Por año, en Argentina mueren más de 45 mil personas (de las cuales 5 mil ni siquiera fuman) y se gastan 33 millones de pesos para tratar problemas de salud provocados por el tabaco.

Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, en los últimos años hemos sido testigos de la obtención de grandes logros en la lucha contra el tabaquismo y eso es un importante avance que bien vale la pena celebrar.

En el 2004 un grupo de senadores californianos nos hizo ver que la medida no era imposible de implementar. Pese a haber enfrentado al comienzo una férrea oposición, varias ciudades del mundo mostraban ya por entonces las ventajas de tener ambientes libres de humo de tabaco. ¿Por qué no en la ciudad de Buenos Aires?

Junto al legislador Helio Rebot decidimos encarar el difícil desafío y en septiembre de 2005 la Legislatura porteña sancionó la ley 1799. La nueva norma cristalizó la lucha contra el tabaquismo y fue un motor para el cambio de actitud de la sociedad. Terminó con los ambientes cerrados con humo y pacificó todas esas cuestiones familiares y laborales que siempre había suscitado el hecho de que el fumador no respetara al no fumador.

A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.687 se pudo expandir a otras jurisdicciones.

¿Cuál es el siguiente paso?

Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el Gobierno elevó este año fuertemente la alícuota del impuesto al tabaco. Esta medida provocará una caída del 15 por ciento en el consumo, generando beneficios para el sistema sanitario del Estado y podrá evitar más de 25 mil muertes en 10 años.

¿Estamos conformes? No. Aún hay mucho por hacer y avanzar. La Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco pidió a todos los países que se preparen para el empaquetado neutro. Esto significará que las marcas estén restringidas a una presentación genérica, limitando su atractivo comercial y aumentando la eficacia de las advertencias sanitarias. En este sentido, antes de dejar la Cámara de Diputados, presenté un proyecto en el que pedí la modificación del artículo 13 de la ley 26.687, para que se aplique en Argentina. Actualmente en el mundo solo se realiza en Australia, Irlanda, Gran Bretaña y Francia.

Lo hicimos juntos

Hoy en día pensar en un ambiente libre de humo es algo normal, pero cuando emprendimos este enorme desafío las resistencias eran muchas. Los comerciantes se quejaban en los medios que sus ventas iban a bajar y los fumadores reclamaban indignados lo que consideraban era un atentado contra sus derechos. Los que gritaban eran pocos, pero gritaban fuerte.

En el Día Mundial sin Tabaco celebramos el cambio cultural que hemos decidido hacer los argentinos en los últimos años y felicitamos a los verdaderos protagonistas de esta historia, que son los ciudadanos que vienen ejerciendo el control social sobre la norma.

Recuerdo que la idea surgió en 2004 cuando, siendo legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de senadores californianos me visitó en mi despacho. Ellos relataron detalladamente el éxito de la ley en su Estado, ideada para proteger del humo ambiental del tabaco a los no fumadores.

Fue motivador empezar a analizar el tema y descubrir que Helio Rebot, compañero de bancada, estaba elaborando un proyecto similar.

Cuando emprendimos la tarea, parecía imposible transformar los espacios cerrados en “ambientes sin humo de tabaco” ya que era una imagen habitual ingresar a un bar o restaurante y ver a las personas fumando. Muchos nos desalentaban, diciéndonos que una ciudad como Buenos Aires, donde el cigarrillo acompaña al tango y al café, no estaba preparada para semejante cambio de paradigma.

El trabajo y esfuerzo permitió que en septiembre de 2005 se aprobase la ley, pese a los obstáculos que intentaron interponer la industria tabacalera y unos pocos legisladores, que dudaban de los beneficios de una legislación de estas características. Insólitamente, algunos se amparaban en su propia adicción para proponer reformas sobre el texto original, salido de la Comisión de Salud con la aprobación del 100% de lugares libres de humo.

