADEBA), etcétera”.

Puntualizaba también que “las dificultades de este proyecto reaccionario serán, en primer lugar, la de encontrar figuras no desacreditadas que puedan ganar prestigio o cierto prestigio al menos (tipo Ubaldini en el terreno sindical), para que encabecen la propuesta”. Advertía, sin embargo, que “logrado este objetivo, la propuesta puede buscar imponerse a través de un golpe cívico- militar, eventualmente de carácter palaciego, a través de elecciones o como sea”.

En enero de 1989, con una visión ideológicamente deformada por su fobia antiperonista, ese oscuro fantasma divisado por Gorriarán en 1984 tenía nombre y apellido: Menem. Para frenar su ascenso, se ejecutó lo que el imaginario colectivo registró como la última acción guerrillera de la historia argentina, que fue más bien una monumental operación de inteligencia, tan sangrienta como inútil.

Por una ironía del destino, fue Menem quien aplastó el último levantamiento de Seineldín, en diciembre de 1990, Gorriarán fue capturado en México en 1995 y ambos, luego de haber sido condenados judicialmente, resultaron liberados conjuntamente en 2003 por un indulto decretado por Eduardo Duhalde, tres días antes de la asunción de Néstor Kirchner.