Thomas Mann

Tolerar y respetar son fundamentales para la convivencia. No es racional aceptar la cohabitación con aquellos que quieren destruir los valores y las costumbres sobre los que se sostiene la sociedad que los acoge. Tal acción sería como abrir la espita del crematorio donde tendrá lugar la incineración de las convicciones de quien por propia voluntad dejó de ser libre y se convirtió en esclavo.

Una norma clave de la coexistencia es aceptar las diferencias que se puedan tener con otras personas, intentar superarlas y encontrar puntos comunes sobre los cuales se sostengan relaciones de mutuos beneficios con el fin de evitar conflictos y crispaciones que conduzcan a situaciones críticas.

Pero si lamentablemente las diferencias superan la voluntad de entendimiento, el primer deber del individuo es defender sus valores y sus costumbres; en caso contrario, parafraseando al prestigioso pensador alemán, la tolerancia conduce al suicidio.

No es intolerante, extremista o intransigente el que protege y defiende sus creencias y sus convicciones ante quienes quieren cambiarlas para imponer las suyas, es una simple acción de defensa propia. Está salvaguardando lo más importante que posee un ser humano: su identidad y sus valores.

La identidad, sea del individuo, la sociedad o la nación en su conjunto, no puede ser negociable. Defenderla es proteger el pasado y garantizar el futuro. La pasividad ante quien la agreda es pura maldad.

En el pasado, la inmensa mayoría de los conflictos internacionales fue causada por ambiciones territoriales. En el presente, sin que ese motivo haya desaparecido, los diferendos están asociados con antagonismos religiosos, ideológicos y con la inseguridad de que un enemigo potencial cuente con la capacidad de destruir a su adversario.

Los pueblos apoyaban a sus gobiernos para proteger zonas del país que posiblemente ignoraban que existían, enviaban a sus hijos a morir en defensa de la tierra patria, sin embargo, en el presente, muchos de los que estarían dispuestos a arriesgar sus vidas para salvaguardar la tierra en que nacieron aceptan apaciblemente el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos que tienen como objetivo final disminuirles sus derechos como ciudadanos.

Con frecuencia los derechos de unos confrontan con los de los otros y no siempre ocurre en temas fundamentales como los dogmas religiosos o los conceptos ideológicos, sucede también en asuntos triviales, a los que en ocasiones se les presta más importancia que a los verdaderamente relevantes.

La defensa de los valores y las creencias no es ser intolerante. El fanático es quien pretende imponer a como dé lugar un culto, una ideología o un tipo de conducta determinada, sin respetar la voluntad de quienes no comparten sus propuestas.

Los padecimientos del individuo en una sociedad cerrada, por el imperio de una ideología o una religión, son harto conocidos. El sujeto no tiene derechos, es víctima de los poderes fácticos y una actuación contraria a las normas imperantes puede serle catastrófica.

Pero en una sociedad abierta, libre, en la que el individuo está asistido por un Estado de derecho, no se justifica callar y permanecer indiferente ante acciones y propuestas que tienen como fin terminar con las prerrogativas ciudadanas.

La tolerancia y la identidad deben marchar juntas. El ciudadano de una sociedad abierta está obligado a tolerar las diferencias, aunque no sean de su agrado, pero ese mismo ciudadano está comprometido a conservar su identidad, a no hacer concesiones en lo que cree.

La democracia es el respeto de las diferencias, una condición que sólo tiene sentido mientras la identidad y las concepciones propias no corran el riesgo de extinguirse por la actuación, incluidas las minorías, de quienes pretenden imponer las suyas. Es una particularidad que todos deben respetar con tal de alcanzar la sobrevivencia mutua asegurada; otra actitud conduciría a la inevitable destrucción de las creencias y las convicciones que hasta ese momento se hayan defendido.

Presidente de Cuba, 1909-1913.

La corrupción no será el oficio más viejo del mundo, pero sí es una práctica que se remonta a tiempos inmemoriales, en la que siempre han jugado papeles determinantes el dinero, la política y lo que se deriva de ambas en variables proporciones, el poder.

La realidad es que no existe propuesta política que no haya tenido representantes vinculados con la corrupción en cualquiera de sus expresiones, particularmente la económica y el abuso de poder, otra forma de corrupción, al igual que el tráfico de influencias y el soborno.

La amenaza y la presencia de la corrupción son proporcionales a la respuesta de que es capaz la sociedad y su gobierno para erradicarla.

Por otra parte, la empresa privada tampoco está exenta de ese flagelo. Los gerentes de una corporación o el propietario de una barbería pueden fiscalizar mejor su negocio que un administrador público, sin embargo, el mal manejo de bienes y utilidades en cualquier instancia de una entidad es una posibilidad.

En una sociedad democrática, es más factible controlar el movimiento de bienes e influencias. La transparencia que se supone que impera en las sociedades abiertas es fundamental para combatir el enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad en beneficio de terceros, pero lamentablemente las disposiciones y los controles son violados por quienes consideran las fortunas de los otros, particularmente las del Estado, como un tesoro listo para ser saqueado.

La corrupción es uno de los factores que más negativamente afecta a la sociedad, principalmente cuando se descubre que personalidades públicas relevantes han estado involucradas en actividades ilícitas, que en alguna medida son modelos que muchas personas consideran imitar para lograr éxito en la vida.

Si democracias sólidas, con libertad de prensa y una opinión pública poderosa como la estadounidense, han presentado casos de corrupción —Richard Nixon cuando Watergate, o el lobista Jack Abramoff, por sólo mencionar dos sucesos entre muchos—, es de suponer que en aquellos países en los que no hay transparencia en la gestión pública y privada, tampoco fiscalización, y menos aún jueces independientes, la corrupción esté presente en una magnitud capaz de erosionar todos los componentes de la sociedad.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional refleja que no hay país libre de ese azote; también que la extensión y la profundización de esa lacra son más relevantes en las naciones en las que las libertades y los derechos civiles están amenazados o son conculcados por sus gobiernos, o donde la sanción moral contra los corruptos es prácticamente inexistente por la laxitud de la sociedad ante esos delitos.

En los países regidos por dictaduras o controlados por líderes poderosos, los bienes del Estado, en ocasiones también los privados, son manejados para su provecho por los gobernantes, quienes permiten también el enriquecimiento ilícito de asociados y familiares.

Venezuela asoma como la nación más corrupta del hemisferio, junto a Haití, seguida por Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos modelos de gobierno tienen muchas semejanzas con el de Nicolás Maduro. Pero la corrupción no es potestativa de los déspotas, está Brasil, donde los escándalos del Partido de los Trabajadores han sumido al país en una profunda crisis.

Cuba no aparece en el lugar que realmente le correspondería. La dictadura no permite apreciar el nivel de corrupción. No hay organismos independientes que puedan investigar al respecto y las entidades internacionales no tienen posibilidad de acceder a información suficiente y verificable.

La corrupción es una hidra de más de mil cabezas. Capaz de mutar, confundir y justificar las acciones de quienes entrampa. Es un demiurgo de presencia universal. Se fortalece en regímenes despóticos o dictatoriales, pero también en cualquier tipo de comunidad que niegue la transparencia, evite pesquisas y sanciones que ejemplifiquen con firmeza lo que no se debe hacer.