La declaración, que contiene 218 apartados, tiene alto impacto político por emanar de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), creada en 1969, integrada por 57 Estados de mayoría de población musulmana de distintas regiones del mundo y cuya Presidencia rotativa acaba de asumir Turquía. Además de todo Medio Oriente (salvo Siria, que ha sido suspendida), aglutina a más de la mitad de los países de África y gran parte del sur de Asia, e incluye a dos de América del Sur, Guyana y Surinam. Todos los miembros de la OCI declaran al islam religión estatal.

Pese a agrupar a países con un importante peso económico o militar, hasta ahora la OCI no había tenido mayor trascendencia o influencia política. Sin embargo, la reunión de Estambul puede dar un vuelco a esa trayectoria. La presencia de 56 jefes de Estado o Gobierno (salvo Egipto, aunque estuvo su canciller) es un hito significativo como respuesta a la problemática del terrorismo internacional que enfrenta el mundo y que tiene como protagonistas a sectores de las dos ramas principales de islam, tanto chiítas como sunitas.

La reunión puso en evidencia el alto grado de tensión entre Teherán y Riad, que se consideran líderes de las dos principales vertientes de la religión musulmana. Tanto el rey Salman de Arabia Saudita como el presidente de Irán, Hassan Rouhani, estuvieron presentes en Estambul. El énfasis del documento final, que reflejó el tenor del aislamiento iraní, hizo que el Presidente de Irán no asistiera a la ceremonia de clausura de la OCI.

El resultado de la Cumbre a Estambul era esperable. Las guerra en Siria y Yemen, además de, entre otros, los conflictos en Irak, Libia, Somalia y Bahréin, marcaban la brecha sectaria. Arabia Saudita y el anfitrión turco probablemente no necesitaron mayor esfuerzo diplomático para convencer a los participantes (mayoritariamente sunitas) de que la responsabilidad de muchos de los problemas que se enfrentan es de Irán, en particular en lo que hace a la guerra civil en Siria por el apoyo militar a la continuidad del presidente Bashar al Asad.

Más allá de las complejas rivalidades internas de la OCI, es auspicioso que la organización que reúne a todos los países de mayoría musulmana del mundo haya asumido la responsabilidad de empezar a encarar uno de los capítulos más dramáticos de la seguridad internacional contemporánea. Es de esperar que este primer paso se continúe con acciones diplomáticas adicionales que contribuyan a enfrentar el flagelo que plantea todo el terrorismo fundamentalista, sea de origen chiíta o sunita.

Las conversaciones de paz, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), con respaldo de Rusia, Estados Unidos y Francia, se han demorado desde hace dos décadas sin producir resultados concretos que pongan fin a la disputa. Nagorno Karabaj, que se autoproclamó independiente en 1991, está dentro de Azerbaiyán. Sin embargo, se trata de un territorio con amplia mayoría de población cristiana de origen armenio que fue anexado tras el colapso de la Unión Soviética.

Tanto Armenia como Azerbaiyán se culpan mutuamente por las últimas hostilidades. Más allá de las diferencias entre Bakú y Ereván, la tensión bilateral podría tener otras derivaciones ante las crecientes diferencias entre Moscú y Ankara. Rusia siempre ha apoyado a Armenia, mientras Turquía ha respaldado a Azerbaiyán. Estados Unidos, por su parte, parece mantenerse neutral, aunque en el 2009 se expresó a favor de la estabilidad de Armenia.

Otras potencias regionales, en cambio, juegan una diplomacia más compleja. Teherán se encontraría, por el momento, inclinado a apoyar a Ereván, mientras Tel Aviv lo hace con Bakú. Esas actitudes son llamativas, ya que Azerbaiyán, al igual que Irán, es un país musulmán chiíta. Las diferencias con Teherán parecen haber surgido como consecuencia de las críticas de Azerbaiyán a la teocracia iraní y a las intenciones de Irán de difundir la revolución islámica. También por una potencial aspiración de Bakú de integrar a su territorio una región del noroeste de Irán.

Sin embargo, con la Presidencia de Hassan Rouhani las relaciones entre Irán y Azerbaiyán han ido progresivamente mejorando. En el 2015, Teherán anunció que no reconocía la independencia de Nagorno Karabaj. En esa evolución ha tenido influencia, por un lado, el creciente poder de Azerbaiyán por los ingresos del petróleo y el gas del mar Caspio. Por otro, en virtud del grado de la relación militar con Israel.

