La historia de Cuba no es una excepción. En ella hay elementos constantes que conforman su quehacer nacional, a pesar de los nuevos escenarios y actores que se sucedan. Hay situaciones que parece que se reproyectan, como si se contemplara una película reconstruida sobre otro ambiente.

Hay una singularidad en el pueblo cubano de fácil verificación y es la capacidad que posee para involucrar en sus conflictos domésticos a países extranjeros, con independencia de la inclinación intervencionista o mediacionista que puedan tener esos Estados.

Los cubanos han sido hábiles en internacionalizar sus conflictos y el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos lleva a evocar el Tratado de París, pero también la mediación de Sumner Welles en la crisis nacional de 1933.

Durante el Tratado de París, en 1898, el papel de Estados Unidos fue muy importante, como también las omisiones y las participaciones del resto del mundo, particularmente la de los países de América Latina, que por lo regular han optado por ignorar lo que sucede en Cuba bajo la dictadura de los Castro.

En relación con la isla hay agentes históricos muy similares entre la época colonial y el actual régimen, por ejemplo, un régimen autoritario, poderoso, represivo, cimentado en la fuerza y la intolerancia. Un gobierno que, al igual que el colonial, muestra más interés en negociar con poderes extranjeros los conflictos internos de la nación que con los propios nacionales que reclaman respeto a sus derechos.

Paradójicamente, se repite la existencia de un exilio influyente y poderoso que trabaja contra la dictadura, mientras, paralelo a este, hay isleños que, como los viejos autonomistas, prefieren que actores extranjeros decidan sobre su país, antes que sus compatriotas que enfrentan el despotismo.

En 1896, el Gobierno de la República de Cuba en Armas intentó celebrar un Congreso Panamericano que auspiciara el proceso independentista cubano, lo que resultó en un rotundo fracaso, porque faltó el apoyo de las naciones hermanas.

Frente al castrismo, la desidia y la falta de solidaridad latinoamericana también han sido constantes, y donde mejor se ha apreciado esa conducta ha sido en los foros internacionales, en particular en las instancias defensoras de los derechos humanos de Naciones Unidas. Hay que destacar que de América Latina no ha partido una sola iniciativa que promueva el establecimiento de una sociedad democrática en Cuba.

Sin embargo, aunque los países del Viejo Continente no respaldaron a los independistas cubanos en la lucha contra España, en 1996, la Unión Europea instituyó una posición común hacia la dictadura de la isla, ahora en revisión, pero, en términos generales, Europa ha sido más solidaria con la oposición democrática cubana que los países que integran el continente americano.

Por otra parte, la influencia ejercida por Estados Unidos en Cuba durante la colonia, el período independentista, la república y durante el totalitarismo, es un factor que ha marcado de forma indeleble a la nación isleña.

La Resolución Conjunta, en 1898, la referida intervención de Welles ante la dictadura de Gerardo Machado, en 1933, el embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista, en 1958, el diferendo con Washington que se extendió por más de cinco décadas, han sido factores claves en el devenir histórico de la isla. No obstante, toda la relevancia de esos acontecimientos palidece ante las expectativas que generó en la población el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana.

El castrismo intentó sembrar el odio contra Estados Unidos y todo lo que ese país representa, pero el rotundo fracaso del modelo político y social que impusieron en la isla ha sido un factor clave para que muchos isleños hayan dejado atrás la consigna “Cuba sí, yankees no” y miren hacia la nación del norte con una devoción que nunca antes sintieron.

Esta situación se testimonia en el comportamiento lastimoso de un sector de la sociedad cubana después del restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, y la visita del presidente Barack Obama, porque al parecer estiman que los problemas del país se resolverán por la gracia extranjera y no por la voluntad y el esfuerzo de los cubanos.

Thomas Mann

Tolerar y respetar son fundamentales para la convivencia. No es racional aceptar la cohabitación con aquellos que quieren destruir los valores y las costumbres sobre los que se sostiene la sociedad que los acoge. Tal acción sería como abrir la espita del crematorio donde tendrá lugar la incineración de las convicciones de quien por propia voluntad dejó de ser libre y se convirtió en esclavo.

Una norma clave de la coexistencia es aceptar las diferencias que se puedan tener con otras personas, intentar superarlas y encontrar puntos comunes sobre los cuales se sostengan relaciones de mutuos beneficios con el fin de evitar conflictos y crispaciones que conduzcan a situaciones críticas.

Pero si lamentablemente las diferencias superan la voluntad de entendimiento, el primer deber del individuo es defender sus valores y sus costumbres; en caso contrario, parafraseando al prestigioso pensador alemán, la tolerancia conduce al suicidio.

No es intolerante, extremista o intransigente el que protege y defiende sus creencias y sus convicciones ante quienes quieren cambiarlas para imponer las suyas, es una simple acción de defensa propia. Está salvaguardando lo más importante que posee un ser humano: su identidad y sus valores.

