La Argentina, que aboga por la defensa de la democracia venezolana y el pleno respeto a los derechos fundamentales, ha intentado ayudar para evitar que la escalada de tensión se convierta en un incendio descontrolado. El intento diplomático de Buenos Aires era, entre otros, el de generar una instancia de diálogo con el apoyo de distintas organizaciones regionales que permitiera reducir riesgos hipotéticos y, al mismo tiempo, poner límites a los excesos que quieren arrasar con los principios fundamentales de la Constitución de Venezuela.

El esfuerzo diplomático conciliatorio de la canciller Susana Malcorra es ponderable. Aunque reconoció las limitaciones que plantean las actuales circunstancias, también advirtió sobre los riesgos de continuar con un impasse diplomático. La sugerencia que Malcorra formuló en la OEA de buscar “algún tipo de conciliación y complementación de varias iniciativas” parecía la propuesta más sensata y racional al permitir, entre otras cuestiones, crear las condiciones para acordar una eventual hoja de ruta que evitara males mayores para la sociedad venezolana.

Venezuela hoy, por el conjunto de elementos de la crisis política, económica y humanitaria, enfrenta el peor momento en su historia moderna. Es lamentable que el Gobierno venezolano no haya aprovechado la oportunidad y que, en cambio, sólo haya intentado, como lo señaló la canciller Rodríguez en el recinto de la OEA, “explicar su verdad”. También que rechace considerar o reflexionar sobre la ayuda diplomática regional ofrecida.

Es evidente que, como indicó Susana Malcorra en conferencia de prensa, no existen soluciones mágicas. Tampoco propuestas milagrosas. Sin embargo, vale la pena seguir con el intento de hacer prevalecer la lógica diplomática. Otras alternativas crearían situaciones más difíciles de remontar.

El Gobierno venezolano debería darse cuenta de que los tiempos se acortan. También de que la paciencia regional tiene un límite para tolerar situaciones que comprometen derechos fundamentales como principios centrales que rigen en toda democracia. Cada día aumentan los apoyos regionales que permitirían contar con los 18 votos necesarios para que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana. Es de esperar que Caracas reflexione y acepte, antes de que sea demasiado tarde, la oportuna mano diplomática tendida por Argentina.

El debilitamiento de la OEA de los últimos cinco años conspira con el propósito de contar con un órgano capaz de responder a los variados problemas del hemisferio. Ningún otro organismo regional tiene el cuerpo jurídico, la estructura y los programas de cooperación y asistencia de la OEA. La Carta Democrática Interamericana, el sistema interamericano de los derechos humanos, integrado por la Comisión (CIDH) y la Corte de San José, son de vital importancia para América Latina. Las misiones de observación electoral son otro de los pilares con mayor reconocimiento internacional. Esos mecanismos, entre otros, han contribuido a través de décadas al prestigio de la institución.

Los cuestionamientos a la OEA deben encontrar solución diplomática. Algunos son de carácter financiero. Estados Unidos aporta alrededor del 60% de los fondos regulares del organismo, es decir, que es casi superior a la suma de las contribuciones de los restantes 33 integrantes. Esta situación constituye una anomalía que repercute de distinta forma en cuestiones políticas e incluso en la credibilidad y la confianza en la OEA. También es evidente que en la medida en que todos los países no consideren que la OEA sea un foro útil y eficaz para resolver problemas de alcance hemisférico no van a sostener el coste de mantenerlo.

El debilitamiento de la OEA incluye fundamentalmente cuestiones de antagonismo político que hay que superar. El hemisferio necesita consolidar un nuevo clima diplomático más acorde con los enunciados de las Cumbres de las Américas. Es importante que Cuba se reintegre al organismo tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También que Venezuela regrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Ecuador vuelva a participar de las sesiones de la CIDH. Pero fundamentalmente es esencial que todos los países del hemisferio tengan la voluntad política de que la OEA recupere el vigor diplomático que le permita contribuir con una agenda de mayor eficacia a las necesidades y los desafíos de los Estados miembros, sin menoscabo de la consolidación de otros organismo regionales de reciente creación.

En el mundo actual el fortalecimiento de las instituciones internacionales es cada día más esencial. La mayoría de los problemas que se enfrentan hoy son de carácter global y requieren ser encarados de forma cooperativa, sea el narcotráfico, el crimen organizado o cuestiones de diversa índole que hacen a las asimetrías de percepciones hemisféricas. Es hora de impulsar ese trabajo diplomático y restablecer una OEA a la altura de las circunstancias. Hacerlo redundará en beneficio de los 35 Estados americanos. La Argentina, como en otros momentos de la historia interamericana, tiene la oportunidad de contribuir en ese sentido.

La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.

La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.

La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Después de más de medio siglo de bloqueo económico impuesto por John Kennedy en 1962, se inicia una nueva fase que incluye el restablecimiento de relaciones diplomáticas formales suspendidas desde 1961. Desde que asumió el presidente Barack Obama se derogaron una serie de restricciones que impedían la fluida relación personal y hasta económica entre las familias cubanas ubicadas a uno y otro lado del estrecho de la Florida. También se incrementó el visado a cubanos. Al mismo tiempo, algunos instrumentos del embargo económico se hicieron más activos en particular en materia financiera. La mejor voluntad de la Casa Blanca puede no ser suficiente por cuanto el definitivo levantamiento del embargo requeriría de legislación de un Congreso dominado hoy por los republicanos de menor interés en la normalización de las relaciones.

Sin embargo, en un plazo breve es previsible un fuerte aumento de los lazos turísticos y comerciales. Ya Estados Unidos es el principal socio comercial de La Habana. De concretarse un levantamiento definitivo del embargo, la avalancha de visitas norteamericanas e influencias cubanas en el exilio podría ser considerable. ¿Está el régimen preparado para un movimiento de personas y bienes capaz de alterar lo que no pudo hacer el embargo?

El nuevo proceso bilateral no estará exento de diferencias ya que perduran, entre otros, en materia de democracia, derechos humanos y libertad de expresión. En estos dos últimos capítulos la situación es aún delicada y el gobierno cubano debería acelerar el fin de la persecución política. Lo mismo en términos de apertura democrática. También queda pendiente de tratamiento el grado de presencia militar de Rusia en la isla que adquirió, en el último año, un nuevo énfasis para preocupación norteamericana.

Más allá de la naturaleza y lista de temas a considerar en el futuro diálogo diplomático entre Washington y La Habana, lo significativo es el paso político. Nada será igual en términos de diferencias al haberse levantado el telón de fondo. Los canales diplomáticos podrán encarar de mejor forma las discrepancias y búsqueda de soluciones para las cuestiones irresueltas más sensibles.

Tampoco es descartable un próximo encuentro formal de los respectivos mandatarios, incluso una eventual visita del Presidente Barack Obama a La Habana. El saludo protocolar de ambos Jefes de Estado con motivo de las exequias de Nelson Mandela, fue otra señal de que las diferencias entre Estados Unidos y Cuba se encontraban en camino de acomodación. Por fin ha ocurrido.