Es desilusionante que el Gobierno no haya considerado esa opción y no contribuya mejor a la transición. La designación solitaria, en cambio, del ministro de Economía y del actual canciller en una cumbre de jefes de Estado cuyas decisiones tendrán principio de ejecución después del 10 de diciembre no parece una medida muy seria. Ninguno podrá hablar del futuro. Tampoco augura una participación muy destacada ni que despierte mayor interés tanto en términos nacionales o en lo que hace al Mercosur.

Argentina y Brasil son hoy las dos economías más cerradas al comercio exterior del G-20. Un estudio de la Cámara Mundial de Comercio (ICC) señala que Argentina y Brasil recibieron la más baja puntuación (2,5 y 2,3, respectivamente). Este dato muestra una de las razones por las cuales la presencia del Mercosur en el mercado internacional es prácticamente insignificante. Brasil, el socio más importante, solo participa con el 1 por ciento. Ambos siguen con una actitud proteccionista que no favorecerá la intención del G-20 de destrabar las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevista en Nairobi en diciembre próximo. Tampoco en materia de cambio climático. Ninguno ha anunciado las medidas que adoptarán en término de reducción de emisiones para asegurar el éxito de la Conferencia de la ONU en París (30 de noviembre al 11 de diciembre).

Es lamentable que el Gobierno no haya considerado la importancia que podría representar para la Argentina que los referentes de los candidatos presidenciales participen, aunque sea en calidad de observadores, en una cumbre que se reúne para considerar las formas de superar un panorama sombrío en materia económica y financiera. El impacto de las turbulencias financieras en China aún perdura. También el temor de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a subir los tipos de interés. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), preparatorio para la sesión, reconoció que las previsiones de crecimiento habían disminuido en Estados Unidos, la zona euro, Japón y la mayoría de los países pobres. El crecimiento de China estaría más cerca de 4% que del 7 por ciento. Asimismo, los datos del comercio global en el primer semestre del 2015 muestran la mayor contracción desde la crisis financiera del 2009.

El hecho más significativo de la Cumbre de Antalya quizás sea la próxima designación de China como presidente rotativo del G-20, al permitir durante el 2016 el inicio de un ciclo de mayor comunicación entre el gigante asiático y el resto del mundo. Sin embargo, el hecho de que el año próximo tengan lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos no pronostica el mejor diálogo entre Washington y Beijing. Tampoco en lo que pueden ser las iniciativas de reforma del FMI y de la Agencia Internacional de la Energía.

En este contexto, es una oportunidad desaprovechada que quienes gobernarán el país en pocas semanas no hayan tenido la ocasión de asistir a una primera prueba de fuego de una realidad internacional delicada y que requerirá, entre otras cuestiones, una política exterior de particular envergadura.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

De continuar en el 2016 las orientaciones económicas y de política exterior del Gobierno de la presidente Cristina Kirchner, la historia puede ser distinta y quizás más compleja para los intereses argentinos. Nuevamente los ojos volverían a la inacción del Mercosur y al corsé que muchos sectores económicos de Brasil interpretan como limitante para atenuar la crisis económica e incluso la debilidad política. La negociación unilateral de acuerdos de libre comercio es considerado un paso esencial en la recuperación económica del Brasil y ha sido defendida por entidades empresariales como la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura. Brasil se encuentra en el quinto año de recesión y el 2015 se presenta con una probable contracción del producto bruto interno del 1,49 % y con una inflación del 9 %.

Es obvio que la resistencia de Itamaraty a que Brasil deje el Mercosur tuvo en cuenta otras cuestiones y en particular las de alcance geopolítico. El desmantelamiento del Mercosur podría llegar eventualmente a configurar un nuevo mapa subregional de complejidades políticas mayores que las económicas y comerciales. También alterar la base de la proyección diplomática internacional del Brasil. Es evidente que la planificación de política exterior que ha desarrollado Brasil en las últimas décadas tuvo prioridad sobre problemas económicos temporales y de características coyunturales.