La identidad, sea del individuo, la sociedad o la nación en su conjunto, no puede ser negociable. Defenderla es proteger el pasado y garantizar el futuro. La pasividad ante quien la agreda es pura maldad.

En el pasado, la inmensa mayoría de los conflictos internacionales fue causada por ambiciones territoriales. En el presente, sin que ese motivo haya desaparecido, los diferendos están asociados con antagonismos religiosos, ideológicos y con la inseguridad de que un enemigo potencial cuente con la capacidad de destruir a su adversario.

Los pueblos apoyaban a sus gobiernos para proteger zonas del país que posiblemente ignoraban que existían, enviaban a sus hijos a morir en defensa de la tierra patria, sin embargo, en el presente, muchos de los que estarían dispuestos a arriesgar sus vidas para salvaguardar la tierra en que nacieron aceptan apaciblemente el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos que tienen como objetivo final disminuirles sus derechos como ciudadanos.

Con frecuencia los derechos de unos confrontan con los de los otros y no siempre ocurre en temas fundamentales como los dogmas religiosos o los conceptos ideológicos, sucede también en asuntos triviales, a los que en ocasiones se les presta más importancia que a los verdaderamente relevantes.

La defensa de los valores y las creencias no es ser intolerante. El fanático es quien pretende imponer a como dé lugar un culto, una ideología o un tipo de conducta determinada, sin respetar la voluntad de quienes no comparten sus propuestas.

Los padecimientos del individuo en una sociedad cerrada, por el imperio de una ideología o una religión, son harto conocidos. El sujeto no tiene derechos, es víctima de los poderes fácticos y una actuación contraria a las normas imperantes puede serle catastrófica.

Pero en una sociedad abierta, libre, en la que el individuo está asistido por un Estado de derecho, no se justifica callar y permanecer indiferente ante acciones y propuestas que tienen como fin terminar con las prerrogativas ciudadanas.

La tolerancia y la identidad deben marchar juntas. El ciudadano de una sociedad abierta está obligado a tolerar las diferencias, aunque no sean de su agrado, pero ese mismo ciudadano está comprometido a conservar su identidad, a no hacer concesiones en lo que cree.

La democracia es el respeto de las diferencias, una condición que sólo tiene sentido mientras la identidad y las concepciones propias no corran el riesgo de extinguirse por la actuación, incluidas las minorías, de quienes pretenden imponer las suyas. Es una particularidad que todos deben respetar con tal de alcanzar la sobrevivencia mutua asegurada; otra actitud conduciría a la inevitable destrucción de las creencias y las convicciones que hasta ese momento se hayan defendido.

No votar significa dejar que otros decidan sobre nuestras vidas y la de nuestros hijos. Para bien o mal, ninguna persona se debe sustraer del ejercicio de sus derechos, máxime si es para seleccionar a quienes van a representarla en el servicio público.

Si la abstención es funesta para el fortalecimiento de la democracia, no es menos perjudicial que el elector favorezca a un candidato por amiguismo, simpatías, raza, nacionalidad, o por reflejo de lo que hacen y opinan los otros.

Una anomalía que afecta negativamente el desarrollo de una sociedad democrática es la baja participación del electorado en los comicios regionales. La abstención a quien más favorece es al político electo que ha hecho mal su trabajo o al por elegir que ha escogido la cosa pública como vía para su enriquecimiento personal.

Hay ciudadanos que opinan que las elecciones claves son aquellas en las que se selecciona al presidente y a los congresistas, una apreciación válida, pero insuficiente, porque el representante electo que más influirá en los intereses primarios será el concejal, el comisionado o el alcalde de la localidad.

Un candidato electo no es un actor que sólo deja sentimientos de alegría o pesar cuando concluye su gestión. Un aspirante elegido tendrá la potestad de hacer uso de los derechos de sus electores, en consecuencia, si no hace bien el trabajo para el cual fue favorecido, los perjuicios que se deriven de sus acciones pueden ser catastróficos para el individuo y la sociedad.

Ejercitar el voto sin considerar todos los factores es un gesto imprudente que se puede pagar caro y con intereses. Elegir un inepto para un voto público es un grave error, tan a lamentar como haber seleccionado a un depredador para el cuidado de los hijos.

Votar en un marco en el que se presenten diferentes opciones políticas y hasta ideológicas, en secreto, en un ambiente de completa transparencia y libre de coacción es el mejor método para elegir a los gobernantes.

El elector debe prepararse para hacer su elección. Estudiar a los candidatos. Sus compromisos con la comunidad, pero también con los sectores que lo promueven. Un candidato dependiente de intereses que no sean los de su electorado es muy probable que decida en contra de quien lo eligió.

En la democracia representativa existe una especie de contrato en el que el elector selecciona libremente a quien lo va a representar, por lo tanto, la persona que resulte electa debe prepararse para cumplir con su deber, que es el de satisfacer los requerimientos de sus electores.