La Ciudad de Buenos Aires ha dado pasos importantes en la lucha contra la pandemia del tabaquismo, en concordancia a los estándares internacionales establecidos en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Como resultados positivos podemos observar que, en el transcurso de estos diez años, la prevalencia del consumo de tabaco se redujo nueve puntos: se logró proteger a los no fumadores del humo ambiental de tabaco o de segunda mano y se pudo concientizar a la población sobre los efectos nocivos del tabaquismo.

La aprobación e implementación de la ley representó un cambio cultural rotundo en nuestra sociedad e, incluso, sirvió de modelo para que otras jurisdicciones adoptaran medidas similares. No sólo eso: en aquellas donde ya se habían aprobado normas similares, estas salieron a la luz con mayor fuerza.

El gran paso que dio la Ciudad de Buenos Aires una década atrás permitió visibilizar un problema que hasta ese momento era considerado únicamente por especialistas y algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UATA ( Unión AntiTabáquica Argentina), la cual acompañó la redacción de esta ley.

Los logros obtenidos son consecuencia del consenso y apoyo por parte de la sociedad que adhirió rápidamente acompañando en forma activa la iniciativa por ser una propuesta en beneficio de la salud. Existió–y existe- un verdadero y auténtico control social.

Es necesario continuar el camino emprendido en el año 2005 y fortalecer las pautas establecidas por la legislación vigente; celebro cada uno de los proyectos de los legisladores para profundizar la ley 1799 mejorando y difundiendo cada vez esta política pública iniciada una década atrás.

Conviene recapitular brevemente los hechos para que tomemos conciencia de la magnitud de lo que está sucediendo: el empresario Lázaro Báez es denunciado periodística y judicialmente por presuntos actos ilícitos; el fiscal José María Campagnoli comienza a avanzar en la investigación y a obtener pruebas de que las denuncias en perjuicio de Báez son verosímiles; y entonces la procuradora Gils Carbó denuncia a Campagnoli porque la investigación supuestamente no estaba encuadrada dentro de algún parámetro formal. Pero en realidad el propósito encubierto sería el de impedir que la causa sobre Báez llegue hasta sus últimas consecuencias (que, eventualmente, podrían rozar a la Presidenta de la Nación).

Si esto no es el reino del revés que cantaba María Elena Walsh, ¿cómo lo tenemos que llamar? ¿El que investiga al presunto -muy presunto- culpable es juzgado y el acusado sigue tranquilamente haciendo su vida normal?

Es importante destacar un hecho: nadie afirma que Báez sea culpable. Báez, como cualquier otro ciudadano, tiene todo el derecho a contar con las debidas garantías de defensa. Pero el fiscal Campagnoli, en este caso (pero podría haber sido cualquier otro) tiene la obligación de asumir una posición acusatoria y de presentar el caso ante el juez para que éste evalúe tanto las pruebas del fiscal como los descargos del imputado. Quienes lo conocen, rescatan su actitud comprometida a la hora de investigar a fondo para revelar conductas ocultas detrás de las causas resonantes que pasaron por su escritorio.

Sucede que vivimos en un país donde, a lo largo de muchas décadas, el papel de la justicia se ha desnaturalizado y entonces los corruptos se han acostumbrado a la impunidad. De eso se trata el problema, que la justicia está completamente distorsionada en esta sociedad anómica. De pronto, aparece un  perfil como el de Campagnoli queriendo poner las cosas en su lugar y, lógicamente, patea el tablero. “¿Cómo me van a investigar a mí, que soy un ciudadano decente?”, dice el corrupto de turno. Pues, sí señor. Usted será investigado porque hay indicios en su contra y si es inocente no tendrá nada que temer.

El cumplimiento de las normas aparece como una demanda profunda del conjunto de la ciudadanía. Campagnoli es un símbolo de esa aspiración popular. Debería haber diez, cien, mil Campagnoli para que vuelva a tener vigencia el principio básico de la justicia, que consiste en atribuir a cada cual lo que le corresponde.

Entonces, cuando eso suceda, el “reino del revés” volverá a ser la República del Derecho.

