Como funcionario internacional, el Secretario General, según la Carta de la ONU, solo rinde cuentas a las Naciones Unidas y jura no solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la Organización. La función principal es ejercer la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas y las tareas son tan variadas como los son los problemas y cuestiones que trata. No hay conflicto ni situación crítica en el mundo en la que no intervenga. Entre las competencias asignadas por la Carta, se encuentra la de convocar al Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos de la ONU. Preside además el Consejo Ejecutivo que reúne a todos los fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas. La Secretaría tiene aproximadamente 45 mil funcionaros en todo el mundo.

En este contexto, la importancia de la función es más que evidente. Que esa posición la pueda ocupar una argentina es una posibilidad que vale la pena  apoyar. Ya en 1971, un distinguido y prestigioso diplomático argentino, el Embajador Carlos Ortiz de Rozas, casi alcanzó esa nominación. Pese a haber logrado una mayoría de votos en el Consejo de Seguridad sobre su oponente, el austríaco Kurt Waldheim, se interpuso el veto de la Unión Soviética. Este ejemplo pone en evidencia la importancia primordial de la votación en el Consejo de Seguridad (15 miembros de los cuales cinco tienen derecho de veto) ya que será el candidato aprobado por dicho órgano el recomendado para consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En esta ocasión, el abanico de candidatos es muy amplio. La mayoría proviene de Europa del Este, un concepto geográfico político difuso en el mundo de hoy y que, de alguna forma es una reliquia diplomática de la Guerra Fría. Sin embargo, conforme al principio no escrito de la rotación geográfica tendrían derecho especial de postulación. No obstante, nada impide que otra área del mundo como América Latina pueda aspirar a competir por la Secretaria General.

Pese a que no existe un perfil de cualificaciones para el cargo, una resolución de la Asamblea General, con una redacción de épocas pasadas, las describe básicamente como alguien “eminente y de gran capacidad”. Sin duda Susana Malcorra, tanto por sus funciones previas en Naciones Unidas como por su papel de Canciller, se ha ganado con honores la postulación a Secretaria General de las Naciones Unidas.

Era hora de que la Argentina retomara la impronta de la diplomacia humanitaria en una región desbordada por los acontecimientos y con millones de personas desplazadas y refugiadas. La misión de Cascos Blancos, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actuará en el campo de refugiados de Bekaa y responde a las necesidades detectadas por el Líbano y el Acnur. Incluye una unidad sanitaria y, entre otras cuestiones, la presencia de expertos en agua y saneamiento.

Cascos Blancos es, en la actualidad, el órgano de la Cancillería encargado de diseñar y ejecutar asistencia humanitaria conforme a los criterios del Marco de Acción de Hyogo del 2005 y en consonancia con la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Actúa a solicitud de los Estados afectados o conforme un llamamiento humanitario internacional. Desde su creación, en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia. En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, con el respaldo de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ponderaba los logros y le asignaba a Cascos Blancos, para la asistencia humanitaria, un papel de cierta similitud al de los Cascos Azules para las operaciones de mantenimiento y preservación de la paz.

La importancia de este instrumento en la política exterior argentina debería ser cada día más relevante. Lamentablemente, en los últimos años, Cascos Blancos fue perdiendo presencia internacional como eficacia operativa. En este contexto, es una primera buena noticia la revitalización de la institución con la próxima actuación en el Líbano con un equipo de especialistas. También la perspectiva de la ampliación de la capacidad logística existente y la intención de fortalecer los trabajos conjuntos de ofrecimiento humanitario con terceros Estados.

Es evidente que el perfil de la canciller Susana Malcorra, por su larga trayectoria en asistencia humanitaria y en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ha sido determinante para volver a encaminar la actuación humanitaria internacional de la Argentina.

