La declaración, que contiene 218 apartados, tiene alto impacto político por emanar de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), creada en 1969, integrada por 57 Estados de mayoría de población musulmana de distintas regiones del mundo y cuya Presidencia rotativa acaba de asumir Turquía. Además de todo Medio Oriente (salvo Siria, que ha sido suspendida), aglutina a más de la mitad de los países de África y gran parte del sur de Asia, e incluye a dos de América del Sur, Guyana y Surinam. Todos los miembros de la OCI declaran al islam religión estatal.

Pese a agrupar a países con un importante peso económico o militar, hasta ahora la OCI no había tenido mayor trascendencia o influencia política. Sin embargo, la reunión de Estambul puede dar un vuelco a esa trayectoria. La presencia de 56 jefes de Estado o Gobierno (salvo Egipto, aunque estuvo su canciller) es un hito significativo como respuesta a la problemática del terrorismo internacional que enfrenta el mundo y que tiene como protagonistas a sectores de las dos ramas principales de islam, tanto chiítas como sunitas.

La reunión puso en evidencia el alto grado de tensión entre Teherán y Riad, que se consideran líderes de las dos principales vertientes de la religión musulmana. Tanto el rey Salman de Arabia Saudita como el presidente de Irán, Hassan Rouhani, estuvieron presentes en Estambul. El énfasis del documento final, que reflejó el tenor del aislamiento iraní, hizo que el Presidente de Irán no asistiera a la ceremonia de clausura de la OCI.

El resultado de la Cumbre a Estambul era esperable. Las guerra en Siria y Yemen, además de, entre otros, los conflictos en Irak, Libia, Somalia y Bahréin, marcaban la brecha sectaria. Arabia Saudita y el anfitrión turco probablemente no necesitaron mayor esfuerzo diplomático para convencer a los participantes (mayoritariamente sunitas) de que la responsabilidad de muchos de los problemas que se enfrentan es de Irán, en particular en lo que hace a la guerra civil en Siria por el apoyo militar a la continuidad del presidente Bashar al Asad.

Más allá de las complejas rivalidades internas de la OCI, es auspicioso que la organización que reúne a todos los países de mayoría musulmana del mundo haya asumido la responsabilidad de empezar a encarar uno de los capítulos más dramáticos de la seguridad internacional contemporánea. Es de esperar que este primer paso se continúe con acciones diplomáticas adicionales que contribuyan a enfrentar el flagelo que plantea todo el terrorismo fundamentalista, sea de origen chiíta o sunita.

Hezbollah fue creada como rama militar en 1982 por Irán, como respuesta a la intervención de Israel en el sur del Líbano. Recibe armamento y financiación a través de la Guardia Revolucionaria Iraní y contribuciones adicionales de comunidades chiítas en diversas partes del mundo. Fue la única milicia que no se desarmó tras los acuerdos de Taif (1989) que pusieron fin a quince años de guerra civil.

El grado de dependencia de Hezbollah con Irán, entre otros ejemplos, ha quedado de manifiesto en la guerra civil en Siria, al haber sido el primer contingente enviado por Teherán en apoyo de Damasco. También como brazo terrorista de decisiones criminales emanadas en Irán. Es presunto responsable de más de cien atentados perpetrados en distintos países, entre otros, en el Líbano, Israel, España, Dinamarca, Reino Unido, Kuwait, Francia, Arabia Saudita, Turquía, Bulgaria, Chipre y Argentina.

A título de ejemplo de la responsabilidad de Hezbollah en numerosos atentados, las Naciones Unidas crearon un tribunal internacional formado por 28 países, incluido el Líbano, para investigar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri. En 2011, cuatro miembros de Hezbollah fueron acusados y un quinto en el 2013. Pese a las alertas rojas de Interpol, no fueron apresados. Sin embargo, fueron juzgados in absentia por el asesinato.