Lamentablemente los tiempos legislativos no son sencillos, como tampoco lo son los de la justicia. En estos años muchas madres recorrieron tribunales buscando un magistrado que se disfrazara de héroe ante la falta de una figura legal que castigara a los abusadores de sus hijos, y al mismo tiempo también vieron hundirse todos y cada uno de los proyectos presentados en el Congreso de la Nación por falta de tratamiento.

Esta vez representantes de la Cámara de Diputados decidimos no dejar caer -pese a sus enormes falencias- un proyecto de ley proveniente del Senado y realizamos unas jornadas abiertas interdisciplinarias para realizarle unas necesarias modificaciones. Miembros de asociaciones civiles, familiares de víctimas, fiscales y policías intercambiaron opiniones allí en un debate muy fructífero, y luego de ello diputados de distintos bloques consensuamos -en época de campaña y elecciones- el texto final que posteriormente enviamos nuevamente al Senado.

La alternativa común concretaba aún más el tipo penal, reveía la escala de penas, distinguía según la edad de la víctima y contemplaba que el delito fuera de acción pública pero dependiente de instancia privada al igual que el abuso sexual. Nada de ello ocurrió.

Los cambios propuestos fueron duramente desestimados por el Senado y hoy debemos conformarnos con la sanción de otra ley que no sólo deja de lado la fundamentación, el debate y la deliberación, sino que en esta oportunidad contraría además normas vigentes del Código Penal.

No es la intención ahondar en los términos técnicos de la ley cuyos gruesos errores han sido puestos en evidencia en estas horas por profesionales de distintos ámbitos que expresaron la posibilidad incluso de que la norma sea declarada inconstitucional. Si no más bien aclarar que el proyecto sancionado habla de una acción preparatoria para un abuso físico desestimando la posibilidad de penar al grooming como un delito específico en sí que ocasiona graves consecuencias en los chicos en torno a su integridad sexual.

Lo ocurrido en estos últimos meses es un gran avance para todos los que venimos trabajando en el tema. En este tiempo muchísima gente se ha interiorizado acerca de los riesgos del grooming o ciberhostigamiento y ha aprendido a tomar recaudos para prevenirlo. Lo que verdaderamente lamentamos es haber perdido la oportunidad de contar con una norma robusta, clara y contundente que no dejara lugar para ninguna grieta por donde pudiera ser cuestionada.

Aunque para algunos parezcan palabras lejanas, las cuatro tienen una implicancia directa en las decisiones que afectan al bienestar y el nivel de vida del común de la gente. Es por ello que los reclamos en la ciudad de Mar del Plata al sector público este año tuvieron que ver con poner especial atención a estas consideraciones que son de significativa importancia para el futuro económico del país. No mirar para atrás sino hacia adelante. Parece sencillo pero no todos pueden hacerlo.

La independencia del Poder Judicial, el respeto por la propiedad privada y el cumplimiento de la Constitución Nacional son condiciones indispensables que hacen a la institucionalidad de un país y que no pueden faltar si queremos pensar en la Argentina de cara al futuro. Ese es el marco que el Estado debe dar para que las cosas funcionen. Transparencia, reglas claras, políticas a largo plazo y confianza. Palabras lejanas, en este caso para el Gobierno nacional, que representan sin dudas cuentas pendientes no sólo con el sector privado sino también con gran parte de la sociedad.

Como los parches del cepo y la inflación en relación a la economía, el kirchnerismo tampoco tuvo en estos años una visión sistemática a largo plazo capaz de resolver aspectos centrales como son la salud, la educación y la integración social. El aumento del gasto no se vio reflejado en políticas públicas y hemos perdido una importante oportunidad de integrar al crecimiento a una buena parte de la población.

El problema de la educación es grave. La asignación universal por hijo no tuvo su correspondiente impacto en el ingreso escolar y el aumento del presupuesto destinado a la educación  no se plasmó después en una mejora de la calidad educativa. No hubo una disminución significativa de la deserción escolar y, según cifras que difundieron ayer, los jóvenes en la Argentina de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan son ya más de 900 mil y equivalen a alrededor del 15%. Un capital social preocupante.

