La última elección, que permite que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional, es una manifestación de que la ciudadanía venezolana reclama una evolución para que Venezuela supere la debacle económica y los abusos políticos. Sin embargo, ni la oposición debería desconocer el papel que conforme a la Constitución le corresponde al Ejecutivo ni el Gobierno el claro mensaje de las urnas.

Es momento de que unos y otros eviten desmesuras y recuperen el diálogo para impedir que el enfrentamiento de casi dos décadas se traslade a los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese punto es donde Unasur y Mercosur deberían recuperar presencia y protagonismo diplomático constructivo. Ni la nueva mayoría parlamentaria debe ser abusiva ni el Gobierno puede ignorar su existencia. La gobernabilidad venezolana pasa por la búsqueda de equilibrio entre el Legislativo en manos de la oposición y el Ejecutivo conducido por el presidente Nicolás Maduro.

Muchos temas urgentes harán de esa convivencia un ciclo político difícil. El colapso económico y social del modelo chavista puede llevar a la oposición a intentar desde la Asamblea Nacional promover leyes orgánicas de difícil aceptación por parte de Maduro. Lo mismo podría pasar si se intentara desplazar autoridades. Pese a que para ambas posibilidades cuenta con los votos suficientes en la Asamblea, la ansiedad del triunfo electoral debería ser controlada. Las características del chavismo en el poder sugieren un camino paso a paso.

El primero a ojos del mundo debería ser la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento pleno del respeto a los derechos humanos. En este punto la diplomacia regional debería estar comprometida para asistir a evitar fracturas entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Sería deseable que fuera el propio Nicolás Maduro el que impulsara una ley de amnistía. Si lo hiciera, el Gobierno venezolano recuperaría mucho del prestigio internacional perdido.

Es de esperar que la madurez política se imponga. También que América Latina sepa estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora su papel diplomático ha sido muy desilusionante. La nueva etapa delicada de esperanza en la que ingresa Venezuela exige que la región asuma un rol de mayor responsabilidad y compromiso.

La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.

La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.

La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.

Es desilusionante que el Gobierno no haya considerado esa opción y no contribuya mejor a la transición. La designación solitaria, en cambio, del ministro de Economía y del actual canciller en una cumbre de jefes de Estado cuyas decisiones tendrán principio de ejecución después del 10 de diciembre no parece una medida muy seria. Ninguno podrá hablar del futuro. Tampoco augura una participación muy destacada ni que despierte mayor interés tanto en términos nacionales o en lo que hace al Mercosur.

Argentina y Brasil son hoy las dos economías más cerradas al comercio exterior del G-20. Un estudio de la Cámara Mundial de Comercio (ICC) señala que Argentina y Brasil recibieron la más baja puntuación (2,5 y 2,3, respectivamente). Este dato muestra una de las razones por las cuales la presencia del Mercosur en el mercado internacional es prácticamente insignificante. Brasil, el socio más importante, solo participa con el 1 por ciento. Ambos siguen con una actitud proteccionista que no favorecerá la intención del G-20 de destrabar las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) prevista en Nairobi en diciembre próximo. Tampoco en materia de cambio climático. Ninguno ha anunciado las medidas que adoptarán en término de reducción de emisiones para asegurar el éxito de la Conferencia de la ONU en París (30 de noviembre al 11 de diciembre).

Es lamentable que el Gobierno no haya considerado la importancia que podría representar para la Argentina que los referentes de los candidatos presidenciales participen, aunque sea en calidad de observadores, en una cumbre que se reúne para considerar las formas de superar un panorama sombrío en materia económica y financiera. El impacto de las turbulencias financieras en China aún perdura. También el temor de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a subir los tipos de interés. Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), preparatorio para la sesión, reconoció que las previsiones de crecimiento habían disminuido en Estados Unidos, la zona euro, Japón y la mayoría de los países pobres. El crecimiento de China estaría más cerca de 4% que del 7 por ciento. Asimismo, los datos del comercio global en el primer semestre del 2015 muestran la mayor contracción desde la crisis financiera del 2009.

