A mediados de agosto el presidente de la autoridad nacional palestina, Mahmud Abbas, presentó la renuncia como líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OPL) y en las próximas semanas se debería elegir nueva dirección. Tampoco está claro si la autoridad palestina, nacida de los acuerdos de Oslo de 1993, logrará sobrevivir y qué figura política administrativa ocuparía su lugar. La tendencia de esa eventual transición hacia la conformación de un Estado Palestino tampoco está definida, más allá de que en enero del 2013 se haya adoptado oficialmente esa designación.

Un sondeo reciente realizado por el Centro Palestino de Investigaciones Políticas de Ramala muestra la complejidad y los desafíos que enfrenta hoy Palestina. Un 65% de la población quisiera que Mahmud Abbas renuncie como presidente. Un porcentaje similar ya no confiaría en la solución de dos Estados. Un 42% enfatizaría en que la lucha armada es la vía más efectiva para establecer un Estado palestino y sólo un 29% apostaría a las negociaciones de paz entre Palestina e Israel.

En este contexto tan delicado que atraviesa Palestina, como los avatares diplomáticos con Israel, que la Argentina, junto a Venezuela, hayan sido los dos únicos países que han decidido otorgar un nuevo rango a la representación diplomática en Ramala, no solamente resulta inesperado, sino parecería muy poco atinado. Marruecos, por circunstancias regionales especiales, es el único que hasta ahora mantenía relaciones a nivel de embajada. El resto de la comunidad internacional lo hace a un nivel diferenciado.

Medio Oriente es una zona demasiado compleja para decisiones apresuradas o que resulten de consultas exclusivas con Caracas. Brasil y Chile, que mantienen relaciones diplomáticas con Palestina anteriores a la Argentina, por el contrario, parecen asumir una posición más cuidadosa como medida.

Al final de un mandato presidencial resulta desilusionante que la Argentina incursione en nuevas aventuras de política exterior que podrían tener distintas derivaciones. Héctor Timerman debería ser más prudente y aconsejar mejor a la Presidente de la nación, sobre todo tratándose de un tema sensible, que, por las implicancias, podría afectar las ya opacas relaciones que se mantiene con Israel.

Tres dramáticos hechos subsiguientes completan el cuadro de dolor. Uno, el incompresible memorándum de entendimiento con Irán, que, a juicio del fiscal especial de la causa, era un mecanismo que perseguía, básicamente, el levantamiento de las cédulas rojas y la impunidad de los responsables. El segundo, la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman tras haber acusado de encubrimiento a la presidente de la nación y al señor Héctor Timerman. El tercero, el archivo de la causa, el ataque gubernamental a la memoria de Nisman y el impasse en la investigación de su muerte.

Una historia que inevitablemente une en la misma tragedia criminal a la AMIA y a Alberto Nisman. Silenciar al fiscal Nisman era la llave de la impunidad para los responsables en la causa de la AMIA. Nadie como él sabía que el memorándum de entendimiento perseguía el único propósito de levantar las cédulas rojas. Su experiencia personal tras una tercera reunión en la sede de Interpol en Lyon lo debe haber convencido. En esa oportunidad pudo comprobar la génesis del punto 7 del memorándum y, posteriormente, concluir en la existencia del delito de encubrimiento.

Fue en Lyon donde la delegación iraní tuvo conciencia de que un acuerdo de partes podía suplir la orden de un juez argentino para levantar las circulares de Interpol. Así lo afirmó expresamente el director general de Interpol ante testigos. Nisman también estaba presente.

La redacción del punto 7 del memorándum de entendimiento permite recordar esa reunión. Esa cláusula tuvo un mecanismo de entrada en vigor diferente al resto del instrumento. Bastaba, para el punto 7, la sola firma, mientras que el resto del memorándum requería la ratificación parlamentaria. Ese dato inexplicable e inédito en derecho internacional deja pocas dudas sobre las intenciones del memorándum.

A pesar de que el atentado criminal a la AMIA ha sido un ataque contra la Argentina, el mayor asesinato de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, la investigación judicial sigue en el limbo tras la muerte de Alberto Nisman. El doloroso recuerdo de nuestras víctimas, que incluye la muerte del fiscal, exige justicia y condena a todos los responsables. Es nuestra obligación moral que no quede en el olvido.

La insistencia en la solicitud también deja traslucir un cierto desconocimiento sobre la naturaleza y alcance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Daría la impresión que se ignora que el punto central entre Washington y Teherán es de distinto orden y esencialmente destinado a evitar que Irán posea un arma nuclear. Esas conversaciones, por el momento, no tienen otro objetivo que limitar la capacidad militar de Irán en materia de uranio enriquecido como el incipiente desarrollo en plutonio. Un Irán con armas nucleares sería una catástrofe para la seguridad internacional.