La Justicia de Argentina acusó formalmente a Irán de planificar el brutal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a Hezbollah de ejecutarlo. El juez de la causa ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés de Hezbollah. Interpol ratificó las conclusiones de la Justicia argentina y ordenó la emisión de circulares rojas para la captura de los acusados. Lamentablemente, a diferencia de lo ocurrido con Hariri o en otras causas judiciales en terceros países, motivos políticos siguen dilatando inexplicablemente el juicio y la condena de los presuntos responsables.

Diversas fuentes públicas señalan que Hezbollah mantiene células activas en más de veinte países. Argentina, Brasil y Paraguay se mencionan habitualmente. La Triple Frontera es también considerada como posible fuente de financiación de Hezbollah y Hamas. La Justicia paraguaya, en el 2002, inició algunas causas al respecto. Causa decepción que ni Argentina ni Brasil hayan dado pasos similares.

La comunidad internacional debería tomar debida nota de la decisión de la Liga Árabe respecto de Hezbollah, al representar un cambio significativo por parte del principal organismo regional. Hezbollah deja de ser considerado por la amplia mayoría del mundo árabe como un grupo de resistencia legítimo para pasar a ser reconocido como una organización criminal. Era hora de que ocurriera.

Tres dramáticos hechos subsiguientes completan el cuadro de dolor. Uno, el incompresible memorándum de entendimiento con Irán, que, a juicio del fiscal especial de la causa, era un mecanismo que perseguía, básicamente, el levantamiento de las cédulas rojas y la impunidad de los responsables. El segundo, la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman tras haber acusado de encubrimiento a la presidente de la nación y al señor Héctor Timerman. El tercero, el archivo de la causa, el ataque gubernamental a la memoria de Nisman y el impasse en la investigación de su muerte.

Una historia que inevitablemente une en la misma tragedia criminal a la AMIA y a Alberto Nisman. Silenciar al fiscal Nisman era la llave de la impunidad para los responsables en la causa de la AMIA. Nadie como él sabía que el memorándum de entendimiento perseguía el único propósito de levantar las cédulas rojas. Su experiencia personal tras una tercera reunión en la sede de Interpol en Lyon lo debe haber convencido. En esa oportunidad pudo comprobar la génesis del punto 7 del memorándum y, posteriormente, concluir en la existencia del delito de encubrimiento.

Fue en Lyon donde la delegación iraní tuvo conciencia de que un acuerdo de partes podía suplir la orden de un juez argentino para levantar las circulares de Interpol. Así lo afirmó expresamente el director general de Interpol ante testigos. Nisman también estaba presente.

La redacción del punto 7 del memorándum de entendimiento permite recordar esa reunión. Esa cláusula tuvo un mecanismo de entrada en vigor diferente al resto del instrumento. Bastaba, para el punto 7, la sola firma, mientras que el resto del memorándum requería la ratificación parlamentaria. Ese dato inexplicable e inédito en derecho internacional deja pocas dudas sobre las intenciones del memorándum.

A pesar de que el atentado criminal a la AMIA ha sido un ataque contra la Argentina, el mayor asesinato de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, la investigación judicial sigue en el limbo tras la muerte de Alberto Nisman. El doloroso recuerdo de nuestras víctimas, que incluye la muerte del fiscal, exige justicia y condena a todos los responsables. Es nuestra obligación moral que no quede en el olvido.

La insistencia en la solicitud también deja traslucir un cierto desconocimiento sobre la naturaleza y alcance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Daría la impresión que se ignora que el punto central entre Washington y Teherán es de distinto orden y esencialmente destinado a evitar que Irán posea un arma nuclear. Esas conversaciones, por el momento, no tienen otro objetivo que limitar la capacidad militar de Irán en materia de uranio enriquecido como el incipiente desarrollo en plutonio. Un Irán con armas nucleares sería una catástrofe para la seguridad internacional.

Incluir en esas negociaciones otros aspectos relevantes y urgentes, como podría ser el acto terrorista criminal cometido contra la AMIA, no sería razonable en las actuales circunstancias diplomáticas. Los propósitos para limitar el programa militar nuclear de Irán son lo suficientemente sensibles y complejos como para agregar otras consideraciones. Las acusaciones sobre la presunta responsabilidad iraní en diversos actos terroristas en el mundo podría ser materia de discusión una vez superado el peligro que representa Irán en el campo nuclear. Pretender alterar esa prelación temática no sería, lamentablemente, del todo realista.

