Por suerte, para beneficio del ciudadano y la comunidad, la mayoría de quienes incursionan en la gestión pública son partidarios del debate de ideas y propuestas. Rechazan cualquier manifestación de violencia, más allá de las pasiones que genera la controversia, y bregan por la conciliación por medio del diálogo y las negociaciones.

Sin embargo, no faltan quienes piensan de forma opuesta al filósofo militar alemán, al considerar que la política es una forma de hacer la guerra, en la que el vencedor tiene la potestad de imponer su voluntad y proceder de acuerdo con su exclusivo beneficio y el de sus partidarios.

En ocasiones, la porfía puede ser muy acre, amarga y punzante. Sin embargo, cuando termina la lid, las partes que participaron en la discusión tienden a buscar puntos de encuentros y conciliación, lo que algunos llaman cultura democrática. No obstante, esa convivencia puede resultar afectada, cuando los candidatos recurren a la violencia verbal, la descalificación y la amenaza a sus rivales.

Ningún país, por sólidas que sean sus instituciones cívicas, está exento de estos individuos que piensan que la gestión pública es un campo de batalla, en la que el uso de cualquier arma está justificado. Para ellos, la violencia es el único medio efectivo para hacer avanzar sus proyectos.

Su vía hacia el gobierno es la confrontación. No consideran otra alternativa, aunque en el país que operen existan oportunidades de influir en la sociedad de forma pacífica y cambiar el gobierno a través del voto.

La actuación de Hugo Chávez en Venezuela testimonia cómo, aun en las sociedades democráticas, surgen caudillos que prefieren imponer su voluntad por la fuerza. Chávez apeló a las elecciones al fracasar el golpe militar que comandó, al igual que Evo Morales en Bolivia, que acudió a la generación del caos social para presentarse como única alternativa de gobernabilidad.

Estos mandatarios, por su práctica, mostraron ser enemigos de las instituciones democráticas, con el agravante de que, cuando tomaron el poder, corrompieron la conciencia del elector con propuestas demagógicas que devastan los progresos cívicos alcanzados.

Se pueden poner otros ejemplos de individuos que entienden la violencia como medio y fin, pero hay que reconocer que actuaron en escenarios diferentes. Daniel Ortega y Fidel Castro enfrentaron gobiernos de factos en sus respectivos países. Consideraron que no había otra alternativa para lograr cambios de gobierno, lo que sucede es que, cuando arribaron al poder, se sentaron sobre las bayonetas para mantener e incrementar sus privilegios.

Pero sin dudas la más acabada interpretación de que la confrontación bélica es el contenido y el discurso y la gestión política, un recurso de la guerra donde mejor se ha manifestado en el continente es en Colombia. Allí han operado por décadas grupos irregulares que han recurrido a la lucha armada como instrumento principal para concretar sus intenciones, sin reparos en usar el terrorismo y el narcotráfico con ese objetivo.

Estas facciones no han tenido en cuenta que Colombia no está controlada por una dictadura que oprime y conculca los derechos individuales y sociales. Deciden ignorar que en el país cohabitan distintas expresiones ideológicas y políticas, que la variabilidad democrática es una realidad y, en consecuencia, el ciudadano tiene la capacidad de elegir a sus gobernantes, una condición que invalida moralmente el uso de la fuerza para cambiar o alterar los instrumentos del poder.

Sin embargo, en nombre de la paz y la reconciliación, el Gobierno de Colombia decide actuar políticamente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facciones que piensan la guerra como única alternativa para la toma del poder, legitimando a grupos que escogieron la extorsión, el secuestro y el asesinato, porque desprecian a un electorado con derechos.

Esta realidad convierte al ELN y a las FARC en paradigmas a imitar por aquellos que consideran que la guerra es la esencia de la política, que los países deben ser gobernados como cuarteles y los ciudadanos, tratados como legionarios, condición que se acentúa cuando las autoridades otorgan a quienes no tienen posibilidades de alcanzar el poder por medio del voto, tampoco lo consiguieron con las armas, los laureles de la victoria.

