Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

La guerra informática ha dejado de ser motivo de ciencia ficción. Hoy parece ser común en el mundo las acciones digitales tendientes a obtener información privilegiada ilegal como para controlar o producir alteraciones en los sistemas informáticos. Ha pasado a ser el talón de Aquiles de la mayoría de los países y no se limita a los virus conocidos o por conocer. Es mucho más complejo como extenso. Las consecuencias son graves, no sólo en lo que hace a la privacidad de los ciudadanos y las empresas, sino a la seguridad del Estado. El Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorin, ha señalado que los ciberataques “pueden generar los efectos de un arma de destrucción masiva”.

La proyectada cooperación bilateral argentino brasileña, que requiere inversiones significativas en materia de conocimiento informático, parecería esencial para poder reducir los riesgos que se enfrentan. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos que se avecinan en el mundo permitirían presumir que el esfuerzo bilateral, aunque muy importante, no serían suficientes.

Es hora de impulsar una iniciativa multilateral para negociar en Naciones Unidas un instrumento jurídicamente vinculante que detengan las graves consecuencias que pronostica lo que genéricamente se denomina como conflictos digitales. El tema ya es materia de continuas acusaciones entre las grandes potencias tecnológicas como ha quedado en evidencia, por ejemplo, con denuncias norteamericanas de la existencia de centros de hackers en China. Ya Edward Snowden habría indicado que la isla Ascensión cumpliría la misma función de hackeo para América Latina. Quizás también para África.

Los efectos que plantea la informática digital son posteriores a todas las convenciones internacionales vigentes. No existe regulación o norma alguna en el derecho internacional ni siquiera en el derecho humanitario sobre la guerra cibernética. Sin embargo, principios generales del derecho internacional serían aplicables como por analogía algunos tratados en materia de protección de bienes o personas. En el campo del derecho internacional humanitario los ataques informáticos serían de incumbencia del “jus in bello”.

Claramente no es suficiente. Se necesita con urgencia un régimen jurídico multilateral específico. Es hora de iniciar una decidida campaña internacional para acordar las normas imprescindibles para reducir los riesgos que plantea la era digital y asegurar que los innumerables y revolucionarios beneficios no se utilicen para fines hostiles o criminales.