Por otra parte, la oportunidad de la reiteración, parecería confirmar el fracaso absoluto de la estrategia encarada por el Palacio San Martin con Irán. No suena concordante solicitar cooperación a Estados Unidos o Israel si hubiera alguna perspectiva alentadora de colaboración iraní. Tampoco se entiende ese pedido mientras el gobierno se encuentra insistiendo obstinadamente en la relevancia del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Resulta desilusionante el comportamiento diplomático argentino, que refleja, cuanto menos, la sola intención de salvar la cara ante la opinión pública y desviar la atención ante los problemas que enfrenta la investigación judicial del acto terrorista contra la AMIA y la reciente terrible muerte del Fiscal de la causa. Tampoco se entiende la continua tolerancia de Héctor Timerman con un Estado que sigue otorgando injustificada protección a los ocho acusados del aberrante acto terrorista.

Hubiera sido deseable que la Cancillería procediera con mayor contundencia y determinación denunciando el Memorándum de Entendimiento y, en su lugar, estimulando otras medidas que obliguen a Irán a cumplir con el derecho internacional. Un ejemplo, entre otros, podría ser una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional por encontrarse Irán trabando y perjudicando gravemente la resolución judicial de un delito de lesa humanidad.

Un número de países amigos han sido generosos al ofrecer medios técnicos para asistir en las investigaciones judiciales sensibles. La Argentina hasta ahora ha sido rehacía en aceptar esa asistencia. Quizás sea oportuno cambiar de actitud. El candidato presidencial Sergio Massa, por su parte, ha sugerido ofrecer recompensas a quienes puedan aportar información relevante para los casos en investigación. También ha señalado la importancia de eventualmente convocar expertos internacionales que asistan en las investigaciones.

Es obvio que hay que salir de la parálisis, se trate de la muerte del Fiscal Alberto Nisman o a más de dos décadas de dilación en las investigaciones del criminal atentado a la AMIA. Lo que está también claro es que no se puede seguir sin hacer nada. Menos aún descansar en el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La eventualidad de que ese acuerdo se imponga, tal como propugna el gobierno, sería una catástrofe (en hebreo la palabra significa shoa). Sería asegurar que todo el esfuerzo de investigación caiga a fojas cero. La mal llamada Comisión de la Verdad es el instrumento para desacreditar todo el esfuerzo de la causa. Asimismo, pese a que el gobierno lo niegue una y otra vez, es el mejor camino hacia el levantamiento de las cédulas rojas de Interpol tal como lo advertía razonablemente el Fiscal Nisman.

El mismo mecanismo de entrada en vigor del Memorándum es una trampa. Es notable que se haya incluido dos formas distintas para que las cláusulas del acuerdo sean operativas. Por un lado, el grueso del Memorándum requiere la ratificación parlamentaria. Por otro, el punto siete relacionado con las cédulas rojas, solo necesita la firma para que el Memorándum de Entendimiento sea notificado a Interpol ¿Por qué esa diferencia?

En ese contexto, es de pura lógica  que el Fiscal Nisman –además de otros indicios- haya denunciado alguna maniobra o intención, cuanto menos, poco transparente en sus objetivos.

El juez de la causa decidirá al respecto y es importante que se siga manteniendo plena confianza en el Poder Judicial. Es de esperar que los Magistrados responsables del impulso de las distintas causas judiciales también mediten sobre la eventual conveniencia de convocar expertos internacionales en las investigaciones que así lo requieran. El fin de la impunidad quizás obligue a pedir ayuda.

Un tema pendiente de aclaración, en el contexto de las últimas denuncias de encubrimiento a los acusados del criminal atentado a la AMIA, siguen siendo las notificaciones rojas de los presuntamente responsables del dramático atentado. Ni los dichos de Héctor Timerman ni las cartas que ha mostrado en sostén de débiles argumentos, tienen el contexto o el tiempo adecuado conforme a las denuncias del fallecido Fiscal General. Fueron malabares desafortunados que, en mi opinión, solo han tendido a desviar la atención con el solo fin de desmerecer el dictamen que lo acusa de hechos gravísimos.

