La última elección, que permite que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional, es una manifestación de que la ciudadanía venezolana reclama una evolución para que Venezuela supere la debacle económica y los abusos políticos. Sin embargo, ni la oposición debería desconocer el papel que conforme a la Constitución le corresponde al Ejecutivo ni el Gobierno el claro mensaje de las urnas.

Es momento de que unos y otros eviten desmesuras y recuperen el diálogo para impedir que el enfrentamiento de casi dos décadas se traslade a los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese punto es donde Unasur y Mercosur deberían recuperar presencia y protagonismo diplomático constructivo. Ni la nueva mayoría parlamentaria debe ser abusiva ni el Gobierno puede ignorar su existencia. La gobernabilidad venezolana pasa por la búsqueda de equilibrio entre el Legislativo en manos de la oposición y el Ejecutivo conducido por el presidente Nicolás Maduro.

Muchos temas urgentes harán de esa convivencia un ciclo político difícil. El colapso económico y social del modelo chavista puede llevar a la oposición a intentar desde la Asamblea Nacional promover leyes orgánicas de difícil aceptación por parte de Maduro. Lo mismo podría pasar si se intentara desplazar autoridades. Pese a que para ambas posibilidades cuenta con los votos suficientes en la Asamblea, la ansiedad del triunfo electoral debería ser controlada. Las características del chavismo en el poder sugieren un camino paso a paso.

El primero a ojos del mundo debería ser la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento pleno del respeto a los derechos humanos. En este punto la diplomacia regional debería estar comprometida para asistir a evitar fracturas entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Sería deseable que fuera el propio Nicolás Maduro el que impulsara una ley de amnistía. Si lo hiciera, el Gobierno venezolano recuperaría mucho del prestigio internacional perdido.

Es de esperar que la madurez política se imponga. También que América Latina sepa estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora su papel diplomático ha sido muy desilusionante. La nueva etapa delicada de esperanza en la que ingresa Venezuela exige que la región asuma un rol de mayor responsabilidad y compromiso.

En este contexto, las elecciones legislativas convocadas para fin de año no parecen contar, por el momento, con las garantías democráticas mínimas para asegurar comicios transparentes. También en lo que hace a la libre participación de las principales fuerzas políticas en campañas electorales, en particular por cuanto por primera vez en 16 años los 19 partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Sin embargo, es difícil ser optimista en un país donde se han afectado todos los elementos esenciales de la democracia representativa, como los parámetros de salvaguardia de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Es importante para la crítica situación venezolana que las próximas elecciones del 6 de diciembre sean libres y transparentes. Es de esperar que el Gobierno venezolano, a diferencia del pasado, acepte observadores internacionales calificados para los comicios, en particular de la Organización de Estados Americanos. Así lo ha solicitado recientemente un número significativo de expresidentes latinoamericanos y sería importante que todos los Gobiernos de la región insistan con la misma aspiración. Han sido auspiciosas las referencias de la Presidenta del Brasil en ese sentido. Sería importante que la Argentina hiciera manifestaciones en la misma dirección.

Hasta ahora el comportamiento argentino respecto de la grave crisis política en Venezuela ha sido muy desilusionante. En ningún momento se han efectuado gestiones diplomáticas para interceder en la liberación de los 75 presos políticos ni se ha expresado preocupación por el grado de represión que se ejerce contra la oposición y la libertad de prensa.

Es de esperar que tras las elecciones presidenciales de octubre, la diplomacia del Palacio San Martín recupere el protagonismo en política exterior en la defensa de valores y principios esenciales como la democracia y los derechos humanos. Es urgente que la Argentina, uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana y de los protocolos específicos del Mercosur y Unasur, vuelva a ejercer el liderazgo regional en defensa del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar que América Latina toda permanezca como una zona libre de autoritarismos y desvíos democráticos.

La violencia contra las mujeres en todo el ciclo de vida es una de la más vergonzosas violaciones a los derechos humanos. En el mundo el 35% de las mujeres ha experimentado, según la ONU, algún tipo de violencia física, psicológica y sexual. Cuatro millones de personas, la mayoría mujeres y niñas, son víctimas planetarias de trata cada año. Según la OIT, más de 12 millones, principalmente mujeres, padecen situaciones laborales similares a la esclavitud. En América latina, donde la pobreza tiene rostro de mujer, el 56% se encuentra en la informalidad laboral. Casi un 70% sufren o han sido afectadas por la violencia de género. Son cifras que conmueven e indignan. Sin embargo, la lista de datos aberrantes podría extenderse por varias páginas.

A más de dos décadas de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la violencia contra las Mujeres, la situación sigue siendo en muchas latitudes estructural y gravemente comprometida. Tampoco se trata de un problema exclusivo de algunas confesiones. El problema es más amplio y extendido. Dada la gravedad de la situación, es indispensable apoyar las campañas mundiales de concientización así como pedir a los gobiernos que prevengan, investiguen y faciliten el juzgamiento de los actos de discriminación contra mujeres y niñas. Sería importante respaldar ese esfuerzo.

