Los yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak son poco mencionados pero constituyen una fuerza de hombres y mujeres de creciente significación. Según el Daily Telegraph, son considerados como “yihadistas exóticos” por provenir de Argentina, Brasil, Chile, Trinidad Tobago y México. Otros informes mencionan yihadistas de Colombia y Honduras.

La revistas de defensa Jane’s, sobre la base de informaciones del 2012, indica que 23 argentinos habrían muerto en Siria probablemente integrantes de Al Qaeda o Al Nusra. Un argentino y una chilena, muertos en las cercanías de Damasco, fueron mencionados como pertenecientes a un grupo fundamentalista islámico checheno. Asimismo, la publicación británica mencionaba sobre la muerte, entre otros, de 150 mexicanos y 36 brasileños.

Noticias proveniente de Madrid dan cuenta que un argentino fue detenido recientemente en España como integrante de una red que suministra combatientes a una brigada denominada Al Andalus, de las filas de la organización Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés).

Estos antecedentes públicos solo tienden a ilustrar que la problemática del yihadismo también podría eventualmente tener graves repercusiones futuras en América Latina. Para la Argentina, que ya atravesó dos criminales atentados terroristas, el tema no debería ser menor. En particular al conocerse poco de la conexión local.

Consecuentemente, es natural preguntarse sobre las medidas que el Gobierno argentino se encuentra adoptando para prevenir eventuales efectos del terrorismo internacional islamista. Un interrogante, entre otros, es que los yihadistas latinoamericanos mantengan centros de contactos activos en la región o en algún momento vuelvan a los países de origen.

Estas preocupaciones aumentan ante los vaivenes de una política exterior cuanto menos confusa con relación a los problemas centrales de Medio Oriente, en particular cuando el Gobierno siquiera se ha dignado a emitir un comunicado oficial condenando las terribles muertes de los periodistas norteamericanos brutalmente decapitados por el ISIS, como no lo hizo tampoco con los secuestros y asesinatos de jóvenes que originaron el conflicto entre Israel y Hamas.

El fracaso democrático en un país que ha sido gobernado por mandatarios autoritarios de corte militarista desde la independencia en 1952 es un hecho grave que puede dar lugar a procesos por imitación en otros países que han atravesado una primavera árabe decepcionante en términos de libertades individuales. El autoritarismo y la influencia religiosa opaca la mayoría de los procesos democráticos en Medio Oriente. Esa tendencia es preocupante en una región compleja y que atraviesa riesgos permanentes de conflictos militares mayores.

Mohamen Morsi había sido el primer mandatario electo con el voto popular en la historia de Egipto y las promesas proclamadas de inaugurar una democracia sólida quedaron olvidadas dando lugar a la primacía de corrientes islámicas. La misma convocatoria de Morsi a la “resistencia pacifica” no parece responsable cuando el país enfrenta una fractura social que puede desencadenar en una guerra civil. Grupos simpatizantes en apoyo de Morsi se han enfrentado con las fuerzas armadas. Las noticias de prensa registran once muertes.

Las fuerzas armadas, las más importantes en todo el mundo árabe, se consideran los garantes de la democracia y al destituir a Morsi han disuelto el Parlamento, mayoritariamente islámico, y derogado la constitución. El gobierno de transición, presidido por un ministro de la Corte Suprema, tendría que convocar a elecciones. Sin embargo, el hombre fuerte del nuevo régimen es el general Abdel Al Sisi. Con la vuelta del ejercito al poder la revolución en Egipto vuelve a un nuevo punto crítico. Los Hermanos Musulmanes se convierten en la principal fuerza de oposición y es probable que se inclinen a una posición aún más radical. El panorama no permite ser muy optimista respecto al futuro egipcio.

Estados Unidos ha expresado preocupación por el golpe de estado pero no lo ha condenado. El presidente Barack Obama ha pedido al las fuerzas armadas egipcias que devuelvan el poder a un gobierno civil a la brevedad. Ha solicitado también que se eviten detenciones arbitrarias incluyendo al ex presidente Mohamed Morsi. La posición de Estados Unidos puede interpretarse como legitimando el golpe por no haber evitado que tuviese lugar. La no suspensión de la asistencia económica es otra indicación que avala versiones en las que Washington habría sido consultado antes que el golpe se produjera. De hecho el The New York Times confirma conversaciones previas entre el Secretario de Defensa norteamericano y los principales jerarcas militares egipcios.

Nada permite afirmar que la tensión en Egipto disminuirá con el nuevo gobierno. Es de esperar que el gobierno de transición mantenga equilibrio y no repita errores políticos de arbitrariedad y sectarismo ni inicie un proceso de caza de brujas que en nada ayudará a generar las condiciones para una democracia promisoria. Egipto es un país demasiado importante en Medio Oriente para que siga jugando al juego de la Oca. Estados Unidos y la Unión Europea deberían ayudar en ese sentido.