La declaración, que contiene 218 apartados, tiene alto impacto político por emanar de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), creada en 1969, integrada por 57 Estados de mayoría de población musulmana de distintas regiones del mundo y cuya Presidencia rotativa acaba de asumir Turquía. Además de todo Medio Oriente (salvo Siria, que ha sido suspendida), aglutina a más de la mitad de los países de África y gran parte del sur de Asia, e incluye a dos de América del Sur, Guyana y Surinam. Todos los miembros de la OCI declaran al islam religión estatal.

Pese a agrupar a países con un importante peso económico o militar, hasta ahora la OCI no había tenido mayor trascendencia o influencia política. Sin embargo, la reunión de Estambul puede dar un vuelco a esa trayectoria. La presencia de 56 jefes de Estado o Gobierno (salvo Egipto, aunque estuvo su canciller) es un hito significativo como respuesta a la problemática del terrorismo internacional que enfrenta el mundo y que tiene como protagonistas a sectores de las dos ramas principales de islam, tanto chiítas como sunitas.

La reunión puso en evidencia el alto grado de tensión entre Teherán y Riad, que se consideran líderes de las dos principales vertientes de la religión musulmana. Tanto el rey Salman de Arabia Saudita como el presidente de Irán, Hassan Rouhani, estuvieron presentes en Estambul. El énfasis del documento final, que reflejó el tenor del aislamiento iraní, hizo que el Presidente de Irán no asistiera a la ceremonia de clausura de la OCI.

El resultado de la Cumbre a Estambul era esperable. Las guerra en Siria y Yemen, además de, entre otros, los conflictos en Irak, Libia, Somalia y Bahréin, marcaban la brecha sectaria. Arabia Saudita y el anfitrión turco probablemente no necesitaron mayor esfuerzo diplomático para convencer a los participantes (mayoritariamente sunitas) de que la responsabilidad de muchos de los problemas que se enfrentan es de Irán, en particular en lo que hace a la guerra civil en Siria por el apoyo militar a la continuidad del presidente Bashar al Asad.

Más allá de las complejas rivalidades internas de la OCI, es auspicioso que la organización que reúne a todos los países de mayoría musulmana del mundo haya asumido la responsabilidad de empezar a encarar uno de los capítulos más dramáticos de la seguridad internacional contemporánea. Es de esperar que este primer paso se continúe con acciones diplomáticas adicionales que contribuyan a enfrentar el flagelo que plantea todo el terrorismo fundamentalista, sea de origen chiíta o sunita.

Las conversaciones de paz, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), con respaldo de Rusia, Estados Unidos y Francia, se han demorado desde hace dos décadas sin producir resultados concretos que pongan fin a la disputa. Nagorno Karabaj, que se autoproclamó independiente en 1991, está dentro de Azerbaiyán. Sin embargo, se trata de un territorio con amplia mayoría de población cristiana de origen armenio que fue anexado tras el colapso de la Unión Soviética.

Tanto Armenia como Azerbaiyán se culpan mutuamente por las últimas hostilidades. Más allá de las diferencias entre Bakú y Ereván, la tensión bilateral podría tener otras derivaciones ante las crecientes diferencias entre Moscú y Ankara. Rusia siempre ha apoyado a Armenia, mientras Turquía ha respaldado a Azerbaiyán. Estados Unidos, por su parte, parece mantenerse neutral, aunque en el 2009 se expresó a favor de la estabilidad de Armenia.

Otras potencias regionales, en cambio, juegan una diplomacia más compleja. Teherán se encontraría, por el momento, inclinado a apoyar a Ereván, mientras Tel Aviv lo hace con Bakú. Esas actitudes son llamativas, ya que Azerbaiyán, al igual que Irán, es un país musulmán chiíta. Las diferencias con Teherán parecen haber surgido como consecuencia de las críticas de Azerbaiyán a la teocracia iraní y a las intenciones de Irán de difundir la revolución islámica. También por una potencial aspiración de Bakú de integrar a su territorio una región del noroeste de Irán.

