Se ha celebrado con cierta euforia, sobre todo desde algunos sectores del gobierno colombiano, y algunos políticos, el haber logrado un acuerdo sobre el segundo punto en la negociación con las FARC (el que habla de la participación en política de este grupo una vez desmovilizado), de los seis que conforman la agenda. Sin embargo, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido un poco más discreto, al recordar, en medio de los discursos que celebran el hecho, que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”.
A pesar de ser consciente del avance maravilloso que sería para Colombia que en lugar de un grupo narcoterrorista haya un partido político, sí son muchas las dudas que me asaltan al leer sobre lo acordado.
La primera duda radica en la confianza que se le pueda tener, una vez desmovilizados, a los miembros de un grupo que lleva demasiados años engañando al país, incluso después de que los hechos los han dejado en evidencia, como en el caso de los diputados del Valle, que ejecutaron a sangre fría, y cuya muerte quisieron atribuir a un ataque del ejército.