En este contexto, ambas potencias habrían alcanzado consenso en conceptos como la libertad y la soberanía de Internet mientras mantendrían diferencias en algunas cuestiones específicas relacionadas con el ataque cibernético y el control del ciberespacio. Sin embargo, Estados Unidos y China estarían dispuestos a comprometerse a no ser los primeros en usar armas cibernéticas contra la infraestructura crítica del otro en tiempos de paz. Esa limitación, la primera en su tipo en el mundo, evitaría que se puedan paralizar servicios como centrales eléctricas, sistemas bancarios, redes de telecomunicaciones y, entre otros, hospitales.

También porque la cuestión de la seguridad cibernética, de incidencia geopolítica, ya se ha extendido amenazantemente a otras regiones geográficas y representa un peligro de acción del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Un grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas ya ha advertido sobre la gravedad del problema y ha adoptado, por consenso, una serie de recomendaciones significativas. Sería esperable que en un futuro se pueda avanzar en la negociación multilateral de una convención integral y específica, ya que cualquier solución de seguridad cibernética duradera debería ser de carácter transnacional. Las pautas que puedan acordar Estados Unidos y China serán una importante contribución en ese objetivo.

No obstante, el propósito de poner límites jurídicamente vinculantes al riesgo de guerra o injerencia cibernética no es un ejercicio de negociación sencillo. Una de las mayores polémicas entre los Estados se da en la misma definición de seguridad cibernética. Mientras los países occidentales destacan la protección de las redes de computación contra el espionaje, el daño y el robo, Rusia y China, por ejemplo, acentúan la necesidad de controlar el contenido y las comunicaciones o las redes sociales que pueden amenazar la estabilidad gubernamental.

Más allá de las diferencias, resulta indispensable para todos los países alcanzar pautas de comportamientos comunes en materia del uso de la tecnología de comunicación y la información. La naturaleza del ciberespacio determina la necesidad de un esfuerzo internacional colectivo. Es de esperar que el paso que estarían dando Estados Unidos y China sea el primero hacia un mundo de mayor protección cibernética global.

Uno de los puntos del impasse en el dialogo en La Habana es el relativo a la inserción de los guerrilleros en la vida política tras un eventual acuerdo de paz. Mientras unos exigen borrón y cuenta nueva con plena capacidad de participar en actividades proselitistas, el gobierno plantea, entre otras, la necesidad de abstención de los principales responsables de la violencia y atentados terroristas. La solución no parece fácil en particular tras los nuevos hechos de violencia en Cauca.

Otro problema son los guerrilleros de las FARC no colombianos. De acuerdo a información de prensa estarían participando activistas de Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina y de diversos países europeos. Un argentino de creciente notoriedad, es el segundo extranjero de más alto rango en la estructura de las FARC. Algunas fuentes periodísticas lo vinculan con ciertos políticos y agrupaciones locales. La información periodística hasta incluye referencias a la eventual conexión de las FARC con el narcotráfico en la Argentina. Más allá de la veracidad de estos datos, el tema expone un problema con derivaciones que van más allá de las decisiones que podrían adoptarse en las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC.

Es evidente que el tema del reciclaje de los integrantes de las FARC tendría connotaciones sensibles para los países de origen de esos guerrilleros. La presunta participación de argentinos en las FARC como también en distintas expresiones del islamismo integrista en Medio Oriente, plantea la duda si el gobierno nacional conoce el alcance de los riesgos, potenciales o presentes, involucrados. También en lo que hace al nexo entre estos grupos extremistas y el narcotráfico. La gravedad del tema recomendaría algún tipo de explicación para tranquilidad de la opinión pública.

También la Cancillería debería estar más atenta. Es de esperar que el Palacio San Martin posea más información que la que surge de fuentes periodísticas sobre el proceso de paz entre Colombia y las FARC. Sin embargo, el grado del relacionamiento diplomático actual con Bogotá no permite mayor confianza. La colaboración mutua parece ser de muy bajo voltaje diplomático como resultado, entre otros, de un clima bilateral de pobre intensidad y limitadas coincidencias. El excesivo acercamiento a Venezuela podría ser otro motivo.

El tema de fondo, por sus consecuencias, merecería de un enfoque, una seriedad y un involucramiento diplomático distinto. Y eso es así, en definitiva, por tratarse de una variedad de cuestiones delicadas y entrelazadas que incluye al terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Todas graves amenazas a la seguridad nacional. Consecuentemente, no se debería seguir mirando para otro lado.

Es necesario pasar con urgencia de los enunciados diplomáticos a la acción. Los mecanismos regionales y subregionales de América del Sur deberían encarar la cuestión con otra determinación y acordar, cuanto menos, una estrategia más efectiva de acción común. Los ámbitos bilaterales, sea con Brasil, Paraguay y Bolivia –las fronteras más comprometidas- deberían abordar la problemática con otro énfasis y determinación. La Triple Frontera, una muestra de supuesta cooperación tripartita, nunca ha salido del intercambio de datos o del diagnóstico.

Los resultados  de la reducida cooperación regional están a la vista. Parecería que por la liviandad de la acción regional el narcotráfico y el crimen organizado deambularan con carta patente. La mayoría de los países del Cono Sur no muestran una cooperación integra a la altura de las circunstancias. Las fronteras se han convertido en coladores con fuerzas de seguridad de bajo nivel de efectividad. Los medios técnicos de control o detección temprana brillan por su ausencia.

Las Cancillerías, juntos con los organismos competentes de cada Estado, tendrían la obligación de coordinar y negociar visiones y actitudes, incluso normas comunes para el derribo de aeronaves o sobre el papel cooperativo fronterizo de las respectivas fuerzas armadas, entre otros. Hasta ahora los esfuerzos, de existir, no han dado mayores resultados y permite interpretar que nadie se hace del todo responsable. La gravedad de la situación, no permite continuar con tanta aparente desidia.

El narcotráfico y el crimen organizado no son hipótesis de trabajo abstractas sino realidades que golpean diariamente. El terrorismo, tras los criminales atentados en Buenos Aires, también requiere urgente atención como lo muestra la información pública sobre la creciente presencia de numerosos yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak.

Todas estas amenazas a la seguridad nacional ponen en evidencia la necesidad que la Argentina este alerta y en acción. Exige además promover una política exterior que asuma a dichas cuestiones con la debida prioridad en el ámbito regional como global. El cuadro de gravedad no permite más demora.