Sin embargo, con la Presidencia de Hassan Rouhani las relaciones entre Irán y Azerbaiyán han ido progresivamente mejorando. En el 2015, Teherán anunció que no reconocía la independencia de Nagorno Karabaj. En esa evolución ha tenido influencia, por un lado, el creciente poder de Azerbaiyán por los ingresos del petróleo y el gas del mar Caspio. Por otro, en virtud del grado de la relación militar con Israel.

Estas observaciones, entre otras, permiten apreciar un cuadro político y militarmente sensible en el Cáucaso que debería ser materia de mayor atención diplomática. Es hora de que el grupo de Minsk de la OSCE sea más activo para alcanzar una solución duradera. Las principales potencias (Rusia, Turquía, Irán, Azerbaiyán y Armenia) deberían asumir mayor responsabilidad. También Estados Unidos y la Unión Europea. Es necesario evitar que el Cáucaso siga, salvando las distancias, la dramática situación que hoy enfrenta Siria.

La guerra terrorista desatada por el fundamentalismo islámico, no parece reconocer fronteras ni límites geográficos. El Estado Islámico ha incluido recientemente a 60 países de distintas regiones en la lista de eventuales blancos terroristas. México, por el momento, es el único de América Latina. Uruguay podría pasar a esa categoría por la próxima participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Brasil y Trinidad y Tobago han extremado medidas como consecuencia del número de nacionales reclutados por ISIS. Brasil además por ser sede en el 2016 de los juegos olímpicos. Colombia en virtud que uno de los responsables de los ataques en Paris estuvo en Bogotá en la víspera de los atentados.

Según el Índice Global de Terrorismo 2015 de la Universidad de Maryland hay cerca de 530 grupos terroristas. Muchos muy interrelacionados entre sí con adhesión al Estado Islámico. Los más letales son el ISIS y Boko Haram, la organización yihadista activa en Nigeria, Chad y Camerún. Entre otros grupos sanguinarios de extracción fundamentalista están los Fula en República Centroafricana y Nigeria y Al Shabad en Somalia, Kenia Etiopia y Djibuti. El informe destaca, entre otras consideraciones, que siete mil reclutas se incorporaron a ISIS en el primer semestre del 2015, lo que pondría llevar la cifra de combatientes a cerca de 70 mil yihadistas, nada más que en Siria e Irak.

Esta amenaza a cualquier rincón del planeta, sin embargo, no logra poner en marcha una respuesta internacional de alcance global. El grado de efectividad, en términos de prevención como de acción, sigue siendo bajo, a pesar de que Naciones Unidas acordó una estrategia común hace una década. La reacción de muchos es todavía dubitativa. Las desavenencias entre Washington y Moscú, así como la asimetría de percepciones sobre el fenómeno,  tampoco han facilitado mayores éxitos en el terreno militar en Siria que es uno de los epicentros de la lucha.

Es de esperar que la comunidad internacional reconozca en el 2016 la necesidad de un compromiso mayor contra el terrorismo y todos los países trabajen más estrechamente en las cuatro esferas de cooperación identificadas por ONU en el 2006. Es indispensable que esas recomendaciones se lleven a la práctica. También que la lucha para erradicar el terrorismo internacional incluya a todos los países miembros de las Naciones Unidas.

En este contexto, ambas potencias habrían alcanzado consenso en conceptos como la libertad y la soberanía de Internet mientras mantendrían diferencias en algunas cuestiones específicas relacionadas con el ataque cibernético y el control del ciberespacio. Sin embargo, Estados Unidos y China estarían dispuestos a comprometerse a no ser los primeros en usar armas cibernéticas contra la infraestructura crítica del otro en tiempos de paz. Esa limitación, la primera en su tipo en el mundo, evitaría que se puedan paralizar servicios como centrales eléctricas, sistemas bancarios, redes de telecomunicaciones y, entre otros, hospitales.