La Argentina, que aboga por la defensa de la democracia venezolana y el pleno respeto a los derechos fundamentales, ha intentado ayudar para evitar que la escalada de tensión se convierta en un incendio descontrolado. El intento diplomático de Buenos Aires era, entre otros, el de generar una instancia de diálogo con el apoyo de distintas organizaciones regionales que permitiera reducir riesgos hipotéticos y, al mismo tiempo, poner límites a los excesos que quieren arrasar con los principios fundamentales de la Constitución de Venezuela.

El esfuerzo diplomático conciliatorio de la canciller Susana Malcorra es ponderable. Aunque reconoció las limitaciones que plantean las actuales circunstancias, también advirtió sobre los riesgos de continuar con un impasse diplomático. La sugerencia que Malcorra formuló en la OEA de buscar “algún tipo de conciliación y complementación de varias iniciativas” parecía la propuesta más sensata y racional al permitir, entre otras cuestiones, crear las condiciones para acordar una eventual hoja de ruta que evitara males mayores para la sociedad venezolana.

Venezuela hoy, por el conjunto de elementos de la crisis política, económica y humanitaria, enfrenta el peor momento en su historia moderna. Es lamentable que el Gobierno venezolano no haya aprovechado la oportunidad y que, en cambio, sólo haya intentado, como lo señaló la canciller Rodríguez en el recinto de la OEA, “explicar su verdad”. También que rechace considerar o reflexionar sobre la ayuda diplomática regional ofrecida.

Es evidente que, como indicó Susana Malcorra en conferencia de prensa, no existen soluciones mágicas. Tampoco propuestas milagrosas. Sin embargo, vale la pena seguir con el intento de hacer prevalecer la lógica diplomática. Otras alternativas crearían situaciones más difíciles de remontar.

El Gobierno venezolano debería darse cuenta de que los tiempos se acortan. También de que la paciencia regional tiene un límite para tolerar situaciones que comprometen derechos fundamentales como principios centrales que rigen en toda democracia. Cada día aumentan los apoyos regionales que permitirían contar con los 18 votos necesarios para que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana. Es de esperar que Caracas reflexione y acepte, antes de que sea demasiado tarde, la oportuna mano diplomática tendida por Argentina.

La declaración, que contiene 218 apartados, tiene alto impacto político por emanar de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), creada en 1969, integrada por 57 Estados de mayoría de población musulmana de distintas regiones del mundo y cuya Presidencia rotativa acaba de asumir Turquía. Además de todo Medio Oriente (salvo Siria, que ha sido suspendida), aglutina a más de la mitad de los países de África y gran parte del sur de Asia, e incluye a dos de América del Sur, Guyana y Surinam. Todos los miembros de la OCI declaran al islam religión estatal.

Pese a agrupar a países con un importante peso económico o militar, hasta ahora la OCI no había tenido mayor trascendencia o influencia política. Sin embargo, la reunión de Estambul puede dar un vuelco a esa trayectoria. La presencia de 56 jefes de Estado o Gobierno (salvo Egipto, aunque estuvo su canciller) es un hito significativo como respuesta a la problemática del terrorismo internacional que enfrenta el mundo y que tiene como protagonistas a sectores de las dos ramas principales de islam, tanto chiítas como sunitas.

La reunión puso en evidencia el alto grado de tensión entre Teherán y Riad, que se consideran líderes de las dos principales vertientes de la religión musulmana. Tanto el rey Salman de Arabia Saudita como el presidente de Irán, Hassan Rouhani, estuvieron presentes en Estambul. El énfasis del documento final, que reflejó el tenor del aislamiento iraní, hizo que el Presidente de Irán no asistiera a la ceremonia de clausura de la OCI.

El resultado de la Cumbre a Estambul era esperable. Las guerra en Siria y Yemen, además de, entre otros, los conflictos en Irak, Libia, Somalia y Bahréin, marcaban la brecha sectaria. Arabia Saudita y el anfitrión turco probablemente no necesitaron mayor esfuerzo diplomático para convencer a los participantes (mayoritariamente sunitas) de que la responsabilidad de muchos de los problemas que se enfrentan es de Irán, en particular en lo que hace a la guerra civil en Siria por el apoyo militar a la continuidad del presidente Bashar al Asad.

