Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.

Ya Washington había enfatizado con claridad, a todos los países, que cualquier desafío que represente una protección al ex agente norteamericano tendría “graves repercusiones”. El mensaje, independiente de la opinión que merezca, no contiene ambigüedades.

Las medidas preliminares que serían adoptadas por Washington incluirían la suspensión de visas a miembros del gobierno y empresarios venezolanos como el estudio para impulsar causas judiciales contra chavistas sospechados de vínculos con el narcotráfico y de haber incurrido en lavado de dinero. El secretario de Estado, John Kerry, en una reciente conversación telefónica, habría advertido al canciller venezolano, Elías Jaua, que las medidas de represalia podrían llegar a suspender la compra norteamericana de crudo, gasolina y derivados del petróleo.

Asimismo, los países europeos han decidido respaldar los esfuerzos de Estados Unidos de bloquear toda posibilidad que Snowden pueda sobre volar el espacio europeo. La situación delicada atravesada por el avión del presidente de Bolivia pone de manifiesto esa determinación. Ningún avión con bandera venezolana con sospecha de transportar al ex agente de la CIA será autorizado de transitar por el espacio aéreo de los países de la OTAN. Es probable que la medida incluya aviones cubanos y ecuatorianos. Tampoco se descarta que la medida esté también dirigida contra líneas aéreas de otros países que han demostrado cierta inclinación solidaria a favor de Venezuela.

La posibilidad que Estados Unidos deje de adquirir petróleo y derivados sería un suicidio económico para Venezuela ya que representa el 90% de los ingresos de divisas calculadas en 12 mil millones de dólares al año. El impacto en la economía venezolana sería catastrófico. Ya el ex presidente Hugo Chávez había fracasado en el intento de reemplazar al mercado norteamericano como principal cliente comercial de hidrocarburos ante la eventualidad de una mayor confrontación con Washington. Caracas no puede ignorar que las consecuencias del enfrentamiento serán muy graves. Salvo que Nicolás Maduro esté dispuesto a sufrir los avatares de esas represalias para cubrir el fracaso económico que ha hundido a Venezuela en recesión desde el 2009. Sería de lamentar que Maduro utilice el recurso legítimo del asilo para otros propósitos. También lo sería que involucre a UNASUR o a la presidencia Pro Tempore del Mercosur en ese sentido.

El episodio Snowden es preocupante desde todo punto de vista. Ni Estados Unidos debería ignorar el derecho internacional ni los demás Estados aprovecharse de un tema particularmente delicado. Todos deberían, en cambio, avocarse a encontrar una fórmula diplomática armoniosa que evite reproducir escenarios de confrontación con consecuencias imprevisibles.