También porque la cuestión de la seguridad cibernética, de incidencia geopolítica, ya se ha extendido amenazantemente a otras regiones geográficas y representa un peligro de acción del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Un grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas ya ha advertido sobre la gravedad del problema y ha adoptado, por consenso, una serie de recomendaciones significativas. Sería esperable que en un futuro se pueda avanzar en la negociación multilateral de una convención integral y específica, ya que cualquier solución de seguridad cibernética duradera debería ser de carácter transnacional. Las pautas que puedan acordar Estados Unidos y China serán una importante contribución en ese objetivo.

No obstante, el propósito de poner límites jurídicamente vinculantes al riesgo de guerra o injerencia cibernética no es un ejercicio de negociación sencillo. Una de las mayores polémicas entre los Estados se da en la misma definición de seguridad cibernética. Mientras los países occidentales destacan la protección de las redes de computación contra el espionaje, el daño y el robo, Rusia y China, por ejemplo, acentúan la necesidad de controlar el contenido y las comunicaciones o las redes sociales que pueden amenazar la estabilidad gubernamental.

Más allá de las diferencias, resulta indispensable para todos los países alcanzar pautas de comportamientos comunes en materia del uso de la tecnología de comunicación y la información. La naturaleza del ciberespacio determina la necesidad de un esfuerzo internacional colectivo. Es de esperar que el paso que estarían dando Estados Unidos y China sea el primero hacia un mundo de mayor protección cibernética global.

La defensa del principio de integridad territorial, clave en el reclamo de soberanía respecto de las Islas Malvinas, fue descartada en un caso específico al no haber cuestionado la anexión rusa de Crimea, en particular el referéndum de autodeterminación, o los intentos separatistas. Una decisión desilusionante. La defensa universal de los derechos humanos tampoco mantuvo constancia como quedó en claro en numerosas instancias en apoyo al régimen autoritario sirio. Recientemente con respecto a crímenes de lesa humanidad en Corea del Norte, expresó escepticismo sobre la conveniencia del recurso a la Corte Penal Internacional.

En la lucha contra el terrorismo fundamentalista islámico también la Argentina dejó dudas, al haber cuestionado, con ironía en una sesión formal, los riesgos que dichos grupos confesionales armados suponen para la paz y la preservación del derecho internacional humanitario, en particular en Irak y Siria. También al haber desechado en su momento la tradición de presidir el órgano subsidiario del Consejo de Seguridad sobre terrorismo, resolución 1267 (1999). Cuando le correspondió a la Argentina la Presidencia del Consejo de Seguridad, los temas propuestos fueron, en gran medida, insustanciales u obvios como fue el caso de la consideración de una mayor cooperación entre Naciones Unidas y los organismos regionales y subregionales. Un tema que, por otro lado, ya había sido materia de extenso tratamiento previo y que terminó, en definitiva, constituyendo un calco de lo hecho anteriormente por Chile o China ¿Acaso no había otros temas en agenda más urgentes, incluso para el interés latinoamericano?

Tampoco la Argentina aprovechó la ocasión de Miembro No Permanente para fortalecer los criterios que hacen a la necesidad de urgente reforma del Consejo de Seguridad como podría haber sido instalar la idea de representación regional o de mayor coordinación bilateral con algunos países como, en cambio, impulsó con imaginación estratégica Néstor Kirchner con Brasil en la anterior oportunidad que se integró dicho órgano. La coordinación con Chile, que se sumó en el 2014, brilló por su ausencia. Algunas posiciones fueron incluso dispares.

A la cuestionable tendencia de matizar posiciones históricas de política exterior, se podría agregar una reciente versión preocupante del Palacio San Martín que indicaría que la Argentina presentaría en las próximas semanas la candidatura al Consejo de Seguridad para dentro de 15 años en lugar, como lo venía haciendo desde la constitución de las Naciones Unidas, de intervalos regulares de cada seis o siete años. De confirmarse dicha intención, sería una decisión lamentable que dejaría por un período prolongado a los próximos gobiernos sin una herramienta clave de política internacional. También afectaría muchas de las posibles estrategias futuras de Argentina en Naciones Unidas y en otros organismos especializados del sistema internacional. Es de esperar que los desatinos del comportamiento diplomático multilateral no lleguen a tanto.