Más allá de las complejas rivalidades internas de la OCI, es auspicioso que la organización que reúne a todos los países de mayoría musulmana del mundo haya asumido la responsabilidad de empezar a encarar uno de los capítulos más dramáticos de la seguridad internacional contemporánea. Es de esperar que este primer paso se continúe con acciones diplomáticas adicionales que contribuyan a enfrentar el flagelo que plantea todo el terrorismo fundamentalista, sea de origen chiíta o sunita.

Las conversaciones de paz, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), con respaldo de Rusia, Estados Unidos y Francia, se han demorado desde hace dos décadas sin producir resultados concretos que pongan fin a la disputa. Nagorno Karabaj, que se autoproclamó independiente en 1991, está dentro de Azerbaiyán. Sin embargo, se trata de un territorio con amplia mayoría de población cristiana de origen armenio que fue anexado tras el colapso de la Unión Soviética.

Tanto Armenia como Azerbaiyán se culpan mutuamente por las últimas hostilidades. Más allá de las diferencias entre Bakú y Ereván, la tensión bilateral podría tener otras derivaciones ante las crecientes diferencias entre Moscú y Ankara. Rusia siempre ha apoyado a Armenia, mientras Turquía ha respaldado a Azerbaiyán. Estados Unidos, por su parte, parece mantenerse neutral, aunque en el 2009 se expresó a favor de la estabilidad de Armenia.

Otras potencias regionales, en cambio, juegan una diplomacia más compleja. Teherán se encontraría, por el momento, inclinado a apoyar a Ereván, mientras Tel Aviv lo hace con Bakú. Esas actitudes son llamativas, ya que Azerbaiyán, al igual que Irán, es un país musulmán chiíta. Las diferencias con Teherán parecen haber surgido como consecuencia de las críticas de Azerbaiyán a la teocracia iraní y a las intenciones de Irán de difundir la revolución islámica. También por una potencial aspiración de Bakú de integrar a su territorio una región del noroeste de Irán.

Sin embargo, con la Presidencia de Hassan Rouhani las relaciones entre Irán y Azerbaiyán han ido progresivamente mejorando. En el 2015, Teherán anunció que no reconocía la independencia de Nagorno Karabaj. En esa evolución ha tenido influencia, por un lado, el creciente poder de Azerbaiyán por los ingresos del petróleo y el gas del mar Caspio. Por otro, en virtud del grado de la relación militar con Israel.

Estas observaciones, entre otras, permiten apreciar un cuadro político y militarmente sensible en el Cáucaso que debería ser materia de mayor atención diplomática. Es hora de que el grupo de Minsk de la OSCE sea más activo para alcanzar una solución duradera. Las principales potencias (Rusia, Turquía, Irán, Azerbaiyán y Armenia) deberían asumir mayor responsabilidad. También Estados Unidos y la Unión Europea. Es necesario evitar que el Cáucaso siga, salvando las distancias, la dramática situación que hoy enfrenta Siria.

Establecer una relación diplomática seria y madura con Estados Unidos es un punto de partida importante en términos bilaterales como regionales y globales. También que ese criterio guie el accionar diplomático con otros Estados igualmente significativos. La globalización obliga a comportamientos diplomáticos amplios y no excluyentes que respondan a una realidad internacional en permanente estado de trasformación.

La perspectiva de generar una nueva atmósfera entre Washington y Buenos Aires plantea, en definitiva, la voluntad reciproca de encarar el vínculo con una actitud constructiva tendiente a considerar con inteligencia diplomática la asimetría de percepciones y, al mismo tiempo, el complejo abanico de las relaciones bilaterales. También en lo que hace a la región y al mundo.