Estas observaciones, entre otras, permiten apreciar un cuadro político y militarmente sensible en el Cáucaso que debería ser materia de mayor atención diplomática. Es hora de que el grupo de Minsk de la OSCE sea más activo para alcanzar una solución duradera. Las principales potencias (Rusia, Turquía, Irán, Azerbaiyán y Armenia) deberían asumir mayor responsabilidad. También Estados Unidos y la Unión Europea. Es necesario evitar que el Cáucaso siga, salvando las distancias, la dramática situación que hoy enfrenta Siria.

Hezbollah fue creada como rama militar en 1982 por Irán, como respuesta a la intervención de Israel en el sur del Líbano. Recibe armamento y financiación a través de la Guardia Revolucionaria Iraní y contribuciones adicionales de comunidades chiítas en diversas partes del mundo. Fue la única milicia que no se desarmó tras los acuerdos de Taif (1989) que pusieron fin a quince años de guerra civil.

El grado de dependencia de Hezbollah con Irán, entre otros ejemplos, ha quedado de manifiesto en la guerra civil en Siria, al haber sido el primer contingente enviado por Teherán en apoyo de Damasco. También como brazo terrorista de decisiones criminales emanadas en Irán. Es presunto responsable de más de cien atentados perpetrados en distintos países, entre otros, en el Líbano, Israel, España, Dinamarca, Reino Unido, Kuwait, Francia, Arabia Saudita, Turquía, Bulgaria, Chipre y Argentina.

A título de ejemplo de la responsabilidad de Hezbollah en numerosos atentados, las Naciones Unidas crearon un tribunal internacional formado por 28 países, incluido el Líbano, para investigar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri. En 2011, cuatro miembros de Hezbollah fueron acusados y un quinto en el 2013. Pese a las alertas rojas de Interpol, no fueron apresados. Sin embargo, fueron juzgados in absentia por el asesinato.

La Justicia de Argentina acusó formalmente a Irán de planificar el brutal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a Hezbollah de ejecutarlo. El juez de la causa ordenó la captura de siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés de Hezbollah. Interpol ratificó las conclusiones de la Justicia argentina y ordenó la emisión de circulares rojas para la captura de los acusados. Lamentablemente, a diferencia de lo ocurrido con Hariri o en otras causas judiciales en terceros países, motivos políticos siguen dilatando inexplicablemente el juicio y la condena de los presuntos responsables.

Diversas fuentes públicas señalan que Hezbollah mantiene células activas en más de veinte países. Argentina, Brasil y Paraguay se mencionan habitualmente. La Triple Frontera es también considerada como posible fuente de financiación de Hezbollah y Hamas. La Justicia paraguaya, en el 2002, inició algunas causas al respecto. Causa decepción que ni Argentina ni Brasil hayan dado pasos similares.

La comunidad internacional debería tomar debida nota de la decisión de la Liga Árabe respecto de Hezbollah, al representar un cambio significativo por parte del principal organismo regional. Hezbollah deja de ser considerado por la amplia mayoría del mundo árabe como un grupo de resistencia legítimo para pasar a ser reconocido como una organización criminal. Era hora de que ocurriera.

La baja del precio, tras la reducción de la demanda de China y Europa, refleja el grado de confrontación entre los miembros principales de la OPEP. La última reunión en Viena no pudo acordar un límite a la producción. En gran medida el impasse es resultado de la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán y la escalada de tensión entre ambos. También por la nueva dinámica de la guerra en Siria y la creciente presencia militar de Rusia. En ese contexto, Arabia Saudita no parece dispuesta a que Irán o Rusia mejoren sus alicaídas finanzas frente a las exigencias de los respectivos gastos militares.

El principal productor de la OPEP, Arabia Saudita, y los restantes socios del Golfo Pérsico no parecen preocupados por la caída de los precios del crudo, aun cuando se mantenga por un período prolongado. Incluso por debajo de los 25 dólares en el precio del barril mantienen ganancias. La fortaleza de las reservas de los respectivos Bancos Centrales es otro motivo de tranquilidad.

La actual cotización del barril del petróleo es, en cambio, una catástrofe para los productores africanos y latinoamericanos que se encuentran en situaciones vulnerables. Para Venezuela, Ecuador y México, un precio por debajo de los 70 dólares plantea un panorama muy delicado. El resultado electoral en Venezuela y el desplome de su economía es un reflejo. También Ecuador, que se encuentra al borde de la recesión. México, en otro ejemplo, acumula en el 2015 una pérdida de veinte mil millones de dólares y Moody’s redujo la calificación de Pemex y valoró como negativas las perspectivas a futuro.

