Resulta desilusionante y preocupante que una resolución de esta naturaleza fuera necesaria cuando lo que reclama la disposición es lo que ya prescribe expresamente el derecho internacional humanitario y en particular los Protocolos de Ginebra. Sin embargo, fue el grado dramático de violación de la normativa internacional lo que exigió al Consejo de Seguridad adoptar una reafirmación de conductas humanitarias elementales de todo conflicto armado.

Es de esperar que, de ahora en más, el gobierno sirio entienda razones y se logre reducir el grave sufrimiento de la población civil, en particular en las ciudades de Alepo, Homs y Damasco. El embajador de Australia ante el Consejo de Seguridad, uno de los promotores de la iniciativa, indicó que en caso de incumplimiento “habría consecuencias”. La advertencia del embajador Gary Quilan probablemente se refiera, como primer paso, a eventuales sanciones económicas al gobierno sirio en caso de violación en el cumplimiento de obligaciones humanitarias universales.

En esa hipótesis, la tradición de Rusia y China en el conflicto permitirá presumir que sería difícil que apoyen una medida punitiva multilateral ya que interpretan afectaría la estabilidad del régimen sirio. Sin embargo, es de esperar que ante la necesidad de medidas adicionales revean su posición y otorguen prioridad a las necesidades humanitarias. Sería una señal preocupante que el Consejo de Seguridad no pudiera dar respuesta efectiva e inmediata ante un agravamiento del actual cuadro humanitario.

El secretario general de Naciones Unidas ha denunciado que, además de un millón y medio de refugiados y otro millón de desplazados, hay 200 mil personas sitiadas y que el gobierno sirio utiliza el hambre y el chantaje contra la disidencia. 45 mil civiles también se encuentran acorralados en zonas rebeldes dominadas por el Ejercito Libre de Siria.

La resolución del Consejo de Seguridad también enfatiza que la situación humanitaria empeorará de manera drástica de no encontrarse una pronta solución diplomática al conflicto. El reciente fracaso de la Conferencia en Ginebra, lamentablemente no permite mayor esperanza. No obstante, es de esperar que los principales actores extra regionales, en particular Estados Unidos y Rusia, demuestren mayor disposición en la búsqueda de fórmulas que permita impulsar un proceso político más alentador. Ese paso es hoy indispensable. Representaría también una contribución efectiva para reducir el drama humanitario que enfrenta hoy Siria.

Existe asimismo, en el caso norteamericano, un motivo jurídico. Las fuerzas militares de Estados Unidos no están autorizadas a efectuar actos hostiles fuera de una zona de guerra aun cuando algunos comandos específicos realicen acciones encubiertas que exceden ese marco. La CIA, en cambio, no tiene limitación alguna.

En este contexto, los drones son armas cuya nueva dramática característica es que pueden ser utilizadas fuera del derecho de guerra internacional. Las convenciones de Ginebra no parecen alcanzarlos a pesar de los daños humanitarios colaterales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han publicado un amplio informe de abusos y violaciones a todo tipo de leyes sobre conflictos armados. Los datos son alarmantes y revelan, cuanto menos, excesos de fuerza desproporcionados.

Los drones también son usados para matar personas específicas como ha sido reconocido por Estados Unidos en Pakistán, Yemen y Somalía. Esas acciones, independientemente de los antecedentes criminales del destinatario, son contrarias al derecho internacional que prohíbe los homicidios arbitrarios y limita el uso legítimo de la fuerza letal intencionada a situaciones excepcionales.

En casos de conflicto armado, sólo los combatientes y quienes participan directamente en las hostilidades pueden ser blancos de un ataque directo. Fuera de ese marco, sólo es legítima cuando sea estrictamente necesaria para proteger la vida.

Consecuentemente, muchas de las acciones conducidas con drones pueden constituir crímenes de guerra o ejecuciones extrajudiciales, es decir, delitos de derecho internacional. Existen también otras implicancias en el uso de drones que afectan principios esenciales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Estas circunstancias, entre otras, hacen indispensable que Naciones Unidas regule la utilización de drones a través de mecanismo de transparencia informativa que evite la violación al derecho internacional, en particular los Protocolos de Ginebra, además de prever que quienes cometan actos ilegítimos rindan cuentas.

Asimismo, se requiere con urgencia de una norma internacional que garantice que en caso que se vea afectado el uso legítimo de drones se pueda llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial. Es de esperar que la comunidad internacional asuma con responsabilidad la necesidad de regular un instrumento revolucionario de amplias ventajas pacificas como de dramático uso letal ilegal.