Era hora de que la Argentina retomara la impronta de la diplomacia humanitaria en una región desbordada por los acontecimientos y con millones de personas desplazadas y refugiadas. La misión de Cascos Blancos, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), actuará en el campo de refugiados de Bekaa y responde a las necesidades detectadas por el Líbano y el Acnur. Incluye una unidad sanitaria y, entre otras cuestiones, la presencia de expertos en agua y saneamiento.

Cascos Blancos es, en la actualidad, el órgano de la Cancillería encargado de diseñar y ejecutar asistencia humanitaria conforme a los criterios del Marco de Acción de Hyogo del 2005 y en consonancia con la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Actúa a solicitud de los Estados afectados o conforme un llamamiento humanitario internacional. Desde su creación, en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia. En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, con el respaldo de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ponderaba los logros y le asignaba a Cascos Blancos, para la asistencia humanitaria, un papel de cierta similitud al de los Cascos Azules para las operaciones de mantenimiento y preservación de la paz.

La importancia de este instrumento en la política exterior argentina debería ser cada día más relevante. Lamentablemente, en los últimos años, Cascos Blancos fue perdiendo presencia internacional como eficacia operativa. En este contexto, es una primera buena noticia la revitalización de la institución con la próxima actuación en el Líbano con un equipo de especialistas. También la perspectiva de la ampliación de la capacidad logística existente y la intención de fortalecer los trabajos conjuntos de ofrecimiento humanitario con terceros Estados.

Es evidente que el perfil de la canciller Susana Malcorra, por su larga trayectoria en asistencia humanitaria y en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, ha sido determinante para volver a encaminar la actuación humanitaria internacional de la Argentina.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.