¿Hasta cuándo se mantendrá la baja del precio del barril de petróleo? Goldman Sachs y Morgan & Stanley han indicado que el barril podría llegar incluso hasta los 20 dólares. Más allá del escenario planteado por los bancos de inversión, la devaluación del yuan, el fortalecimiento del dólar y la incertidumbre sobre las perspectivas de reactivación de la economía global son razones para pensar que la baja del precio del crudo continuará por algún tiempo.

Tampoco está claro si el creciente enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán podría fracturar a la OPEP. Hasta ahora prima la cordura. El mercado de futuros, por ahora, apuesta a la unidad y a una eventual intervención de la OPEP en los precios. Ese optimismo, sin embargo, puede verse afectado por una diversidad de variables, en particular por la producción norteamericana del esquisto y el delicado cuadro de confrontación en Medio Oriente. Habrá que ver también cómo asimilará el mercado la sobreoferta.

Tres dramáticos hechos subsiguientes completan el cuadro de dolor. Uno, el incompresible memorándum de entendimiento con Irán, que, a juicio del fiscal especial de la causa, era un mecanismo que perseguía, básicamente, el levantamiento de las cédulas rojas y la impunidad de los responsables. El segundo, la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman tras haber acusado de encubrimiento a la presidente de la nación y al señor Héctor Timerman. El tercero, el archivo de la causa, el ataque gubernamental a la memoria de Nisman y el impasse en la investigación de su muerte.

Una historia que inevitablemente une en la misma tragedia criminal a la AMIA y a Alberto Nisman. Silenciar al fiscal Nisman era la llave de la impunidad para los responsables en la causa de la AMIA. Nadie como él sabía que el memorándum de entendimiento perseguía el único propósito de levantar las cédulas rojas. Su experiencia personal tras una tercera reunión en la sede de Interpol en Lyon lo debe haber convencido. En esa oportunidad pudo comprobar la génesis del punto 7 del memorándum y, posteriormente, concluir en la existencia del delito de encubrimiento.

Fue en Lyon donde la delegación iraní tuvo conciencia de que un acuerdo de partes podía suplir la orden de un juez argentino para levantar las circulares de Interpol. Así lo afirmó expresamente el director general de Interpol ante testigos. Nisman también estaba presente.

La redacción del punto 7 del memorándum de entendimiento permite recordar esa reunión. Esa cláusula tuvo un mecanismo de entrada en vigor diferente al resto del instrumento. Bastaba, para el punto 7, la sola firma, mientras que el resto del memorándum requería la ratificación parlamentaria. Ese dato inexplicable e inédito en derecho internacional deja pocas dudas sobre las intenciones del memorándum.

A pesar de que el atentado criminal a la AMIA ha sido un ataque contra la Argentina, el mayor asesinato de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, la investigación judicial sigue en el limbo tras la muerte de Alberto Nisman. El doloroso recuerdo de nuestras víctimas, que incluye la muerte del fiscal, exige justicia y condena a todos los responsables. Es nuestra obligación moral que no quede en el olvido.

Un tema pendiente de aclaración, en el contexto de las últimas denuncias de encubrimiento a los acusados del criminal atentado a la AMIA, siguen siendo las notificaciones rojas de los presuntamente responsables del dramático atentado. Ni los dichos de Héctor Timerman ni las cartas que ha mostrado en sostén de débiles argumentos, tienen el contexto o el tiempo adecuado conforme a las denuncias del fallecido Fiscal General. Fueron malabares desafortunados que, en mi opinión, solo han tendido a desviar la atención con el solo fin de desmerecer el dictamen que lo acusa de hechos gravísimos.

En una de las conferencias de prensa, para desacreditar al señor Alberto Nisman, el señor Timerman indicó que el Fiscal General estaba atemorizado antes de asistir a la primera reunión con Interpol en Lyon, hace casi una década, dando a entender que se trataba de un pusilánime. Sin embargo, ese no fue el caso. La realidad fue lo contrario como se podría comprobar en los archivos de la Cancillería, entre otros, en una nota en la que comunicaba la firme decisión de viajar a Lyon para enfrentar a una delegación iraní y defender personalmente el mantenimiento de las cédulas rojas. Solo pedía asistencia diplomática. Un diplomático, de alta calidad y experiencia profesional, fue asignado a tal efecto.