Argentina ha ratificado diversos instrumentos internacionales en los que se comprometió a adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia de género, asistir y reparar a las víctimas y sancionar a los responsables. Sin embargo, las prácticas internas siguen lejos de honrar plenamente estos compromisos.

Por lo pronto, no hay datos oficiales confiables sobre los casos denunciados ni siquiera se sabe con certeza cuántas mujeres han muerto por razones directas de género. Los femicidios, según fuentes de organismos no gubernamentales, podrían calcularse, como promedio de los últimos años, en no menor a 200. La mayoría, además, enfrentan un tratamiento distinto del que se brindan a otras víctimas. La discriminación por razones de género que se evidencia en las prácticas jurídicas penales y policiales, también se refiere a la falta de seriedad que en muchas ocasiones se reciben las denuncias y se asume la tramitación de la causa.

La Argentina también debe sumarse activamente a la campaña internacional para modificar una diversidad de prácticas aberrantes que imperan en el mundo. Es hora de contar con una diplomacia, que en materia de violencia de género, asuma mayor responsabilidad. El tema no es políticamente negociable. Tampoco se puede seguir tratando esta cuestión como si fuera marginal o una más de la agenda internacional.

En ese marco pensar que Venezuela es aún una democracia representativa en el marco de su propia Constitución o en los términos de la Carta Democrática Interamericana, es una falacia. La realidad muestra una atmósfera política en la que se están traspasando todos los límites admitidos. Incluso el Estado de Derecho es de una gran precariedad donde se han desvanecido las garantías jurídicas.

En ese contexto, adquiere singular importancia la actitud del ex presidente de España, Felipe González, que ha expresado disposición de asumir la defensa legal de presos políticos, en particular de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Otras personalidades de la región, como Fernando Enrique Cardozo, se han sumado a la iniciativa. La situación venezolana es tan grave que hasta el maniatado Secretario General de UNASUR ha ponderado el gesto de Felipe González.

Ya en noviembre pasado un grupo de ex mandatarios latinoamericanos habían expresado la preocupación por la falta de garantías jurídicas en Venezuela. El grupo estaba integrado por Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Fernando Enrique Cardozo (Brasil), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Oscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lamentablemente la lista no incluía a ex presidentes argentinos.

Es evidente que, ante el delicado cuadro venezolano y la absoluta inacción de la diplomacia regional, el único camino para ayudar a Venezuela es la asistencia internacional no gubernamental, compuesta por la voz de aquellos que no tienen temor por las represalias del régimen venezolano. Resulta penoso que los presidentes de América Latina sean tan condescendientes con un gobierno que se encuentra violando los principios esenciales sobre los cuales desde hace varias décadas se asienta la convivencia hemisférica, entre otros, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La Argentina, lamentablemente, parece haber descartado de la política exterior la importancia que revisten los valores y principios internacionalmente reconocidos. Un exceso de pragmatismo parece impregnar toda su diplomacia. El comportamiento con Venezuela es quizás la muestra más dolorosa de ese abandono y la pérdida de un comportamiento mínimamente ético en las relaciones internacionales.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.

La Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Irlanda en mayo del 2008, significó un avance de desarme humanitario de enorme significación aunque lamentablemente no ha logrado el objetivo de la universalidad y es quizás por ello que no se ha producido una reacción internacional categórica de condena del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra el régimen de Al Assad por el uso inhumano de este tipo de armamento. En total, 112 países se han sumado a la Convención con las notables ausencias de Estados Unidos, Rusia y China.

Según Amnesty International, un tercio de las víctimas de estas armas son niños al encontrarse las bombas racimo diseminadas en capsulas de colores atrayentes que confunden con juguetes. En la última década más de cien mil personas murieron o fueron mutiladas por sus efectos. El 98% era civil. Es desilusionante que la Argentina, Brasil y Venezuela, los únicos tres de América Latina y el Caribe, tampoco sean parte de la Convención. El Gobierno argentino argumenta no encontrarse satisfecho con el texto, en particular el artículo 21, conocido como la cláusula OTAN, que no condena a una alianza militar en la que uno de sus socios lance una bomba.

Si bien puede ser cierto que el instrumento merece algunas críticas por contener grises, esas lagunas podrían ser allanadas en negociaciones diplomáticas adicionales como Estado parte de la Convención. Lo que no es entendible es que la Argentina siga sin adherir a un instrumento de claro objetivo humanitario, tratándose de un arma que no produce ni tiene la intención de adquirir. Esa actitud no es concordante con la vocación humanitaria que proclama y muestra una llamativa contradicción con la política de defensa de los derechos humanos. También con la estrategia respecto a Malvinas ya que las bombas racimo fueron utilizadas por el Reino Unido al bombardear la pista de Puerto Argentino en una acción que contradijo gravemente el principio de proporcionalidad durante el conflicto de 1982.