Existe asimismo, en el caso norteamericano, un motivo jurídico. Las fuerzas militares de Estados Unidos no están autorizadas a efectuar actos hostiles fuera de una zona de guerra aun cuando algunos comandos específicos realicen acciones encubiertas que exceden ese marco. La CIA, en cambio, no tiene limitación alguna.

En este contexto, los drones son armas cuya nueva dramática característica es que pueden ser utilizadas fuera del derecho de guerra internacional. Las convenciones de Ginebra no parecen alcanzarlos a pesar de los daños humanitarios colaterales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado un amplio informe de abusos y violaciones a todo tipo de leyes sobre conflictos armados. Los datos son alarmantes y revelan, cuanto menos, excesos de fuerza desproporcionados.

Los drones también son usados para matar personas específicas como ha sido reconocido por Estados Unidos en Pakistán, Yemen y Somalía. Esas acciones, independientemente de los antecedentes criminales del destinatario, son contrarias al derecho internacional que prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de la fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales.

En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser blancos de un ataque directo. Fuera de ese marco, sólo es legítima cuando sea estrictamente necesaria para proteger la vida.

Consecuentemente, muchas de las acciones conducidas con drones pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional. Existen también otras implicancias en el uso de drones que afectan principios esenciales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Estas circunstancias, entre otras, hacen indispensable que Naciones Unidas regule la utilización de drones a través de mecanismo de transparencia informativa que evite la violación al derecho internacional, en particular los Protocolos de Ginebra, además de prever que quienes cometan actos ilegítimos rindan cuentas.

Asimismo, se requiere con urgencia de una norma internacional que garantice que en caso que se vea afectado el uso legítimo de drones se pueda llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial. Es de esperar que la comunidad internacional asuma con responsabilidad la necesidad de regular un instrumento revolucionario de amplias ventajas pacificas como de dramático uso letal ilegal.

Ya Washington había enfatizado con claridad, a todos los países, que cualquier desafío que represente una protección al ex agente norteamericano tendría “graves repercusiones”. El mensaje, independiente de la opinión que merezca, no contiene ambigüedades.

Las medidas preliminares que serían adoptadas por Washington incluirían la suspensión de visas a miembros del gobierno y empresarios venezolanos como el estudio para impulsar causas judiciales contra chavistas sospechados de vínculos con el narcotráfico y de haber incurrido en lavado de dinero. El secretario de Estado, John Kerry, en una reciente conversación telefónica, habría advertido al canciller venezolano, Elías Jaua, que las medidas de represalia podrían llegar a suspender la compra norteamericana de crudo, gasolina y derivados del petróleo.

Asimismo, los países europeos han decidido respaldar los esfuerzos de Estados Unidos de bloquear toda posibilidad que Snowden pueda sobre volar el espacio europeo. La situación delicada atravesada por el avión del presidente de Bolivia pone de manifiesto esa determinación. Ningún avión con bandera venezolana con sospecha de transportar al ex agente de la CIA será autorizado de transitar por el espacio aéreo de los países de la OTAN. Es probable que la medida incluya aviones cubanos y ecuatorianos. Tampoco se descarta que la medida esté también dirigida contra líneas aéreas de otros países que han demostrado cierta inclinación solidaria a favor de Venezuela.

La posibilidad que Estados Unidos deje de adquirir petróleo y derivados sería un suicidio económico para Venezuela ya que representa el 90% de los ingresos de divisas calculadas en 12 mil millones de dólares al año. El impacto en la economía venezolana sería catastrófico. Ya el ex presidente Hugo Chávez había fracasado en el intento de reemplazar al mercado norteamericano como principal cliente comercial de hidrocarburos ante la eventualidad de una mayor confrontación con Washington. Caracas no puede ignorar que las consecuencias del enfrentamiento serán muy graves. Salvo que Nicolás Maduro esté dispuesto a sufrir los avatares de esas represalias para cubrir el fracaso económico que ha hundido a Venezuela en recesión desde el 2009. Sería de lamentar que Maduro utilice el recurso legítimo del asilo para otros propósitos. También lo sería que involucre a UNASUR o a la presidencia Pro Tempore del Mercosur en ese sentido.

El episodio Snowden es preocupante desde todo punto de vista. Ni Estados Unidos debería ignorar el derecho internacional ni los demás Estados aprovecharse de un tema particularmente delicado. Todos deberían, en cambio, avocarse a encontrar una fórmula diplomática armoniosa que evite reproducir escenarios de confrontación con consecuencias imprevisibles.