El hecho más significativo de la Cumbre de Antalya quizás sea la próxima designación de China como presidente rotativo del G-20, al permitir durante el 2016 el inicio de un ciclo de mayor comunicación entre el gigante asiático y el resto del mundo. Sin embargo, el hecho de que el año próximo tengan lugar las elecciones presidenciales en Estados Unidos no pronostica el mejor diálogo entre Washington y Beijing. Tampoco en lo que pueden ser las iniciativas de reforma del FMI y de la Agencia Internacional de la Energía.

En este contexto, es una oportunidad desaprovechada que quienes gobernarán el país en pocas semanas no hayan tenido la ocasión de asistir a una primera prueba de fuego de una realidad internacional delicada y que requerirá, entre otras cuestiones, una política exterior de particular envergadura.

La lista de temas que requieren actualización es amplia. En el ámbito regional el alicaído Mercosur necesita una obvia recomposición. Ya no es posible seguir ignorando los riesgos del creciente deterioro. Menos aún que se siga abstrayendo de lo que ocurre en el mundo. De las numerosas negociaciones multilaterales sustantivas en ninguna participa el Mercosur. Ese aislamiento ha quedado en mayor evidencia con el informe del Banco Mundial, Doing Business in 2016, donde los países miembros se encuentran en un índice muy poco favorable para hacer negocios. El contraste sobresale cuando se compara con la ubicación adquirida por los que integran la Alianza del Pacífico.

Unasur es otro capítulo para la reflexión. En los últimos años el ámbito sudamericano ha quedado reducido a solidaridades que chocan con los propios principios y valores que proclama defender. El caso más patético es Venezuela. Las gestiones diplomáticas ante los excesos del Gobierno venezolano han concluido en actitudes condescendientes con la represión, las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones a las libertades individuales. Tampoco Unasur ha probado ser un instrumento útil en términos de integración física y mayor interconexión regional.

La unidad y la cohesión de América Latina y el Caribe también han sufrido una desarticulación preocupante que no guarda relación con la necesidad de mayor coordinación ante los desafíos de la globalización. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que aglutina a 33 países, se ha convertido en un mero recolector de aspiraciones genéricas diversas sin un plan de acción que promueva de manera eficaz su ubicación en el mundo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha sufrido las consecuencias de los desvaríos promovidos por varias capitales. Su parálisis es lamentable al ser el único organismo hemisférico que cuenta con un sistema probado y eficaz en defensa de los derechos humanos y la democracia. El resultado ha sido que tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la Carta Democrática Interamericana han quedado virtualmente inmovilizadas.

Estos ejemplos reducidos al ámbito regional pone en evidencia, entre otros, la necesidad de encarar una política latinoamericana con visión geopolítica y con ojos más abiertos al siglo XXI. La Argentina no sólo debe salir del aislamiento internacional en el que se encuentra, sino que debería impulsar una diplomacia regional con cristales renovados y estratégicos que proyecte con mayor énfasis y acierto la necesidad de una América Latina abierta e integrada al mundo.

Esta situación, entre otras, coloca al Mercosur en una posición de vulnerabilidad. También deja al descubierto la falta de dinámica diplomática del organismo subregional. La duda es si los países del Mercosur podrán mantener el nivel de las exportaciones agroindustriales al mercado chino de la última década. Ya en el 2014, sin que mediara la devaluación y el TLC con Australia, las importaciones chinas de productos agroindustriales argentinos, por ejemplo, se contrajeron un 9,3 % por las menores compras de porotos y aceite de soja. El déficit de la balanza comercial fue de 5,8 mil millones de dólares.

Es evidente que el Mercosur tendrá que hacer un esfuerzo diplomático muy especial en materia de negociaciones comerciales internacionales si quiere revertir el atraso que ya está enfrentando en un número de productos agroindustriales. Otros proveedores de alimentos del mundo están sacando una cierta ventaja relativa ante el inmovilismo del Mercosur. Esa brecha puede llegar a ser mucho más amplia una vez que concluyan las negociaciones de los acuerdos transatlánticos de la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), la Asociación Transpacífico (TPP), la Asociación Económica Regional Integral (RCEP). Estas iniciativas sumarían el 70 % del comercio agroindustrial del mundo.