Incluir en esas negociaciones otros aspectos relevantes y urgentes, como podría ser el acto terrorista criminal cometido contra la AMIA, no sería razonable en las actuales circunstancias diplomáticas. Los propósitos para limitar el programa militar nuclear de Irán son lo suficientemente sensibles y complejos como para agregar otras consideraciones. Las acusaciones sobre la presunta responsabilidad iraní en diversos actos terroristas en el mundo podría ser materia de discusión una vez superado el peligro que representa Irán en el campo nuclear. Pretender alterar esa prelación temática no sería, lamentablemente, del todo realista.

Por otra parte, la oportunidad de la reiteración, parecería confirmar el fracaso absoluto de la estrategia encarada por el Palacio San Martin con Irán. No suena concordante solicitar cooperación a Estados Unidos o Israel si hubiera alguna perspectiva alentadora de colaboración iraní. Tampoco se entiende ese pedido mientras el gobierno se encuentra insistiendo obstinadamente en la relevancia del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Resulta desilusionante el comportamiento diplomático argentino, que refleja, cuanto menos, la sola intención de salvar la cara ante la opinión pública y desviar la atención ante los problemas que enfrenta la investigación judicial del acto terrorista contra la AMIA y la reciente terrible muerte del Fiscal de la causa. Tampoco se entiende la continua tolerancia de Héctor Timerman con un Estado que sigue otorgando injustificada protección a los ocho acusados del aberrante acto terrorista.

Hubiera sido deseable que la Cancillería procediera con mayor contundencia y determinación denunciando el Memorándum de Entendimiento y, en su lugar, estimulando otras medidas que obliguen a Irán a cumplir con el derecho internacional. Un ejemplo, entre otros, podría ser una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional por encontrarse Irán trabando y perjudicando gravemente la resolución judicial de un delito de lesa humanidad.

Un tema pendiente de aclaración, en el contexto de las últimas denuncias de encubrimiento a los acusados del criminal atentado a la AMIA, siguen siendo las notificaciones rojas de los presuntamente responsables del dramático atentado. Ni los dichos de Héctor Timerman ni las cartas que ha mostrado en sostén de débiles argumentos, tienen el contexto o el tiempo adecuado conforme a las denuncias del fallecido Fiscal General. Fueron malabares desafortunados que, en mi opinión, solo han tendido a desviar la atención con el solo fin de desmerecer el dictamen que lo acusa de hechos gravísimos.

En una de las conferencias de prensa, para desacreditar al señor Alberto Nisman, el señor Timerman indicó que el Fiscal General estaba atemorizado antes de asistir a la primera reunión con Interpol en Lyon, hace casi una década, dando a entender que se trataba de un pusilánime. Sin embargo, ese no fue el caso. La realidad fue lo contrario como se podría comprobar en los archivos de la Cancillería, entre otros, en una nota en la que comunicaba la firme decisión de viajar a Lyon para enfrentar a una delegación iraní y defender personalmente el mantenimiento de las cédulas rojas. Solo pedía asistencia diplomática. Un diplomático, de alta calidad y experiencia profesional, fue asignado a tal efecto.

En esa primera reunión en Lyon en la cual la delegación iraní agredió reiteradamente al Fiscal General, incluyendo con graves amenazas a su vida, Nisman hizo una muy seria y bien fundada defensa del caso y mantuvo firme el pedido del mantenimiento de las cédulas rojas. A pesar que la acción iraní impidió decisión en el Comité Ejecutivo, fue la Conferencia de Interpol de Marruecos donde se impuso, por amplia mayoría de votos, la permanencia de las cédulas rojas. La Cancillería de esa época puso todo el empeño en ganar, con claridad, esa votación.

En las tres reuniones posteriores con el Comité Ejecutivo de Interpol en Lyon quedó en evidencia que el retiro de las cédulas rojas solo podría darse a pedido de la Argentina o por arreglo de partes. Bastaba, a ese efecto, que el texto de un acuerdo bilateral fuera enviado para notificación de Interpol. Nada más. Eso expresamente lo dijo, ante testigos, el ex Director de Interpol en la última reunión en Lyon. Eso explicaría la inclusión de una clausula específica en el Memorándum de Entendimiento.

Consecuentemente, de haber Irán ratificado el Memorándum de Entendimiento, las cédulas rojas hubieran caído con la simple notificación de la entrada en vigor. Ni siquiera hubiera sido necesario un pedido formal por parte de Irán. Afortunadamente, en particular desde el punto de vista de las cédulas rojas, Irán no ha confirmado el Memorándum. De lo contrario, lo dicho por el Fiscal General hubiera, sin duda, ocurrido.

Sin embargo, lo más notable en términos de intenciones respecto a las cédulas rojas quizás ha ocurrido recientemente. Al concluir el 2014 el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha sido elegido como vocal del Comité Ejecutivo de Interpol. Esa candidatura tuvo prioridad, a la hora de obtener apoyos, incluso para sacrificar la de la distinguida Embajadora Susana Ruiz Cerruti a la Corte Internacional de Justicia ¿Por qué la preferencia de Lyon sobre La Haya? ¿Habrán sido las cédulas rojas tal como lo anunciaba el Fiscal General Nisman?