Existen valores compartidos que facilitan que el relacionamiento con Estados Unidos tenga solidez y permanencia en el tiempo. La democracia, los derechos humanos y la importancia que reviste el pleno ejercicio de las libertades individuales, son un ejemplo. También en términos de estabilidad internacional, en particular en lo que hace a la lucha contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y, entre otros, la no proliferación de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva.

Una Argentina que pretende recuperar su ubicación diplomática conforme a la dimensión geográfica que representa, es también del interés norteamericano. Que el séptimo país más grande del planeta esté dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde a su amplio territorio, marítimo y continental, tiene significación estratégica. En ese contexto, es probable que la visita del Presidente Obama represente la reactivación de mecanismos de consulta diplomática entre Washington y Buenos Aire en distintas áreas tanto de temas bilaterales como regionales y globales.

Era hora que ocurriese. En el mundo actual es beneficioso ampliar la capacidad de dialogo con todas las potencias principales. Es auspicioso que la Argentina haya empezado a ampliar el horizonte de oportunidades para afirmar y ampliar su relacionamiento externo. El interés nacional, público y privado, lo venía reclamando.

Hezbollah fue creada como rama militar en 1982 por Irán, como respuesta a la intervención de Israel en el sur del Líbano. Recibe armamento y financiación a través de la Guardia Revolucionaria Iraní y contribuciones adicionales de comunidades chiítas en diversas partes del mundo. Fue la única milicia que no se desarmó tras los acuerdos de Taif (1989) que pusieron fin a quince años de guerra civil.

El grado de dependencia de Hezbollah con Irán, entre otros ejemplos, ha quedado de manifiesto en la guerra civil en Siria, al haber sido el primer contingente enviado por Teherán en apoyo de Damasco. También como brazo terrorista de decisiones criminales emanadas en Irán. Es presunto responsable de más de cien atentados perpetrados en distintos países, entre otros, en el Líbano, Israel, España, Dinamarca, Reino Unido, Kuwait, Francia, Arabia Saudita, Turquía, Bulgaria, Chipre y Argentina.

A título de ejemplo de la responsabilidad de Hezbollah en numerosos atentados, las Naciones Unidas crearon un tribunal internacional formado por 28 países, incluido el Líbano, para investigar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri. En 2011, cuatro miembros de Hezbollah fueron acusados y un quinto en el 2013. Pese a las alertas rojas de Interpol, no fueron apresados. Sin embargo, fueron juzgados in absentia por el asesinato.

La Justicia de Argentina acusó formalmente a Irán de planificar el brutal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a Hezbollah de ejecutarlo. El juez de la causa ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés de Hezbollah. Interpol ratificó las conclusiones de la Justicia argentina y ordenó la emisión de circulares rojas para la captura de los acusados. Lamentablemente, a diferencia de lo ocurrido con Hariri o en otras causas judiciales en terceros países, motivos políticos siguen dilatando inexplicablemente el juicio y la condena de los presuntos responsables.

Diversas fuentes públicas señalan que Hezbollah mantiene células activas en más de veinte países. Argentina, Brasil y Paraguay se mencionan habitualmente. La Triple Frontera es también considerada como posible fuente de financiación de Hezbollah y Hamas. La Justicia paraguaya, en el 2002, inició algunas causas al respecto. Causa decepción que ni Argentina ni Brasil hayan dado pasos similares.

La comunidad internacional debería tomar debida nota de la decisión de la Liga Árabe respecto de Hezbollah, al representar un cambio significativo por parte del principal organismo regional. Hezbollah deja de ser considerado por la amplia mayoría del mundo árabe como un grupo de resistencia legítimo para pasar a ser reconocido como una organización criminal. Era hora de que ocurriera.

En la actualidad, seis de los diez principales exportadores de armas son asiáticos (India 14%; China 4,7%; Australia 3,6%; Pakistán 3,3%; Vietnam 2,6% y Corea del Sur 2,5%), lo que pone en evidencia una diversificación de preferencias de suministro tanto por consideraciones políticas como tecnológicas. Europa ha dejado de ser en muchas regiones del mundo fuente principal de abastecimiento militar.

