Además del dolor infinito de cada deudo, si un día midiéramos esta tragedia, si hiciéramos la cuenta de los muertos, quizá se tomaría conciencia de la pérdida irreparable en materia de vida, juventud, talento, formación, sueños, energías, que representa para un país el flagelo creciente de una criminalidad desbordada por la falta de una política de Estado para enfrentarla.

Pero no sacar esta cuenta es parte de la negación. Contar los muertos obligaría a asumirlos. Y acá se trata de negarlos.

La democracia argentina niega sus muertos casi con la misma sistematicidad con que lo hacía la dictadura. Lo triste es que, en algunos casos, los mismos que en los 70 padecieron el silencio y el boicot de quienes no querían ni enterarse del drama de los desaparecidos son los que hoy les infligen ese mismo aislamiento a los familiares de víctimas del delito. O de la desidia estatal, como Cromañón u Once.

Como sociedad, ¿qué aprendimos de aquella experiencia si no somos hoy capaces de cuidar la vida, especialmente la de los jóvenes?

El paso del tiempo no borra el dolor ni la pérdida. E inclusive, una mirada más alejada de los acontecimientos permite a veces una mayor percepción de los contornos del drama colectivo.

Pero esta es una sociedad y una dirigencia que no quiere mirar de frente los dramas, porque ello implicaría asumir responsabilidades.

Y lamentablemente la negación funciona.

En los 70, la mentira estatal obligó a los familiares de los desaparecidos a peregrinar largamente y a golpear muchas puertas para finalmente, poco a poco, hacerse oír. En el exterior, los exiliados eran insultados por los turistas argentinos que, arrullados en la plata dulce y en la ficción del país ordenado y pacificado, no querían ni oír hablar de presos sin causa, de desaparecidos, de cámaras de tortura..

Hoy, la mentira es por omisión: de eso no se habla. Una Presidente locuaz no pronunció por años la palabra inseguridad. Y cuando finalmente lo hizo, fue para culpar a otros poderes o para calificar a la violencia delictiva como algo normal, que siempre pasó. Y uno de sus magistrados favoritos se dedicó a hacer estadísticas –parciales- sobre el tema, no para por fin encararlo de frente y diseñar soluciones, sino para minimizarlo.

La inseguridad no tiene una única causa ni un remedio fácil, desde ya. Exige una coordinación entre poderes y jurisdicciones y un trabajo de muy largo aliento. Pero el primer paso es que nos importe.

Esta sociedad ni siquiera llora a sus muertos. Mientras estábamos ocupados en otro capítulo del contrapunto con el juez Griesa y en el nuevo procesamiento a Boudou, vivimos un verdadero default en materia de vida humana. No nos detuvimos.

El 2 de agosto, en Villa Luzuriaga, mataron a un hombre de 45 años, Antonio Salvado. Como se resistió al robo de su auto, le dieron un tiro en el pecho.

A Matías Gandolfo, de 19 años, lo acuchillaron en el estómago para robarle el celular, cuando volvía a su casa desde el gimnasio, en bicicleta. Murió. Fue en Tres de Febrero el 5 de agosto pasado.

A Marcelo Javier Méndez, de 42 años, lo asesinaron de un balazo para robarle el dinero que llevaba encima, fruto de su trabajo como distribuidor de pescados y pollos. Fue en Tucumán, el 6 de agosto.

El 5 de agosto, en Campana, Leonel Ferreyra, de 18 años, quiso evitar que le robasen la moto. Lo balearon, no murió, pero está cuadripléjico.

El 8 de agosto, en Salto, provincia de Buenos Aires, Rubén Ramírez, un chico de 14 años fue asesinado –nuevamente el tiro en el pecho, a quemarropa- por unos delincuentes que querían su celular.

El 10 de agosto, en Zárate, un hombre mató a un niño de 12 años -¡12 años!-, al parecer porque lo acusaba de haberle robado a su hijo, también menor, una campera y un celular.

Ayer, en Olivos, Leandro Cortabarria, de 59, fue muerto a puñaladas por dos delincuentes mientras hacía arreglos de electricidad en una casa.

Todo esto, que no es una lista exhaustiva, sucedió ante la mayor indiferencia de la dirigencia, tanto oficialista como opositora.

Pocos días después del incendio de Cromañon, hubo un encuentro interreligioso de oración por los chicos muertos (luego habría muchos más). Pero en éste, en medio de la congoja generalizada, un par de representantes de organismos de derechos humanos tomaron la palabra para hacer un desubicado panegírico de sí mismos y de su trayectoria de lucha e intentaron una rara ilación causal de la dictadura al incendio de Cromañón pasando por los “horribles 90” en un patético intento de exculpar a las autoridades que no cumplieron con su deber.

Si en otras épocas la sociedad adormecía su conciencia con el déme dos, hoy lo hace con una actitud bienpensante. El Gobierno se autoensalza con el argumento de que somos un ejemplo en el mundo por la política de derechos humanos. Pero no nos engañemos. Lo que tenemos desde 2003, no es una política de derechos humanos sino una política maniquea sobre el pasado. La Constitución y los derechos humanos están vigentes desde 1983, cuando recuperamos la democracia. De nosotros depende hacerlos respetar en el presente.

