Tres dramáticos hechos subsiguientes completan el cuadro de dolor. Uno, el incompresible memorándum de entendimiento con Irán, que, a juicio del fiscal especial de la causa, era un mecanismo que perseguía, básicamente, el levantamiento de las cédulas rojas y la impunidad de los responsables. El segundo, la inesperada muerte del fiscal Alberto Nisman tras haber acusado de encubrimiento a la presidente de la nación y al señor Héctor Timerman. El tercero, el archivo de la causa, el ataque gubernamental a la memoria de Nisman y el impasse en la investigación de su muerte.

Una historia que inevitablemente une en la misma tragedia criminal a la AMIA y a Alberto Nisman. Silenciar al fiscal Nisman era la llave de la impunidad para los responsables en la causa de la AMIA. Nadie como él sabía que el memorándum de entendimiento perseguía el único propósito de levantar las cédulas rojas. Su experiencia personal tras una tercera reunión en la sede de Interpol en Lyon lo debe haber convencido. En esa oportunidad pudo comprobar la génesis del punto 7 del memorándum y, posteriormente, concluir en la existencia del delito de encubrimiento.

Fue en Lyon donde la delegación iraní tuvo conciencia de que un acuerdo de partes podía suplir la orden de un juez argentino para levantar las circulares de Interpol. Así lo afirmó expresamente el director general de Interpol ante testigos. Nisman también estaba presente.

La redacción del punto 7 del memorándum de entendimiento permite recordar esa reunión. Esa cláusula tuvo un mecanismo de entrada en vigor diferente al resto del instrumento. Bastaba, para el punto 7, la sola firma, mientras que el resto del memorándum requería la ratificación parlamentaria. Ese dato inexplicable e inédito en derecho internacional deja pocas dudas sobre las intenciones del memorándum.

A pesar de que el atentado criminal a la AMIA ha sido un ataque contra la Argentina, el mayor asesinato de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, la investigación judicial sigue en el limbo tras la muerte de Alberto Nisman. El doloroso recuerdo de nuestras víctimas, que incluye la muerte del fiscal, exige justicia y condena a todos los responsables. Es nuestra obligación moral que no quede en el olvido.

La insistencia en la solicitud también deja traslucir un cierto desconocimiento sobre la naturaleza y alcance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Daría la impresión que se ignora que el punto central entre Washington y Teherán es de distinto orden y esencialmente destinado a evitar que Irán posea un arma nuclear. Esas conversaciones, por el momento, no tienen otro objetivo que limitar la capacidad militar de Irán en materia de uranio enriquecido como el incipiente desarrollo en plutonio. Un Irán con armas nucleares sería una catástrofe para la seguridad internacional.

Incluir en esas negociaciones otros aspectos relevantes y urgentes, como podría ser el acto terrorista criminal cometido contra la AMIA, no sería razonable en las actuales circunstancias diplomáticas. Los propósitos para limitar el programa militar nuclear de Irán son lo suficientemente sensibles y complejos como para agregar otras consideraciones. Las acusaciones sobre la presunta responsabilidad iraní en diversos actos terroristas en el mundo podría ser materia de discusión una vez superado el peligro que representa Irán en el campo nuclear. Pretender alterar esa prelación temática no sería, lamentablemente, del todo realista.

Por otra parte, la oportunidad de la reiteración, parecería confirmar el fracaso absoluto de la estrategia encarada por el Palacio San Martin con Irán. No suena concordante solicitar cooperación a Estados Unidos o Israel si hubiera alguna perspectiva alentadora de colaboración iraní. Tampoco se entiende ese pedido mientras el gobierno se encuentra insistiendo obstinadamente en la relevancia del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Resulta desilusionante el comportamiento diplomático argentino, que refleja, cuanto menos, la sola intención de salvar la cara ante la opinión pública y desviar la atención ante los problemas que enfrenta la investigación judicial del acto terrorista contra la AMIA y la reciente terrible muerte del Fiscal de la causa. Tampoco se entiende la continua tolerancia de Héctor Timerman con un Estado que sigue otorgando injustificada protección a los ocho acusados del aberrante acto terrorista.

Hubiera sido deseable que la Cancillería procediera con mayor contundencia y determinación denunciando el Memorándum de Entendimiento y, en su lugar, estimulando otras medidas que obliguen a Irán a cumplir con el derecho internacional. Un ejemplo, entre otros, podría ser una demanda ante la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional por encontrarse Irán trabando y perjudicando gravemente la resolución judicial de un delito de lesa humanidad.

Un número de países amigos han sido generosos al ofrecer medios técnicos para asistir en las investigaciones judiciales sensibles. La Argentina hasta ahora ha sido rehacía en aceptar esa asistencia. Quizás sea oportuno cambiar de actitud. El candidato presidencial Sergio Massa, por su parte, ha sugerido ofrecer recompensas a quienes puedan aportar información relevante para los casos en investigación. También ha señalado la importancia de eventualmente convocar expertos internacionales que asistan en las investigaciones.

Es obvio que hay que salir de la parálisis, se trate de la muerte del Fiscal Alberto Nisman o a más de dos décadas de dilación en las investigaciones del criminal atentado a la AMIA. Lo que está también claro es que no se puede seguir sin hacer nada. Menos aún descansar en el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La eventualidad de que ese acuerdo se imponga, tal como propugna el gobierno, sería una catástrofe (en hebreo la palabra significa shoa). Sería asegurar que todo el esfuerzo de investigación caiga a fojas cero. La mal llamada Comisión de la Verdad es el instrumento para desacreditar todo el esfuerzo de la causa. Asimismo, pese a que el gobierno lo niegue una y otra vez, es el mejor camino hacia el levantamiento de las cédulas rojas de Interpol tal como lo advertía razonablemente el Fiscal Nisman.

El mismo mecanismo de entrada en vigor del Memorándum es una trampa. Es notable que se haya incluido dos formas distintas para que las cláusulas del acuerdo sean operativas. Por un lado, el grueso del Memorándum requiere la ratificación parlamentaria. Por otro, el punto siete relacionado con las cédulas rojas, solo necesita la firma para que el Memorándum de Entendimiento sea notificado a Interpol ¿Por qué esa diferencia?

En ese contexto, es de pura lógica  que el Fiscal Nisman –además de otros indicios- haya denunciado alguna maniobra o intención, cuanto menos, poco transparente en sus objetivos.

El juez de la causa decidirá al respecto y es importante que se siga manteniendo plena confianza en el Poder Judicial. Es de esperar que los Magistrados responsables del impulso de las distintas causas judiciales también mediten sobre la eventual conveniencia de convocar expertos internacionales en las investigaciones que así lo requieran. El fin de la impunidad quizás obligue a pedir ayuda.