En esa primera reunión en Lyon en la cual la delegación iraní agredió reiteradamente al Fiscal General, incluyendo con graves amenazas a su vida, Nisman hizo una muy seria y bien fundada defensa del caso y mantuvo firme el pedido del mantenimiento de las cédulas rojas. A pesar que la acción iraní impidió decisión en el Comité Ejecutivo, fue la Conferencia de Interpol de Marruecos donde se impuso, por amplia mayoría de votos, la permanencia de las cédulas rojas. La Cancillería de esa época puso todo el empeño en ganar, con claridad, esa votación.

En las tres reuniones posteriores con el Comité Ejecutivo de Interpol en Lyon quedó en evidencia que el retiro de las cédulas rojas solo podría darse a pedido de la Argentina o por arreglo de partes. Bastaba, a ese efecto, que el texto de un acuerdo bilateral fuera enviado para notificación de Interpol. Nada más. Eso expresamente lo dijo, ante testigos, el ex Director de Interpol en la última reunión en Lyon. Eso explicaría la inclusión de una clausula específica en el Memorándum de Entendimiento.

Consecuentemente, de haber Irán ratificado el Memorándum de Entendimiento, las cédulas rojas hubieran caído con la simple notificación de la entrada en vigor. Ni siquiera hubiera sido necesario un pedido formal por parte de Irán. Afortunadamente, en particular desde el punto de vista de las cédulas rojas, Irán no ha confirmado el Memorándum. De lo contrario, lo dicho por el Fiscal General hubiera, sin duda, ocurrido.

Sin embargo, lo más notable en términos de intenciones respecto a las cédulas rojas quizás ha ocurrido recientemente. Al concluir el 2014 el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha sido elegido como vocal del Comité Ejecutivo de Interpol. Esa candidatura tuvo prioridad, a la hora de obtener apoyos, incluso para sacrificar la de la distinguida Embajadora Susana Ruiz Cerruti a la Corte Internacional de Justicia ¿Por qué la preferencia de Lyon sobre La Haya? ¿Habrán sido las cédulas rojas tal como lo anunciaba el Fiscal General Nisman?

Los primeros beneficiarios, además de Estados Unidos, son los países importadores como lo es hoy la Argentina. El saldo neto también podría ser positivo para la economía internacional. Capital Economics calcula que la caída del precio del crudo representará una inyección de más de 350 mil millones de dólares de nuevas inversiones a la economía global. Este número podría aumentar de manera sensible si se confirma las previsiones de Goldman Sachs de que el precio del petróleo podría aun declinar en un 15%.

La nómina de países más afectados incluye, entre otros, a Irán, Rusia y Venezuela. Los tres países enfrentan situaciones críticas. En el caso de Rusia, la combinación de sanciones occidentales, por la ocupación de Crimea y la injerencia en Ucrania, y la baja del precio del petróleo, podrían obligar a Moscú a la drástica revisión de políticas. Irán, con un gobierno electo para mejorar la situación económica interna, corre el riesgo de dar lugar al auge de sectores más fundamentalistas. El desplome económico de Venezuela, podría ser inminente y arrastraría a algunos países caribeños que sobreviven de la solidaridad venezolana.

Otros países, como México, tercer productor del hemisferio, también podrían sufrir consecuencias en los pronósticos de inversión extranjera y de crecimiento. Bolivia también, ya que la cotización del petróleo regula el precio del gas que exporta a Brasil y a la Argentina. Ecuador tampoco estaría en mejores condiciones. El protagonismo petrolero de Brasil, asimismo, se podría limitar. Los precios de las reservas en aguas ultra profundas solo serían rentables con precios del crudo más altos o con inversiones chinas de carácter más de concepción geoestratégica que de mercado.

El precio barato del petróleo, por uno o dos años, pone en riesgo la llamada revolución mundial del “fracking”. En el actual contexto,  la posibilidad de captar inversiones se reducen. La Argentina, con Vaca Muerta, podría eventualmente sufrir consecuencias que demoren aspiraciones.

Estas consideraciones apuntan a destacar que el mundo se va complicando con una diversidad de nuevas variables geopolíticas. Si bien el precio del petróleo no es exclusivo para considerar perspectivas globales al existir otras variantes relevantes, es evidente que hay que tener la cabeza muy fresca para el análisis y la reflexión en política exterior. Es de esperar que la Argentina se prepare para estar a la altura de las circunstancias.