En una de las conferencias de prensa, para desacreditar al señor Alberto Nisman, el señor Timerman indicó que el Fiscal General estaba atemorizado antes de asistir a la primera reunión con Interpol en Lyon, hace casi una década, dando a entender que se trataba de un pusilánime. Sin embargo, ese no fue el caso. La realidad fue lo contrario como se podría comprobar en los archivos de la Cancillería, entre otros, en una nota en la que comunicaba la firme decisión de viajar a Lyon para enfrentar a una delegación iraní y defender personalmente el mantenimiento de las cédulas rojas. Solo pedía asistencia diplomática. Un diplomático, de alta calidad y experiencia profesional, fue asignado a tal efecto.

En esa primera reunión en Lyon en la cual la delegación iraní agredió reiteradamente al Fiscal General, incluyendo con graves amenazas a su vida, Nisman hizo una muy seria y bien fundada defensa del caso y mantuvo firme el pedido del mantenimiento de las cédulas rojas. A pesar que la acción iraní impidió decisión en el Comité Ejecutivo, fue la Conferencia de Interpol de Marruecos donde se impuso, por amplia mayoría de votos, la permanencia de las cédulas rojas. La Cancillería de esa época puso todo el empeño en ganar, con claridad, esa votación.

En las tres reuniones posteriores con el Comité Ejecutivo de Interpol en Lyon quedó en evidencia que el retiro de las cédulas rojas solo podría darse a pedido de la Argentina o por arreglo de partes. Bastaba, a ese efecto, que el texto de un acuerdo bilateral fuera enviado para notificación de Interpol. Nada más. Eso expresamente lo dijo, ante testigos, el ex Director de Interpol en la última reunión en Lyon. Eso explicaría la inclusión de una clausula específica en el Memorándum de Entendimiento.

Consecuentemente, de haber Irán ratificado el Memorándum de Entendimiento, las cédulas rojas hubieran caído con la simple notificación de la entrada en vigor. Ni siquiera hubiera sido necesario un pedido formal por parte de Irán. Afortunadamente, en particular desde el punto de vista de las cédulas rojas, Irán no ha confirmado el Memorándum. De lo contrario, lo dicho por el Fiscal General hubiera, sin duda, ocurrido.

Sin embargo, lo más notable en términos de intenciones respecto a las cédulas rojas quizás ha ocurrido recientemente. Al concluir el 2014 el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha sido elegido como vocal del Comité Ejecutivo de Interpol. Esa candidatura tuvo prioridad, a la hora de obtener apoyos, incluso para sacrificar la de la distinguida Embajadora Susana Ruiz Cerruti a la Corte Internacional de Justicia ¿Por qué la preferencia de Lyon sobre La Haya? ¿Habrán sido las cédulas rojas tal como lo anunciaba el Fiscal General Nisman?

Desde hace tiempo me hago esa pregunta al observar que un número creciente de latinoamericanos participan de las acciones de grupos fundamentalistas en Medio Oriente. Oportunamente lo destaqué en una nota en este medio titulada “Yihadistas latinoamericanos”. Nunca supe si el gobierno ha tomado nota que un número de argentinos se encontrarían combatiendo en algunos de los grupos fundamentalistas más relevantes en Siria y quizás en Irak. Noticias provenientes de Europa han mencionado que en el 2012 murieron aproximadamente 24 de entre unos 200. En el 2013 un argentino y una chilena fueron abatidos en las puertas de Damasco por pertenecer a un grupo islámico checheno. Se los llamaría “yihadistas exóticos” por el origen geográfico.