Cierto es que en la política hay muchas personas incompetentes, corruptas y mal intencionadas, individuos que escogen la gestión pública como una vía para enriquecerse y abusar de los privilegios que le confiere la posición que ocupe, pero cuando eso ocurre en una democracia, es de exclusiva responsabilidad de quienes lo eligieron, porque fue el electorado quien lo llevó al poder.

Los pueblos y los individuos sometidos a regímenes de fuerza no tienen la opción de adoptar a sus líderes, en esos casos no corresponde el refrán: “Cada pueblo tiene el gobierno que merece”. Pero en la democracia, el elector es el responsable de quienes lo gobiernan, por lo tanto, debe prepararse a conciencia para determinar quiénes van a decidir sobre su futuro.

Por otra parte, Konrad Adenauer, quien fuera canciller de la República Federal Alemana, dijo: “La política era demasiado importante para dejársela a los políticos”, así que no queda otra alternativa que participar en la política, haciendo uso de esa guillotina electoral que llaman voto.

Presidente de Cuba, 1909-1913.

La corrupción no será el oficio más viejo del mundo, pero sí es una práctica que se remonta a tiempos inmemoriales, en la que siempre han jugado papeles determinantes el dinero, la política y lo que se deriva de ambas en variables proporciones, el poder.

La realidad es que no existe propuesta política que no haya tenido representantes vinculados con la corrupción en cualquiera de sus expresiones, particularmente la económica y el abuso de poder, otra forma de corrupción, al igual que el tráfico de influencias y el soborno.

La amenaza y la presencia de la corrupción son proporcionales a la respuesta de que es capaz la sociedad y su gobierno para erradicarla.

Por otra parte, la empresa privada tampoco está exenta de ese flagelo. Los gerentes de una corporación o el propietario de una barbería pueden fiscalizar mejor su negocio que un administrador público, sin embargo, el mal manejo de bienes y utilidades en cualquier instancia de una entidad es una posibilidad.

En una sociedad democrática, es más factible controlar el movimiento de bienes e influencias. La transparencia que se supone que impera en las sociedades abiertas es fundamental para combatir el enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad en beneficio de terceros, pero lamentablemente las disposiciones y los controles son violados por quienes consideran las fortunas de los otros, particularmente las del Estado, como un tesoro listo para ser saqueado.

La corrupción es uno de los factores que más negativamente afecta a la sociedad, principalmente cuando se descubre que personalidades públicas relevantes han estado involucradas en actividades ilícitas, que en alguna medida son modelos que muchas personas consideran imitar para lograr éxito en la vida.

Si democracias sólidas, con libertad de prensa y una opinión pública poderosa como la estadounidense, han presentado casos de corrupción —Richard Nixon cuando Watergate, o el lobista Jack Abramoff, por sólo mencionar dos sucesos entre muchos—, es de suponer que en aquellos países en los que no hay transparencia en la gestión pública y privada, tampoco fiscalización, y menos aún jueces independientes, la corrupción esté presente en una magnitud capaz de erosionar todos los componentes de la sociedad.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional refleja que no hay país libre de ese azote; también que la extensión y la profundización de esa lacra son más relevantes en las naciones en las que las libertades y los derechos civiles están amenazados o son conculcados por sus gobiernos, o donde la sanción moral contra los corruptos es prácticamente inexistente por la laxitud de la sociedad ante esos delitos.

En los países regidos por dictaduras o controlados por líderes poderosos, los bienes del Estado, en ocasiones también los privados, son manejados para su provecho por los gobernantes, quienes permiten también el enriquecimiento ilícito de asociados y familiares.

Venezuela asoma como la nación más corrupta del hemisferio, junto a Haití, seguida por Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos modelos de gobierno tienen muchas semejanzas con el de Nicolás Maduro. Pero la corrupción no es potestativa de los déspotas, está Brasil, donde los escándalos del Partido de los Trabajadores han sumido al país en una profunda crisis.

Cuba no aparece en el lugar que realmente le correspondería. La dictadura no permite apreciar el nivel de corrupción. No hay organismos independientes que puedan investigar al respecto y las entidades internacionales no tienen posibilidad de acceder a información suficiente y verificable.

La corrupción es una hidra de más de mil cabezas. Capaz de mutar, confundir y justificar las acciones de quienes entrampa. Es un demiurgo de presencia universal. Se fortalece en regímenes despóticos o dictatoriales, pero también en cualquier tipo de comunidad que niegue la transparencia, evite pesquisas y sanciones que ejemplifiquen con firmeza lo que no se debe hacer.

Por suerte, para beneficio del ciudadano y la comunidad, la mayoría de quienes incursionan en la gestión pública son partidarios del debate de ideas y propuestas. Rechazan cualquier manifestación de violencia, más allá de las pasiones que genera la controversia, y bregan por la conciliación por medio del diálogo y las negociaciones.

Sin embargo, no faltan quienes piensan de forma opuesta al filósofo militar alemán, al considerar que la política es una forma de hacer la guerra, en la que el vencedor tiene la potestad de imponer su voluntad y proceder de acuerdo con su exclusivo beneficio y el de sus partidarios.