Este planteamiento del comandante Pastor Alape demuestra que el grupo guerrillero que en el pasado encarnó una propuesta política antidemocrática —pero fundamentada en una ideología—, aparte de mutar a fuerza terrorista enraizada en el narcotráfico, está dispuesto a convivir con su enemigo más acérrimo si esa cohabitación está respaldada por grandes cantidades de dinero.

Durante décadas, las FARC proclamaron orgullosa y estentóreamente su hostilidad hacia Estados Unidos y los valores que esa nación representa. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que las diferencias podían ser superadas si Washington paga la consolidación del proceso de paz, financiamiento que repercutiría favorablemente en los bolsillos de los comandantes.

Para los jerarcas de la narcoguerrilla, lo importante es el cash. Los que cayeron defendiendo los postulados que las FARC enarbolaron en el pasado no cuentan, porque las propuestas ideológicas, a pesar de estar sostenidas en los fusiles, nunca lograron arraigar en el pueblo colombiano.

No les resultó reclutar niños a la fuerza, colocar minas antipersonales en zonas transitadas por campesinos y sus hijos, abusar de la población en todas las formas imaginables y expropiar bienes con el pretexto de que eran necesarios para la sacrosanta revolución. Los insurgentes nunca contaron con el suficiente respaldo popular que les permitiera proyectarse como una alternativa viable de acceder al Gobierno.

Las FARC decidieron participar con relativa seriedad en los diálogos de paz en La Habana, porque arribaron al convencimiento de que las fuertes bajas que les infligió el Gobierno de Álvaro Uribe hacían imposible una victoria militar. En consecuencia, optaron por negociar políticamente con el presidente Juan Manuel Santos lo que les era imposible obtener militarmente.

La acumulación de fracasos y el inexorable paso del tiempo transformaron a los comandantes y sus subalternos directos en caciques con disposición y capacidad de imponer en las regiones que operan su voluntad por medio de la fuerza.

La avaricia devoró los ideales, pero siguieron arropando sus actividades ilegales con la bandera de la insurgencia. El liderazgo de las FARC desde hace muchos años disfruta de riquezas que nunca produjeron. Los mandos superiores y medios se han dedicado a amasar una fortuna personal y familiar, producto de la extorsión, el secuestro y muy particularmente del narcotráfico.

En la actualidad, los jefes de las FARC cuentan con jugosas cuentas bancarias y poseen bienes inmuebles en Colombia y en el extranjero. Los compran directamente o a través de testaferros. Uno de los últimos escándalos que está siendo investigado por la fiscalía colombiana está relacionado con propiedades valuadas en 30 millones de dólares en Costa Rica, que supuestamente pertenecen al comandante Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo.

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, coincidió con la revista Forbes Israel cuando, en un informe, la publicación reseñó que las FARC eran multimillonarias. Agregó que ese grupo terrorista tenía miles de millones de euros y dólares, lo que daba lugar a una operación de lavado de activos sin precedentes en la historia.

El periodista Ricardo Puentes Melo indicó que uno de los planes de las FARC es invertir parte de sus riquezas en Cuba, aproximadamente novecientos millones de dólares en el sector del turismo. Según el director de Periodismo sin Fronteras, los ingresos de la narcoguerrilla superan los ochocientos millones de dólares al año, y su fortuna llega a más de veinte mil millones.

La mayor parte de esta fortuna es producto de la droga que durante años introdujeron en Estados Unidos, país que quieren que siga pagando las cuentas de sus gastos. A pesar de que, como dice la congresista Ileana Ros-Lehtinen: “Los miembros de las FARC tienen sangre de ciudadanos de Estados Unidos en sus manos y deben ser enjuiciados por lo que han cometido”, que termina demandando: “Los Estados Unidos deben mantener a las FARC en la lista de organizaciones terroristas”.

Todo parece indicar que las FARC gozarán de una gran impunidad, no sólo en lo que concierne a sus innumerables crímenes contra el pueblo colombiano, sino que también podrán conservar los cuantiosos bienes que han acumulado de forma ilícita. Al parecer, no pagarán con cárcel sus crímenes, tampoco compensarán económicamente a sus miles de víctimas, porque han dicho públicamente que no cuentan con recursos para hacerlo.