Parafraseando a Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social,  nuestra tarea debe ser garantizar que haya peces en la laguna, enseñar a pescar y si es necesario, además, dar pescado.

Hay dos palabras más que también empiezan con la letra “i” y ayer se mencionaron mucho en el Coloquio de IDEA. La primera es la “inflación”, un aspecto sobre el cual el gobierno se debe sincerar de una vez por todas para poderla enfrentar. La última es el “individualismo” y la necesidad de que prevalezcan los objetivos colectivos por sobre los particulares. Un llamado a la reflexión dentro del propio empresariado, cuyos representantes saben que no están en países como Canadá o Australia y tienen también su responsabilidad.

El cigarrillo electrónico surgió en China en 2004. Se trata de un dispositivo de acero inoxidable que funciona a través de una batería y genera vapor, por medio de una cámara que incluye nicotina, emulando el acto de fumar los tradicionales cigarrillos de tabaco.

En un principio este producto se promocionó como una alternativa para dejar de fumar, pero la realidad es que la Organización Mundial de la Salud hasta la fecha no dispone de evidencia científica que demuestre que es seguro y eficaz para abandonar la adicción a la nicotina. El Dr. Ala Alwan, subdirector general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, expresó recientemente en este sentido que el cigarrillo electrónico “no es un tratamiento sustitutivo con nicotina que tenga una eficacia demostrada”.

Por otra parte, entidades como la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos aseguran que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias que producen cáncer y químicos perjudiciales. De manera que estaríamos ante la presencia de un mal que, si bien es menor al generado por el humo del tabaco, no puede ser avalado por una política de salud pública.

En la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la importación, la distribución, la comercialización y la publicidad del cigarrillo electrónico al poco tiempo de que hiciera su aparición en 2009, a través de la resolución número 3226/11. Una medida que condice con todo lo que hemos avanzado en este último tiempo en la lucha contra el tabaquismo. Recientemente se cumplieron ocho años de la sanción de la ley 1799 de la ciudad de Buenos Aires que permitió tener ambientes libres de humo y a partir de la cual logramos extender también al ámbito nacional una ley como la 26.687, que prohibió realizar cualquier tipo de publicidad o promoción de productos elaborados con tabaco a través de los medios de comunicación e incorporó en los paquetes advertencias con imágenes elocuentes de los daños irreversibles en la salud que provoca el tabaco, lo cual contribuyó a seguir aumentando el grado de concientización de la sociedad. Debemos seguir apostando a la prevención y a la generación de nuevas generaciones de jóvenes no fumadores y creemos que esta medida adoptada por el Parlamento Europeo de autorizar la venta libre de cigarrillos electrónicos no es el camino. 

Hasta hace unos años el análisis que se hacía luego de esas gotitas de sangre de los bebés apuntaba únicamente a determinar dos enfermedades: la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. Pero a partir de la ley 1808 que logramos impulsar en la Ciudad de Buenos Aires, y luego de la ley 26.279 que conseguimos sancionar en el plano nacional, pudimos ampliar la búsqueda del estudio a otras siete enfermedades más: la fibrosis quística, la galactosemia, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de biotinidasa, la retinopatía del prematuro, el chagas y la sífilis.

La Ley Nacional de Pesquisa Neonatal -que cumple hoy seis años- hace obligatoria la detección y el tratamiento gratuito de enfermedades no aparentes en los recién nacidos tanto en el ámbito de la salud pública como en el de la privada, e incluye también las nuevas patologías que puedan llegar a aparecer en el futuro. En todos los casos padres y familiares cuentan con todo el respaldo necesario para el tratamiento.