Si el Mercosur no sale del grave estado de parálisis por la falta de coordinación macroeconómica y la perforación el arancel externo común, además del aislamiento internacional actual, quedará en una liga de enorme complejidad en el mapa agroexportador global. Es indispensable, para sortear ese riesgo potencial, que el Mercosur avance como bloque, en un cambio histórico, hacia acuerdos comerciales extrazona y se incorpore a los grandes flujos comerciales del mundo. Es de esperar que con ese propósito logre diseñar una estrategia comercial internacional conjunta, de mediano y largo plazo, que le permita aprovechar y multiplicar el enorme potencial productivo agroalimentario que posee. Es urgente que lo haga.

De continuar en el 2016 las orientaciones económicas y de política exterior del Gobierno de la presidente Cristina Kirchner, la historia puede ser distinta y quizás más compleja para los intereses argentinos. Nuevamente los ojos volverían a la inacción del Mercosur y al corsé que muchos sectores económicos de Brasil interpretan como limitante para atenuar la crisis económica e incluso la debilidad política. La negociación unilateral de acuerdos de libre comercio es considerado un paso esencial en la recuperación económica del Brasil y ha sido defendida por entidades empresariales como la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura. Brasil se encuentra en el quinto año de recesión y el 2015 se presenta con una probable contracción del producto bruto interno del 1,49 % y con una inflación del 9 %.

Es obvio que la resistencia de Itamaraty a que Brasil deje el Mercosur tuvo en cuenta otras cuestiones y en particular las de alcance geopolítico. El desmantelamiento del Mercosur podría llegar eventualmente a configurar un nuevo mapa subregional de complejidades políticas mayores que las económicas y comerciales. También alterar la base de la proyección diplomática internacional del Brasil. Es evidente que la planificación de política exterior que ha desarrollado Brasil en las últimas décadas tuvo prioridad sobre problemas económicos temporales y de características coyunturales.

Sin embargo, que el tema del posible abandono del Brasil al Mercosur haya sido discutido en el Palacio del Planalto, promovido en la agenda de una figura de gran importancia política, debería ser un serio llamado de atención para la Argentina. Es una clara indicación de que, en algún momento, los objetivos de la dinámica integracionista del Brasil van a cambiar. También enfatiza la necesidad de que el Mercosur adopte actitudes más flexibles y se abra al mundo. Es llamativo que mientras se desarrollan aproximadamente 140 negociaciones de acuerdos comerciales entre distintas regiones del planeta en ninguna participe el Mercosur.

El Mercosur debería salir del creciente aislacionismo, en particular a la luz de los megaacuerdos que se encuentran en proceso de negociación. Es quizás hora de que a partir del 2016 se impulse un Mercosur agresivo, que en bloque persiga ampliar geométricamente objetivos comerciales con todos los centros económicos del mundo y en particular con Europa y Asia. Es de esperar que el próximo Gobierno argentino se encuentre a la vanguardia de esa perspectiva.

En este contexto, las elecciones legislativas convocadas para fin de año no parecen contar, por el momento, con las garantías democráticas mínimas para asegurar comicios transparentes. También en lo que hace a la libre participación de las principales fuerzas políticas en campañas electorales, en particular por cuanto por primera vez en 16 años los 19 partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Sin embargo, es difícil ser optimista en un país donde se han afectado todos los elementos esenciales de la democracia representativa, como los parámetros de salvaguardia de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Es importante para la crítica situación venezolana que las próximas elecciones del 6 de diciembre sean libres y transparentes. Es de esperar que el Gobierno venezolano, a diferencia del pasado, acepte observadores internacionales calificados para los comicios, en particular de la Organización de Estados Americanos. Así lo ha solicitado recientemente un número significativo de expresidentes latinoamericanos y sería importante que todos los Gobiernos de la región insistan con la misma aspiración. Han sido auspiciosas las referencias de la Presidenta del Brasil en ese sentido. Sería importante que la Argentina hiciera manifestaciones en la misma dirección.

Hasta ahora el comportamiento argentino respecto de la grave crisis política en Venezuela ha sido muy desilusionante. En ningún momento se han efectuado gestiones diplomáticas para interceder en la liberación de los 75 presos políticos ni se ha expresado preocupación por el grado de represión que se ejerce contra la oposición y la libertad de prensa.

