En todo país serio a alguien que perdió plata no se le cobra impuesto. Si un empresario pierde el 20 % de capital, no se le puede exigir que pague ganancias. Resulta absurdo que las pequeñas empresas sean azotadas de esta forma, cuando deben ser tratadas como el principal motor del desarrollo a nivel nacional. Si queremos que el país crezca, es necesario que se implementen con urgencia políticas que tengan como fin brindarles apoyo, financiamiento y que exista un sistema tributario que no las castigue.

Para revertir esta situación hay que dar varios pasos. En ese proceso, resulta importante imitar aquellas políticas de otros países que benefician a las pequeñas empresas. Por ejemplo, en Colombia las pymes son el principal generador de empleo del país, ya que constituyen más del 99 % del total de establecimientos, generan más del 80 % de mano de obra y representan el 40 % del PBI. Pero eso es posible gracias a las herramientas financieras y fiscales que les brinda el Estado: líneas de créditos, garantías de créditos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fondos de capital de riesgo.

Es necesario aprender de las cosas que otros países hicieron bien. Nos suma estar al tanto de qué planes de trabajo tienen. Poder interiorizarnos tanto de las cosas buenas como de los fracasos que tuvieron es una experiencia muy positiva. Lo digo con conocimiento, ya que en la Comisión de Economías Regionales que presido en el Senado hemos recibido a embajadores de diferentes países para conocer las experiencias de cada uno en materia de pymes, crecimiento y empleo. Escuchamos a representantes de Nueva Zelandia, China, India, Japón y Alemania, entre otros.

Por otro lado, la posibilidad de exportación es uno de los desafíos que más moviliza a las pymes. En ese sentido, es necesario que se bajen los costos para los productores. En la provincia de San Juan, hace años, un productor que tenía un millón de kilos de uvas era un potentado. Hoy esos productores cosechan más de dos millones y no tienen qué comer. No pueden pagar los impuestos municipales porque no les alcanza. Otro problema que se les suma es que no hay cosechadores. Muchos descartan ese trabajo por el miedo a perder un plan social, ya que una persona con cuatro hijos tiene asegurado $ 2600. Y aquel que no tiene un plan también quiere tenerlo, así que tampoco quiere un trabajo en blanco.

Esto demuestra la gravedad de la situación de los productores. Están destruidos. No se están brindando soluciones a las economías regionales y esto es preocupantes. Es lamentable que en el Congreso de la Nación haya un proyecto de ley cajoneado sobre cómo traer mejoras a este sector. Existe una iniciativa pero no la podemos debatir.

El crecimiento y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas deben incluirse de manera urgente en la agenda del Gobierno. Hay que reconocer los problemas, enfrentarlos e instrumentar políticas tendientes a impulsar su desarrollo. Muchos hablan de un crecimiento mientras ignoran a una de las piezas clave del crecimiento. Sin pymes fortalecidas no hay desarrollo para el país.

El objetivo, no dicho pero que se infiere de su articulado y de su magra fundamentación, es reivindicar a través de este proyecto de ley privilegios para atenuar la responsabilidad del Estado Federal y ceñir la discreción judicial (como ocurrió con la Ley de cautelares contra el Estado), prefijando esos privilegios en un cuerpo normativo que agota su aplicación en el ámbito federal.

Me pregunto: ¿qué va a pasar si el Estado deja de cumplir con su obligación indelegable de vigilar y controlar a un concesionario de un servicio público que causa un daño? ¿El Estado no va a tener responsabilidad con las víctimas? Eliminar las sanciones conminatorias en los hechos importará que las decisiones judiciales sean meras órdenes en soporte papel cuyo cumplimiento dependerá de la “buena voluntad” o del sentido de la responsabilidad que tenga el o los funcionarios involucrados, incentivando por tanto el incumplimiento.

La norma examinada, a la cual voté de forma negativa, carece de originalidad, salvo en aquellos casos que “limitan la responsabilidad del Estado”, incumpliendo los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta ley generará más planteos de inconstitucionalidad, y con ello la prolongación de los tiempos de resolución de las causas y mayores costas. Va en línea con un Estado omnipresente pero que, por otra parte, incumple con los servicios esenciales de seguridad, justicia, educación, salud, que cobra impuestos agobiantes y que pretende no tener responsabilidades ante el agravio a los ciudadanos.

En el sistema jurídico argentino la responsabilidad del Estado seguirá siendo civil. Y, por tanto, debe entenderse que el trato en cuanto a la reparación debe ser uniforme en todo el territorio argentino, impidiendo que en una provincia se niegue a una persona una reparación que se reconoce en otra, toda vez que el derecho a la reparación de un daño sufrido sea parte de los derechos que la Constitución reconoce a los habitantes, contenidos en la parte dogmática de la Carta Magna y que sirven de protección de las personas ante el Poder del Estado.