Desde que se promulgó el 4 de septiembre de 2007, la ley tuvo un alto grado de acatamiento en todo el país. En provincias como Chaco, donde la mortalidad infantil genera gran preocupación, la cobertura del programa asciende en la actualidad al 86% de los niños recién nacidos y 81 pacientes diagnosticados oportunamente continúan bajo tratamiento (fuente: Ministerio de Salud del Chaco). Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la extracción llega casi al 100% de los recién nacidos y en los próximos meses se pondrá en funcionamiento una nueva máquina en el Hospital Durand gracias a la cual se van a poder prevenir muchas más enfermedades.

La gotita de sangre que se extrae a los bebés muchas veces pasa inadvertida para los padres, pero realmente es muy importante. Antes de la implementación de esta norma, la retinopatía por ejemplo, era la causa del 80% de la ceguera de los niños y hoy directamente ya no se registra como motivo de ingreso en los centros de ciegos.

La norma promueve el desarrollo de sistemas articulados de salud para la lucha contra las enfermedades mencionadas y estimula un sistema estadístico a nivel nacional y provincial. Contempla actividades de difusión acerca de las características y riesgos de las patologías y propicia el desarrollo de modelos prestacionales integrales de actividades preventivas. Por otra parte, esta detección temprana de enfermedades al momento del nacimiento permite un ahorro de gastos en salud pública, que hace que se pueda utilizar ese dinero para atender otras necesidades de la población.

En materia de salud es muy importante poder anticiparse lo más posible a los síntomas y al crecimiento de las enfermedades, y la pesquisa neonatal es en este sentido sin dudas la principal herramienta de prevención pediátrica. Con su implementación se logra evitar que alrededor de 300 chicos por año padezcan algún tipo de discapacidad e incluso la muerte en la Argentina, y al mismo tiempo también se impide que una gran cantidad de familias sufran problemas psicológicos y sociales que no son susceptibles de valor económico alguno.

Las Fuerzas Armadas, la Iglesia, el campo, los medios de comunicación, la Justicia, la oposición. La situación económica mejoró y con ella se dio la ansiada legitimación en las urnas, pero la época de la confrontación y la búsqueda de concentración de poder nunca terminó para el matrimonio Kirchner.

La Argentina tuvo hasta 2007 un progreso económico sostenido que incluyó una mejora del salario real y la vuelta de las paritarias. Aunque al día de hoy nunca se dejó de gobernar con la aplicación de leyes de emergencia que poco tienen que ver con la realidad del país al momento que fueron sancionadas.

En esta década se produjo la reapertura de los juicios por terrorismo de Estado y se sancionó el decreto Nº 222 con el que se designó a los ministros de la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se incorporaron muchas mujeres a la toma de decisiones y hubo una expansión de derechos como es el logro de la transversalidad del voto en la Ley del Matrimonio Igualitario, y la implementación de un proyecto de origen opositor como es la asignación universal por hijo, que todavía resta que pase por el Congreso.

Pero lo que dominó la escena fue siempre una falta de transparencia y una fuerte corrupción estructural cuya alarmante impunidad se buscó perpetuar con la introducción de la política y el Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. En todo este tiempo se construyó poder en la figura presidencial en desmedro de las instituciones y las capacidades del Estado, y esto se vio reflejado, por ejemplo, en la pérdida de autonomía del Banco Central, la supresión del debate parlamentario, la implosión de los organismos de control y la degradante manipulación de datos del Indec.

Todo ha entrado siempre, desde el primer día, en una dicotomía amigo-enemigo que ha dividido profundamente a la sociedad y ha calado hondo en muchas familias argentinas. Prácticas como la distribución arbitraria de la publicidad oficial y la concentración de medios en manos de gente cercana a la Presidencia de la Nación se han dispuesto a lo largo y a lo ancho de todo el país para acallar las voces de aquellos que no abrazan el modelo.

De la misma manera, ciudadanos pertenecientes a provincias cuyos mandatarios no son afines al gobierno han sido también víctimas del manejo discrecional de fondos y han visto pasar su oportunidad de vivir mejor por la falta de una ley de coparticipación que establezca reglas claras para todos y termine con esta política de unitarismo fiscal que solo se transforma en federalismo al momento de votar.