Es de esperar que tras las elecciones presidenciales de octubre, la diplomacia del Palacio San Martín recupere el protagonismo en política exterior en la defensa de valores y principios esenciales como la democracia y los derechos humanos. Es urgente que la Argentina, uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana y de los protocolos específicos del Mercosur y Unasur, vuelva a ejercer el liderazgo regional en defensa del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar que América Latina toda permanezca como una zona libre de autoritarismos y desvíos democráticos.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

Esta realidad implica, entre otros ejemplos, que la Argentina desaprovecha anualmente aproximadamente 4.000 mil millones de dólares en fletes por no contar con buques cerealeros de bandera argentina y de 900 millones de dólares en fletes fluviales. Las proyecciones señalan que los números podrían ser aún mayores en los próximos años. La Argentina hoy perdió el 95% del tráfico de la Hidrovia Paraná Paraguay. Los dedos de una mano sobran para contar las barcazas argentinas. Países como Paraguay, en cambio, dominan el escenario con una presencia fluvial de 143 barcos convencionales, 211 remolcadores de los cuales 166 son del sistema de empuje y 2575 barcazas.

La paradoja es que el dragado, mantenimiento y balizamiento de la Hidrovía, lo asume principalmente la Argentina. Es evidente que la situación refleja una asimetría que perjudica el interés nacional. La adopción de algunas normas polémicas sobre cargas del Mercosur, claramente no es suficiente ni la mejor forma de encarar la cuestión. Se necesita una política integral.

Los astilleros nacionales, con gran esfuerzo, intentan revertir el decaimiento de la industria naval. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Brasil o en otros países como China o Corea del Sur, lamentablemente Río Santiago, por ejemplo, no ha podido mejorar la tecnología cuyo equipamiento instalado es básicamente el de sus orígenes. Sin inversión en tecnología y un cambio sustantivo en la legislación nacional es difícil predecir un futuro exitoso como competitivo para la industria naviera en su conjunto.

Es hora de encarar el tema de la política naviera con una nueva determinación y visión estratégica, incluso geopolítica. La cuestión es de gran relevancia y debería constituir un componente importante de la política exterior  para que contribuya, no solo a generar mayor riqueza y valor agregado a la producción nacional, sino también para impulsar la proyección y la presencia de la Argentina en la región y en el mundo.

La prioridad de China en la Alianza del Pacífico, con acuerdos de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, se extiende al Mercosur, aunque dicho bloque le ha impuesto barreras arancelarias. Tanto Argentina como Brasil aspiran a que el intercambio comercial no se reduzca a materias primas y aspiran que incluya productos con valor agregado. El 72% de las exportaciones regionales a China son bienes primarios. Ello implica que solo el 12% de las exportaciones de América Latina a China incluyen productos de baja, media o alta tecnología.

El comercio entre China y América Latina se duplicó en la última década y en el 2013 alcanzó los 261 mil millones de dólares. China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones del Brasil (19%), Perú, Chile y Venezuela. Para Argentina es el segundo mercado. Las principales adquisiciones, en términos de volúmenes, se concentran en el petróleo de Venezuela y Ecuador, cobre de Chile, mineral de hierro de Brasil y soja de Argentina.

El 13% de las inversiones chinas en el exterior han ido a América Latina. La asistencia financiera de Beijing es igualmente importante y ha superado largamente los préstamos otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en particular en la financiación de proyectos de infraestructura. En el período 2005-2013 ha efectuado desembolsos por más de cien mil millones de dólares, en particular a Venezuela como adelanto de compras de petróleo.

La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) ha proyectado que para el año 2016 China superará a la Unión Europea como socio comercial. En este contexto, los estímulos chinos para que la economía mantenga en el 2014 un crecimiento superior al 7%, suponen un respiro para América Latina.

En el campo cultural la agresividad China es igualmente importante. En los últimos años se han abierto 32  institutos Confucio en América Latina. La televisión estatal china tiene, desde el 2007, un canal en español. En el 2011 se inauguró una versión en castellano del People Daily. Todos síntomas que la presencia de China en América Latina, recién empieza.