Sin embargo, que el tema del posible abandono del Brasil al Mercosur haya sido discutido en el Palacio del Planalto, promovido en la agenda de una figura de gran importancia política, debería ser un serio llamado de atención para la Argentina. Es una clara indicación de que, en algún momento, los objetivos de la dinámica integracionista del Brasil van a cambiar. También enfatiza la necesidad de que el Mercosur adopte actitudes más flexibles y se abra al mundo. Es llamativo que mientras se desarrollan aproximadamente 140 negociaciones de acuerdos comerciales entre distintas regiones del planeta en ninguna participe el Mercosur.

El Mercosur debería salir del creciente aislacionismo, en particular a la luz de los megaacuerdos que se encuentran en proceso de negociación. Es quizás hora de que a partir del 2016 se impulse un Mercosur agresivo, que en bloque persiga ampliar geométricamente objetivos comerciales con todos los centros económicos del mundo y en particular con Europa y Asia. Es de esperar que el próximo Gobierno argentino se encuentre a la vanguardia de esa perspectiva.

La capacidad industrial del Brasil de enriquecer uranio, iniciada en 1985, finalmente se encuentra dando frutos. La fábrica de Rosende, una de las instalaciones con ese objetivo, es un emprendimiento conjunto del INB y del Centro Tecnológico de la Marina que cuenta con cuatro módulos con un total de diez conjunto de centrifugas. La capacidad instalada permitiría procesar, inicialmente, hasta 40 toneladas anuales. Asimismo, produciría los elementos combustibles para los proyectados submarinos a propulsión nuclear aunque no se descarta en el futuro que disponga de un centro específico para cubrir dicha necesidad por las características más sensible que representa.

Es previsible que el uranio enriquecido para Angra I sea ligeramente enriquecido (entre el 3% y el 5%). Sin embargo, los elementos combustibles para el reactor de los submarinos requieren de un enriquecimiento muy superior. Técnicamente esa capacidad, a través del método del centrifugado rápido, permitiría una concentración sustantiva del isotopo 235 U. Justamente en previsión del alcance delicado de la cuestión, a principios del 2008, Argentina y Brasil suscribieron un documento de intención para integrar ambas industrias de enriquecimiento de uranio y eventualmente encarar un programa de producción conjunta a escala industrial. Lamentablemente, quedó en el olvido. Dicho mecanismo bilateral, de haberse continuado, hubiese sido un paso técnico y político importante para ambos países y una muestra adicional de confianza a nivel global.

Sin perjuicio de las naturales consideraciones que puede despertar la capacidad instalada de Brasil, dicho país es parte del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y del Tratado de Tlatelolco y, en ese contexto,  sujeto a las salvaguardias correspondientes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Asimismo, se cuenta con un sistema de contabilidad recíproca de materiales nucleares con la Argentina (ABAAC). Sin embargo, no se ha adherido al Protocolo Adicional al TNP como tampoco lo ha hecho la Argentina.

El renacer de la energía nuclear en Brasil y la Argentina con un nuevo ciclo de instalaciones nucleares proyectadas, pone en evidencia la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia y oportunidad que ambos países se sumen finalmente al Protocolo Adicional al TNP. Argentina ha expresado no tener dificultades y ha comprometido su adhesión cuando Brasil se encuentre en condiciones.

Quizás ha llegado el momento que ambos gobiernos avancen con determinación en esa dirección. La próxima Conferencia de Examen del TNP, en el 2015, podría ser la ocasión ideal para el anuncio bilateral  formal que se traduciría en un fuerte respaldo a la no proliferación en el mundo y en un nuevo ejemplo de la permanente vocación pacífica que domina el comportamiento de Argentina y Brasil en el ámbito de la tecnología nuclear.