En ocasiones, la porfía puede ser muy acre, amarga y punzante. Sin embargo, cuando termina la lid, las partes que participaron en la discusión tienden a buscar puntos de encuentros y conciliación, lo que algunos llaman cultura democrática. No obstante, esa convivencia puede resultar afectada, cuando los candidatos recurren a la violencia verbal, la descalificación y la amenaza a sus rivales.

Ningún país, por sólidas que sean sus instituciones cívicas, está exento de estos individuos que piensan que la gestión pública es un campo de batalla, en la que el uso de cualquier arma está justificado. Para ellos, la violencia es el único medio efectivo para hacer avanzar sus proyectos.

Su vía hacia el gobierno es la confrontación. No consideran otra alternativa, aunque en el país que operen existan oportunidades de influir en la sociedad de forma pacífica y cambiar el gobierno a través del voto.

La actuación de Hugo Chávez en Venezuela testimonia cómo, aun en las sociedades democráticas, surgen caudillos que prefieren imponer su voluntad por la fuerza. Chávez apeló a las elecciones al fracasar el golpe militar que comandó, al igual que Evo Morales en Bolivia, que acudió a la generación del caos social para presentarse como única alternativa de gobernabilidad.

Estos mandatarios, por su práctica, mostraron ser enemigos de las instituciones democráticas, con el agravante de que, cuando tomaron el poder, corrompieron la conciencia del elector con propuestas demagógicas que devastan los progresos cívicos alcanzados.

Se pueden poner otros ejemplos de individuos que entienden la violencia como medio y fin, pero hay que reconocer que actuaron en escenarios diferentes. Daniel Ortega y Fidel Castro enfrentaron gobiernos de factos en sus respectivos países. Consideraron que no había otra alternativa para lograr cambios de gobierno, lo que sucede es que, cuando arribaron al poder, se sentaron sobre las bayonetas para mantener e incrementar sus privilegios.

Pero sin dudas la más acabada interpretación de que la confrontación bélica es el contenido y el discurso y la gestión política, un recurso de la guerra donde mejor se ha manifestado en el continente es en Colombia. Allí han operado por décadas grupos irregulares que han recurrido a la lucha armada como instrumento principal para concretar sus intenciones, sin reparos en usar el terrorismo y el narcotráfico con ese objetivo.

Estas facciones no han tenido en cuenta que Colombia no está controlada por una dictadura que oprime y conculca los derechos individuales y sociales. Deciden ignorar que en el país cohabitan distintas expresiones ideológicas y políticas, que la variabilidad democrática es una realidad y, en consecuencia, el ciudadano tiene la capacidad de elegir a sus gobernantes, una condición que invalida moralmente el uso de la fuerza para cambiar o alterar los instrumentos del poder.

Sin embargo, en nombre de la paz y la reconciliación, el Gobierno de Colombia decide actuar políticamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facciones que piensan la guerra como única alternativa para la toma del poder, legitimando a grupos que escogieron la extorsión, el secuestro y el asesinato, porque desprecian a un electorado con derechos.

Esta realidad convierte al ELN y a las FARC en paradigmas a imitar por aquellos que consideran que la guerra es la esencia de la política, que los países deben ser gobernados como cuarteles y los ciudadanos, tratados como legionarios, condición que se acentúa cuando las autoridades otorgan a quienes no tienen posibilidades de alcanzar el poder por medio del voto, tampoco lo consiguieron con las armas, los laureles de la victoria.

Hay situaciones particularmente complejas para ser analizadas, máxime cuando están involucrados numerosos factores, intereses contrapuestos y valoraciones personales que pueden estar influenciados por la subjetividad.

No obstante, hay que soltar el demonio que acosa e inquieta, porque el primer deber de un observador es decir lo que cree, más allá de lo bueno, malo o feo que pueda resultar.

Antes que todo, es justo aseverar una y mil veces que la raíz de todos los problemas de Cuba y los cubanos son consecuencias de la dictadura que rige el país. La falta de derechos, las penurias económicas y la discriminación, así como el exilio y la emigración, son productos del sistema.

La otra realidad, dura y cruda, es que el régimen ha sobrevivido 57 años por su capacidad represiva, por su habilidad para dispensar garrote y zanahoria, más lo primero que lo último, pero también porque un sector del pueblo, a pesar de los esfuerzos y el sacrificio de otra parte de los nacidos en la isla, optó por la complicidad o la simulación, que, a fin de cuentas, como expresó José Martí: “El que vive de la infamia, o la codea en paz, es un infame. Abstenerse de ella no basta: se ha de pelear contra ella. Ver en calma un crimen es cometerlo”.

