La guerra informática ha dejado de ser motivo de ciencia ficción. Hoy parece ser común en el mundo las acciones digitales tendientes a obtener información privilegiada ilegal como para controlar o producir alteraciones en los sistemas informáticos. Ha pasado a ser el talón de Aquiles de la mayoría de los países y no se limita a los virus conocidos o por conocer. Es mucho más complejo como extenso. Las consecuencias son graves, no sólo en lo que hace a la privacidad de los ciudadanos y las empresas, sino a la seguridad del Estado. El Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorin, ha señalado que los ciberataques “pueden generar los efectos de un arma de destrucción masiva”.

La proyectada cooperación bilateral argentino brasileña, que requiere inversiones significativas en materia de conocimiento informático, parecería esencial para poder reducir los riesgos que se enfrentan. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos que se avecinan en el mundo permitirían presumir que el esfuerzo bilateral, aunque muy importante, no serían suficientes.

Es hora de impulsar una iniciativa multilateral para negociar en Naciones Unidas un instrumento jurídicamente vinculante que detengan las graves consecuencias que pronostica lo que genéricamente se denomina como conflictos digitales. El tema ya es materia de continuas acusaciones entre las grandes potencias tecnológicas como ha quedado en evidencia, por ejemplo, con denuncias norteamericanas de la existencia de centros de hackers en China. Ya Edward Snowden habría indicado que la isla Ascensión cumpliría la misma función de hackeo para América Latina. Quizás también para África.

Los efectos que plantea la informática digital son posteriores a todas las convenciones internacionales vigentes. No existe regulación o norma alguna en el derecho internacional ni siquiera en el derecho humanitario sobre la guerra cibernética. Sin embargo, principios generales del derecho internacional serían aplicables como por analogía algunos tratados en materia de protección de bienes o personas. En el campo del derecho internacional humanitario los ataques informáticos serían de incumbencia del “jus in bello”.

Claramente no es suficiente. Se necesita con urgencia un régimen jurídico multilateral específico. Es hora de iniciar una decidida campaña internacional para acordar las normas imprescindibles para reducir los riesgos que plantea la era digital y asegurar que los innumerables y revolucionarios beneficios no se utilicen para fines hostiles o criminales.

Ya Washington había enfatizado con claridad, a todos los países, que cualquier desafío que represente una protección al ex agente norteamericano tendría “graves repercusiones”. El mensaje, independiente de la opinión que merezca, no contiene ambigüedades.

Las medidas preliminares que serían adoptadas por Washington incluirían la suspensión de visas a miembros del gobierno y empresarios venezolanos como el estudio para impulsar causas judiciales contra chavistas sospechados de vínculos con el narcotráfico y de haber incurrido en lavado de dinero. El secretario de Estado, John Kerry, en una reciente conversación telefónica, habría advertido al canciller venezolano, Elías Jaua, que las medidas de represalia podrían llegar a suspender la compra norteamericana de crudo, gasolina y derivados del petróleo.

Asimismo, los países europeos han decidido respaldar los esfuerzos de Estados Unidos de bloquear toda posibilidad que Snowden pueda sobre volar el espacio europeo. La situación delicada atravesada por el avión del presidente de Bolivia pone de manifiesto esa determinación. Ningún avión con bandera venezolana con sospecha de transportar al ex agente de la CIA será autorizado de transitar por el espacio aéreo de los países de la OTAN. Es probable que la medida incluya aviones cubanos y ecuatorianos. Tampoco se descarta que la medida esté también dirigida contra líneas aéreas de otros países que han demostrado cierta inclinación solidaria a favor de Venezuela.

La posibilidad que Estados Unidos deje de adquirir petróleo y derivados sería un suicidio económico para Venezuela ya que representa el 90% de los ingresos de divisas calculadas en 12 mil millones de dólares al año. El impacto en la economía venezolana sería catastrófico. Ya el ex presidente Hugo Chávez había fracasado en el intento de reemplazar al mercado norteamericano como principal cliente comercial de hidrocarburos ante la eventualidad de una mayor confrontación con Washington. Caracas no puede ignorar que las consecuencias del enfrentamiento serán muy graves. Salvo que Nicolás Maduro esté dispuesto a sufrir los avatares de esas represalias para cubrir el fracaso económico que ha hundido a Venezuela en recesión desde el 2009. Sería de lamentar que Maduro utilice el recurso legítimo del asilo para otros propósitos. También lo sería que involucre a UNASUR o a la presidencia Pro Tempore del Mercosur en ese sentido.

El episodio Snowden es preocupante desde todo punto de vista. Ni Estados Unidos debería ignorar el derecho internacional ni los demás Estados aprovecharse de un tema particularmente delicado. Todos deberían, en cambio, avocarse a encontrar una fórmula diplomática armoniosa que evite reproducir escenarios de confrontación con consecuencias imprevisibles.