El sistema ferroviario de nuestro país vive en emergencia continua hace más de diez años. Las alertas habían llegado: los informes de la Auditoría General de la Nación habían denunciado lo que venía pasando en el Sarmiento. El informe de auditoría actuación AGN N°467/06 había sido bien claro y no fue escuchado. A modo de ejemplo, con respecto a las falencias en la señalización, TBA había reparado sólo el 17% de las falencias detectadas en uno de los principales tramos de trayecto. Las inspecciones de seguridad en la Línea Sarmiento habían sido menos de cuatro por mes, con un 25% por debajo de lo que se requería. TBA tuvo deficiencias hasta en un 91% con respecto a las rutinas de mantenimiento. En las reparaciones constata incumplimientos superiores al 88%. Cualquiera que puede leer el informe puede ver que los títulos del informe eran bien claros. Los coches de la Línea Sarmiento que circulan con sus puertas abiertas, la empresa no ha efectuado tareas de mantenimiento, no hay prestaciones en seguridad según lo estipulado por el contrato.

Pero a pesar de esto, se seguía subsidiando a TBA. A pesar de no haber invertido lo que se requería y no haber efectuado tareas de mantenimiento y reparaciones, el subsidio por pasajero transportado refleja un incremento del orden del 4583% respecto del valor fijado en 2003. Me pregunto por qué el gobierno eligió desoír las alertas, por qué cayó en la desidia de mirar al costado, de ignorar a la gente, al que viaja a trabajar, a estudiar todos los días. Por qué no podemos tener una política de transporte que siga los ejemplos de países que hoy privilegian la seguridad pero con más inversión pública. Por qué hay que caer en la resignación de viajar sin saber qué pasará con esa formación.

Once pareciera la metáfora de un gobierno que se sorprende ante el golpe inesperado, pero que rápidamente vuelve a argumentar y a financiar el mismo modelo de descontrol. La gente no conoce un plan a futuro de inversiones, no sabemos bien quién y cómo se harán cargo de nuestra seguridad. Tampoco se han escuchado las propuestas del gobierno con respecto a la normativa de control del sistema de ferrocarriles y cómo la gente puede hacer valer su opinión y su derecho. Queda todavía pendiente cómo salir de esta desidia crónica en un servicio crucial para millones de argentinos.

La última estadística provincial en criminalidad publicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad señala que se denunciaron un promedio de 3 violaciones por día en la Provincia de Buenos Aires (1.216 violaciones). Según este informe del 2012 el 62% involucró una preponderancia de víctimas menores a 15 años.

Sin embargo, en la página oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad al día de hoy se publican sólo doce personas con foto para ser identificadas, actualmente prófugos de la justicia por violación y abuso sexual. A esto se suma que muchas víctimas hoy tienen miedo a denunciar porque no tienen confianza en las instituciones policiales.

La única forma de tener un orden de magnitud real del delito para correrse de las sensaciones es a través de las Encuestas de Victimización. Nuestro país desde 2006 ha suspendido la actualización de datos oficiales en sus portales de internet sobre la Encuesta de Victimización que permitiría conocer la cifra negra del delito. Necesariamente tenemos que identificar los delitos que no se denuncian.

Con una Encuesta de Victimización podríamos llegar a comprender de qué modo ocurren, qué niveles de temor tiene la población, qué confianza tiene en las instituciones policiales, por qué motivos no se denuncia el delito sufrido. Hoy ninguna institución nacional está publicando datos en la materia. También para conocer “la cifra en negro” se podrían firmar convenios con las compañías de celulares y aseguradoras de autos para que lleven un registro de robos de teléfonos y autopartes.

La experiencia internacional demuestra que las Encuestas de Victimización han significado una contribución significativa en los procesos de planificación de la política pública de seguridad. Disponen de antecedentes desde hace más de 30 años y en algunos países, como Chile, se cuenta con un sistema de publicación de estadísticas trimestral y anual.

En la Ciudad de Buenos Aires la primera Encuesta de Victimización fue realizada durante la gestión de Jorge Telerman, se convirtió en ley, y Mauricio Macri le dio continuidad como política pública. Durante mi gestión como diputado presenté un proyecto para institucionalizar esta Encuesta en la Provincia de Buenos Aires.

Esperamos que en vísperas de las próximas elecciones se puedan dar debates en profundidad sobre los mecanismos de control y difusión de la información pública. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de resignarnos a vivir en función del INDEC de la Seguridad.