De los quince miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo Rusia votó en contra con tres abstenciones (Argentina, China y Ruanda). Los restantes once integrantes lo hicieron a favor, que incluye a Chile.
El balance de muchos votos, por consideraciones geopolíticas, no sorprende salvo en el caso latinoamericano. Tampoco la abstención de Brasil por la prioridad estratégica que otorga a la integración a los BRICS y por ser próxima sede de una reunión Cumbre tras el mundial de futbol en la que participaría Vladimir Putin.

Los casos más llamativos han sido los de Argentina y Uruguay. Ninguno de los dos necesitaba, en principio, quedar tan en evidencia ya que el Mercosur votaba dividido (Paraguay a favor). En particular en una cuestión de principio en la que habían anunciado estar a favor. Montevideo podría haber decidido ser más consecuente con Rusia para compensar el favor a la Casa Blanca con la próxima recepción de cinco presos de Guantánamo. También para seguir los lineamientos de Brasilia.

La actitud más difícil de entender es la abstención de Argentina. Primero por haber votado a favor de una resolución básicamente idéntica en el Consejo de Seguridad. Segundo, por tratarse de argumentos que le vienen al dedo por Malvinas al ser un respaldo al principio de integridad territorial e imponer un límite al de la autodeterminación además de insistir en el dialogo político para la solución de controversias. Tercero, por necesitar un clima más propicio en algunas negociaciones urgentes como podría ser las del Club de Paris.

La duda es si la tendencia de Argentina de mirar al mundo de reojo, en lugar de hacerlo de frente, es lo más apropiado. Los ejemplos de Chile y otros países que hoy integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, parecerían aconsejar lo contrario y que la contribución a la compleja realidad del mundo se asume con actitudes responsables y miradas cristalinas.

Ante este cuadro, los países más representativos de la comunidad internacional se han reunido en Kuwait, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en la segunda Conferencia de Donantes. El resultado de aportes fue mejor que la reunión previa del 2013 alcanzado 2400 millones de dólares además de otras ofertas de asistencia y cooperación en una variedad de áreas urgentes destinadas a reducir el sufrimiento de la población civil.

Entre los 69 países participantes solo se registraron dos latinoamericanos, Brasil y México. El primero con una donación simbólica de 300 mil dólares y el segundo con 3 millones de dólares. Lo importante, independientemente del monto del aporte, ha sido el gesto de ambos países como la señal política de compromiso con las responsabilidades internacionales.

Lo sorprendente es que la Argentina haya estado ausente de esa convocatoria humanitaria internacional. La Argentina no puede ni debe ser indiferente a lo que ocurre en Siria en particular al contar entre su población con casi cuatro millones de argentinos que son descendientes de sirios. La inmigración sirio-libanesa ha sido la tercera corriente migratoria del país seguida de los italianos y españoles.

También resulta absolutamente inexplicable al ser la Argentina integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano que tiene una responsabilidad primordial por las dramáticas circunstancias que atraviesa Siria. La pasividad diplomática de Argentina es una nueva decepción y denota una tendencia cuyos efectos se encuentran ocasionando un enorme perjuicio para el prestigio del país. También erosionando la defensa de sus intereses nacionales.

La reunión de Kuwait es un ejemplo más de la falta de diplomacia por parte de Argentina. Desnuda también la brecha abismal que se empieza a vislumbrar con la diplomacia que practican Brasil y México que se han trasformado en las dos caras diplomáticas visibles de la región a escala global. La Argentina que jugó ese rol de diplomacia ascendente desde su independencia, en cambio, hoy se ha tristemente desvanecido. Es lamentable que así sea, en particular cuando las necesidades de expansión y proyección de nuestro país reclaman un accionar diplomático dinámico, comprometido y responsable que le permita participar exitosamente de los desafíos y beneficios del mundo globalizado.

La Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Irlanda en mayo del 2008, significó un avance de desarme humanitario de enorme significación aunque lamentablemente no ha logrado el objetivo de la universalidad y es quizás por ello que no se ha producido una reacción internacional categórica de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el régimen de Al Assad por el uso inhumano de este tipo de armamento. En total, 112 países se han sumado a la Convención con las notables ausencias de Estados Unidos, Rusia y China.

Según Amnesty International, un tercio de las víctimas de estas armas son niños al encontrarse las bombas racimo diseminadas en capsulas de colores atrayentes que confunden con juguetes. En la última década más de cien mil personas murieron o fueron mutiladas por sus efectos. El 98% era civil. Es desilusionante que la Argentina, Brasil y Venezuela, los únicos tres de América Latina y el Caribe, tampoco sean parte de la Convención. El Gobierno argentino argumenta no encontrarse satisfecho con el texto, en particular el artículo 21, conocido como la cláusula OTAN, que no condena a una alianza militar en la que uno de sus socios lance una bomba.

Si bien puede ser cierto que el instrumento merece algunas críticas por contener grises, esas lagunas podrían ser allanadas en negociaciones diplomáticas adicionales como Estado parte de la Convención. Lo que no es entendible es que la Argentina siga sin adherir a un instrumento de claro objetivo humanitario, tratándose de un arma que no produce ni tiene la intención de adquirir. Esa actitud no es concordante con la vocación humanitaria que proclama y muestra una llamativa contradicción con la política de defensa de los derechos humanos. También con la estrategia respecto a Malvinas ya que las bombas racimo fueron utilizadas por el Reino Unido al bombardear la pista de Puerto Argentino en una acción que contradijo gravemente el principio de proporcionalidad durante el conflicto de 1982.

La guerra informática ha dejado de ser motivo de ciencia ficción. Hoy parece ser común en el mundo las acciones digitales tendientes a obtener información privilegiada ilegal como para controlar o producir alteraciones en los sistemas informáticos. Ha pasado a ser el talón de Aquiles de la mayoría de los países y no se limita a los virus conocidos o por conocer. Es mucho más complejo como extenso. Las consecuencias son graves, no sólo en lo que hace a la privacidad de los ciudadanos y las empresas, sino a la seguridad del Estado. El Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorin, ha señalado que los ciberataques “pueden generar los efectos de un arma de destrucción masiva”.

La proyectada cooperación bilateral argentino brasileña, que requiere inversiones significativas en materia de conocimiento informático, parecería esencial para poder reducir los riesgos que se enfrentan. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos que se avecinan en el mundo permitirían presumir que el esfuerzo bilateral, aunque muy importante, no serían suficientes.

Es hora de impulsar una iniciativa multilateral para negociar en Naciones Unidas un instrumento jurídicamente vinculante que detengan las graves consecuencias que pronostica lo que genéricamente se denomina como conflictos digitales. El tema ya es materia de continuas acusaciones entre las grandes potencias tecnológicas como ha quedado en evidencia, por ejemplo, con denuncias norteamericanas de la existencia de centros de hackers en China. Ya Edward Snowden habría indicado que la isla Ascensión cumpliría la misma función de hackeo para América Latina. Quizás también para África.

Los efectos que plantea la informática digital son posteriores a todas las convenciones internacionales vigentes. No existe regulación o norma alguna en el derecho internacional ni siquiera en el derecho humanitario sobre la guerra cibernética. Sin embargo, principios generales del derecho internacional serían aplicables como por analogía algunos tratados en materia de protección de bienes o personas. En el campo del derecho internacional humanitario los ataques informáticos serían de incumbencia del “jus in bello”.

Claramente no es suficiente. Se necesita con urgencia un régimen jurídico multilateral específico. Es hora de iniciar una decidida campaña internacional para acordar las normas imprescindibles para reducir los riesgos que plantea la era digital y asegurar que los innumerables y revolucionarios beneficios no se utilicen para fines hostiles o criminales.