La Corte Suprema de Justica tiene decidido que “nada obsta que la declaración indagatoria de un procesado sea recibida mediante exhorto” en la medida que se respeten las garantías del acusado. La regla de que los actos procesales deben cumplirse ante el juez natural de la causa, ceden en supuestos excepcionalísimos. Ese fue el caso del antecedente, entre otros, de los interrogatorios a los asesinos de Ariel Malvino en Florianópolis.  Respecto al pasado, algunos de esos exhortos planteaban preguntas puntuales relacionadas con las investigaciones como puede ser el caso del requerimiento de los teléfonos con los que se llamó desde la Argentina en la época del atentado terrorista. En otros se solicita la detención de nueve personas. Todos merecen ser contestados.

En el 2007, Irán se comprometió a responder con seriedad los insistentes requerimientos de la justicia argentina. Sin embargo, no lo hizo. En un único documento en el año 2008, a una década de incansables peticiones de la justicia argentina, un fiscal iraní se limitó a negar en 19 carillas la responsabilidad de los acusados de ser los autores materiales e intelectuales del ataque terrorista contra la AMIA, sin tener en cuenta el pedido de la justicia argentina donde se cometió el delito. Tampoco ofreció pruebas.

Los antecedentes reflejan que la mejor forma de iniciar un proceso fresco y renovado entre Irán y la Argentina no es el recurso a lo inanimado como ha pretendido el fracasado Memorándum de Entendimiento. Lo que se necesita, en cambio, es que actúen los mecanismos judiciales de cada país.

La justicia iraní debe contestar los exhortos aún cuando un juez iraní pueda contradecir las investigaciones de la justicia argentina e incluso pueda exhibir pruebas en contrario. Lo que no es aceptable es el silencio o la negación por la negación misma. Tampoco que no se ofrezca aclaración sobre la responsabilidad atribuida por el Fiscal General a ciertas autoridades iraníes conforme a una reunión en Pashad en 1993, donde se habría decidido el atentado terrorista.

Es hora de que la nueva Administración en Teherán de muestras concretas de voluntad de cooperar con la justicia argentina. Hacerlo sería una señal adicional de que el presidente Hassan Rouhani se encamina esperanzadoramente en la senda del derecho internacional.

El comunicado conjunto firmado en Ginebra el 24 de noviembre se refiere al acuerdo como un “primer paso” y “plan conjunto de acción” que establece “un proyecto hacia una solución integral a largo plazo”. Es decir, se trata de un esquema provisorio de fomento de la confianza y de expectativas diplomáticas. De hecho, las obligaciones que se derivan del acuerdo están planteadas en términos de “medidas voluntarias”. También reversibles.

La falta de solución adecuada y definitiva al programa nuclear de Irán afectaría de manera sensible las políticas de no proliferación y debilitaría gravemente al Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. El mundo ya cuenta hoy con nueve estados (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) que poseen distinto grado superabundante de armas nucleares. Es hora de evitar que se expanda e intentar, a 70 años de Nagasaki e Hiroshima, que se reduzcan y se aspire a su futura eliminación.

El tema desnuda en su conjunto la problemática de fondo de la no proliferación de las armas nucleares sea horizontal o vertical. No se trata solamente de que un país u otro abandonen el riesgo de poseer un arma nuclear sino de eliminar de una vez por todas el poder disuasorio del armamento nuclear en el mundo. Estados Unidos y Rusia, junto con los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberían dar el ejemplo.

En este contexto, resulta indispensable desterrar la lógica por la cual para acceder a la mesa de negociación geoestratégica de las grandes potencias se requiere de un arsenal nuclear. Ese simbolismo es un lamentable y peligroso anacronismo que aún persiste como patrón de poder en las relaciones internacionales.

Alemania podría ser una excepción sino fuera que basa su seguridad nacional en las armas nucleares de los socios de la Unión Europea y en particular de Estados Unidos. En Japón, que goza del mismo paraguas de seguridad con Estados Unidos, empiezan a oírse voces que aspiran a cambiar el status no nuclear. Otros países de distintas latitudes geográficas ambicionan preocupantes proyectos similares.

En este marco, el arreglo diplomático con Irán es un caso testigo. También sobre el requisito de bona fides para que un Estado aspire a ser considerado una gran potencia a nivel global. De eso dependerá, en última instancia, el éxito futuro de la no proliferación de las armas nucleares en el mundo.