La iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y esperamos que tenga una pronta aprobación en el Senado. Considero que salir del default va a ser beneficioso para el país, las provincias, los municipios, las empresas nacionales, las empresas mixtas y hasta las pymes, porque se va a abrir la posibilidad de acceder a créditos baratos. Si Argentina se puede solventar con menos costos, también va poder ofrecer créditos asequibles para las pequeñas y medianas empresas.

Llegar a un acuerdo con los holdouts le permitirá al país generar confianza y esa es la única manera de crecer. No nos podemos dar el lujo de pagar seis o siete puntos de más sobre la tasa de interés que paga la región. En estos últimos 8 años hemos abonado 110 mil millones de dólares extra de intereses. Esto es como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. No es lo mismo costear esos intereses que los de un crédito preacordado.

Si hablamos en términos de bonos, Estados Unidos paga un 1% de interés, Europa paga un 3%, nuestra región paga el 5% y nosotros pagamos más de un diez por ciento. Todo por falta de confianza. Actualmente, Argentina tiene una deuda de 250 mil millones de dólares y se financia con una tasa de interés de aproximadamente 12 puntos, frente a 5 puntos que ofrecen los demás países de Latinoamérica.

Este escenario tiene lugar por el simple hecho de ser Argentina y estar en default. Si logramos salir de esta situación y generar confianza, vamos a atraer inversiones al país. Asimismo, la calificación nuestra en el mercado irá mejorando a medida que se abone la deuda.

Hay que tener en cuenta, además, que hoy Argentina también tiene otro problema, que es la inflación. En este contexto, hay una sola forma de evitar que el ajuste no sea tan riguroso y es produciendo más. La única manera de aumentar la producción, reitero, es con créditos baratos.

En conclusión, es necesario volver a ser creíbles y salir del default para mejorar la calificación, lo cual se traduce en un pago menor de intereses. Por cada punto de baja de intereses, nos estaremos ahorrando 2.500 millones de dólares.

Necesitamos confianza, la cual sólo se otorga por la alternativa financiera. Cuando apostemos a la producción, no tengo duda de que vamos a reducir notablemente los niveles actuales de inflación.

En todo país serio a alguien que perdió plata no se le cobra impuesto. Si un empresario pierde el 20 % de capital, no se le puede exigir que pague ganancias. Resulta absurdo que las pequeñas empresas sean azotadas de esta forma, cuando deben ser tratadas como el principal motor del desarrollo a nivel nacional. Si queremos que el país crezca, es necesario que se implementen con urgencia políticas que tengan como fin brindarles apoyo, financiamiento y que exista un sistema tributario que no las castigue.

Para revertir esta situación hay que dar varios pasos. En ese proceso, resulta importante imitar aquellas políticas de otros países que benefician a las pequeñas empresas. Por ejemplo, en Colombia las pymes son el principal generador de empleo del país, ya que constituyen más del 99 % del total de establecimientos, generan más del 80 % de mano de obra y representan el 40 % del PBI. Pero eso es posible gracias a las herramientas financieras y fiscales que les brinda el Estado: líneas de créditos, garantías de créditos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fondos de capital de riesgo.

Es necesario aprender de las cosas que otros países hicieron bien. Nos suma estar al tanto de qué planes de trabajo tienen. Poder interiorizarnos tanto de las cosas buenas como de los fracasos que tuvieron es una experiencia muy positiva. Lo digo con conocimiento, ya que en la Comisión de Economías Regionales que presido en el Senado hemos recibido a embajadores de diferentes países para conocer las experiencias de cada uno en materia de pymes, crecimiento y empleo. Escuchamos a representantes de Nueva Zelandia, China, India, Japón y Alemania, entre otros.

Por otro lado, la posibilidad de exportación es uno de los desafíos que más moviliza a las pymes. En ese sentido, es necesario que se bajen los costos para los productores. En la provincia de San Juan, hace años, un productor que tenía un millón de kilos de uvas era un potentado. Hoy esos productores cosechan más de dos millones y no tienen qué comer. No pueden pagar los impuestos municipales porque no les alcanza. Otro problema que se les suma es que no hay cosechadores. Muchos descartan ese trabajo por el miedo a perder un plan social, ya que una persona con cuatro hijos tiene asegurado $ 2600. Y aquel que no tiene un plan también quiere tenerlo, así que tampoco quiere un trabajo en blanco.

Esto demuestra la gravedad de la situación de los productores. Están destruidos. No se están brindando soluciones a las economías regionales y esto es preocupantes. Es lamentable que en el Congreso de la Nación haya un proyecto de ley cajoneado sobre cómo traer mejoras a este sector. Existe una iniciativa pero no la podemos debatir.

El crecimiento y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas deben incluirse de manera urgente en la agenda del Gobierno. Hay que reconocer los problemas, enfrentarlos e instrumentar políticas tendientes a impulsar su desarrollo. Muchos hablan de un crecimiento mientras ignoran a una de las piezas clave del crecimiento. Sin pymes fortalecidas no hay desarrollo para el país.

Se refirió al incremento de la cobertura de las jubilaciones, como así también los incrementos de los haberes jubilatorios. Es curioso que lo que está reconociendo es el elevado grado de inflación que nunca fue reconocida oficialmente, puesto que los incrementos, tanto de salarios como de los haberes jubilatorios procuran recuperar la capacidad de compra de los mismos que pierden por el incremento de los precios.

Por otro lado, dijo que enviará tres proyectos al Congreso. El primero “Ley de modelos y diseños industriales”, el segundo “Proyecto sobre pagaré bursátil” y el tercero y que ya existe como programa, el “Programa nacional de parques industriales del Bicentenario”. Las leyes pueden ser buenas, hay que verlas en su redacción final, lo que sí es cierto es que podrían haberse enviado al Congreso hace años y no esperar hasta el último año de mandato para implementar políticas públicas para el desarrollo de la industria.

Según la Presidenta, en Argentina tenemos los salarios más altos de Latinoamérica. Esto puede ser cierto, sin embargo no significa que posean mayor poder de compra, pues esto está relacionado con el nivel de precios expresado en dólares de los bienes y servicios del país. El elevado nivel de salarios expresado en dólares no está relacionado con la productividad del país sino con el atraso cambiario, lo cual incrementa el nivel de salarios expresado en dólares pero junto con ello el nivel de los precios de bienes y servicios.

Estuvieron doce años gobernando, con la carga tributaria más elevada en la historia del país, ubicando al mismo dentro de los quince países del mundo con mayores impuestos. Lo que está claro es que este incremento fue insuficiente pues las exportaciones del país tuvieron un crecimiento inferior al promedio de la región. Argentina fue uno de los países en Latinoamérica que menos aumentó sus exportaciones. En otras palabras, nuestros hermanos latinoamericanos hicieron más con menos recursos, con lo cual se evidencia una falta de gestión. En educación se crearon más escuelas, y se afectaron más recursos, sin embargo los resultados de los tests internacionales de educación no fueron buenos. Así lo demuestran los resultados de las pruebas PISA (en las pruebas de matemática se obtuvo el lugar 58), además Argentina posee uno de los más altos índices de ausentismo del mundo. En otras palabras se invierte pero no se ven los resultados. Estamos ante un problema de gestión.

En cuanto al anuncio de la estatización de ferrocarriles, tengo dos puntos a considerar. Primero hay que esperar el proyecto de ley y ser cuidadosos de que no generen juicios internacionales. Segundo, si los actuales gestores administraron mal, hay responsabilidades concurrentes entre los malos gestores y los auditores que son los encargados de que la gestión sea eficiente y además se cumpla con los contratos de licitación.