La nación cubana lleva décadas en franco deterioro. Sus hijos son los que deben restaurarla. Esforzarse. Trabajar. Correr los riesgos que demanden las circunstancias para tener una vida libre, con la calidad a la que cada quien tiene derecho, sólo corresponde a los que nacieron en ella. En la isla no han faltado ejemplos. Ha habido derroche de valor y sacrificios, aunque también han sobrado cómplices y pusilánimes.

Como secuela, si algunos de sus vástagos no quieren o temen correr los riesgos que implica reparar la casa de todos, eso no les confiere el derecho a despojar la tranquilidad a sus vecinos. Ningún pueblo está obligado a disponer de sus bienes o hacer dejación de sus prerrogativas en beneficio de quienes no han sido capaces de conservar los propios.

No se trata de promover la insolidaridad. Simplemente, los que necesitan ayuda deben demostrar un genuino interés en resolver el problema que los agobia.

Emigrar es un derecho, pero es necesario contar con el beneplácito de quien acoge. Hay que respetar las reglas de quien hospeda y nunca exigir en la casa ajena lo que no se fue capaz de demandar en la propia.

La afirmación del periodista Rolando Cartaya: “El maleconazo debe ser en La Habana”, es válida para quienes sumisamente acataron en la isla las normas de la dictadura y en país extraño, cuando no satisfacen sus reclamos, exigen, protestan y vandalizan, actos que no se justifican, aunque es probable que hayan sido instigados por provocadores del castrismo.

Los derechos hay que reclamarlos en la tierra natal, no en el que acoge sin haber sido convidado. Es al castrismo a quien hay que exigir, es en Cuba donde hay que gritar “Hasta las últimas consecuencias”, es junto a las Damas de Blanco donde se debe marchar y hacer sentadas, hasta lograr que la dictadura cese.

Por otra parte, hay que partir de la premisa de que exiliado y emigrantes son condiciones diferentes, que, aunque la política juegue un rol en la decisión de abandonar el país de origen, la categoría la imponen los antecedentes de cada quien y la conducta que se asume en el exterior.

Exiliado es quien dejó su país por enfrentar el Gobierno, el que no regresa a su tierra natal, tanto en cuanto las condiciones que determinaron su destierro no hayan cambiado. Es el que lucha en el exterior, después de haberlo hecho en su país, por derrocar el régimen.

Emigrante es quien, haciendo uso del derecho inalienable a una vida mejor, busca otras tierras donde espera disfrutar de más oportunidades y seguridad. Trabaja para su beneficio y el de su familia, sin reparar en la opresión y los abusos de que son sujetos sus compatriotas.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, hay un denominador común, y es que ambos están viviendo en casa ajena, las reglas las pone el dueño de la tierra. En consecuencia, salvo que se asuma la nacionalidad del país que aloja, se sigue siendo, en el mejor de los casos, un convidado.

En este aniversario número 55, más que la conmemoración de una acción militar contra una dictadura, se evoca la concreción de un compromiso de cientos de cubanos que abandonaron su país para enrolarse en una misión en la que arriesgaban la vida, con la sola ambición de derrocar un régimen contrario a las convicciones democráticas que los alentaban.

No buscaban una vida mejor, no ambicionaban mejoras económicas o el disfrute de libertades perdidas en suelo extranjero. Viajaron para prepararse militarmente, al igual que hicieron otros antes y después, que sólo abandonaron las costas cubanas para regresar a ellas combatiendo la dictadura.

De la Brigada se ha escrito mucho, se han hecho documentales y sesudos analistas de diferentes nacionalidades e ideas políticas han sacado sus conclusiones, pero esta nota sólo tiene un objetivo: destacar la valentía y el sentido del deber de los hombres que dejaron estudios, familia y trabajo para cumplir con sus obligaciones.

Arribaron a Estados Unidos por diferentes vías y momentos. Estaban dispuestos a cumplir la asignación que fuera más útil para la causa que enarbolaban y todos, más allá de antiguas militancias políticas, aceptaron el reto de unirse en la acción para ser más efectivos en el combate.

La vanguardia partió de Miami para la isla de Useppa. Fue entrenada en diferentes disciplinas, entre ellos estaba Carlos Rodríguez Santana, “Carlay”, que después de luchar fieramente en la clandestinidad contra la dictadura, dejó Cuba para incorporarse a la expedición y combatir en la isla, sueño truncado por su temprana muerte, durante los entrenamientos en las montañas de Guatemala, lo que motivó a la Brigada a adoptar su número de serie como identificación.

Se prepararon en diferentes países y también en Estados Unidos. Civiles, en su mayoría, aceptaron la vida militar. Vivieron el nuevo ordenamiento en los campamentos. Se hicieron paracaidistas, hombres ranas, tanquistas, infantes de Marina; se especializaron en acciones comandos que precedieron la expedición e ingresaron a su país clandestinamente.

Varios fueron fusilados, entre ellos Manuel Blanco Navarro, y otros cumplieron largos años de prisión, como Emilio Martínez Venegas y Jorge Gutiérrez Izaguirre.

