Esta situación, entre otras, coloca al Mercosur en una posición de vulnerabilidad. También deja al descubierto la falta de dinámica diplomática del organismo subregional. La duda es si los países del Mercosur podrán mantener el nivel de las exportaciones agroindustriales al mercado chino de la última década. Ya en el 2014, sin que mediara la devaluación y el TLC con Australia, las importaciones chinas de productos agroindustriales argentinos, por ejemplo, se contrajeron un 9,3 % por las menores compras de porotos y aceite de soja. El déficit de la balanza comercial fue de 5,8 mil millones de dólares.

Es evidente que el Mercosur tendrá que hacer un esfuerzo diplomático muy especial en materia de negociaciones comerciales internacionales si quiere revertir el atraso que ya está enfrentando en un número de productos agroindustriales. Otros proveedores de alimentos del mundo están sacando una cierta ventaja relativa ante el inmovilismo del Mercosur. Esa brecha puede llegar a ser mucho más amplia una vez que concluyan las negociaciones de los acuerdos transatlánticos de la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), la Asociación Transpacífico (TPP), la Asociación Económica Regional Integral (RCEP). Estas iniciativas sumarían el 70 % del comercio agroindustrial del mundo.

Si el Mercosur no sale del grave estado de parálisis por la falta de coordinación macroeconómica y la perforación el arancel externo común, además del aislamiento internacional actual, quedará en una liga de enorme complejidad en el mapa agroexportador global. Es indispensable, para sortear ese riesgo potencial, que el Mercosur avance como bloque, en un cambio histórico, hacia acuerdos comerciales extrazona y se incorpore a los grandes flujos comerciales del mundo. Es de esperar que con ese propósito logre diseñar una estrategia comercial internacional conjunta, de mediano y largo plazo, que le permita aprovechar y multiplicar el enorme potencial productivo agroalimentario que posee. Es urgente que lo haga.

En ese marco pensar que Venezuela es aún una democracia representativa en el marco de su propia Constitución o en los términos de la Carta Democrática Interamericana, es una falacia. La realidad muestra una atmósfera política en la que se están traspasando todos los límites admitidos. Incluso el Estado de Derecho es de una gran precariedad donde se han desvanecido las garantías jurídicas.

En ese contexto, adquiere singular importancia la actitud del ex presidente de España, Felipe González, que ha expresado disposición de asumir la defensa legal de presos políticos, en particular de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Otras personalidades de la región, como Fernando Enrique Cardozo, se han sumado a la iniciativa. La situación venezolana es tan grave que hasta el maniatado Secretario General de UNASUR ha ponderado el gesto de Felipe González.

Ya en noviembre pasado un grupo de ex mandatarios latinoamericanos habían expresado la preocupación por la falta de garantías jurídicas en Venezuela. El grupo estaba integrado por Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Fernando Enrique Cardozo (Brasil), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Oscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lamentablemente la lista no incluía a ex presidentes argentinos.

Es evidente que, ante el delicado cuadro venezolano y la absoluta inacción de la diplomacia regional, el único camino para ayudar a Venezuela es la asistencia internacional no gubernamental, compuesta por la voz de aquellos que no tienen temor por las represalias del régimen venezolano. Resulta penoso que los presidentes de América Latina sean tan condescendientes con un gobierno que se encuentra violando los principios esenciales sobre los cuales desde hace varias décadas se asienta la convivencia hemisférica, entre otros, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La Argentina, lamentablemente, parece haber descartado de la política exterior la importancia que revisten los valores y principios internacionalmente reconocidos. Un exceso de pragmatismo parece impregnar toda su diplomacia. El comportamiento con Venezuela es quizás la muestra más dolorosa de ese abandono y la pérdida de un comportamiento mínimamente ético en las relaciones internacionales.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Los yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak son poco mencionados pero constituyen una fuerza de hombres y mujeres de creciente significación. Según el Daily Telegraph, son considerados como “yihadistas exóticos” por provenir de Argentina, Brasil, Chile, Trinidad Tobago y México. Otros informes mencionan yihadistas de Colombia y Honduras.

La revistas de defensa Jane’s, sobre la base de informaciones del 2012, indica que 23 argentinos habrían muerto en Siria probablemente integrantes de Al Qaeda o Al Nusra. Un argentino y una chilena, muertos en las cercanías de Damasco, fueron mencionados como pertenecientes a un grupo fundamentalista islámico checheno. Asimismo, la publicación británica mencionaba sobre la muerte, entre otros, de 150 mexicanos y 36 brasileños.

Noticias proveniente de Madrid dan cuenta que un argentino fue detenido recientemente en España como integrante de una red que suministra combatientes a una brigada denominada Al Andalus, de las filas de la organización Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés).

