Transcurrió un año en el que el Gobierno hizo lo indecible por destruir la imagen de Nisman como persona, con el claro propósito de que la sociedad no diera entidad a su denuncia. En no más de un par de meses algunos miembros de la Justicia se encargaron de archivar la denuncia sin atreverse a abrirla, en un proceso judicial sin precedentes ante las 46 trascendentales medidas de prueba propuestas por el fiscal que requiriera la presentación efectuada por Nisman.

Ningún intento de explicación dogmática o académica justifica tal celeridad a los ojos de quienes conozcan los rudimentos del derecho penal. No hace falta ser un especialista para entender que sólo la necesidad política del Gobierno podía explicar tal desatino jurídico.

Todos recordamos con emoción la marcha del silencio al cumplirse el primer mes de su muerte. Fuimos cuatrocientas mil personas bajo una lluvia torrencial que homenajeamos a un fiscal que, sea como fuere, dio su vida para intentar el esclarecimiento de hechos que, a mi juicio, sólo se explican bajo el prisma que planteara esa denuncia cuestionada sin ningún argumento de peso.

Pocos colegas de Nisman, cada vez menos, nos propusimos resistir los embates de encumbrados funcionarios de la anterior administración, incluida la propia Presidente de la Nación, que se encargó en varias cadenas nacionales de cuestionar nuestra posición. En mi caso, incluso mostró mi foto en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1.º de marzo.

La investigación de las causas de su muerte sigue abierta con idas y vueltas de las que no puedo abrir juicio por mi condición de fiscal del caso ante la Cámara de Apelaciones, aunque en mi fuero íntimo tengo una opinión formada en torno a una de las hipótesis que presenta el expediente.

Mientras tanto, y con una prisa que sólo la falta de independencia y la militancia puede explicar, otros funcionarios judiciales hicieron avanzar la investigación sobre las cuentas bancarias que podrían involucrar a la madre y a la hermana de Nisman, que soportan a pie firme esta carga sin saber todavía qué ocurrió con su muerte.

Por todo ello, entonces, y para volver a la idea inicial, es de esperar que algunas medidas del nuevo Gobierno, como el claro pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán o la ampliación de la unidad de apoyo a la investigación del atentado a la AMIA en el ámbito del Ministerio de Justicia, que ahora incluye la causa de la muerte de Nisman, genere una nueva impronta y provoque la reapertura de la investigación de la denuncia inicial de Alberto Nisman. Esa que desde el día en que se conoció su muerte los bien intencionados tratamos por todos los medios que no se muriera con él.

Ese es nuestro mejor homenaje a su memoria y su trabajo.

El tratamiento de esta cuestión referida a la sociedad argentina, y particularmente a su clase dirigente, me remitió de inmediato al ámbito de la administración de justicia, que tantas veces hemos abordado desde esta columna.

Más allá de que son muchos años los que llevamos transitados en los que ni los poderes políticos ni gran parte del Judicial han abrazado los valores republicanos que consagra la Constitución Nacional, la circunstancia de hallarnos a pocos días de elegir un nuevo Gobierno me ha hecho pensar en la idea de un balance, por lo menos uno que alcance al último tramo de este largo período de 12 años de hegemonía de un mismo signo político.

Así como muchos auguran en el futuro inmediato una devaluación de nuestra moneda, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en estos años hemos asistido a una constante y sistemática devaluación de la institucionalidad.

Podemos enumerar en este sentido la reforma del Consejo de la Magistratura por iniciativa de la entonces senadora Cristina Kirchner en 2006, que rompió el delicado equilibrio que en ese cuerpo impone la Constitución Nacional y trajo aparejado un sinfín de irregularidades que aún hoy no terminan y que heredará el próximo Gobierno. En relación con este órgano, también cabe señalar el fallido intento de colonizarlo políticamente en aquella cruzada de 2013, mal llamada “democratización de la Justicia”, que la Corte Suprema declarara inconstitucional a pedido de todos los organismos serios del mundo jurídico de nuestro país.

El Gobierno no se detuvo en su accionar con el fin de interferir en las decisiones de los expedientes judiciales que le interesaban, y así se crearon irregularmente (sin ley alguna) organismos dentro del Ministerio Público Fiscal denominados Procuradurías, con el triste antecedente de que una de las primeras intervenciones, en la que debía perseguir el lavado de dinero, fue encubrir a Lázaro Báez.