Tripularon aviones para combatir en el cielo cubano. Derribados sobre el mar, como los pilotos José Crespo y Lorenzo Pérez Lorenzo, o abatidos por fuego enemigo, como el estadounidense Thomas W. Ray o el cubano Osvaldo Piedra.

Sin los recursos para hacer la guerra fueron apresados. Algunos cayeron ante el paredón de fusilamiento. Otros fallecieron en el golfo. Nueve murieron por asfixia en una rastra que Osmany Cienfuegos ordenó atestar con los detenidos.

Vivida la dura experiencia, el compromiso de seguir luchando se ratificó y se extendió a combatir el Castro-comunismo en cualquier lugar del mundo.

Idea que ha nutrido a muchos de ellos por años. Colaborar o trabajar con dependencias gubernamentales estadounidenses no los convirtió en servidores. Lo que hicieron fue consecuencia de una toma de conciencia de que los intereses del castrismo deben ser enfrentados donde lo determinen las circunstancias, y en la confianza de que la colaboración prestada fuera recíproca en Washington, al facilitarles condiciones y recursos para enfrentar el totalitarismo en su patria.

Su asociación con Estados Unidos, país que los armó, entrenó y facilitó recursos para el combate, fue una alianza de mutua conveniencia que nunca afectó su cubanía, tan cierta como la de las palmas, muy al contrario de lo que hicieron Fidel y Raúl Castro, que convirtieron a Cuba en el portaviones de la Unión Soviética en el hemisferio.

Roberto Pichardo, Juan Tamayo y Juan Carlos Perón fueron algunos de los muchos brigadistas que integraron las unidades de la Marina, la Infantería y la Fuerza Aérea que lucharon en el Congo contra la cuadrilla castrista que dirigía Ernesto Guevara. En el país africano murió el piloto Fausto Gómez.

Efectivos de la Brigada también se sumaron a la lucha contra los mercenarios que el castrismo envió a Angola. Pilotos y veteranos de Infantería entrenaron efectivos de unidades del Frente de Liberación Nacional de Angola, gesta descrita en el libro Cubanos combatiendo el comunismo en África.

En Vietnam, en la lucha contra el comunismo, también participaron brigadistas; algunos perdieron la vida, entre ellos Irenaldo Padrón y Félix Sosa Camejo. América Latina fue otro escenario en el que demócratas cubanos enfrentaron la subversión castrista. Allí estuvieron, entre otros, Félix Rodríguez y el capitán Eduardo Barea.

Aquellos hombres se hicieron de un aliado, no un amo, y aunque los laureles no cubrieron sus frentes, cumplieron con el deber, porque siempre tuvieron conciencia de que si importante es la victoria, es mucho más trascendente honrar los compromisos.

La fecha está repleta de simbolismo. El 16 de abril de 1961, aniversario número cincuenta y cinco de la proclamación del socialismo en la isla y víspera del desembarco de los expedicionarios de la Brigada 2506, operación que financió el Gobierno de Estados Unidos.

El evento se efectúa en un contexto sin precedentes. Restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y la reciente visita de Barack Obama, un panorama en el que la nomenclatura se congregará para interpretar la voluntad de los jerarcas de la dictadura más longeva del continente.

Las condiciones del país se mantienen inalterables. Los ciudadanos continúan sin disfrutar de sus derechos y las alternativas ideológicas y políticas al oficialismo siguen penadas por la ley, lo que debe inspirar a los más optimistas a releer el capítulo V de la Constitución que Fidel y Raúl Castro hicieron a su medida.

El capítulo de marras establece: “El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”. Con centellas como está no es de esperar que la tribu del Granma, sus descendientes y sus asociados, confeccionen su propia acta de defunción.

El apartado constitucional antes referido confiere a los líderes del Partido el máximo poder, condición que determina que los burócratas del Gobierno, por elevada que sea su posición, están sujetos a las decisiones de los principales dirigentes de la agrupación, en particular a las del secretario general, y que conste que el Partido Comunista de Cuba (PCC) no desarrolla sus actividades con base en la ideología que supuestamente la inspira, sino en virtud a los intereses de la clase gobernante, en particular la de los hermanos Castro, dos militares disfrazados de políticos.

Históricamente, el secretario general del Partido ocupa la Jefatura del Estado y el Gobierno; la única vez que esas funciones estuvieron compartidas fue cuando Fidel Castro renunció a sus posiciones en el Gobierno, 2008, sin dejar la Jefatura General de la agrupación partidaria hasta tres años después.

A partir del 2011, el poder se centralizó en Raúl Castro. En consecuencia, la interrogante del periodista Amado Gil en relación con la avisada renuncia de Raúl en el 2018 es muy válida, ya que su abdicación, recordemos que el país está regido por una dinastía, se produciría dos años después de la designación del secretario general y de las otras autoridades de la organización.

Los resultados del Congreso del Partido pueden ayudar a interpretar mejor lo que prepara el régimen para el futuro inmediato. Si Raúl Castro sigue al timón de la organización, después de este Congreso continuaría controlando el país, aunque sería la primera vez en casi seis décadas que uno de los dos principales cofrades de la mafia del Granma no funge como jefe de Estado.

