En este contexto, ambas potencias habrían alcanzado consenso en conceptos como la libertad y la soberanía de Internet mientras mantendrían diferencias en algunas cuestiones específicas relacionadas con el ataque cibernético y el control del ciberespacio. Sin embargo, Estados Unidos y China estarían dispuestos a comprometerse a no ser los primeros en usar armas cibernéticas contra la infraestructura crítica del otro en tiempos de paz. Esa limitación, la primera en su tipo en el mundo, evitaría que se puedan paralizar servicios como centrales eléctricas, sistemas bancarios, redes de telecomunicaciones y, entre otros, hospitales.

También porque la cuestión de la seguridad cibernética, de incidencia geopolítica, ya se ha extendido amenazantemente a otras regiones geográficas y representa un peligro de acción del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Un grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas ya ha advertido sobre la gravedad del problema y ha adoptado, por consenso, una serie de recomendaciones significativas. Sería esperable que en un futuro se pueda avanzar en la negociación multilateral de una convención integral y específica, ya que cualquier solución de seguridad cibernética duradera debería ser de carácter transnacional. Las pautas que puedan acordar Estados Unidos y China serán una importante contribución en ese objetivo.

No obstante, el propósito de poner límites jurídicamente vinculantes al riesgo de guerra o injerencia cibernética no es un ejercicio de negociación sencillo. Una de las mayores polémicas entre los Estados se da en la misma definición de seguridad cibernética. Mientras los países occidentales destacan la protección de las redes de computación contra el espionaje, el daño y el robo, Rusia y China, por ejemplo, acentúan la necesidad de controlar el contenido y las comunicaciones o las redes sociales que pueden amenazar la estabilidad gubernamental.

Más allá de las diferencias, resulta indispensable para todos los países alcanzar pautas de comportamientos comunes en materia del uso de la tecnología de comunicación y la información. La naturaleza del ciberespacio determina la necesidad de un esfuerzo internacional colectivo. Es de esperar que el paso que estarían dando Estados Unidos y China sea el primero hacia un mundo de mayor protección cibernética global.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

Ante este cuadro, los países más representativos de la comunidad internacional se han reunido en Kuwait, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en la segunda Conferencia de Donantes. El resultado de aportes fue mejor que la reunión previa del 2013 alcanzado 2400 millones de dólares además de otras ofertas de asistencia y cooperación en una variedad de áreas urgentes destinadas a reducir el sufrimiento de la población civil.

Entre los 69 países participantes solo se registraron dos latinoamericanos, Brasil y México. El primero con una donación simbólica de 300 mil dólares y el segundo con 3 millones de dólares. Lo importante, independientemente del monto del aporte, ha sido el gesto de ambos países como la señal política de compromiso con las responsabilidades internacionales.

Lo sorprendente es que la Argentina haya estado ausente de esa convocatoria humanitaria internacional. La Argentina no puede ni debe ser indiferente a lo que ocurre en Siria en particular al contar entre su población con casi cuatro millones de argentinos que son descendientes de sirios. La inmigración sirio-libanesa ha sido la tercera corriente migratoria del país seguida de los italianos y españoles.

También resulta absolutamente inexplicable al ser la Argentina integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano que tiene una responsabilidad primordial por las dramáticas circunstancias que atraviesa Siria. La pasividad diplomática de Argentina es una nueva decepción y denota una tendencia cuyos efectos se encuentran ocasionando un enorme perjuicio para el prestigio del país. También erosionando la defensa de sus intereses nacionales.

La reunión de Kuwait es un ejemplo más de la falta de diplomacia por parte de Argentina. Desnuda también la brecha abismal que se empieza a vislumbrar con la diplomacia que practican Brasil y México que se han trasformado en las dos caras diplomáticas visibles de la región a escala global. La Argentina que jugó ese rol de diplomacia ascendente desde su independencia, en cambio, hoy se ha tristemente desvanecido. Es lamentable que así sea, en particular cuando las necesidades de expansión y proyección de nuestro país reclaman un accionar diplomático dinámico, comprometido y responsable que le permita participar exitosamente de los desafíos y beneficios del mundo globalizado.

Existe asimismo, en el caso norteamericano, un motivo jurídico. Las fuerzas militares de Estados Unidos no están autorizadas a efectuar actos hostiles fuera de una zona de guerra aun cuando algunos comandos específicos realicen acciones encubiertas que exceden ese marco. La CIA, en cambio, no tiene limitación alguna.