En el ISIS, según el Consorcio de Análisis de Investigación en Terrorismo, estarían en la actualidad actuando 180 latinoamericanos de los casi 15 mil combatientes extranjeros. Se destaca que las células más importantes para aquellos de habla hispana son las de Ceuta y Tawjid, Los Mujadines, Amaya y la Brigada Andaluz. Relacionada con esta última fue detenido recientemente en Madrid un argentino de apellido Rodríguez ¿Habrá otros argentinos?

La Triple Frontera, por las características de economía sumergida, ha sido mencionada como centro de sospecha de sectores fuertemente vinculados a fundamentalistas chiitas asociados a Hezbolah. Otras fuentes especializadas, mencionan la presencia creciente de grupos de extracción sunitas simpatizantes con Hamas y Al Yihad.

El bajo control en las fronteras permite pensar que la porosidad existente es apta para la filtración del terrorismo internacional como ya ocurrió en el pasado. Desde entonces no se conocen medidas efectivas tendientes a fortalecer la seguridad interior. La falta de acción es inquietante en particular debido a que, hasta ahora, no se ha logrado mayores resultados sobre la conexión local de los criminales atentados a la Embajada de Israel y la sede de la AMIA.

Tampoco la política exterior transmite tranquilidad. Actitudes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluso de carácter irónico con respecto al accionar del fundamentalismo islámico, han dejado dudas sobre la seriedad de Argentina en la lucha contra el terrorismo internacional. La Cancillería abandonó la tradición de presidir un órgano subsidiario, el Comité 1267 relativo a las actividades de Al Qaeda como, en cambio, lo hizo en el 2000 y en el período 2005-06. También a partir del 2008, fue reacia durante mucho tiempo a recibir al Comité contra el Terrorismo (resolución 1373 del CS de la ONU) o a participar en la OEA de los cursos de capacitación contra el terrorismo internacional.

Nuevamente la pregunta inicial es relevante: ¿Qué se está haciendo o previendo para evitar que la Argentina vuelva a sentir el flagelo del terrorismo internacional? 

La Corte Suprema de Justica tiene decidido que “nada obsta que la declaración indagatoria de un procesado sea recibida mediante exhorto” en la medida que se respeten las garantías del acusado. La regla de que los actos procesales deben cumplirse ante el juez natural de la causa, ceden en supuestos excepcionalísimos. Ese fue el caso del antecedente, entre otros, de los interrogatorios a los asesinos de Ariel Malvino en Florianópolis.  Respecto al pasado, algunos de esos exhortos planteaban preguntas puntuales relacionadas con las investigaciones como puede ser el caso del requerimiento de los teléfonos con los que se llamó desde la Argentina en la época del atentado terrorista. En otros se solicita la detención de nueve personas. Todos merecen ser contestados.

En el 2007, Irán se comprometió a responder con seriedad los insistentes requerimientos de la justicia argentina. Sin embargo, no lo hizo. En un único documento en el año 2008, a una década de incansables peticiones de la justicia argentina, un fiscal iraní se limitó a negar en 19 carillas la responsabilidad de los acusados de ser los autores materiales e intelectuales del ataque terrorista contra la AMIA, sin tener en cuenta el pedido de la justicia argentina donde se cometió el delito. Tampoco ofreció pruebas.

Los antecedentes reflejan que la mejor forma de iniciar un proceso fresco y renovado entre Irán y la Argentina no es el recurso a lo inanimado como ha pretendido el fracasado Memorándum de Entendimiento. Lo que se necesita, en cambio, es que actúen los mecanismos judiciales de cada país.

La justicia iraní debe contestar los exhortos aún cuando un juez iraní pueda contradecir las investigaciones de la justicia argentina e incluso pueda exhibir pruebas en contrario. Lo que no es aceptable es el silencio o la negación por la negación misma. Tampoco que no se ofrezca aclaración sobre la responsabilidad atribuida por el Fiscal General a ciertas autoridades iraníes conforme a una reunión en Pashad en 1993, donde se habría decidido el atentado terrorista.

Es hora de que la nueva Administración en Teherán de muestras concretas de voluntad de cooperar con la justicia argentina. Hacerlo sería una señal adicional de que el presidente Hassan Rouhani se encamina esperanzadoramente en la senda del derecho internacional.