La falta de planificación e inversión en materia de transporte es también, sin dudas, una de las grandes deudas que deja el kirchnerismo después de estar diez años al frente del gobierno; y lo que es peor las principales víctimas de esta falta de inversión son las clases más vulnerables que el propio gobierno se jacta de defender. Las mismas que día a día sufren en carne propia la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

En sintonía con esto último la gravedad de la no política energética hizo retroceder a la Argentina y es hoy la causa del déficit fiscal por los más de 12.000 millones de dólares que deben utilizarse para importaciones.

Nuestro país necesita políticas de estado a mediano y largo plazo que permitan atraer capitales para invertir y así poder expandir la base productiva para que surjan nuevos puestos de trabajo para los argentinos.

En la década que viene la Argentina debe recuperar sus instituciones dejando de lado prácticas autoritarias y centralistas que dividen a la sociedad, la corrompen y la llevan por el camino equivocado.

Nuevamente se mezclan dos cuestiones que someten la libre valoración de quienes integramos estos cuerpos: por un lado la necesidad de reformas consensuadas que fortalezcan la democracia, y por otro el convencimiento a esta altura de que en lo anunciado subyace un fin distinto.

Creo que esto último motivó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a señalar una advertencia sobre la reforma de la Justicia: “Quédense todos muy tranquilos”, porque el máximo tribunal actuará con “equilibrio, independencia y honestidad”.

Respecto de los proyectos, la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura y del procedimiento de elección de sus miembros es el aspecto que mayores dudas presenta sobre su constitucionalidad. La propuesta del Poder Ejecutivo ata la votación de los consejeros a la elección presidencial que tiene lugar cada cuatro años, y esta es una situación que claramente partidiza el procedimiento. La elección presidencial arrastrará la de los consejeros, que además no contarán con una revisión de medio término como los legisladores.

El otro tema que preocupa seriamente es la inconstitucionalidad de la elección popular que se propone para los abogados y jueces, ya que según el art. 114 de la Constitución Nacional el requisito de éstos no se establece respecto de su condición de elegibilidad, sino en razón del sector al que están llamados a representar.

Se pierde también en esta reforma la oportunidad de modificar aspectos importantes en el proceso de remoción de los jueces, como la reducción del plazo de tres años para abrir dicho procedimiento. En este sentido desde la oposición propusimos, en la reforma del Consejo de la Magistratura del 2010, la disminución de este plazo a un año para evitar que la prolongación en el tiempo de una situación no resuelta se convirtiera luego en un elemento de presión hacia los jueces.

Por otra parte, hay que destacar también que el proyecto del Ejecutivo mantiene la exclusión de la representación de la Corte en el Consejo, hecho que seguimos interpretando como inconstitucional, tal como lo expusimos oportunamente.

En cuanto a las reformas sobre transparencia y publicidad de las declaraciones juradas, nada nuevo implican que no pudiera haberse alcanzado con el efectivo cumplimiento de la Ley de Ética Pública sancionada hace 10 años.

Lo que faltó estos diez años, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo, fue una  reglamentación adecuada que hubiera simplificado las trabas que los distintos órganos de gobierno pusieron a la publicidad de las declaraciones juradas no sólo de los magistrados sino de todos los funcionarios públicos. Además, la integración de la Comisión de Ética, tan reclamada en distintos proyectos, habría facilitado la ejecución y el control de la ley.

Finalmente, pretender agilizar el funcionamiento de la Justicia creando nuevas instancias como las tres Cámaras de Casación que soslayan debates aún pendientes como es el traspaso de la Justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, es, cuanto menos, contradictorio.

El gobierno nacional busca dar un paso más hacia el control del Poder Judicial, y el senador Aníbal Fernández lo deja bien en claro cuando dice que desestima posibles modificaciones en la reforma ya que está “todo discutido y chequeado”.

Desde hace tiempo venimos destacando la necesidad de reformar el Poder Judicial, pero la realidad es que estas reformas amenazan aún más la división de poderes, base fundamental de nuestro sistema republicano y democrático.