El informe del SIPRI refleja que las mayores ventas de armas del 2015 han sido a Medio Oriente y al norte de África, con un crecimiento del 61% en los últimos cinco años. Arabia Saudita ha sido el mayor importador mundial, con un aumento del 275% en relación con el período 2006-2011. Entre 2011 y 2015, las compras de Qatar crecieron un 279%, de Emiratos Árabes un 35%, de Egipto 37%, de Argelia y Marruecos un 20%, respectivamente. Las adquisiciones de Irak aumentaron un 81% en el 2015. SIRPRI no ha logrado confirmar las ventas de Rusia a Siria en el 2015, aunque se calcula que han crecido en no menos de un cincuenta por ciento.

Los datos indican que el liderazgo de Estados Unidos en el mercado mundial de armas convencionales se mantiene en general estable, aunque las exportaciones de grandes armas y material pesado crecieron un 27% en los últimos años y la industria militar norteamericana tiene pedidos significativos pendientes, entre otros, de 611 aviones de combate F-35 para nueve Estados que incluyen a India y Japón. Asimismo, en el último año ha realizado transferencias de armamento a 96 países, entre los que se destacan, por el volumen de ventas, Arabia Saudita, Corea del Sur, Australia y Emiratos Árabes.

China, pese a que representa ventas de aproximadamente el 5% del mercado global, es, según SIPRI, un proveedor de armas en crecimiento y ya exporta a 38 países, entre los que se destaca la venta de tres fragatas a Argelia y de drones a Nigeria. En los últimos cinco años, las exportaciones han crecido en más de un cien por ciento, principalmente al mercado asiático; el 68% se distribuye entre Pakistán, Bangladesh y Birmania.

Los proveedores europeos, en cambio, han ido perdiendo posiciones en el mercado global, en particular el Reino Unido, que ha desaparecido de la lista de los cinco grandes exportadores de armas. Francia mantiene presencia, entre otros, con la industria naval y el avión de combate Rafale.

De acuerdo con el SIPRI, en el 2015, tres países de América Latina han sido los principales compradores de armas: Brasil, México y Venezuela. Las importaciones de armamento de México crecieron un 300% en el período 2011-2015, si se compara con los datos del 2006 al 2010. Sin embargo, Venezuela sigue siendo el mayor comprador de armas de la región en la última década. El principal proveedor venezolano ha sido Rusia, con un 78% de las ventas, seguida por China, España y Países Bajos.

Estas referencias del SIPRI son útiles como termómetro del clima internacional imperante. La información pone en evidencia el grado de tensión, así como la importancia de que la comunidad internacional inicie a la brevedad la negociación de tratados de limitación de armamentos como contribución a la paz y a la seguridad internacional. Es hora de que eso ocurra.

Desde 1998 Corea del Norte se encuentra avanzando en tecnología nuclear y espacial con programas que combinan los lanzamientos periódicos de misiles y los ensayos nucleares. Un cohete balístico de las características anunciadas adquiere dimensión preocupante por haber efectuado cuatro pruebas subterráneos de armas nucleares previas (2006, 2009, 2013 y 2016), la última supuestamente de una bomba de hidrógeno. La frecuencia e intensidad de esos registros permiten estimar que Pyongyang cuenta con un arsenal nuclear de aproximadamente una docena de bombas lo suficientemente efectivas y letales para ser una amenaza concreta para Corea del Sur y Japón. También para Estados Unidos al disponer de un misil balístico capaz de alcanzar California y las Islas norteamericanas del Pacífico.

El nuevo desafío norcoreano pone a prueba la llamada “diplomacia nuclear” de Pyongyang tendiente a negociar un marco que le permita la supervivencia del régimen y obtener ayuda humanitaria. Poco después del primer ensayo de un arma nuclear, en 2006, logró un principio de acuerdo a seis bandas (China, Rusia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur) destinado a detener el programa nuclear a cambio de reconocimiento diplomático, petróleo y asistencia alimentaria. El compromiso cayó en el 2008 por las dificultades de verificación del proceso de desarme tecnológico.