En caso de que deje el Partido cuando abandone el Gobierno, sería una situación novedosa, pero si el nuevo secretario general es a la vez jefe de Estado y Gobierno, se mantendría vigente la actual forma de gobierno, aunque con un nuevo mayoral.

La otra alternativa, si se concreta la anunciada renuncia, sería que las tres posiciones oficiales más importantes fueran ocupadas por personas diferentes, lo que repetiría fielmente el modelo que regía en la extinta Unión Soviética, donde un sujeto controlaba uno de los tres poderes del Estado, a la vez que regía el Partido, entidad en la que radicaba el verdadero poder. El artículo V de la Constitución cubana es copia del VI de la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

De concretarse la renuncia del dictador designado, los que ocupen la dirección del resto de los poderes públicos pasarían a disfrutar de una mayor relevancia en la sociedad insular. El Tribunal Supremo y la Asamblea del Poder Popular, entre otros.

El Partido Comunista ha sido la careta de la dictadura militar que rige el país desde 1959. El disfraz perfecto. El Partido y la ideología han sido instrumentos del castrismo, que ha demostrado ser un método eficiente para tomar el Gobierno y conservar el mando, en consecuencia, la suspensión o no de la nueva farsa partidaria no será determinante para el futuro del país.

A fin de cuantas, los verdaderos árbitros y dueño del poder son las Fuerzas Armadas. Sus comandantes, por el momento, son quienes están en capacidad de definir el futuro.

Esto demuestra que la ambición de poder y de procurar por todos los medios perpetuarse en él no es potestativo de los caudillos latinoamericanos, aunque contamos en este hemisferio con el dictador que por más años ha gobernado en todo el orbe en los tiempos modernos, Fidel Castro. Pero ni Castro ni Augusto Pinochet ni Rafael Leónidas Trujillo, algunos de sus émulos más notorios, son objetos de esta columna.

El propósito es presentar a los líderes políticos que utilizan los mecanismos democráticos para acceder al gobierno y, cuando lo asumen, procuran legitimar la extensión de sus mandatos cambiando y reformando, según el caso, las cartas magnas de sus respectivos países.

El ejemplo más próximo en el tiempo es la intentona frustrada de Evo Morales de eternizarse en la Presidencia de Bolivia. Electo en el 2005, volvió a postularse en el 2009 en el marco del concepto de refundación nacional. En el 2015 repitió y ganó, pero, no satisfecha su ambición continuista, intentó este año una reforma constitucional con vistas a un cuarto mandato, en el que cosechó un rotundo fracaso.

El más connotado de estos caudillos de urnas fue Hugo Chávez Fría. Su primera elección fue en 1998; la Constitución que promovió, confeccionada a su medida, le permitió postularse en el 2000, 2006 y 2012. Este último mandato fue interrumpido por su muerte, pero se puede afirmar que, de estar vivo, estaría preparando una nueva candidatura a la Presidencia, porque su afición al poder era tan enfermiza como la de los Castro.

Otro embaucador de oficio es Daniel Ortega, el gobernante que más autoridad ha acumulado en la historia de Nicaragua, por encima de la familia Somoza. Lideró un gobierno de facto por seis años, posteriormente fue electo presidente en 1985, perdió las elecciones de 1990, pero, como no estaba saciado, se postuló en 1996 y 2001, hasta ganar en 2006 y 2011. Ortega reformó la Constitución en el 2014, para establecer la reelección presidencial indefinida, lo que lo convierte en el candidato ideal en los comicios de este año.

Rafael Correa es otro autócrata que gusta del juego de refundar naciones. El ecuatoriano fue electo por primera vez en el 2006, pero, siguiendo el patrón de sus pares del despotismo electoral, promovió una nueva Constitución que le permitió una segunda elección que extendiera su mandato, 2009, para volver a aspirar en el 2013, al gestar otra reforma constitucional que le aprueba la reelección indefinida, 2015, aunque el mandatario afirma que no se presentará en los sufragios del próximo año.

Por supuesto que los caudillos del socialismo del siglo XXI no son los únicos que gustan de la autoridad hasta el hastió. Hay líderes democráticos que también gozan en extremo de los placeres del poder y quisieran eternizarse, pero se ajustan a la leyes y esperan el tiempo que marcan las Constituciones de sus países para buscar la reelección.

Entre los que amenazan con regresar se destaca Luiz Inácio Lula da Silva, el caudillo del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó a Brasil por dos períodos y apoyó a su sustituta, Dilma Rousseff, con el fin de que la mandataria lo respaldara en un eventual retorno.

Sin embargo, las posibilidades de retorno de Lula se aprecian muy difíciles si se consideran los escándalos por corrupción en los que se encuentra envuelto su partido y que la propia mandataria haya declarado que Lula da Silva es “objeto de una gran injusticia”, consecuencia de las denuncias en su contra por supuesto blanqueo de dinero y ocultación de patrimonio.

