La misión solicitada a la ONU estaría integrada por expertos de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A diferencia de las Fuerzas de Paz de la ONU, conocidas como Cascos Azules, la misión no estaría integrada por cuerpos militarizados. Los participantes no portarán armas ni tendrán una función policial o militar. Se tratará principalmente de una presencia política de observación, con el mandato de monitorear y verificar los compromisos asumidos por las partes. Las características de la misión serían definidas por el Consejo de Seguridad de la ONU, también su duración, estimada inicialmente en doce meses. En principio, el costo sería asumido por las Naciones Unidas.

Naciones Unidas posee una importante experiencia en supervisar el cumplimiento del alto de fuego, así como en tareas de desmovilización y desarme de combatientes. También en limpiar de minas los territorios afectados. En general, en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU no suelen participar representantes de países limítrofes. Consecuentemente, sería previsible que Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá se abstengan de ofrecer personal. Esta situación acentuaría el papel de Argentina, Chile y Uruguay, con una importante tradición técnica y diplomática en cuestiones multilaterales afines.

La tarea de la misión multilateral abarcaría todo el territorio de Colombia, aun cuando la presencia militar de las FARC ha tenido una influencia en 24 de los 32 departamentos del país. En el 2001, diversas fuentes estimaban que la guerrilla contaba con cerca de dieciséis mil combatientes. En la actualidad, según datos de prensa, la cifra no superaría los siete mil. Un informe de Human Rights Watch destaca que aproximadamente el 30% de los integrantes de las FARC son menores de 30 años.

Uno de los problemas del llamado proceso de desarme de las FARC es determinar el arsenal real de armas pequeñas y livianas, como de distinto tipo de municiones. Hasta ahora los únicos datos disponibles son los que suministra la propia guerrilla. Sin embargo, existe conciencia de que posee un número considerable de armamento. Se calcula, por ejemplo, que cuenta con más de diez mil fusiles AK-47 y alrededor de cinco mil fusiles M-15 y M-16, ametralladoras M-60 y, entre otros, AP-60, lanzador de granadas. Las FARC también dispondrían de armamento pesado, como misiles rusos Igla S-24 o lanzacohetes AT-4 de origen sueco. Human Rights Watch ha acusado a las FARC de haber sido el grupo que más minas antipersonales terrestres ha utilizado en el mundo.

Estas consideraciones genéricas son ilustrativas de la complejidad de la próxima misión de observación de la ONU, así como de la importancia política de que sea efectiva. Es de esperar que toda la región coopere para que el proceso de paz concluya a satisfacción de los colombianos y que los mecanismos de implementación reciban el mayor apoyo de toda la comunidad internacional y en particular de América Latina y el Caribe.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

Uno de los puntos del impasse en el dialogo en La Habana es el relativo a la inserción de los guerrilleros en la vida política tras un eventual acuerdo de paz. Mientras unos exigen borrón y cuenta nueva con plena capacidad de participar en actividades proselitistas, el gobierno plantea, entre otras, la necesidad de abstención de los principales responsables de la violencia y atentados terroristas. La solución no parece fácil en particular tras los nuevos hechos de violencia en Cauca.

Otro problema son los guerrilleros de las FARC no colombianos. De acuerdo a información de prensa estarían participando activistas de Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina y de diversos países europeos. Un argentino de creciente notoriedad, es el segundo extranjero de más alto rango en la estructura de las FARC. Algunas fuentes periodísticas lo vinculan con ciertos políticos y agrupaciones locales. La información periodística hasta incluye referencias a la eventual conexión de las FARC con el narcotráfico en la Argentina. Más allá de la veracidad de estos datos, el tema expone un problema con derivaciones que van más allá de las decisiones que podrían adoptarse en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC.

Es evidente que el tema del reciclaje de los integrantes de las FARC tendría connotaciones sensibles para los países de origen de esos guerrilleros. La presunta participación de argentinos en las FARC como también en distintas expresiones del islamismo integrista en Medio Oriente, plantea la duda si el gobierno nacional conoce el alcance de los riesgos, potenciales o presentes, involucrados. También en lo que hace al nexo entre estos grupos extremistas y el narcotráfico. La gravedad del tema recomendaría algún tipo de explicación para tranquilidad de la opinión pública.

También la Cancillería debería estar más atenta. Es de esperar que el Palacio San Martin posea más información que la que surge de fuentes periodísticas sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC. Sin embargo, el grado del relacionamiento diplomático actual con Bogotá no permite mayor confianza. La colaboración mutua parece ser de muy bajo voltaje diplomático como resultado, entre otros, de un clima bilateral de pobre intensidad y limitadas coincidencias. El excesivo acercamiento a Venezuela podría ser otro motivo.

El tema de fondo, por sus consecuencias, merecería de un enfoque, una seriedad y un involucramiento diplomático distinto. Y eso es así, en definitiva, por tratarse de una variedad de cuestiones delicadas y entrelazadas que incluye al terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Todas graves amenazas a la seguridad nacional. Consecuentemente, no se debería seguir mirando para otro lado.