También se llevaron a cabo polémicas reformas del Código Penal (afortunadamente dejadas de lado), y del Procesal Penal, con numerosas acciones judiciales en su contra (como las de los fiscales subrogantes suspendidos en su designación por la medida cautelar conseguida por la Asociación de Magistrados). Además de la polémica desatada por su apresurada entrada en vigencia, que trae todo tipo de problemas de implementación, y circunscrita sólo al fuero ordinario de la capital nacional.

Esta apretada síntesis continúa con la trágica y violenta muerte de mi colega Alberto Nisman, luego de formular una gravísima denuncia de encubrimiento contra la Presidente y su canciller por la firma del polémico Pacto con Irán. Resultó muy llamativa la celeridad y el empeño —dignos de objetivos más nobles— puestos por algunos operadores judiciales para archivar esa denuncia. Luego vino la también inconstitucional ley de subrogancias, de la mano de la que se modificaron, entre otras cosas, la composición de la Cámara de Casación para tratar de torcer la suerte de dos expedientes de importancia central para el Gobierno que culmina, como son la inconstitucionalidad del mentado Pacto con Irán y la causa Hotesur, donde se investigan los emprendimientos empresariales hoteleros de la familia presidencial.

Para finalizar este muestreo sólo basta recordar la feroz carga que el oficialismo emprendió contra el juez de la Corte Carlos Fayt, al que no pudo remover, y quien nos demostró a los argentinos el valor de la moral y la dignidad.

Este panorama de grave devaluación institucional no se circunscribe únicamente a la Justicia, también podemos señalar brevemente que el Congreso en estos años ha tratado solamente los proyectos del Poder Ejecutivo, que los ha aprobado sin debate, que el Gobierno ha seguido utilizando leyes de emergencia, que ha desbaratado la actuación de los órganos de control y que jamás ha dialogado francamente con la oposición, a la manera de cualquier país medianamente democrático.

Este es el panorama imperante a pocas horas de una nueva oportunidad de elegir un presidente por cuatro años. Esa circunstancia también me recuerda aquella famosa frase acuñada en la campaña de 1992 en Estados Unidos, cuando Bill Clinton venció a George Bush padre: “Es la economía, estúpido”. Lamentablemente, a nuestra sociedad en general los temas institucionales como la división de poderes y el imperio de la república todavía no la conmueven como para influir en el resultado electoral. Ojalá en pocos años ante una elección presidencial podamos afirmar casi con orgullo: “Es la institucionalidad, estúpido”.

Esta vez (#7J) los ciudadanos salen a manifestar su firme disconformidad con la intención del Gobierno de colonizar la Justicia con jueces subrogantes, nombrados a partir de una ley que claramente contradice la Constitución Nacional, y en especial, con la ilegal remoción del juez Luis María Cabral de su cargo en la Cámara Federal de Casación.

En ambas oportunidades ha cobrado un papel central el compromiso de las organizaciones relacionadas con la actividad de los abogados y de los operadores del sistema judicial, especialmente la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que han sabido interpretar y canalizar el reclamo social en busca del respeto de la división de poderes y de los principios republicanos.

No puede dejar de señalarse que ambas manifestaciones públicas tienen un eje común: el rechazo a la intención del Gobierno de impedir que avance toda investigación relacionada con el extraño acuerdo firmado con Irán en torno al atentado a la AMIA de 1994.

De allí la importancia que cobra hacia el futuro el compromiso asumido ante la Asociación de Magistrados y la sociedad en su conjunto por los principales referentes políticos de la Argentina, en el sentido de respetar la independencia del Poder Judicial, que en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales podrá, finalmente, decidir sobre la validez constitucional de aquel acuerdo con Irán y sobre todas sus implicancias jurídicas.

Este 7 de julio la sociedad marcha una vez más en busca de la verdad y sus dirigentes la acompañan.

No puedo dar mi opinión sobre las circunstancias que la rodean porque es muy prematuro y porque además puedo llegar a tener que intervenir en esa investigación como Fiscal de Camara.

Solo quiero expresar mi pesar personal y profesional y mi preocupación profunda por la suerte que pueda correr la línea de investigación que Nisman iba a exponer hoy en el Congreso.

Resulta imprescindible para la salud de la República que Alberto Nisman sea reemplazado al frente de la Unidad Especial de la AMIA por uno o más fiscales absolutamente independientes, de reconocida probidad, autonomía y experiencia, sin identificación alguna, como ocurrió con las designaciones que se encuentran cuestionadas judicialmente.

La sociedad no resistiría una sospecha más de parcialidad o partidismo en la investigación de hechos de una gravedad extrema como estos.

Este será el mejor homenaje que podemos rendirle a Nisman, que su investigación no muera con él.