Es de imaginar que las dos últimas provocaciones norcoreanas (el ensayo termonuclear y el del reciente misil) intentarían retomar el ejercicio diplomático frustrado. La duda es si las potencias que intervinieron en el ejercicio a seis bandas estarán dispuestas a semejante chantaje. La reacción preliminar de China y Rusia no parecen ofrecer esa alternativa.

Estados Unidos, por su parte, se prepararía para la eventualidad de una confrontación ya que Pyongyang ha denunciado el armisticio de 1953. La respuesta sería desplegar el sistema antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) en la Península coreana. Entre los problemas que enfrenta esa iniciativa es la resistencia de China y Rusia que consideran que el sistema antimisiles anunciado podría eventualmente estar simultáneamente dirigido contra ellos.

Estas circunstancias muestran lo delicado de la situación. También lo importante y urgente de que la comunidad internacional ponga un límite definitivo a las actitudes amenazantes de Corea del Norte y evitar, a la vez, que la problemática de seguridad entre las dos coreas se traslade peligrosamente a gran parte de Asia.

La misión solicitada a la ONU estaría integrada por expertos de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A diferencia de las Fuerzas de Paz de la ONU, conocidas como Cascos Azules, la misión no estaría integrada por cuerpos militarizados. Los participantes no portarán armas ni tendrán una función policial o militar. Se tratará principalmente de una presencia política de observación, con el mandato de monitorear y verificar los compromisos asumidos por las partes. Las características de la misión serían definidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, también su duración, estimada inicialmente en doce meses. En principio, el costo sería asumido por las Naciones Unidas.

Naciones Unidas posee una importante experiencia en supervisar el cumplimiento del alto de fuego, así como en tareas de desmovilización y desarme de combatientes. También en limpiar de minas los territorios afectados. En general, en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU no suelen participar representantes de países limítrofes. Consecuentemente, sería previsible que Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá se abstengan de ofrecer personal. Esta situación acentuaría el papel de Argentina, Chile y Uruguay, con una importante tradición técnica y diplomática en cuestiones multilaterales afines.

La tarea de la misión multilateral abarcaría todo el territorio de Colombia, aun cuando la presencia militar de las FARC ha tenido una influencia en 24 de los 32 departamentos del país. En el 2001, diversas fuentes estimaban que la guerrilla contaba con cerca de dieciséis mil combatientes. En la actualidad, según datos de prensa, la cifra no superaría los siete mil. Un informe de Human Rights Watch destaca que aproximadamente el 30% de los integrantes de las FARC son menores de 30 años.

Uno de los problemas del llamado proceso de desarme de las FARC es determinar el arsenal real de armas pequeñas y livianas, como de distinto tipo de municiones. Hasta ahora los únicos datos disponibles son los que suministra la propia guerrilla. Sin embargo, existe conciencia de que posee un número considerable de armamento. Se calcula, por ejemplo, que cuenta con más de diez mil fusiles AK-47 y alrededor de cinco mil fusiles M-15 y M-16, ametralladoras M-60 y, entre otros, AP-60, lanzador de granadas. Las FARC también dispondrían de armamento pesado, como misiles rusos Igla S-24 o lanzacohetes AT-4 de origen sueco. Human Rights Watch ha acusado a las FARC de haber sido el grupo que más minas antipersonales terrestres ha utilizado en el mundo.

Estas consideraciones genéricas son ilustrativas de la complejidad de la próxima misión de observación de la ONU, así como de la importancia política de que sea efectiva. Es de esperar que toda la región coopere para que el proceso de paz concluya a satisfacción de los colombianos y que los mecanismos de implementación reciban el mayor apoyo de toda la comunidad internacional y en particular de América Latina y el Caribe.