Es necesario pasar con urgencia de los enunciados diplomáticos a la acción. Los mecanismos regionales y subregionales de América del Sur deberían encarar la cuestión con otra determinación y acordar, cuanto menos, una estrategia más efectiva de acción común. Los ámbitos bilaterales, sea con Brasil, Paraguay y Bolivia –las fronteras más comprometidas- deberían abordar la problemática con otro énfasis y determinación. La Triple Frontera, una muestra de supuesta cooperación tripartita, nunca ha salido del intercambio de datos o del diagnóstico.

Los resultados  de la reducida cooperación regional están a la vista. Parecería que por la liviandad de la acción regional el narcotráfico y el crimen organizado deambularan con carta patente. La mayoría de los países del Cono Sur no muestran una cooperación integra a la altura de las circunstancias. Las fronteras se han convertido en coladores con fuerzas de seguridad de bajo nivel de efectividad. Los medios técnicos de control o detección temprana brillan por su ausencia.

Las Cancillerías, juntos con los organismos competentes de cada Estado, tendrían la obligación de coordinar y negociar visiones y actitudes, incluso normas comunes para el derribo de aeronaves o sobre el papel cooperativo fronterizo de las respectivas fuerzas armadas, entre otros. Hasta ahora los esfuerzos, de existir, no han dado mayores resultados y permite interpretar que nadie se hace del todo responsable. La gravedad de la situación, no permite continuar con tanta aparente desidia.

El narcotráfico y el crimen organizado no son hipótesis de trabajo abstractas sino realidades que golpean diariamente. El terrorismo, tras los criminales atentados en Buenos Aires, también requiere urgente atención como lo muestra la información pública sobre la creciente presencia de numerosos yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak.

Todas estas amenazas a la seguridad nacional ponen en evidencia la necesidad que la Argentina este alerta y en acción. Exige además promover una política exterior que asuma a dichas cuestiones con la debida prioridad en el ámbito regional como global. El cuadro de gravedad no permite más demora.

Los yihadistas latinoamericanos en Siria e Irak son poco mencionados pero constituyen una fuerza de hombres y mujeres de creciente significación. Según el Daily Telegraph, son considerados como “yihadistas exóticos” por provenir de Argentina, Brasil, Chile, Trinidad Tobago y México. Otros informes mencionan yihadistas de Colombia y Honduras.

La revistas de defensa Jane’s, sobre la base de informaciones del 2012, indica que 23 argentinos habrían muerto en Siria probablemente integrantes de Al Qaeda o Al Nusra. Un argentino y una chilena, muertos en las cercanías de Damasco, fueron mencionados como pertenecientes a un grupo fundamentalista islámico checheno. Asimismo, la publicación británica mencionaba sobre la muerte, entre otros, de 150 mexicanos y 36 brasileños.

Noticias proveniente de Madrid dan cuenta que un argentino fue detenido recientemente en España como integrante de una red que suministra combatientes a una brigada denominada Al Andalus, de las filas de la organización Estado Islámico en Irak y el Levante (ISIS por sus siglas en inglés).

Estos antecedentes públicos solo tienden a ilustrar que la problemática del yihadismo también podría eventualmente tener graves repercusiones futuras en América Latina. Para la Argentina, que ya atravesó dos criminales atentados terroristas, el tema no debería ser menor. En particular al conocerse poco de la conexión local.

Consecuentemente, es natural preguntarse sobre las medidas que el Gobierno argentino se encuentra adoptando para prevenir eventuales efectos del terrorismo internacional islamista. Un interrogante, entre otros, es que los yihadistas latinoamericanos mantengan centros de contactos activos en la región o en algún momento vuelvan a los países de origen.

Estas preocupaciones aumentan ante los vaivenes de una política exterior cuanto menos confusa con relación a los problemas centrales de Medio Oriente, en particular cuando el Gobierno siquiera se ha dignado a emitir un comunicado oficial condenando las terribles muertes de los periodistas norteamericanos brutalmente decapitados por el ISIS, como no lo hizo tampoco con los secuestros y asesinatos de jóvenes que originaron el conflicto entre Israel y Hamas.