En este contexto, los drones son armas cuya nueva dramática característica es que pueden ser utilizadas fuera del derecho de guerra internacional. Las convenciones de Ginebra no parecen alcanzarlos a pesar de los daños humanitarios colaterales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado un amplio informe de abusos y violaciones a todo tipo de leyes sobre conflictos armados. Los datos son alarmantes y revelan, cuanto menos, excesos de fuerza desproporcionados.

Los drones también son usados para matar personas específicas como ha sido reconocido por Estados Unidos en Pakistán, Yemen y Somalía. Esas acciones, independientemente de los antecedentes criminales del destinatario, son contrarias al derecho internacional que prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de la fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales.

En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser blancos de un ataque directo. Fuera de ese marco, sólo es legítima cuando sea estrictamente necesaria para proteger la vida.

Consecuentemente, muchas de las acciones conducidas con drones pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional. Existen también otras implicancias en el uso de drones que afectan principios esenciales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Estas circunstancias, entre otras, hacen indispensable que Naciones Unidas regule la utilización de drones a través de mecanismo de transparencia informativa que evite la violación al derecho internacional, en particular los Protocolos de Ginebra, además de prever que quienes cometan actos ilegítimos rindan cuentas.

Asimismo, se requiere con urgencia de una norma internacional que garantice que en caso que se vea afectado el uso legítimo de drones se pueda llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial. Es de esperar que la comunidad internacional asuma con responsabilidad la necesidad de regular un instrumento revolucionario de amplias ventajas pacificas como de dramático uso letal ilegal.

El Ártico, un extenso océano cubierto de una banquisa y rodeado de tierras despobladas, se está constituyendo en un área de creciente significación y disputa entre las grandes potencias en particular porque está marcada por la singularidad de que no pertenece a ningún país. En este contexto, los estados ribereños (Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega y Finlandia) se encuentran aumentando la presencia militar de manera preocupante. Las perspectivas de explotación de petróleo y gas, consideradas en un tercio de las reservas mundiales, además de los recursos mineros y biológicos, son cada vez más accesibles debido al calentamiento global y los cambios climáticos. Varios países se disputan la plataforma continental que se extiende bajo el Océano Glacial Ártico. Su importancia geoestratégica no se agota con los recursos naturales que ofrece. Las posibilidades de ser ruta de alternativa marítima entre Europa y Asia, que implica una reducción significativa de distancia, es cada día más importante con motivo de los deshielos de verano.

Debido a que sólo se han estudiado fragmentos del Ártico, diversos países colindantes se encuentran organizando nuevas expediciones cartográficas para acceder al mayor territorio posible. En 2001, Rusia reclamó la mitad del Océano Ártico. Canadá aspira a una extensión similar. Estados Unidos pretende una franja de fondo marino ártico mayor que California. En este contexto, se ha reavivado la presencia naval como el establecimiento de bases militares. Rusia, por ejemplo, se encuentra reacomodando el destacamento naval en las islas Nueva Siberia que abarca un aeropuerto que permitiría un despliegue rápido de la fuerza aérea en caso de necesidad. Los países nórdicos se encuentran en maniobras militares (Arctic Challenge) con una masiva demostración de fuerza en el marco del acuerdo de cooperación militar NORDEFCO.

El panorama, por la variedad de implicancias, es de tal magnitud que debería sugerir mayor intervención diplomática de Naciones Unidas y en particular de los países no árticos como podría ser el caso de los Estados con reclamaciones territoriales en la Antártida. La región ártica debería ser objeto de un régimen similar al que se ha establecido con el Tratado Antártico y otros acuerdos relacionados del sistema, incluyendo declarar la zona libre de actividad militar y de armamentos. No sería razonable, ni existiría justificación jurídica, política o económica para que el Polo Norte tuviera un estatus internacional diferente al del Polo Sur.

Es de esperar que el Consejo Ártico, un foro intergubernamental de los Estados ribereños, avance prontamente en esa dirección incluyendo el congelamiento de los litigios de soberanía árticos. También es hora de que Naciones Unidas se ocupe del tema y la Asamblea General adopte los recaudos pertinentes para asegurar que la región ártica sea una zona de paz en beneficio de toda la humanidad.