La última elección, que permite que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional, es una manifestación de que la ciudadanía venezolana reclama una evolución para que Venezuela supere la debacle económica y los abusos políticos. Sin embargo, ni la oposición debería desconocer el papel que conforme a la Constitución le corresponde al Ejecutivo ni el Gobierno el claro mensaje de las urnas.

Es momento de que unos y otros eviten desmesuras y recuperen el diálogo para impedir que el enfrentamiento de casi dos décadas se traslade a los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese punto es donde Unasur y Mercosur deberían recuperar presencia y protagonismo diplomático constructivo. Ni la nueva mayoría parlamentaria debe ser abusiva ni el Gobierno puede ignorar su existencia. La gobernabilidad venezolana pasa por la búsqueda de equilibrio entre el Legislativo en manos de la oposición y el Ejecutivo conducido por el presidente Nicolás Maduro.

Muchos temas urgentes harán de esa convivencia un ciclo político difícil. El colapso económico y social del modelo chavista puede llevar a la oposición a intentar desde la Asamblea Nacional promover leyes orgánicas de difícil aceptación por parte de Maduro. Lo mismo podría pasar si se intentara desplazar autoridades. Pese a que para ambas posibilidades cuenta con los votos suficientes en la Asamblea, la ansiedad del triunfo electoral debería ser controlada. Las características del chavismo en el poder sugieren un camino paso a paso.

El primero a ojos del mundo debería ser la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento pleno del respeto a los derechos humanos. En este punto la diplomacia regional debería estar comprometida para asistir a evitar fracturas entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Sería deseable que fuera el propio Nicolás Maduro el que impulsara una ley de amnistía. Si lo hiciera, el Gobierno venezolano recuperaría mucho del prestigio internacional perdido.

Es de esperar que la madurez política se imponga. También que América Latina sepa estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora su papel diplomático ha sido muy desilusionante. La nueva etapa delicada de esperanza en la que ingresa Venezuela exige que la región asuma un rol de mayor responsabilidad y compromiso.

La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.

La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.

La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.

Ya Washington había enfatizado con claridad, a todos los países, que cualquier desafío que represente una protección al ex agente norteamericano tendría “graves repercusiones”. El mensaje, independiente de la opinión que merezca, no contiene ambigüedades.

Las medidas preliminares que serían adoptadas por Washington incluirían la suspensión de visas a miembros del gobierno y empresarios venezolanos como el estudio para impulsar causas judiciales contra chavistas sospechados de vínculos con el narcotráfico y de haber incurrido en lavado de dinero. El secretario de Estado, John Kerry, en una reciente conversación telefónica, habría advertido al canciller venezolano, Elías Jaua, que las medidas de represalia podrían llegar a suspender la compra norteamericana de crudo, gasolina y derivados del petróleo.

Asimismo, los países europeos han decidido respaldar los esfuerzos de Estados Unidos de bloquear toda posibilidad que Snowden pueda sobre volar el espacio europeo. La situación delicada atravesada por el avión del presidente de Bolivia pone de manifiesto esa determinación. Ningún avión con bandera venezolana con sospecha de transportar al ex agente de la CIA será autorizado de transitar por el espacio aéreo de los países de la OTAN. Es probable que la medida incluya aviones cubanos y ecuatorianos. Tampoco se descarta que la medida esté también dirigida contra líneas aéreas de otros países que han demostrado cierta inclinación solidaria a favor de Venezuela.

La posibilidad que Estados Unidos deje de adquirir petróleo y derivados sería un suicidio económico para Venezuela ya que representa el 90% de los ingresos de divisas calculadas en 12 mil millones de dólares al año. El impacto en la economía venezolana sería catastrófico. Ya el ex presidente Hugo Chávez había fracasado en el intento de reemplazar al mercado norteamericano como principal cliente comercial de hidrocarburos ante la eventualidad de una mayor confrontación con Washington. Caracas no puede ignorar que las consecuencias del enfrentamiento serán muy graves. Salvo que Nicolás Maduro esté dispuesto a sufrir los avatares de esas represalias para cubrir el fracaso económico que ha hundido a Venezuela en recesión desde el 2009. Sería de lamentar que Maduro utilice el recurso legítimo del asilo para otros propósitos. También lo sería que involucre a UNASUR o a la presidencia Pro Tempore del Mercosur en ese sentido.

El episodio Snowden es preocupante desde todo punto de vista. Ni Estados Unidos debería ignorar el derecho internacional ni los demás Estados aprovecharse de un tema particularmente delicado. Todos deberían, en cambio, avocarse a encontrar una fórmula diplomática armoniosa que evite reproducir escenarios de confrontación con consecuencias imprevisibles.