Hay quienes afirman que algunos políticos son adictos al poder y dependen tanto de su ejercicio que no usufructuarlo les produce grandes trastornos emocionales y de salud, condición que los motiva a retenerlo o reconquistarlo cuando lo pierden.

A fin de cuentas, como diría uno de los muchos abogados de los demonios que están dentro de todos, hay que aceptar que ellos tienen responsabilidad, porque sus ambiciones ilimitadas tienden a generar ingobernabilidad y caos, pero los verdaderos culpables son sus electores, quienes, haciendo uso del privilegio ciudadano, empiedran las avenidas por la que los autócratas con respaldo popular sepultan el Estado de derecho.

Una apretada síntesis de las disposiciones del Gobierno de Estados Unidos que benefician a la dictadura va desde la excarcelación de tres espías convictos, uno de ellos por conspiración de asesinato, la eliminación de Cuba de la lista de países terroristas, la supresión de medidas que restringían el comercio y la ampliación de las relaciones económicas, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y un viaje presidencial que el Gobierno interpreta, así lo informó el diario Granma, como una victoria de la “revolución en el poder, encabezada por su liderazgo histórico”.

La dictadura pretende que Estados Unidos resuelva los graves problemas económicos que enfrenta sin reformas estructurales que pongan en peligro el poder que detenta y menos aún aperturas políticas que quebrarían un régimen agotado, que sólo sobrevive por la represión y la desesperanza de la población.

La prioridad de la clase dirigente cubana es conservar el poder, que el proceso de sucesión iniciado en el 2006 culmine con una transición en la que los barones de la revolución y sus descendientes no enfrenten problemas legales y puedan continuar disfrutando a perpetuidad de las riquezas expoliada por décadas al pueblo, un proyecto contrario a los valores y los principios sobre los cuales se ha construido Estados Unidos.

El cambio de política de Washington hacia Cuba ha sido un factor determinante para que altos funcionarios europeos y de otros continentes, incluidos jefes de Estado, hayan visitado la isla y firmado convenios de ayuda, en particular, el acuerdo suscrito en La Habana con la Unión Europea, que en la práctica pone punto final a la posición común hacia Cuba, una política que exigía al Gobierno de los Castro respeto a los derechos de los cubanos.

Este acuerdo redunda directamente en beneficio del régimen, al generar posibilidades de inversión a las que, por la estructura jurídica de la isla, sólo tienen acceso la clase dirigente y los sectores privilegiados allegados a esta y no la población en general, por lo que se aprecia que las gestiones de muchos de los Gobiernos más democráticos del mundo benefician exclusivamente la dictadura.

Por décadas, independiente al embargo y la ayuda que la Casa Blanca prestó a la oposición cubana, Estados Unidos abanderó en las instancias internacionales la defensa de los derechos humanos y propició con denuncias, críticas y medidas coercitivas que los crímenes del castrismo no disfrutaran de absoluta impunidad.

Washington ha sido solidario con los cubanos en aspectos sociales, incluido el migratorio. La mayoría de las veces apoyó a la oposición al castrismo, aunque en numerosas ocasiones, es razonable, sus intereses primaron sobre los de sus aliados, si bien muchos de ellos perdieron la vida o la arriesgaron peleando en sus guerras como si fueran propias.

A fin de cuentas siempre habrá personas que, más allá de intereses y conveniencias, actuarán inspirando en sus convicciones y otros que, motivados por consideraciones opuestas, asumirán diferentes conductas.

Un ejemplo al respecto lo puso el editor Ángel de Fana, al apuntar que Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio del ex presidente George W. Bush y quien apoyó concienzudamente las políticas restrictivas del presidente número 43 a la dictadura cubana, en el presente aprueba y promueve las decisiones del mandatario número 44, Barack Obama, totalmente opuestas a las de su predecesor y a las ideas que Gutiérrez defendió en el pasado.

El antiguo alto funcionario recientemente destacó la importancia de los derechos económicos para los residentes de la isla y dijo que en Cuba se habían producido cambios al respecto, como si la dictadura permitiera a sus siervos acceder a una economía libre e independiente, y como si los cubanos no estuvieran en capacidad de disfrutar los derechos políticos vigentes en una sociedad democrática.

El debate seguirá siendo intenso, los valores que cada quien defienda siempre serán trascendentes, pero independiente de las intenciones, habrá que ver si las decisiones del presidente Obama influyen para que en Cuba se establezca un Estado de derecho, una sociedad plural y tolerante, o si simplemente un escriba del futuro, parafraseando a Erich Maria Remarque, reseñará: “Años después de las concesiones y la visita, siguen los arrestos y las golpizas, los derechos humanos continúan conculcados, la economía controlada por el Estado, la miseria se ha incrementado, fue un día tranquilo y calmado, el cuartico está igualito, sin novedad en el frente”.