Estos antecedentes públicos solo tienden a ilustrar que la problemática del yihadismo también podría eventualmente tener graves repercusiones futuras en América Latina. Para la Argentina, que ya atravesó dos criminales atentados terroristas, el tema no debería ser menor. En particular al conocerse poco de la conexión local.

Consecuentemente, es natural preguntarse sobre las medidas que el Gobierno argentino se encuentra adoptando para prevenir eventuales efectos del terrorismo internacional islamista. Un interrogante, entre otros, es que los yihadistas latinoamericanos mantengan centros de contactos activos en la región o en algún momento vuelvan a los países de origen.

Estas preocupaciones aumentan ante los vaivenes de una política exterior cuanto menos confusa con relación a los problemas centrales de Medio Oriente, en particular cuando el Gobierno siquiera se ha dignado a emitir un comunicado oficial condenando las terribles muertes de los periodistas norteamericanos brutalmente decapitados por el ISIS, como no lo hizo tampoco con los secuestros y asesinatos de jóvenes que originaron el conflicto entre Israel y Hamas.

El objetivo principal de la fiebre inversora ha sido el petróleo con tres empresas (CNPC, Sinopec y Cnooc) que se disputan el sector. En Venezuela, CNPC se encuentra invirtiendo, entre otros, 30 mil millones de dólares en la faja petrolífera del Orinoco. En Brasil, Sinopec adquirió el 40% de Repsol Brasil y la portuguesa GALP. En Argentina, Cnooc se han convertido en la segunda petrolera en importancia detrás de YPF.

De acuerdo a la Cámara de Comercio del Perú, China controla hoy un 33% del sector mineral peruano. Una situación similar se estaría dando en Chile. En otro ejemplo, la empresa estatal Cofco adquirió el 51%  de la empresa Nidera para operar como exportadora de cereales y expandir actividades en semillas, biotecnología y nutricios de cultivos, además de la comercialización de aceites comestibles.

La próxima visita del Presidente de China a la Argentina puede dar lugar a nuevas incursiones del gigante asiático en áreas consideradas por Beijing como estratégicas. Ninguna parece incluir valor agregado en beneficio de la economía receptora. La lista incluye, por ahora, las represas hidroeléctricas en la Patagonia como agilizar la modernización del Belgrano Cargas para asegurar la salida de las materias primas que le compre a la Argentina o produzca, eventualmente como lo hace en Ucrania, por sus propios medios.

La duda, entre otras, es si América Latina está políticamente preparada para recibir una catarata de presencia China que lo hace conservando su estilo y características particulares. También si, por la avidez latinoamericana por recibir inversiones, tiene la suficiente capacidad de defender adecuadamente los intereses de desarrollo a largo plazo sin comprometer autonomía y la diversidad de las relaciones exteriores.

Este intenso proceso de inserción regional liderado por una economía dirigida es una poderosa arma diplomática. La historia muestra como la complementariedad económica puede generar dependencia estructural. Es de esperar que América Latina haya aprendido de la experiencia con el Reino Unido a partir del siglo XIX para evitar encontrarse en una situación de efectos similares. En el mundo de hoy, sin las previsiones diplomáticas adecuadas, esta circunstancia sería un poco más complicada como delicada

La Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Irlanda en mayo del 2008, significó un avance de desarme humanitario de enorme significación aunque lamentablemente no ha logrado el objetivo de la universalidad y es quizás por ello que no se ha producido una reacción internacional categórica de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el régimen de Al Assad por el uso inhumano de este tipo de armamento. En total, 112 países se han sumado a la Convención con las notables ausencias de Estados Unidos, Rusia y China.

Según Amnesty International, un tercio de las víctimas de estas armas son niños al encontrarse las bombas racimo diseminadas en capsulas de colores atrayentes que confunden con juguetes. En la última década más de cien mil personas murieron o fueron mutiladas por sus efectos. El 98% era civil. Es desilusionante que la Argentina, Brasil y Venezuela, los únicos tres de América Latina y el Caribe, tampoco sean parte de la Convención. El Gobierno argentino argumenta no encontrarse satisfecho con el texto, en particular el artículo 21, conocido como la cláusula OTAN, que no condena a una alianza militar en la que uno de sus socios lance una bomba.

Si bien puede ser cierto que el instrumento merece algunas críticas por contener grises, esas lagunas podrían ser allanadas en negociaciones diplomáticas adicionales como Estado parte de la Convención. Lo que no es entendible es que la Argentina siga sin adherir a un instrumento de claro objetivo humanitario, tratándose de un arma que no produce ni tiene la intención de adquirir. Esa actitud no es concordante con la vocación humanitaria que proclama y muestra una llamativa contradicción con la política de defensa de los derechos humanos. También con la estrategia respecto a Malvinas ya que las bombas racimo fueron utilizadas por el Reino Unido al bombardear la pista de Puerto Argentino en una acción que contradijo gravemente el principio de proporcionalidad durante el conflicto de 1982.