Porque, ¿qué derecho hay superior a la vida? ¿Se puede abogar por el respeto a los derechos humanos y no sentir en carne propia cada trompada, cada patada a un abuelo o abuela, cada balazo, cada puñalada, que sesga una vida?

A los muertos de la democracia no sólo los niega el Gobierno; también lo hace la sociedad, como ha tenido el coraje de admitirlo el padre de Pablo Tonello.

Si puede parecer natural que Rafael Correa, Evo Morales o Daniel Ortega vayan a la Meca de la Revolución; si, por razones ideológicas, podemos llegar a entender que Hugo Chávez haya elegido para tratar su complicada enfermedad un país que vuelve a registrar brotes de cólera después de ciento treinta años, menos entendible es la peregrinación a Cuba de presidentes como Michelle Bachelet (en su momento), Dilma Rousseff, Juan Manuel Santos, José Mujica, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, y de ex presidentes como Lula (que irá a fin de mes). En el caso de este último, quizá el manipulite que lo acecha en su país sea el origen de esta necesidad de purificarse en “aguas socialistas”.

¿Qué explicación hay para semejante fuerza de atracción de una islita donde dos dirigentes agonizan  -considerando el precario estado de salud del huésped y de su anfitrión, uno por enfermedad y otro por edad?

La excusa más reciente para estos viajes es ir a ver a Hugo Chávez pero hasta ahora ninguno de ellos lo vio. Como bien dijo el referente opositor venezolano Henrique Capriles: “Si el presidente puede firmar decretos que designan al canciller le pido que aparezca y hable a Venezuela”.

Pero quizá los presidentes latinoamericanos no vayan sólo por solidaridad sino más bien por sospecha de un régimen que parece haber heredado de la URSS la metodología de esconder el verdadero estado de salud de un dirigente, al punto de postergar el anuncio de un “fallecimiento de Estado” hasta crear las condiciones políticas para poderlo revelar públicamente.

En fin, lo cierto es que concursan los mandatarios para ir a Cuba y luego reunirse con los Castro, Fidel en particular.

Tal vez algunos necesiten tapar lagunas en su trayectoria, ahora que el progresismo está de moda, y para ello no viene mal una inmersión en el folklore castrista y poder tocar el manto sagrado -ayer un uniforme verde olivo, hoy un jogging.

Pero la verdad es que los tiempos en que la progresía setentista veía en La Habana el faro de la Revolución, cuando el castrismo oficiaba de intermediario entre Moscú y la izquierda latinoamericana, deberían estar superados y, sobre todo, desidealizados.

Geopolíticamente, Fidel Castro fue la policía soviética y, aunque se presentara como la cara “amable” del Imperio “bueno” o como una versión más digerible de socialismo real, lo cierto es que gobernó con mano de hierro su país durante más de medio siglo de gestión para dejarlo sumido en la miseria, y jamás dudó en alinearlo con la política soviética, fuese ésta de invasión (Hungría, Checoslovaquia, Afganistán), infiltración o explotación.

En el caso argentino, la desmemoria de los dirigentes es mucho más grave todavía, porque ese alineamiento soviético de los cubanos tuvo efectos concretos en nuestro país. En los años más difíciles de la dictadura que derrocó al tercer gobierno peronista, el castrismo fue un activo defensor del régimen argentino de facto en todos los foros internacionales en los cuales se denunciaban las violaciones a los derechos humanos, hoy leit motiv de los mismos que van a La Habana a fotografiarse con Fidel. “Cuba siempre nos apoyó y nosotros los apoyamos a ellos”, recordó un diplomático de la dictadura argentina que actuó en Ginebra, en alusión al hecho de que los representantes cubanos militaban activamente ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para evitar una condena a Videla y compañía por la represión ilegal. Todo en defensa de los intereses de Moscú, que por entonces era socio comercial privilegiado de la dictadura argentina.

Pese a ello, representantes de gobiernos populistas, que hacen de los derechos humanos una de sus banderas, idolatran a un ex aliado de Videla.

Salvo que la desmemoria que los aqueja sea total, hay que buscar entonces otro motivo para este extemporáneo turismo revolucionario.

Más bien parece que allí se distribuye la herencia del populismo subcontinental y por lo tanto cada uno va a buscar su parte de la sucesión del liderazgo de Chávez.

Ahora bien, como nadie puede pensar que el presidente de una nación débil como Cuba esté en condiciones de decidir de modo omnímodo el reparto de esta herencia, los viajeros deberían preguntarse cuál es ahora el sistema de poder que lo respalda para llevar a cabo una tarea de esta magnitud. Testaferros de qué fuerzas son los Castro para administrar esa transferencia es la verdadera incógnita. Porque es difícil de creer que un pequeño país insular tenga por sí mismo tanta relevancia para la dirigencia continental.

Sin embargo, parece que nadie, en particular ninguno de los “líderes” latinoamericanos, se lo pregunta.

Será, que para el populismo lo más importante es ir y fotografiarse con Fidel (para el consumo interno). Touch and go, como diría Cristina.